A tres años de la desaparición forzada de los cuatro hermanos Camarena por policías municipales en el municipio de Ocotlán, Jalisco, los avances para encontrarlos siguen siendo insuficientes.
Por Mario Marlo / @Mariomarlo / @Somoselmedio
María Guadalupe Camarena, madre de José de Jesús Martínez Camarena, Ernesto Padilla Camarena, Tonatiuh Avalos Camarena, y Oswaldo Javier Avalos Camarena, desaparecidos el 19 de diciembre de 2019 por policías municipales del municipio de Ocotlán, Jalisco, sigue luchando por encontrar a sus hijos con vida y acceder a la verdad sobre su desaparición.
Debido a la ineficiencia de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, María Guadalupe Camarena y su hija Mayra Avalos Camarena se han centrado en denunciar la incapacidad de las autoridades y han salido a las calles y zonas rurales de Jalisco en busca de sus hijos.
Acompañadas de su abogada Ana Cabral y Rubén Darío Silva, miembros del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), denunciaron que a pesar de que el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas (CED) emitió el 6 de enero de 2021 cuatro Acciones Urgentes 1002 a 1005/2021, pidiendo al Estado Mexicano la creación de una estrategia integral para una investigación y búsqueda exhaustiva de los hermanos Camarena, la aplicación del mecanismo internacional humanitario ha sido obstaculizada por distintas omisiones de las autoridades estatales.
Ana Cabral, abogada del CEPAD, informó que:
“a pesar de que el mecanismo humanitario internacional fue activado, hasta ahora la búsqueda de los hermanos Camarena se ha visto obstaculizada por distintas omisiones de las autoridades estatales”.
Debido a esto, las integrantes de la familia Camarena han asumido el rol de buscadoras con el fin de encontrar el paradero de los cuatro hermanos.
“Después de que mis hijos fueron privados de su libertad por policías municipales de Ocotlán Jalisco, me convertí en rastreadora e investigadora… mis hijos no son desaparecidos, fueron desaparecidos forzosamente, por eso ahora los busco en vida y bajo tierra”, explicó María Guadalupe Camarena en una conferencia de prensa.
“Nos hacen falta búsquedas por parte de la Fiscalía, cosa que no se ha hecho durante seis meses. Lo que dijo el gobierno de Enrique Alfaro en su Cuarto Informe de Gobierno, que el 90% de los desaparecidos se van por su voluntad, no lo creo. No creo que mis hijos ni nadie de los desaparecidos haya querido estar en una fosa clandestina. Cada vez que vamos a una fosa clandestina encontramos cuerpos golpeados, torturados, y aún los hemos encontrado con las esposas y encintados. Ese es mi vida, lo que ha pasado desde que me desaparecieron a mis hijos.”
La abogada del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, Ana Cabral, informó que el pasado martes 9 de diciembre por la noche, una camioneta RAM roja y otra blanca modelo GMC, ambas con vidrios polarizados, intentaron secuestrar a María Guadalupe y su hija Mayra en el municipio de Tlaquepaque. Según el análisis del CEPAD, el incidente podría ser un acto de intimidación ante la rueda de prensa anunciada con algunos días de antelación.
Por ello, responsabilizan a las autoridades municipales, estatales y federales por cualquier atentado que pueda vulnerar la integridad de la familia Camarena, debido a su acción, aquiescencia u omisión en garantizar su seguridad.
Además, exigieron a las autoridades federales y estatales que contribuyan a la consolidación de procesos de búsqueda por parte de todas las autoridades responsables, que el Juzgado de Control y Oralidad con sede en Ocotlán Jalisco actúe de manera seria, eficaz y diligente, que las autoridades federales y estatales cumplan con su obligación de prevenir agresiones ante el ejercicio de la defensa legítima de los derechos humanos y que la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas garantice medidas de protección a la familia Camarena. T
ambién pidieron que el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas asegure la incorporación de las personas integrantes de la familia Camarena y genere acciones necesarias para garantizar plenamente sus derechos a la vida, integridad y libertad.
