#InvestigaciónEspecial
Las mujeres encabezan las brigadas de búsqueda de desaparecidos en México. Su labor ha desenterrado no solo cuerpos, sino el horror y la impunidad que se vive en este país. Sin embargo, acusan que hay autoridades que no solo invisibilizan sus hallazgos, sino que cometen agresiones en su contra.
Por Guillermo Rivera y Lauro Rodríguez / Connectas Lab
—Si Andrés Manuel no va a las fosas, las fosas vienen a él —gritaron aquel día rastreadoras de Guanajuato.
Un camión cargado de tierra llegó a la explanada del Zócalo de la Ciudad de México y arrojó el contenido frente al Palacio Nacional. Con esa materia, los colectivos Hasta Encontrarte, Una Luz en el Camino y Una Promesa por Cumplir simularon el hallazgo de una de las más de 2,200 fosas clandestinas que han sido localizadas durante la actual administración federal.
La protesta ocurrió a las siete de la mañana del 13 de diciembre de 2021, frente a Palacio Nacional, oficina y morada del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
Con este acto, el grupo de rastreadoras se convirtió en representante de las más de 108,000 familias que tienen a algún desaparecido en el país. Muchas de ellas a diario toman palas y picos para escarbar en cerros, terrenos, viviendas abandonadas y hasta en parques públicos para localizarlos. Buscan cuerpos de personas desaparecidas con el propósito de que los gobiernos los identifiquen.
“No hemos recibido el apoyo que necesitamos. La indiferencia de las autoridades nos orilla a salir a indagar y a ponernos en riesgo”, exclama Karla Martínez del colectivo Hasta Encontrarte.
“Al ver que había omisiones de las autoridades, que a nadie le interesaba la búsqueda, nosotras dijimos: ¿qué más tenemos que hacer para ser escuchadas? Formamos el colectivo Justicia y Dignidad Veracruz”, explica Lidia Lara.
Las mujeres lideran, y no el Estado mexicano, las acciones para encontrar a sus familiares. En 2022, solo en 10 fiscalías de las entidades se documentaron 358 fosas clandestinas. De este total, más de la mitad, es decir, 221 fueron localizadas por ellas.
Esta investigación realizada en alianza con CONNECTAS encontró que los hallazgos de fosas clandestinas son la culminación, principalmente, de los esfuerzos de búsqueda e investigación de los colectivos y no de las autoridades. Y que el trabajo de las familias ha desencadenado múltiples agresiones y desplazamientos forzados en contra de ellas.
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Esta crisis tiene rebasadas a las autoridades de los tres niveles de gobierno en todo el país, sentencia Alan García Campos, coordinador de la Unidad Legal y de Análisis de la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (ONU-DH), que, en noviembre, solicitó a las autoridades mexicanas proteger a las buscadoras.
“Las familias toman fuerza ante la inactividad de las autoridades, incluso bajo riesgos muy, muy grandes. Esto debe de cambiar. La búsqueda, ciertamente, es un derecho de las familias. Ellas tienen la potestad de hacerla, pero no hay que olvidar que es una obligación del Estado. Tiene que ser efectiva, pero también protegida”, advierte García.
La línea histórica de los datos muestra que, desde 2016, se ha incrementado el número de fosas clandestinas reportadas, según los datos oficiales de las fiscalías en 23 entidades del país. Este aumento en la estadística de inhumaciones coincide con el fortalecimiento de colectivos y el nacimiento de otros. Por ejemplo, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México se fundó en 2015 y en un inicio agrupó a 35 colectivos del país. Hoy, son más de 60. La Brigada Nacional de Búsqueda (BNB) inició actividades de campo en 2016 en Veracruz y actualmente se conforma por 160 colectivos de 27 estados.
En México, al corte del 14 de diciembre, 108,920 personas permanecen desaparecidas. Jorge Ramírez Plascencia, sociólogo e integrante del Comité sobre Desaparición de Personas de la Universidad de Guadalajara, compara a una persona desaparecida con una pieza de un rompecabezas: si falta, ya nada es igual.
“La desaparición de personas se tipifica como delito contra la libertad de las personas, pero sabemos que es mucho más. El concepto del rompecabezas es poderoso porque capta lo que significa una persona desaparecida: alguien único, irremplazable, sin el cual el resto pierde valor”.
En el país, el 74.5 por ciento de los desaparecidos son hombres. Las madres, hermanas y esposas se convierten en rastreadoras. El estudio Nosotras buscamos realizado por el colectivo de familias Por Amor a Ellxs en agosto de 2021, documentó los casos recientes en los que brindó acompañamiento. En tres meses, 133 personas solicitaron apoyo por la desaparición de un familiar. En el 85.7 por ciento de las ocasiones (114 veces), fue una mujer quien buscó ayuda.
Ellas también asumen las labores de búsqueda “por el rol social adquirido del cuidado de la familia”, analiza Lígia de Aquino, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.
Por su parte, Karla Martínez, del colectivo Hasta Encontrarte, enfatiza que la mayoría de los hombres deciden continuar con sus vidas y sus trabajos tras una desaparición. “Las mujeres no podemos hacer eso. Se termina la vida cuando esa persona no está. Eso nos mueve y nos hace más valientes para salir a buscarlos”.
“Tal vez las mujeres nos aferramos más al amor. Tal vez las madres son la base de la familia. Tal vez nos es más fácil expresar sentimientos. Tal vez es un tema de cultura, sí, pero quiero pensar que amamos más”, añade Yadira González, del colectivo Unidas Siempre Buscando.
Los informes de los colectivos reportan que cientos de buscadoras se encuentran en riesgo permanente. Las fuentes y testimonios recopilados para esta investigación coinciden en la existencia de una cifra de casos desconocidos, porque ellas, por desconfianza y temor hacia las autoridades, no denuncian las amenazas y agresiones.
Las rastreadoras exhuman el terror que se vive en el país y que las autoridades quieren ocultar, analizan los especialistas. Los colectivos de mujeres lo resumen así:
“Los criminales entierran cuerpos en fosas clandestinas y nosotras los desenterramos. Las autoridades lanzan cifras que afirman que la seguridad se fortalece. Pero nosotras, con cada fosa hallada, exhibimos una realidad distinta. Somos incómodas”.
Colectivos de rastreadoras se coordinan para salir y buscar a sus desaparecidos en fosas clandestinas. Mientras ellas encuentran, las autoridades borran o maquillan las cifras de los hallazgos y se adjudican el crédito del trabajo de quienes buscan incansablemente a sus seres queridos.
Investigación de Lauro Rodríguez
—Aquí es el punto.
La brigada de mujeres llegó a un predio a escasos 250 metros de la zona habitada de Tlajomulco de Zúñiga, en Jalisco. Bajo un sol intenso de verano, con machete cortaron la maleza y abrieron camino. Un joven tomó un pico y comenzó a excavar. Minutos después, se escuchó un grito: —¡Alto! Parece que hay un hueso—. Era una fosa clandestina.
En esta búsqueda participaron, de forma coordinada, los colectivos Madres Buscadoras de Sonora, Madres Buscadoras de Jalisco y Jóvenes Buscadores de Jalisco. Habían solicitado acompañamiento a las autoridades de Jalisco, pero no les hicieron caso. Por lo tanto, decidieron acudir por su cuenta. Cuando localizaron los restos humanos, hablaron de inmediato al 911.
—Encontramos una fosa en Tlajomulco, cerca de la sección 18 de Chulavista —dijo al teléfono Ceci Flores Armenta, lideresa de los colectivos Madres Buscadoras. La policía municipal tardó una hora para llegar a asegurar la zona. La fiscalía de Jalisco se demoró otra hora más para arribar a levantar indicios.
Este hallazgo sucedió el 15 de julio de 2022. Los fragmentos óseos fueron recogidos por el forense y llevados a la morgue. Sin embargo, no se sabe qué fue de esa osamenta. No aparece en los datos oficiales que la fiscalía de la entidad entregó vía transparencia para esta investigación. Lo mismo ha ocurrido con decenas de hallazgos más de las rastreadoras.
Lo que ellas hacen afecta a las autoridades. “Al hacer búsquedas y localizar cuerpos evidenciamos el mal trabajo que hay de parte del gobierno”, afirma Ceci Flores.
Mediante documentos oficiales y datos de los colectivos que realizan búsquedas, así como de testimonios, en esta investigación se evidencia que, a pesar de que el trabajo de las rastreadoras es fundamental para las localizaciones de fosas clandestinas, las autoridades no registran la totalidad de sus hallazgos. Invisibilizan la labor de las familias. Es otra forma de desaparecer a los desaparecidos en México, coinciden colectivos.
Las fiscalías de 10 entidades del país no integraron en sus bases de datos 163 fosas clandestinas que 73 colectivos localizaron entre el 1 de enero y el 16 de septiembre de 2022. Únicamente las fiscalías de Baja California, Guerrero y San Luis Potosí reconocieron que algunos hallazgos fueron producto del trabajo de las rastreadoras. El resto se adjudicó el crédito de las localizaciones.
Para Rubén Ortega Montes, integrante del Observatorio sobre Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara (UdeG) y quien da acompañamiento legal a familias de desaparecidos, no informar sobre los hallazgos, no reconocer su trabajo y criminalizarlas es una táctica que busca borrar a las víctimas.
“Desaparecer a los desaparecidos es una estrategia de apostarle al olvido de la memoria colectiva en la que se involucran una serie de acciones de parte de funcionarios de la fiscalía, como son el trato hacia las víctimas indirectas y la falta de investigación”, analiza Ortega.
En los últimos 10 años, las fiscalías estatales de México han registrado el hallazgo de 3,864 inhumaciones clandestinas. De estas, 455 fueron localizadas entre el 1 de enero y el 16 de septiembre de 2022. Es decir, en promedio se localizan 1.76 fosas diarias durante este año.
En el mismo periodo fueron encontrados 443 cuerpos completos y 810 segmentos humanos, lo que indica que hay 4.84 exhumaciones cada día. De los restos localizados en ese lapso, se identificó un total de 269. Esto quiere decir que hubo solo 1.03 identificaciones forenses al día en todo el país, menos de la cuarta parte de las personas fallecidas encontradas.
Debido a que las cifras oficiales no incluyen todos los hallazgos de las rastreadoras y no reconocen su labor, los colectivos aprovechan las redes sociales y los medios de comunicación para hacer públicos sus resultados. Esta tarea la fortalecieron en 2022. Lo hacen, coinciden, ante la falta de confianza en los datos oficiales.
“Tener puntos positivos (lugar donde hay una fosa clandestina) nos da certeza de llevar un registro y evitar la doble desaparición, sobre todo por parte de la fiscalía de Guanajuato, pues en cada hallazgo de algún sitio de exterminio, fosa clandestina o restos humanos, surge la duda de si se nos da información real y oportuna a las familias”, indica el colectivo Hasta Encontrarte, de esa entidad, en su informe anual de 2022, publicado en febrero.
Una revisión a la información oficial y a la documentada por colectivos encontró discrepancias entre lo que encuentran las familias y lo que reportan las autoridades. Por ejemplo, mientras en Baja California la fiscalía informó de 42 fosas localizadas en 2022, los colectivos documentaron 67.
Otro caso llamativo es el de Jalisco, donde la autoridad informó 34 sepulturas clandestinas. Sin embargo, las rastreadoras dieron con 43. Ahí, las Madres Buscadoras localizaron, en febrero, once fosas en casas abandonadas que colindaban con viviendas habitadas en la colonia Chulavista de Tlajomulco, en plena zona metropolitana de Guadalajara, pero solo cuatro fueron integradas por la fiscalía de Jalisco en la base de datos que entregó por transparencia. Es decir, en los registros la autoridad omitió siete fosas localizadas por los colectivos de rastreadoras solo en este mes.
Experiencias similares se encontraron en Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Zacatecas, Veracruz, Guerrero y Michoacán.
En estas 10 entidades federativas los colectivos han mantenido su presencia de forma permanente, al menos entre 2021 y 2022, tal como se pudo confirmar en sus redes sociales y con noticias periodísticas de medios locales.
Ortega Montes detalla que las autoridades, además de no registrar los hallazgos de las rastreadoras, también pierden carpetas de investigación. Agrega que por este motivo él ha tramitado seis amparos en Jalisco. Gracias a esta herramienta legal han conseguido que las familias accedan a los archivos de su investigación y, cuando se confirma la pérdida de la carpeta, obligan a las autoridades a abrir una nueva para reiniciar la búsqueda del desaparecido.
Jalisco es uno de los siete estados, identificados en esta investigación, que no reconocen la labor de las rastreadoras en la localización de cementerios clandestinos. El gobernador Enrique Alfaro Ramírez se ha encargado de adjudicar a su gobierno el crédito de los hallazgos. Afirma que el incremento de fosas clandestinas responde a que en esta entidad federativa hay una estrategia gubernamental para buscar a los desaparecidos.
Sin embargo, los datos encontrados demuestran que los colectivos son los que han localizado la mayor parte de las fosas clandestinas en Jalisco. De las 43 fosas halladas por las rastreadoras, solo 14 aparecen en los registros de la autoridad.
Protocolos de papel
Una pregunta recurrente que reciben los colectivos es: ¿cómo localizan fosas? Hay coincidencia en dos vías. Por un lado, los reportes anónimos son los de mayor frecuencia.
Por redes sociales, vía telefónica o por mensajes de WhatsApp, personas envían información sobre el punto exacto donde se encuentra una fosa clandestina o los vecinos notifican que escuchan movimientos por las noches. Ceci Flores, de Madres Buscadoras, afirma que recibe hasta 10 mensajes diarios de este tipo.
“La página (de Facebook) tiene tanta credibilidad y gracias a eso hemos logrado localizar a muchas personas. Lamentablemente, por falta de recursos no hemos podido dar con más cuerpos porque tenemos muchísima información de diversas partes del país. La falta de recursos es la que ha inhibido nuestras búsquedas”, afirma.
La segunda vía surge cuando las rastreadoras se convierten en investigadoras. Analizan el contexto y emprenden el camino para buscar indicios que las lleven a una inhumación clandestina.
Cuando una persona es víctima de desaparición, inspeccionan la zona donde se le vio por última vez. Revisan cámaras, casas abandonadas, basureros, predios baldíos y hasta cuerpos de agua. Tratan de identificar los puntos en los que pudiera existir un sepelio clandestino.
Si encuentran un indicio, cuentan con dos opciones de búsquedas: esperar a que las comisiones locales de búsqueda determinen una fecha para realizar el trabajo de campo y, con ello, recibir el acompañamiento del Estado, o ir por cuenta propia.
Existen dos documentos a los que deben apegarse las autoridades y las rastreadoras para la búsqueda de fosas: el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y el Protocolo de Tratamiento e Identificación Forense, ambos vigentes a nivel nacional. Sin embargo, de acuerdo con los propios colectivos, las autoridades no los cumplen.
—Estamos haciendo el trabajo del gobierno, que no hace lo que tiene que hacer —advierte Liliana Meza, rastreadora presidenta del colectivo Luz de Esperanza de Jalisco. Añade que la falla que detectan es que, cuando la búsqueda es acompañada por autoridades, no hay coordinación inmediata. Son apoyadas por la Comisión Estatal de Búsqueda, pero la fiscalía y el Servicio Médico Forense solo acuden si encuentran una fosa. Considera que las tres instituciones deben acompañar a las buscadoras desde el inicio para agilizar los procesos de localización y de extracción de los cuerpos.
En junio de este año, el colectivo Luz de Esperanza recibió información sobre fosas clandestinas en Tlaquepaque, Jalisco. Tras las solicitudes correspondientes, el 19 de agosto, dos meses después, la comisión de búsqueda aceptó otorgar el acompañamiento. Las rastreadoras de diversos colectivos afirman que esa situación es común a nivel estatal, pues la institución solo cuenta con 11 técnicos especializados en labores de campo para buscar a los más de 15,000 desaparecidos en la entidad.
En esa búsqueda, el colectivo Luz de Esperanza localizó un cráneo en una excavación. Se comunicaron con la fiscalía para solicitar el envío de peritos para la extracción. Cuando llegaron las autoridades periciales, tomaron el cráneo descubierto por las rastreadoras. En ese momento, comparte Héctor Flores González, vocero del grupo, advirtieron que en la misma fosa había una bolsa negra con más restos humanos y que los forenses no la extrajeron.
“Dijimos (a la fiscalía) que nosotros no nos íbamos a mover (del sitio). Cómo era posible que solo se llevaran el cráneo de esa persona y quedaran los restos ahí, en la intemperie. Hablamos de nuevo a la fiscalía para comentarle la situación. Gracias a eso, los peritos regresaron”, narra.
Al final, la bolsa con restos humanos sí fue retirada, pero no extrajeron el cuerpo completo. Faltaban los pies, recuerda Flores González. Pese a ello, “las autoridades dejaron la fosa abierta y solo pusieron un acordonamiento. Si algún animal rastrero, perro o criminal se mete y saca los restos, es culpa de la fiscalía por no darle el trato (a la fosa) que debería ser”.
Se solicitaron entrevistas con la fiscalía de Jalisco y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para conocer su versión de este hecho, pero no accedieron a responder.
El perito forense especialista en genética e investigador de la UdeG, Marvin Rojas, indica que, en identificación de cuerpos, hay especialistas mexicanos que cuentan con los conocimientos y usan tecnología similar a la del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos. Pero nota dos limitantes en México: deben identificar a miles de cuerpos seccionados y los servicios médicos forenses no cuentan con equipos multidisciplinarios, como marca el protocolo.
El trabajo se multiplica cuando se encuentra un cuerpo humano en secciones, argumenta Rojas. El asunto no es menor en el país. Las fiscalías tienen documentados los hallazgos de 49,152 restos óseos hallados, principalmente en Veracruz, Jalisco y Baja California.
Para identificar un cuerpo se requieren peritos de disciplinas como fotografía, arqueología, arquitectura, medicina, odontología, antropología y genética.
El problema es que no hay personal suficiente en las morgues del país. Principalmente, faltan antropólogos. Rojas describe que una de las principales problemáticas en varias entidades es la ausencia de un antropólogo que vincule fémur con peroné, o clavícula con cuello. “Esa asociación es muy importante”, indica.
En 2021, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos México también documentó lo anterior en el informe La crisis forense en México. Los datos de esta organización precisan que en México se contaba con 4,111 peritos involucrados en la identificación forense. Pero solo 30, es decir, el 0.73 por ciento, eran antropólogos.
Ante la falta de especialistas, las familias buscan alternativas. La más frecuente es la capacitación. Acuden a aulas para aprender sobre el marco legal y ciencias forenses. Emmanuel García, perito criminólogo-criminalista, es uno de los expertos que brinda acompañamiento de manera independiente, aunque cuenta con el apoyo del Colegio Libre de Estudios Universitarios (CLEU), que presta sus instalaciones.
Se trata de enseñar a las rastreadoras “los protocolos que existen, que sepan las características que tienen los huesos humanos en comparación con los de un animal para no contaminar la escena”, describe.
El curso incluye, además, la práctica. García utiliza un cuadro de arena en el piso de dos por dos metros. Ese espacio simula una fosa. Cuenta con réplicas exactas de osamentas humanas generadas artificialmente; también consigue huesos de animales en carnicerías.
Sepulta los restos en el cuadro de arena y la búsqueda inicia. Se utilizan palas, picos y varillas. El área intervenida se delimita en nueve cuadrantes y la excavación es en cada uno. Cuando surge el primer resto, se efectúa la prueba. Las aprendices deben determinar si es de humano o animal tomando en cuenta forma, tamaño y color, principalmente.
Colectivos como Luz de Esperanza, Dignidad y Justicia Veracruz, Madres Buscadores y otros han aprendido, además, a investigar en internet sobre protocolos. Toman cursos con las comisiones de búsqueda y acuden a las brigadas para observar y preguntar.
Rastreadoras coordinadas y en equipo
La desgracia de tener a una persona desaparecida genera no solo que las familias se agrupen en colectivos, sino que construyan redes nacionales que trabajan coordinadas en la búsqueda de los más de 108,000 desaparecidos en el país. Con ello, se dan la mano, amplifican su voz y se capacitan mutuamente.
Los colectivos tejen redes estatales y nacionales. Además del Movimiento por Nuestros Desaparecidos México y la Brigada Nacional de Búsqueda, hay estructuras informales que trabajan con un eslogan: Colectivos Unidos. Esta vinculación permite que, por ejemplo, colectivos de Sonora, Jalisco, Michoacán y Baja California trabajen de la mano en la búsqueda de fosas clandestinas en diferentes estados.
Hay, al menos, dos tipos de acciones: las enfocadas en buscar a los desaparecidos en vida y las que se concentran en rastrear fosas. En las primeras, las buscadoras acuden a hospitales, centros de rehabilitación, centros penitenciarios, psiquiátricos, lugares con alta indigencia y donde pudiera estar recluida una persona contra su voluntad.
Las búsquedas de campo, como se conoce a las acciones de localización de fosas, se encaminan a encontrar indicios que lleven al hallazgo de inhumaciones clandestinas. Para ambos tipos, los colectivos están coordinados unos con otros.
El trabajo que realizan los grupos para encontrar a los desaparecidos bajo tierra es financiado con donaciones. En cada búsqueda, deben cubrir, principalmente, traslados, hospedajes en caso de requerirse, alimentos y herramientas. De acuerdo con información descrita por colectivos para esta investigación, cada persona requiere unos 750 pesos por día de búsqueda si vive en el municipio donde se realizan las acciones. Si es necesario el traslado en avión, el costo sube, en promedio, a alrededor de 5,750 pesos.
¿De dónde sacan los recursos económicos las rastreadoras para hacer esta labor? Por un lado, la mayoría de las buscadoras de los colectivos cuenta con un modelo de donaciones, en especie o dinero. Otras mujeres venden alimentos preparados, organizan rifas, vendimias de comida y bazares.
“Nosotros hacemos rifas, vendemos pastel, agua, hacemos un paletón para que con todo lo que se recaude podamos tener nuestras herramientas”, comparte Lidia Lara, líder del colectivo Justicia y Dignidad Veracruz.
Como resultado de esta coordinación y trabajo conjunto, los colectivos lograron localizar, solo entre el 1 de enero y el 16 de septiembre de 2022, un total de 395 fosas clandestinas. De estas, apenas 221 tuvieron el acompañamiento o la presencia de las fiscalías. Por lo tanto, el resto quedó fuera de los registros oficiales.
“Es un poco desesperante. ¿Hasta cuándo va a haber justicia de verdad? ¿Hasta cuándo vamos a saber lo que está pasando?”, cuestiona Lara.
Anna Karolina Chimiak, co-directora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), organización que da acompañamiento a rastreadoras, considera urgente que las diferentes autoridades trabajen en coordinación con las rastreadoras, reduzcan las cargas laborales y que se realicen búsquedas simultáneas.
“La falta de implementación efectiva de este marco normativo demuestra, por parte de las autoridades, una falta de respeto hacia el trabajo y la lucha y valentía de las familias. Además, evidencia la falta de sensibilidad frente a la gravedad de la problemática que afecta la ciudadanía de forma general”, expone.
Opina que las fiscalías y las comisiones de búsqueda suelen trabajar por su cuenta aunque debe existir coordinación, según establece el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, que fue creado, como toda la normativa actual en México para la búsqueda e identificación de personas, gracias a la presión ejercida por las rastreadoras.
Contrario a lo que ocurre con las familias, entre las autoridades puede percibirse una falta de coordinación, incluso en los datos que las dependencias entregaron vía transparencia. Así, se detectó que, para las acciones de registro, tampoco hay un trabajo organizado entre las dependencias desde los estados.
Por ejemplo, la fiscalía de Jalisco no entregó una, sino cuatro bases de datos distintas sobre localización de fosas clandestinas, pues son cuatro subdivisiones las que han buscado y procesado restos humanos desde 2012 a 2022: la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, la Fiscalía Ejecutiva de Investigación Criminal, la Fiscalía Regional del Estado de Jalisco y la Dirección General en Delitos de Violencia Contra las Mujeres en Razón de Género y Trata de Personas. Lo mismo sucede en estados como Oaxaca, que entregó un total de cuatro bases de datos, una por cada región.
Sin embargo, la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas obliga al Estado mexicano a crear un registro nacional de fosas.
Desde la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) se han hecho esfuerzos para la creación de este registro. Presentan avances una o dos veces por año, pero solo contemplan información de este sexenio y no cuentan con datos abiertos para consulta pública.
A pesar de esto, hay una luz que mantiene esperanzadas a las familias y a las organizaciones que las acompañan: la creación del Centro Nacional de Identificación Humana, que arrancó operaciones este año. Las buscadoras tienen la expectativa de que será una de las acciones clave para que su trabajo dé como resultado una mayor identificación de cuerpos.
Desde su dolor, las rastreadoras no solo exigen a las autoridades que generen proyectos eficaces o invitan a la población a que se sume a las búsquedas, sino también ruegan a los criminales que finalicen las desapariciones de personas.
El colectivo Guerreras Buscadoras de Guaymas y Empalme Sonora, publicaron el 7 de julio una carta que busca que los delincuentes no envíen a fosas clandestinas a los desaparecidos:
“Si los matas, no los desaparezcas. Déjalos donde los encontremos. Si algo te debían, con su vida ya pagaron. No seas tan inhumano. No solo les hiciste daño a ellos, nos dañaste a toda la familia. Si aún los tienes con vida, devuélvelos, te lo suplico, por favor. Si desapareces a nuestro ser querido, no lo entierres, no lo dejes en un lugar donde no podamos encontrarlo, no lo quieras borrar de la tierra, no lo quemes, por favor. Ayúdanos a que no pase eso; al fin, ya está muerto, tu objetivo ya lo cumpliste”.
En medio del dolor por la desaparición física y la desaparición de los registros oficiales, hay una promesa de una madre a su hijo desaparecido: buscar hasta encontrarlo.
Para esta investigación se buscó a las fiscalías de Jalisco, Baja California, Baja California Sur, Veracruz, Guerrero, Zacatecas, Sonora, Sinaloa y Guerrero, pero al cierre de edición no se tuvo respuesta alguna.
Las rastreadoras de personas desaparecidas viven agresiones y amenazas cotidianas. Al menos 1,992 se encuentran en riesgo por buscar. Enfrentan desplazamientos forzados y el peligro a ser asesinadas. Los perpetradores suelen ser delincuentes y funcionarios de seguridad, quienes las mantienen bajo peligro permanente.
Investigación de Guillermo Rivera
Una llamada le cambió la vida a Cristina Hernández Vega la fría madrugada del 25 de enero de 2019.
—Los municipales se llevaron a Jesús en la patrulla —le anunciaron.
Su único hijo, Jesús Alberto Rodríguez, de 24 años, y un adolescente de 17 fueron desaparecidos por tres agentes de Empalme, Sonora. Así se registró en la denuncia por privación ilegal de la libertad y abuso de autoridad que Cristina levantó en el Ministerio Público de la fiscalía estatal.
Cuando se percató de la resistencia de la autoridad a arrestar a los sospechosos, abandonó su negocio de venta de mariscos y se enfocó en buscar a Jesús. Ella y su hermana gemela, Marta, encontraron respaldo en el colectivo Guerreras Buscadoras de Sonora. Se sumaron al grupo y en pocos meses ayudaron a localizar más de 40 cuerpos en Ciudad Obregón y Navojoa.
Un hijo de Marta, Héctor Gómez, de 21 años, decidió emprender su propia investigación para dar con el paradero de su primo. Por indagar, fue amenazado. “Ya no busques a Jesús”, le advirtió un sujeto. Al poco tiempo, cuando regresaba en motocicleta tras inspeccionar supuestas casas de seguridad en Guaymas, fue arrollado por una camioneta. Los agresores descendieron del vehículo y lo golpearon.
Héctor sobrevivió al ataque, pero el 25 de junio hombres armados fueron por él a su casa. Se lo llevaron frente a su familia y no volvieron a verlo. Marta asegura que policías municipales en una patrulla participaron en la desaparición.
Días después, un motociclista apodado El Rojo frenó el paso de la tracker rojiza que conducía Cristina.
—Váyanse de aquí, tú y tu hermana. Me dieron orden de matarlas y no se me hace justo —le confesó.
Las hermanas decidieron huir. Marta se fue a otro municipio de Sonora; Cristina, primero a Sinaloa, y después al centro del país. El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (Segob) le otorgó un refugio. En septiembre, Magda, su única hija, hostigada por sujetos, también escapó de Empalme con sus tres hijos y dos sobrinos. Se reencontraron con Cristina.
“Acuso a policías municipales de nuestro desplazamiento”, clama la buscadora. Más de tres años después sigue en un refugio porque las amenazas no se acaban. Muestra en su teléfono la que llegó al Messenger de Facebook este año. El agresor, anónimo, promete asesinarla a ella y a Magda. Lee un fragmento: “Guarda esa pala, pero para que busques a tu familia entera”.
Como Cristina, decenas de rastreadoras sufren atentados. Los datos oficiales muestran que están en riesgo cotidiano: de 2012 a agosto de 2022, al menos 226 personas (171 mujeres y 55 hombres) sufrieron, mínimo, una agresión en represalia por las acciones de búsqueda, de acuerdo con el registro del Mecanismo de Protección, el cual muestra que esta situación ocurre en todas las regiones de México y que los expedientes se duplicaron entre 2020 y 2021.
Las agresiones son amenazas, lesiones y persecución. Las respuestas a diversas solicitudes de información a la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos, a la que está adscrito el Mecanismo de Protección, corroboran que, por buscar, las personas rastreadoras son violentadas y desplazadas.
Esta área de la Segob es la única referencia federal sobre los peligros que enfrentan las buscadoras. Los datos que ofrece, sin embargo, no coinciden con los de organizaciones nacionales e internacionales, que registran una mayor cantidad de episodios.
Las estadísticas del Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) de Naciones Unidas evidencian que hay muchos casos de agresiones en contra de las rastreadoras en México. Son 484 acciones urgentes de 2012 al 8 de abril de 2022. En la gran mayoría, explica Juan Pablo Albán Alencastro, relator del comité, hay señalamientos específicos de actos de violencia y hostigamiento. El país solo es superado por Irak, con 552.
Las acciones urgentes son mecanismos que utiliza el CED para promover la búsqueda de personas desaparecidas, pero también para impulsar a los Estados a que adopten medidas concretas de protección para buscadoras víctimas de alguna represalia. Pueden ser solicitadas por el representante legal de ellas si se encuentran en peligro. Tras la petición, el comité se comunica con los gobiernos para recomendar acciones específicas.
En noviembre de 2021, Albán Alencastro y otros integrantes del CED visitaron México. En su informe, fechado en abril de 2022, apuntan que las mujeres afrontan las búsquedas con sus propios medios y que las personas que denuncian una desaparición o participan en acciones de rastreo e investigación son víctimas de decenas de indicidentes cotidianos de inseguridad, como actos de persecución, desapariciones y tortura.
El CED también mencionó el desplazamiento por ataques y amenazas que padecen las rastreadoras, que se registra cuando son obligadas a dejar el lugar donde residen, como consecuencia de acciones violentas que pueden provenir en ciertas ocasiones del Estado y, en otras, de actores particulares, de acuerdo con Albán Alencastro. Para él, desplazarse deteriora las condiciones de vida y genera división familiar.
Con motivo de la visita del CED, la Red de Enlaces Nacionales (REN), conformada por más de 160 colectivos en 27 entidades del país, preparó un informe que recogió las experiencias de las familias y grupos en las búsquedas.
El documento arroja que 1,992 familias y/o integrantes de colectivos se encuentran en riesgo por buscar. La REN dividió las entidades en cuatro regiones y, en todos los casos, las buscadoras identifican las amenazas como uno de sus principales peligros.
Por otro lado, los análisis de riesgo del Mecanismo de Protección revelan que servidores públicos y presuntos criminales atacan, en la misma proporción, a las rastreadoras. Los agresores identificados por ellas fueron funcionarios, en 57 casos, y particulares, en 58.
Albán Alencastro explica que, en las regiones, existen patrones de actuación del crimen organizado:
“de algún modo avalados por algunas autoridades del Estado. En ciertas ocasiones, hay una suerte de acuerdo entre autoridades estatales y delincuentes para facilitar el actuar a estos últimos. A veces no son funcionarios de alto nivel. Son policías municipales, por ejemplo”.
—¿Qué buscan esos funcionarios agresores de rastreadoras? —se le pregunta para esta investigación.
—Emprenden acciones de hostigamiento e intimidación para disuadir a las víctimas de sus esfuerzos de alcanzar justicia y de localizar a sus seres queridos, como una forma de garantizar la impunidad de los perpetradores.
Cristina sostiene que el policía sospechoso de la desaparición de su hijo es el mismo autor intelectual de las agresiones. En el acta que levantó la Fiscalía General de la República (FGR) sobre el caso, declaró que el oficial que conducía la patrulla que lo privó de la libertad se llama Jesús Roberto N, quien no ha sido arrestado.
Los ataques contra ella y su familia por aferrarse a buscar son graves: cuatro asesinatos, dos desapariciones y 11 personas forzadas al desplazamiento a partir de 2019; además, denuncian múltiples amenazas.
“Es una lista interminable de desgracias”, lamenta la rastreadora de 47 años. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) la trasladó al centro del país por intervención de María Teresa Valadez Kinijara, líder de las guerreras de Sonora y también desplazada de manera forzada por buscar a su hermano.
Las vidas de Cristina y sus familiares continúan en peligro. Ella cuenta que se involucró en las búsquedas nacionales y la FGR atrajo el caso de su hijo porque se unió a los colectivos que denuncian las desapariciones en todo el país. Insiste en que cuando esta institución federal solicitó su expediente a la fiscalía de Sonora, en julio de este año, volvió a recibir, de inmediato en redes sociales, intimidaciones de muerte.
El riesgo de un crimen mayor existe. El Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas cuenta, en 12 años, 17 personas buscadoras asesinadas, presuntamente por sus labores de búsqueda. Cinco de estos episodios ocurrieron tan solo de enero a noviembre de 2022. Las víctimas eran mamás rastreadoras.
El último caso es el de María Carmela Vázquez Ramírez, de 46 años. Sucedió apenas el 6 de noviembre pasado, cuando dos hombres a bordo de una motocicleta le dispararon múltiples veces en la puerta de su casa, en Abasolo, Guanajuato. María buscaba a su hijo, Osmar Zúñiga Vázquez, de 21 años, desaparecido el 14 de junio. Era integrante del colectivo Personas Desaparecidas en Pénjamo, que en redes sociales lamentó el crimen con una fotografía donde aparecen madre, hijo y una leyenda: “No me alcanzó la vida para encontrarte”.
Por buscar arduamente a su hijo Rosvelt Maldonado, desaparecido en 2013 por hombres armados en Valle Hermoso, Tamaulipas, Irma Elvira Ramírez ha sido forzada al desplazamiento dos veces.
El desplazamiento, última medida de auxilio
En abril de 2010, unos sujetos desconocidos desaparecieron a Yatzil Martínez Corrales, de 24 años, en un mercado en la colonia Progreso, de Acapulco, Guerrero. Su hermana Yoltzi, licenciada en Derecho y entonces funcionaria, abandonó su trabajo para buscarla.
Con el tiempo, Yoltzi se ganó la confianza de grupos de búsqueda y lideró el colectivo Raúl Trujillo Herrera. Ella y sus compañeras emprendieron unos 20 rastreos de personas en municipios conflictivos del centro de Guerrero. Una vez, rumbo a Chichihualco, varios sujetos las encañonaron y las echaron de la zona. En 2018, Yoltzi se focalizó en mujeres desaparecidas.
Con sigilo, las buscó en bares y cantinas clandestinas de la región de Acapulco y alrededores. Su objetivo principal era hallar a Yatzil. En un poblado cercano al puerto, encontró mujeres víctimas de trata sexual. Notificó a la fiscalía estatal. Por medio de un operativo, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) rescató a una decena de ellas.
Yoltzi asegura que, con sus búsquedas, perjudicó el negocio de más de un funcionario. Que sus investigaciones dejaron al descubierto que habitantes, síndicos y autoridades municipales estaban involucrados para que el negocio de explotación de mujeres operara en los establecimientos ilegales en los poblados.
De acuerdo con su denuncia en la FGR, gestionar los casos de mujeres en la fiscalía de Guerrero coincidió con las primeras amenazas que llegaron a las redes sociales del colectivo. Luego comenzaron las llamadas intimidatorias a su teléfono para disuadirla de investigar. Culpa a agentes de la fiscalía de las represalias por señalar a funcionarios locales. “Ya no pude tener paz”, confiesa.
“Las amenazas más fuertes vienen cuando, como buscadora, te enfocas en rescatar a mujeres en trata. Ellas generan dinero”, asegura Yoltzi. No tardaron en perseguirla sujetos en vehículos. Se cambió de domicilio y se cortó el cabello. La advertencia decisiva se registró la madrugada del 14 de enero de 2021. Los agresores, presuntos funcionarios de seguridad y criminales, según Yoltzi, incendiaron el automóvil de su pareja frente a su casa, a dos calles del centro de Chilpancingo, la capital guerrerense.
Días después del incendio, hombres en motonetas rondaron su domicilio. Ella y su pareja salieron a buscar ayuda. Cerca de la casa se aproximaron a policías estatales, pero notaron que los agentes mandaron una seña a los hostigadores. Yoltzi pensó que nadie la protegería de un atentado mayor. Entonces, tomó un poco de ropa y huyó con su hijo a la Ciudad de México. Se alojaron en un refugio otorgado por el Mecanismo de Protección.
Esta área de la Segob ha otorgado refugios a 37 personas buscadoras originarias de Guerrero, Estado de México, Tamaulipas, Zacatecas, Ciudad de México, Sonora, Querétaro, Jalisco, Guanajuato, Sinaloa y Baja California. En todas las regiones del país las rastreadoras fueron forzadas a huir para protegerse de un posible riesgo de muerte.
La información concedida por la Segob indica que, en siete casos, los agresores que provocaron el desplazamiento eran funcionarios. En 13, criminales. En el resto, la autoridad no aclaró quiénes fueron los agentes amenazadores.
Las fuentes consultadas para esta investigación coinciden en la existencia de una cifra desconocida de casos de desplazamientos forzados porque es común que las rastreadoras, por temor, no informen sobre sus cambios de domicilio. Sin embargo, un análisis de los datos otorgados por colectivos y autoridades muestra que hay muchas más buscadoras desplazadas que las que se encuentran en los refugios concedidos por la Segob.
Así, por ejemplo, mientras en su informe la REN contabiliza 162 personas rastreadoras forzadas al desplazamiento por inseguridad relacionada con sus actividades, dependencias federales y de los gobiernos estatales informaron por transparencia que son, al menos, 341.
Este último número se encontró a partir de las respuestas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), que reportó 147 desplazamientos en 12 entidades, y de las homónimas estatales de Veracruz, que notificó que tiene 158 registros; de Morelos, que anunció 26, y de Guanajuato, Puebla y Sinaloa, que agregaron 10 personas que cambiaron de residencia.
En la información otorgada por la Segob no hay mención a refugios cedidos a buscadoras de Veracruz y Morelos, aunque ambas entidades suman 184 personas que abandonaron su domicilio.
Yoltzi, hoy de 40 años, se vio obligada a perder su casa de Acapulco y a cortar contacto con familiares porque, además, a finales de 2021, meses después de refugiarse en la Ciudad de México, dos sujetos en motocicleta detuvieron a una de sus sobrinas en una calle en Chilpancingo: querían saber la ubicación de la buscadora.
No ha parado su búsqueda, ahora a nivel nacional. “Si no busco a mi hermana, es como si la matara”, confiesa. De acuerdo con sus investigaciones, concluyó que, en contubernio con la fiscalía de Guerrero, uno de los cárteles de la entidad fue el perpetrador de las amenazas en su contra. La acusación quedó registrada en la denuncia que levantó en la FGR después de arribar, con su hijo, a la Ciudad de México, en enero de 2021. “Esa es la razón por la que tengo tanto temor y me resulta imposible regresar a mi estado”, advierte en el documento.
En su declaración también dice que una persona la previno de que la fiscalía estatal sabía que estaban en la capital mexicana. La rastreadora reclamó al personal del Mecanismo de Protección. “Solo ellos conocían de nuestro traslado a esta ciudad… cómo es que se había filtrado la información”, anota la denuncia.
Las rastreadoras, así como colectivos, organizaciones y dependencias de gobierno consultadas para esta investigación, señalan los patrones de las agresiones que empujan al desplazamiento o que pueden culminar, incluso, en un asesinato. Las buscadoras entrevistadas muestran indignación por las ejecuciones de sus compañeras. Sobre todo, confiesan tener miedo.
Concuerdan en que, casi siempre, la primera intimidación es telefónica. A veces envían fotografías de familiares. Si las rastreadoras continúan en búsquedas y difunden en medios, el hostigamiento crece hasta que la amenaza es de muerte. Algunas huyen a otra entidad. Muchas familias no se desplazan lejos, pero sí abandonan sus patrimonios. Si surge otra amenaza, vuelven a cambiar de domicilio.
“Dentro de sus acciones de búsqueda, ellas preguntan a personas que tal vez estuvieron involucradas dentro de la delincuencia organizada. Tocan fibras sensibles de estos grupos, y pueden ser amenazadas”, puntualiza Martha Yuriria Rodríguez Estrada, titular de la CEAV.
Con base en lo que ha logrado documentar, Rodríguez precisa que, cuando los agresores son funcionarios, se debe a que son:
“autoridades corruptas, sobre todo del ámbito municipal, relacionadas con grupos delincuenciales. Cuando las rastreadoras indagan, este tipo de autoridades buscan una manera de reaccionar y acallar de manera directa. Es importante que se realicen las investigaciones correspondientes”.
Karla Martínez, del colectivo Hasta Encontrarte, de Guanajuato, confiesa que tres de sus compañeras están desplazadas por buscar.
“Nosotras desenterramos los cuerpos que el crimen organizado quiere ocultar. Somos incómodas para las autoridades porque mostramos que son mentiras las cifras que presumen de entidades seguras”, argumenta.
Cuando ellas van a los lugares de riesgo donde podrían encontrar cuerpos de desaparecidos y son acompañadas por elementos del Ejército mexicano y de la Guardia Nacional, el despliegue frena por días el negocio de la venta de droga, comenta la abogada Isabel Suárez Terrazas, especialista en género de la organización Idheas. Así, perjudican las ganancias de delincuentes y funcionarios involucrados.
“Autoridades del Estado han matado a buscadoras porque visibilizan el nivel de delincuencia del lugar y la colusión con el gobierno. Por eso nos calla la boca, nos mata, nos echa”, sostiene, por su parte, Yadira González, desplazada y coordinadora del colectivo nacional Unidas Siempre Buscando. “No sabemos de qué lado va a venir el riesgo. Es el mismo monstruo de dos cabezas: Estado y crimen organizado”.
Las entrevistadas, en todos los casos, enfatizan que, cuando denuncian las agresiones con pruebas en el Ministerio Público, no se da seguimiento a las carpetas de investigación. Martín Villalobos, integrante del Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos, insiste en ello. Es desplazado y cuñado de Mónica Alejandrina Ramírez Alvarado, estudiante de la UNAM desaparecida en 2004. De acuerdo con las investigaciones de la familia, el delito fue cometido por un grupo criminal que operaba bajo el cobijo de un policía judicial del Estado de México. Por investigar, 17 familiares fueron desplazados.
Mónica Alejandrina Ramírez Alvarado fue desaparecida el 14 de diciembre de 2004. Por más de tres lustros, su mamá Adela Alvarado y el resto de su familia han sido amenazados y desplazados por buscarla.
“Tan involucradas están algunas autoridades del Estado que, si tienes una línea de investigación que apunte contubernio con criminales, no avanza el caso”, advierte Villalobos. “Pasa, sobre todo, en municipios, donde muchos cargos los controla el crimen organizado”.
“Si te amenazan las autoridades, ¿con quién te quejas? Sucede bastante, pero es muy difícil probarlo. Es escalofriante porque también participa el crimen. Es un monstruo gigante”, resume Jesse Barajas, del colectivo Buscando a Tolano, de Baja California. Conoce al menos a 10 personas que se desplazaron por medios propios.
En los casos de amenazas, ataques y desplazamientos documentados para esta investigación, no hay personas arrestadas y/o enjuiciadas. Los colectivos tampoco identifican uno solo que haya concluido en un proceso.
Sobre estas acusaciones, el titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Segob, Enrique Irazoque, dice que identifica “pocos casos relevantes en donde son las autoridades municipales las que agreden y son fuente de riesgo”. En los episodios de agresiones contra rastreadoras más marcados en los que ha intervenido el Mecanismo de Protección, asegura, los perpetradores fueron integrantes de la delincuencia organizada.
Irazoque no descarta involucramiento entre algunos funcionarios locales, principalmente municipales, con bandas de delincuencia organizada que tratan de inhibir las búsquedas porque se ven amenazadas cuando las rastreadoras van a los territorios. De acuerdo con él, son las fiscalías estatales quienes deben dar respuesta sobre los verdaderos culpables, autores materiales e intelectuales, debido a que “el mecanismo no tiene atribuciones para eso”.
“Aunque las buscadoras proporcionen números, mensajes y pruebas de las amenazas, las autoridades no buscan a los agresores”, acusa la abogada Isabel Suárez con base en su experiencia como representante legal. Los casos no documentados de amenazas y desplazamientos prevalecen porque, en ocasiones, por desconfianza y temor, ellas optan por no denunciar. Es “una cifra negra alta. La información oficial de las autoridades no reflejará el poder de las agresiones contra las rastreadoras”, sentencia.
La CNDH, por ejemplo, no entregó mención alguna sobre casos de desplazamiento forzado. De seis comunicados otorgados, cuatro abordan los peligros en territorio sonorense: una desaparición, un secuestro, un asesinato, medidas cautelares para el colectivo Madres Buscadoras de Sonora. Otro es sobre una demanda para ingresar a un predio en Matamoros, Tamaulipas. El último es una queja colectiva de familiares que solicitaron protección ante presuntos actos y omisiones de la CEAV.
Hay un pronunciamiento de febrero de 2022: un integrante del colectivo Hasta Encontrarte y tres familiares más fueron golpeados y torturados, en enero, en el municipio de Pénjamo, Guanajuato, por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), adscritos a la Fiscalía General del Estado, que irrumpieron en su domicilio.
Autoridades omisas, impunidad constante
La abogada Isabel Suárez Terrazas, de la organización Idheas, acompaña a siete buscadoras líderes de colectivos y que son mamás de mujeres desaparecidas. Ellas, originarias de Guerrero, Estado de México, Veracruz y Guanajuato, han sido agredidas y amenazadas de muerte por ser rastreadoras. Dos, de Iguala, Guerrero, están desplazadas.
A través de las acciones urgentes del CED de Naciones Unidas, Suárez ha emprendido una lucha contra el desplazamiento de las buscadoras. Como su representante legal, ha solicitado las medidas cuando ellas están en riesgo. Gracias al amparo 1077/2019, interpuesto por Idheas, las recomendaciones del CED al Estado mexicano son obligatorias para las autoridades. “Se ejerce presión rápida”, señala. De esta manera, ha logrado medidas de protección para las rastreadoras.
Sandra Luz Román Jaimes, de 58 años, busca a su hija Ivette Melissa Flores Román, desaparecida de su domicilio por presuntos policías de Iguala, Guerrero, en 2012, cuando tenía 19 años. Sandra Luz fue desplazada. Por intervención de Idheas, la SEIDO le proporciona vigilancia las 24 horas del día con escoltas de la Guardia Nacional. Coordinadora del colectivo Madres Igualtecas y víctima de amenazas múltiples, regresa al municipio a búsquedas y gestiones. Foto: Idheas.
Sobre la seguridad que confieren las autoridades federales en las búsquedas de cuerpos en fosas clandestinas, las personas buscadoras explicaron que las comisiones de búsqueda estatales la solicitan a través de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB).
Uno de los mayores problemas que enfrentan las rastreadoras, advierte Suárez, es que, en general, los gobiernos estatales no les otorgan seguridad. Agrega que es común, incluso, que, si son intimidadas, no acudan a las fiscalías. Una buscadora “no puede ir con la autoridad porque es la que la está violentando y amenazando”, arguye.
Para esta investigación se realizaron diversas solicitudes de información a las 32 administraciones de las entidades del país. El propósito era documentar el nivel del sistema de protección para las buscadoras que otorgan las secretarías de Gobierno, las fiscalías, las comisiones de derechos humanos y de protección a víctimas.
La información recabada arrojó que las entidades federativas, en general, no tienen registros sobre medidas de protección para las rastreadoras. Solo cinco otorgaron alguna. Las únicas fiscalías que reportaron agresiones fueron las de Hidalgo, Zacatecas y Guanajuato. Once comisiones de derechos humanos levantaron quejas por agresiones, pero solo tres lanzaron una recomendación.
Respuestas de las entidades federativas sobre la protección que otorgar a rastreadoras de personas.
Las entidades federativas, en general, no protegen a las buscadoras
En el informe del CED se efectuó una recomendación al Estado mexicano: fortalecer el sistema de protección de las víctimas de la violencia en México, específicamente el Mecanismo de Protección federal, para garantizar su seguridad.
Enrique Irazoque, de la Segob, plantea que “hay toda una deuda institucional desde las entidades federativas en esta materia”. Identifica solo una tercera parte de las entidades del país, no más de 11, con un mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
“Va a llegar un momento en que esto será insostenible. Es decir, el Mecanismo de Protección federal no puede asumir todas las obligaciones de proteger a periodistas y a personas defensoras de derechos humanos. En este caso, a las madres buscadoras. El problema es que, a lo largo de estos años, el mecanismo se ha venido quedando solo en muchas regiones del país. Ha asumido la obligación de todo el Estado y no va a haber institución que pueda responder a eso”, considera.
El Mecanismo de Protección informó que en 91 casos ha entregado 1,017 acciones de protección para las rastreadoras. Del total, 127 (el 12.48 por ciento) corresponden a medidas relacionadas directamente con resguardo: 72 patrullajes y 55 casos de escolta y acompañamiento. Más de 273 casos no se especificaron, pero representan casi el 27 por ciento del total.
“Las medidas que proporciona el mecanismo son nulas. Ellos creen que darte un número telefónico o un botón de pánico es una medida de seguridad. No es verdad”, opina Karla Martínez, del colectivo Hasta Encontrarte.
Algunas de las rastreadoras entrevistadas para esta investigación aseguran que no han recibido medidas de protección del mecanismo federal, principalmente por desconfianza hacia las autoridades y porque creyeron que se pondrían en mayor riesgo si proporcionaban datos personales.
Es el caso de Edna Ruth Quiles Hernández, desplazada de Ensenada, Baja California, por buscar a su hijo Jordan Giovanni de 26 años, desaparecido en 2019. También el de Juan Carlos Trujillo Herrera y sus familiares, quienes hace una década huyeron de Pajacuarán, Michoacán, tras investigar y denunciar las desapariciones de cuatro hermanos de él, ocurridas en dos episodios distintos, en 2008 y 2010.
Y es la historia, de igual manera, de María de Jesús Soria Aguayo. El primero de varios desplazamientos forzados que enfrentó se detonó en los separos del Ministerio Público de la fiscalía de Veracruz. Ahí, el 12 de septiembre de 2016, un agente le ordenó que se marchara de la entidad, tres días después de que varios hombres armados, presuntos policías, desaparecieran a su hijo Iván Yan Ibarias, de 21 años, de su domicilio en la colonia La Juanita, al oeste del puerto.
—Ni modo. ¡A la chingada! ¡Se tiene que ir de aquí con su familia! —decretó el agente frente a otros oficiales después de interrogar a María.
Un día antes, un agente del Ministerio Público, a quien ella identifica como Alejandro León Chaga, de acuerdo con la denuncia que levantó en la FGR, comentó que la desaparición “había sido una equivocación”.
La noche de ese 12 de septiembre, María y sus familiares empacaron lo indispensable. Su hija, yerno y nietos huyeron a la Ciudad de México, a casas de familiares. María tomó el riesgo de quedarse en Veracruz, pero rentó un cuarto en otro municipio de la entidad. Para encontrar a su hijo Iván, decidió unirse a los colectivos. Con ellos, aprendió técnicas para rastrear cuerpos en terrenos.
En ningún momento, pese a estos desencuentros con las autoridades, María paró de exigir a la fiscalía que buscara a su hijo. Una noche, cuatro sujetos la acorralaron en su morada y uno la encañonó desde la ventana. Ella huyó a otro municipio de Veracruz, pero un día, a finales de 2020, un hombre la desalojó de un taxi y entregó un mensaje: sería ejecutada si no frenaba su búsqueda.
María notificó a la FGR uno de sus cambios de domicilio por amenazas. Por instrucción del agente del Ministerio Público federal, tres policías estatales en una patrulla se presentaron ante ella. Fue la única vez. Además de esa visita, nunca ha recibido otra medida. “No confío en las autoridades porque se llevaron a mi hijo”, acusa. Por recelo, cuando conoció el Mecanismo de Protección, no solicitó ayuda.
Encontró consuelo y apoyo, dice, en algunas compañeras buscadoras. Hoy, es integrante del colectivo Unidas Siempre Buscando, que nació en 2020 y está conformado por 18 rastreadoras de 18 estados. Quince de ellas son desplazadas. Representan a compañeras que peligran si regresan a entidades donde se efectúan búsquedas. Se conocieron en los encuentros nacionales. “Hicimos esa tribu porque solo entre nosotras nos entendemos”, dice Yadira González, coordinadora del colectivo.
Yadira, de 40 años, es desplazada de Querétaro. Afirma que nunca buscó protección de las autoridades del Estado porque estas la persiguieron por denunciar en la entidad las desapariciones, incluida la de su hermano, Juan González, registrada en 2006. Desde 2011, ha buscado a personas desaparecidas en diversas entidades del país.
No confía en las autoridades encargadas de la seguridad, igual que María y que el resto de rastreadoras y colectivos entrevistados para esta investigación. Se solicitaron entrevistas a todas las dependencias de justicia y seguridad señaladas por las buscadoras como sus agresores. No se obtuvo respuesta.
Antes de su expulsión definitiva a la Ciudad de México, María de Jesús y su familia, nietos incluidos, fueron agredidos por un hombre, en la primavera de 2020, cuando daban mantenimiento a la vivienda abandonada de la Juanita. “¿Qué hacen aquí ustedes? Ya no son dueños de la casa. Voy a hablar para que les den un pinche levantón”, amenazó el sujeto. María lo enfrentó con machete en mano.
Autoridades y delincuentes la echaron de su tierra, concluye. “Sé que es peligroso y que pueden volarme por lo que destapo, pero ya me arrancaron la vida”. Las amenazas no frenaron su objetivo de encontrar a su hijo: en 2019, los restos de Iván aparecieron en Arbolillo, municipio de Alvarado, un inmenso sepulcro ilegal donde se han hallado decenas de cuerpos desde 2017. Tres años después, a principios de 2022, María logró recuperar el cráneo, el torso y otras partes.
Familiares que viven en la capital mexicana le tendieron una mano. María perdió a Iván Yan y, también, su patrimonio, ese rincón material en La Juanita que ambos levantaron tras años de esfuerzo. “Mi propósito es escarbar”, exclama María, de 52 años. No debe buscar en Veracruz. Por eso se enfoca en búsquedas grandes de fosas en otras entidades del país. Sale de la Ciudad de México únicamente para rastrear.
Esa es su vida. Pese al riesgo inminente, desea regresar a su casa en La Juanita. Sabe que retornar implicaría un riesgo, incluso de muerte, pero ruega para que, un día, alguien susurre en su oído: “Ya regrésate a tu covacha, ya todo terminó”.
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Esta investigación fue realizada por Guillermo Rivera y Lauro Rodríguez para Pie de Página, Zona Docs, Lado B, El Sur de Guerrero, El Suspicaz, Canal 44, NTR Medios de Comunicación y CONNECTAS, con el apoyo del International Center for Journalists (ICFJ) en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas.
https://www.connectas.org/especiales/quien-teme-a-las-rastreadoras/index.html
