Javier Armenta, Iván Cisneros y Alexis Rojas, estudiantes de la Universidad de Guadalajara, fueron vinculados a proceso por los delitos de despojo de inmuebles y aguas, esto producto de su defensa del Parque Resistencia Huentitán, espacio público donde las empresa Operadora Hotelera Salamanca y Hoteles Riviera Deluxe pretenden construir el desarrollo Iconia.
Aunque su defensa podrán llevarla en libertad, la lucha continuará por parte de los propios universitarios, así como de colectivos, organizaciones sociales y vecinales que han hecho del Parque Resistencia Huentitán una trinchera contra la gentrificación de Guadalajara.
Por Josué Ibarra/@josueibarrasala
Foto portada: Parque Resistencia Huentitán
Fotos interiores: Mario Marlo / @MarioMarlo
“No nos liberó el Estado, nos liberó la gente” fue la expresión que usaron Javier Armenta, Iván Cisneros y Alexis Rojas, todos estudiantes de la Universidad de Guadalajara, tras ser liberados luego haber sido vinculados a proceso por el delito de despojo de inmuebles y aguas en el predio Iconia.
Este proceso penal podrán llevarlo en libertad, por lo menos, durante los cuatro próximo meses, temporalidad que otorgó el juez décimo de control, Felipe de Jesús Rivera Gallegos, al Ministerio Público para ampliar el proceso de investigación del caso.
Su liberación ocurrió tras una fuerte presión política, social y mediática que se enmarca en el actual conflicto que sostienen el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, y el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva.
Más allá de esta disputa de poder, su caso evidencia la criminalización de la protesta social, pues lo que los jóvenes realizaron -junto con vecinos y activistas medioambientales- fue resistir frente a los intereses privados que preteden construir un desarrollo inmobiliario en un terreno que, conforme el Decreto 10421 emitido por el Congreso del Estado de Jalisco, debiera ser un Parque Municipal y el “Parque Natural Huentitán”.
Algo que no ocurrió porque los intereses inmobliarios sumados a diversos acuerdos políticos hicieron que este terreno predio público de 132 mil 691.183 m2, ubicado en el cruce de Anillo Periférico Oriente y la Calzada Independencia Norte, pasara a manos del Grupo Mecano América, quien después, sin tener plena posesión del predio, lo vendió a Operadora Hotelera Salamanca, la cual después trasladó su parte a Hoteles Riviera Deluxe.
Todo bajo el amparo de diversas administraciones municipales, incluída la de Enrique Alfaro, que no interpusieron recurso alguno para impedir que estas empresas lucraran con un bien público.
Por ello, en 2021, colectivos como El Retiro, Defensa del Jardín de Mexicaltzingo, Jardines de La Paz, Colectivo Arcos de Guadalupe y Asociación Jalisciense en Derecho Ambiental (AJDA), así como algunos integrantes de la Federación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de Guadalajara (FEU) decidieron ingresar al predio para iniciar la resistencia por este espacio público.
A raíz de esta acción, inició un trabajo comunitario que le devolvió la vida al predio; por ello, lo nombraron: Parque Resistencia Huentitán.
Su lucha no fue ajena al hostigamiento, pues todas aquellas personas que decidieron acampar en el parque para evitar la construcción de Iconia vivieron diversas amenazas.
Ante resistencia pacífica, una respuesta represiva
La resistencia y ocupación pacífica duró más de 140 días, temporalidad en la que se plantaron más de mil árboles y se llevaron a cabo actividades recreativas y culturales; sin embargo, todo acabó el el 19 de agosto de 2021, fecha en que fueron sacados por la fuerza por personal armado que llegó sin identificarse y que después se presentó como personal de la Fiscalía del Estado de Jalisco.
Este suceso fue llevado a cabo violentamente, pues los cerca de 15 jóvenes que resguardaban el Parque Resistencia Huentitán fuero amedentrados e incomunicados por más de dos horas. Incluso, se amenazó con desaparecerlos “por meterse donde no debían”.
En ese entonces, al igual que pasó ahora con la exigencia de liberación de los tres estudiantes, la presión política, social y mediática, logró que los jóvenes no fueran detenidos, aunque a partir de ahí, la constructora tomó posesión del lugar para iniciar los trabajos del desarrollo Iconia.
En esta acción, también fueron talados más del 50% de los árboles que los colectivos y estudiantes habían plantado; por la acción represiva y el daño al medio ambiente se interpusieron diversos recursos legales para recuperar nuevamente este espacio público, así lo informó Arturo Mendoza, miembro del colectivo Huentitanes y vecino de las colonias aledañas a la barranca de Huentitán.
Sin embargo, estos procesos legales no impidieron que se realizaran diversas denuncias penales en contra de quienes participaron en la resistencia, aunque de manera específica Operadora Hotelera Salamanca y Hoteles Riviera Deluxe a quienes denunciaron específicamente fue a Javier Armenta, Iván Cisneros y Alexis Rojas, estudiantes de la Universidad de Guadalajara.
Esta denuncia penal, como informó NTR Guadalajara, se realizó ante la Fiscalía del Estado de Jalisco, a pesar de que ambas empresas formalmente no pueden probar la posesión legal del predio.
Las primeras diligencias de esta denuncia se llevaron a cabo el 5 de enero, fecha en que los estudiantes acudieron a declarar; ahí el juez décimo de control, Felipe de Jesús Rivera Gallegos, decidió dictarles prisión preventiva oficiosa, pues aunado a la acusación por el delito de despojo del inmueble y aguas en Iconia, las empresas además señalaron que esto se hizo de manera organizada y con el uso de armas de fuego. Algo que después se desestimó por falta de pruebas.
La detención crispó aún más las tensiones entre la Universidad de Guadalajara y Enrique Alfaro, pues la comunidad universitaria impulsó la narrativa de que los tres jóvenes eran presos políticos y que su detención era una acción represiva orquestada por el gobernador.
Con este impetú, la Universidad de Guadalajara se declaró en “Estado de Emergencia” y emprendió la defensa legal de los tres jóvenes, realizó marchas para exigir su liberación y colocó un campamento frente a Casa Jalisco para presionar a las autoridades estatales.
Enrique Alfaro no se quedó callado y señaló, mediante un video, que él no tenía nada que ver en el caso, pues se trataba de un “conflicto entre particulares” por un despojo de un predio; con ello, buscó invalidar las denuncias en su contra y aseguró que bajo su administración “no se ha detenido a nadie por protestar”.
Algo que no es cierto, pues los 5, 6 y 7 de junio de 2020 ocurrieron decenas de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas contra jóvenes que marcharon para denunciar la ejecución extrajudicial de Giovanni López a manos de policías de Ixtlahuacán de Los Membrillos.
Pese a su desmemoria, pidió al Poder Judicial lo siguiente:
“Con absoluto respeto al Poder Judicial y en el marco de la comunicación institucional entre poderes que siempre hemos tenido, hago un exhorto para que se encuentre una ruta que permita que los jóvenes enfrenten su proceso fuera de la cárcel”.
Liberación que ocurrió la tarde del 10 de enero; sin embargo, el proceso penal en su contra continúa y los tres jóvenes aún deberán de probar su inocencia en el delito de despojo de inmuebles y aguas. Además de que se les obligó a firmar cada mes en la Unidad de Medidas Cautelares, así como se les prohibió ingresar al predio.
Al respecto, el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, señaló:
“Esto no debió de haber sucedido, pero estamos felices; hoy el gobierno no los liberó, sino los jaliscienses, los mexicanos, las organizaciones civiles, también el gobierno federal, los senadores, los diputados, los partidos políticos, las familias, la comunidad universitaria”.
Con ello, el campamento frente a Casa Jalisco concluyó, pero no así el “Estado de Emergencia” de la comunidad universitaria, pues consideran que lo ocurrido con sus compañeros marca un precedente en la criminalización de la protesta social y la defensa del territorio en contra de los intereses inmobiliarios.
De la misma manera negó haber avalado la cesión del predio donde ahora se desarrolla Iconia como asegura el Gobierno del Jalisco y el Ayuntamiento de Guadalajara; así lo explica en este comunicado:
Quienes también se han inconformado son más de 80 organizaciones, redes y colectivos y más de 50 personas académicas, defensores y feministas, así lo señalaron mediante un pronunciamiento:
“el encarcelamiento de los tres jóvenes estudiantes y defensores ambientales en Jalisco, así como la judicializacion a la legítima defensa del Parque Resitencia Huentitán en Guadalajara”.
Estas organizaciones exigieron a las autoridades jaliscienses que, tras la liberación de los estudiantes aún está pendiente:
– El cese inmediato de las obras en el predio en mención.
– La intervención urgente de los tres niveles de gobierno para la solución de este conflicto socio ambiental.
– El respeto al debido proceso de parte del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, Jueces y Magistrados.
– Alto a los desarrollos inmobiliarios en la ciudad, queremos el respeto a la naturaleza, más parques y áreas de recreación, menos negocios en beneficio de unos cuantos.
– Alto a la criminalización de personas defensoras de DH y ambientales en Jalisco.
– Respeto al derecho a la ciudad, al agua y al medio ambiente sano.
Para estas organizaciones, más allá del conflicto político, debe frenarse toda represión a activistas, defensoras y defensores del medio ambiente, pues de no hacerlo se evidenciara de qué lado está el Gobierno de Jalisco cuando se tocan los intereses económicos de las inmobiliarias que ven a la ciudad únicamente como una mercancía; sin embargo, para quienes forman parte de la resistencia alrededor del Parque Huentitán, la ciudad es un bien público que debe ser cuidado.
