Este 22 de enero de se cumplieron cinco años de la detención arbitraria, tortura y abandono de un adolescente por parte de la policía en la Ciudad de México. Los hechos ocurrieron, el 22 de enero 2018, fecha en el que un joven de 17 años fue violentado por cuatro elementos de la entonces Secretaría de Seguridad Pública, esto luego de ser señalado por “molestar” o “intentar robar” a una persona en la vía pública de la cual, nunca hubo registro.
Su familia, amigos y la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), la Oficina de Defensoría de la Infancia, el Instituto de Justicia Procesal (IJPP) el Centro para la Justicia y el Derecho (CEJIL) y Tejiendo Redes Infancia en América Latina y El Caribe no han dejado de luchar, ya que el adolescente no ha tenido acceso a la justicia ni a una reparación integral de los daños.
Para estas organizaciones que acompañan al adolescente y su familia lo que éste vivió:“es un caso paradigmático sobre criminalización y abusos de las víctimas adolescentes en México”.
Por Alondra Angel Rodriguez / @alondriixs
Faltando a sus deberes de protección a menores de edad, elementos de la policía de la Ciudad de México, el 22 de enero 2018, realizaron una detención arbitraria y violenta contra un joven de 17 años; además falsearon sus nombres al ser cuestionados por otras autoridades y subieron al adolescente a una patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública, pero no lo presentaron ante alguna autoridad judicial o administrativa que pudiera corroborar la identidad y edad del joven.
Tras la detención, no se supo nada de este joven durante cinco días.
En ese momento, su familia, organizaciones civiles y la sociedad se unieron para exigir justicia y búsqueda para dar con el paradero del joven, el cual fue localizado en el Estado de México, el 28 de enero de 2018, desorientado, golpeado y con afectaciones graves a su salud física y mental.
En 2018, mismo año de los hechos mencionados, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicó los resultados de la Primera Encuesta Nacional de Adolescentes en el Sistema de Justicia Penal (ENASJUP) de 2017, uno de los datos más destacados fueron que el 70% de adolescentes dijo haber sido víctima de violencia psicológica y retención prolongada; 50.2% de violencia física, incluso, sexual por parte de elementos de seguridad pública estatal o municipal.
Estos no datos, lamentablemente, no mejoraron, pues en 2020, el 24% de las detenciones a adolescente fueron registradas en supuesta flagrancia; el 35% fueron detenidos por faltas administrativas y en un 41% de los casos, la autoridad no sabe o no pudo responder el motivo de la detención.
Todo esto violenta la exigencia de la protección máxima de las y los adolescentes, ya que sin pruebas, las autoridades justifican sus acciones señalando que quienes detuvieron son culpables de tal o cual delito, aunque nunca presentan evidencias para sostener sus acusaciones.
Así pasó con el joven de 17 años, a quien culparon de cometer un delito que no cometió, pero no sólo eso, ninguna autoridad habló o se hizo cargo de los daños que le generaron tras su detención arbitraria y desaparición forzada.
Al respecto, la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) ha dado seguimiento jurídico y ha instado a las autoridades para que garanticen el interés superior de la niñez y adolescencia, pero sobretodo rechazan y condenan los hechos ocurridos, así como la ineficacia de las autoridades en la resolución del caso.
Desde la REDIM, la Oficina de Defensoría de la Infancia, el Instituto de Justicia Procesal (IJPP) el Centro para la Justicia y el Derecho (CEJIL) y Tejiendo Redes Infancia en América Latina y El Caribe, todas organizaciones que acompañan al adolescente y su familia, Juan Martín Pérez García comenta:
“Este es un caso paradigmático en derechos humanos, ya que muestra cómo las autoridades y quienes deben garantizar el acceso a derechos humanos deciden proteger a los responsables directos con ayuda de políticos”.
Agrega además que a lo largo del proceso se han destinado recursos privados para defender a los policías y evitar así dañar a funcionarios públicos y autoridades.
Para ejemplificar esto desde REDIM se apela a la memoria, pues cuando ocurrieron los hechos, Miguel Ángel Mancera era el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, pero no sólo eso tenía aspiraciones presidenciales, estos planes electorales -considera la organización- impidieron que, a pesar de lo mediático del caso y las movilizaciones sociales, no hubiera una resolución favorable para la víctima, a la que nunca se le dejó de criminalizar desde las narrativas oficiales.
Uno de los elementos utilizados para desprestigiar y criminalizar al joven fue la serie de filtraciones en el proceso de búsqueda, pues una vez localizado, el Gobierno de la Ciudad de México filtró imágenes de su apariencia al ser encontrado; momento en el que, evidentemente, estaba desaliñado, maltratado y malherido, algo que buscaron utilizar para vincularlo con el abuso de drogas.
Pese a la salida de Mancera y los cambios en la Jefatura de la Ciudad de México, la Fiscalía sigue apostando por la criminalización del joven, aún cuando ya existía el plan de restitución de derechos que se había logrado a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
Sin embargo, esto no se llevó a cabo y el joven estuvo en condición de vigilancia policial por varios años, algo que, en palabras de Juan Martín Pérez García de REDIM, “le hacía la vida imposible”, ya no que no podía moverse con libertad y, por lo tanto, tener una vida normal. Esto duró varios años hasta que las autoridades que “lo vigilaban” renunciaron a seguir otorgándole “protección”.
En lo judicial es lo mismo, ya que han pasado cinco años y no hay justicia para este joven ni se ha procesado a los culpables de la violaciones a sus derechos humanos.
El borrado de huella digital para evitar la criminalización de infancias y adolescencias
Para evitar una revictimización del joven, la REDIM solicitó que tanto la imagen como el nombre completo del joven no sea mostrado, ya que esto puede resultar denigrante para él y su familia ahora que éste se encuentra en una etapa universitaria o al momento de buscar un trabajo. Esto garantiza que al buscar información de este joven: “no se le vincule más con lo sucedido”.
Juan Martín Pérez García resalta que uno de los factores que influyeron a la criminalización del joven y la vulneración de sus derechos fue que los medios de comunicación y las autoridades no fueron éticos y tampoco respetaron lo que señala la Ley de Protección de Datos Personales, incluso, Miguel Ángel Mancera en un acto público aseguró, sin pruebas, que el joven era culpable.
Este caso, para REDIM, evidencia “la problemática de la detención por apariencia” que en muchos lugares sucede de manera cotidiana, a pesar de que aparentemente se cuenta con protocolo para la detención de adolescentes.
Hasta octubre 2022 y tras distintas impugnaciones legales, el adolescente logró que la Fiscalía de la Ciudad de México elevará el caso ante el Poder Judicial, aunque esto no quiere decir que se generará una imputación o vinculación a proceso de los responsables, ya que ambas instituciones no han actuado de manera oportuna, faltando a sus deberes, lo que ha retrasado hasta en tres ocasiones la celebración de una audiencia inicial.
Desde la REDIM se invita a los medios de comunicación a sumarse a un ejercicio ético desde el periodismo de infancias para proteger la huella digital de este adolescente, eliminando de sus publicaciones y portales: su nombre e imágenes denigrantes circuladas por las autoridades, pues se trata, en su mayoría, de filtraciones ilegales que provocan su revictimización y afectan el desarrollo de su proyecto de vida.
Además, han emitido algunas recomendaciones para garantizar el interés superior de la niñez al momento de realizar coberturas de eventos vinculados a niños, niñas y adolescentes donde se enfatiza prevalecer el respeto a la dignidad humana y el derecho a salvaguardar su identidad e intimidad personal.
Así como también, el no compartir, difundir y exponer imágenes que atenten contra sus derechos, especialmente, si son de índole explícita o que puedan violentar sus derechos humanos y los de sus familiares, esto porque es vital evitar toda revictimización, incluso, si la propia persona está dispuesta a ofrecer su nombre.
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Aquí algunas de las recomendaciones a seguir:
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