Laura Lucía denunció en enero de 2022 al director general de Operadora de Servicios Mega S.A. de C.V., SOFOM, E.R. (Grupo Mega), su superior jerárquico, por ejercer en su contra acoso, abuso sexual y amenazas desde el 2018.
Desde que Laura presentó su denuncia ante el Centro de Justicia para las Mujeres (CJM) y su Unidad de Delitos de Violencia contra las Mujeres y en Razón de Género, las autoridades ministeriales decidieron “abstenerse de investigar”.
Hoy Laura se encuentra privada de la libertad, señalada de cometer un delito dentro de la empresa donde su agresor es director general y pese a haber demostrado su inocencia. Este mismo sujeto es quien, con distintas evasivas ha logrado postergar en dos ocasiones su presentación ante la justicia, ya que, un juez todavía tiene que revisar si hubo un mal proceder de la autoridad ministerial del CJM al decidir no investigar los delitos de los que este empresario es señalado.
Luego de un año de espera, esta primera audiencia de tutela de derechos podría llevarse a cabo el jueves 12 de enero. Por ello, colectivas feministas, organizaciones y personas solidarias que se han unido al reclamo de “Libertad para Laura” se manifestarán este mismo día a las afueras del Centro de Justicia para demostrarle a la autoridad que no está sola y que su no actuar la expuso y vulneró como víctima de violencia al no garantizar su derecho a ser escuchada y recibir justicia.
Por Dalia Souza / @DaliaSouzal
Ha pasado un año desde que Laura Lucía denunció al director general de Operadora de Servicios Mega S.A. de C.V., SOFOM, E.R. (Grupo Mega), su superior jerárquico cuando se desempeñaba como encargada del área de Gerencia de Alianzas en la misma empresa. No fue una decisión sencilla, el miedo a las represalias, a perder su empleo a recibir más violencia le evitó romper el silencio por casi tres años, hasta que por fin lo hizo.
El 24 de enero de 2022 acudió al Centro de Justicia para las Mujeres en Jalisco y ante su Unidad de Delitos de Violencia contra las Mujeres y en Razón de Género señaló a Ignacio Javier “N” de ejercer en su contra acoso, abuso sexual y amenazas.
Pero ese mismo día la ministerio público Jimena Patricia Ruiz Mejía optó por abstenerse de investigar y judicializar la carpeta. La decisión tuvo el visto bueno de Guillermina Garibay Brizuela y José Elías Moreno Tafolla, coordinadora y director, respectivamente, de la Unidad de Investigación en Delitos contra las Mujeres y Delitos en Razón de Género. Ambos funcionarios enviaron su resolución a Jorge Baltazar Pardo Ramírez, titular de la Dirección General en Delitos de Violencia contra las Mujeres en Razón de Genero y Trata de Personas, quien autorizó archivar la denuncia definitivamente.
“Ella firma su resolución, la envía a estudio de sus inmediatos superiores quienes dan el visto bueno y luego lo pasan a su director general, quien tiene su equipo de asesores, ellos la revisan y dicen si sí procede o no procede y le dan la razón a la ministerio público”, explica en entrevista Juan Manuel Orozco Jasso, representante legal de Laura.
De acuerdo con el Código Penal de Procedimientos Penales, existen tres formas de cerrar una carpeta de investigación sin una judicialización, advierte el abogado Orozco Jasso: 1) enviarla al archivo temporal, esto implica que los datos que se tienen no son suficientes y se necesitan nuevos y mejores; 2) el no ejercicio, donde se investiga, se determina que no hay un delito que perseguir y se envía al archivo definitivo; y 3) la abstención de no investigar, este último fue el criterio que utilizó la ministerio público Ruiz Mejía en el caso de Laura.
Y es que, a decir del análisis de la autoridad ministerial, los tres delitos que denunció Laura ya habían prescrito cuando hizo su declaración. Sin embargo, el abogado Orozco Jasso, asegura que la ministerio público “no analizó todo el texto de la denuncia y le violentó su derecho humano a ser asistida por la institución”. Por lo tanto, están en desacuerdo con la determinación: “la ministerio refiere que ya prescribió su derecho a querellarse por esos delitos. No coincidimos”.
Pero esta no es la única inconsistencia dentro del caso. Contradictoriamente, pese a que Laura designó por seguridad el domicilio de su abogado -en aquel momento- para recibir notificaciones de su denuncia, fue la misma unidad especializada en delitos contra las mujeres quien envió los documentos a Operadora de Servicios Mega, lugar que no sólo era su espacio laboral, sino, el sitio donde se encontraba su agresor.
Dentro de los documentos con los que cuenta la defensa sólo existen dos citatorios dirigidos a Laura, uno en el que aparece el domicilio del abogado -como se solicitó- y otro más con la dirección de la empresa.
“Por qué aparece el domicilio donde labora su agresor, desconozco las razones… sería una situación irregular o extraña porque debieron notificarla en el domicilio que ella refirió para recibir notificaciones de su denuncia”, dice el abogado Orozco Jasso.
Además, no existe ninguna constancia donde se establezca o señale que no se localizó al defensor en la dirección establecida para las notificaciones o que éste haya solicitado que se llevaran el citatorio al espacio de trabajo de Laura.
Frente a estas inconsistencias que han derivado en la vulneración de los derechos a la seguridad, vida, libertad, justicia y debido proceso para Laura, su defensa solicitó a la autoridad judicial revise si la determinación del personal ministerial fue la correcta o cometió un error al abstenerse de investigar. No obstante, en dos ocasiones ha sido postergada la fecha para que se lleve a cabo la primera audiencia de tutela de derechos donde el juez analizará la petición.
Y es que ha sido Ignacio Javier “N” quien, con distintas evasivas, ha logrado evitar su presentación ante la justicia. La última de éstas fue el 14 de diciembre de 2022, donde el señalado presentó un escrito en el que, además de solicitar que se le expidieran copias de la carpeta de investigación, pidió que se difiriera la fecha de la audiencia manifestando que estaba “enfermo de COVID-19”, aunque sobre esto último no presentó una constancia médica oficial.
Esto que podría hablar de “una mala práctica para dilatar el procedimiento” precisa el abogado Orozco Jasso, por ello, han solicitado al juez que el denunciado presente durante la audiencia los comprobantes médicos que acrediten que estuvo enfermo.
El proceso ha sido muy desgastante para Laura, “ya no aguanta más estar detenida” denuncia su abogado. Y es que luego de haber denunciado a Ignacio Javier “N”, Laura fue detenida por el delito de Administración fraudulenta y finalmente vinculada a proceso por fraude, presuntamente cometido mientras trabajaba dentro de Operadora de Servicios Mega. Sin embargo, su proceso lo ha tenido que llevar en prisión preventiva, ya que el juez a cargo del caso le negó su derecho a enfrentarlo en libertad. Esto no le ha impedido demostrar ser inocente de lo que se le responsabiliza.
Laura fue privada de su libertad tras denunciar a su agresor
Su defensa ha explicado que Laura no pudo llevar a cabo las acciones de las que se les responsabiliza y, por ende, cometer dichos delitos, ya que el manual de procedimientos de Operadora de Servicios Mega S.A. de C.V., SOFOM, E.R. (Grupo Mega), establece que la única figura que puede hacer estos procedimientos es el Comité de Créditos. Asimismo, estos créditos pueden ser autorizados por el Director General, en este caso Ignacio Javier “N”, así como por el director de Crédito/Riesgos.
“Laura está detenida por una amenaza cumplida” argumenta el abogado, “ella denuncia en enero de 2022 y es detenida en septiembre de 2022, por un supuesto delito cometido en la empresa donde su presunto abusador es el director”.
Es importante advertir que Laura también presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) así como ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) para señalar a personal de la Fiscalía del Estado de Jalisco, así como del Juzgado de Control y Juicio Oral del Distrito I cometieron presuntos actos de tortura en su contra y violentaron sus derechos humanos al ser detenida en septiembre de 2022.
***
El próximo jueves 12 de enero se podría llevar a cabo esta primera audiencia de tutela de derechos y será el Juez del Juzgado de Control Juicio Oral y Ejecución Penal Especializado en Violencia contra las Mujeres del Estado de Jalisco, Sergio Vladimir González Becerra, quien determinará si hubo un mal proceder de parte de la autoridad ministerial en la denuncia de acoso, abuso sexual y amenazas que presentó Laura en enero de 2022 en contra de su exjefe.
De ser así, el ministerio público a cargo deberá llevar a cabo la investigación pertinente y tendrá que determinar si existen o no elementos para continuar con la denuncia y, con ello, el seguimiento a los hechos y presuntos delitos manifestados por la víctima que posibiliten iniciar un procedimiento penal en contra de su agresor.
“Lo que esperamos es un resultado que le permita a ella saber que ya fue escuchada y que va a ser apoyada por la autoridad” eso espera la defensa de Laura de cara al próximo jueves.
Mientras tanto, colectivas feministas y de mujeres organizadas en Jalisco que se han unido al reclamo “Libertad para Laura” han convocado a una concentración pacífica a las afueras del Centro de Justicia para las Mujeres a las 11:30 a.m.
Su objetivo es hacerle saber a Laura, pero sobre todo a las autoridades, que no está sola y que los ojos del movimiento están puestos en que el Estado sea capaz de romper con su pacto patriarcal y se garanticen los derechos de una mujer que decidió denunciar a su agresor, un agresor con poder.
