Especialistas de la UNAM estiman que en México hay 306 mil 755 desplazados internos, aunque consideran posible un subrreporte.
Obtuvieron la cifra con el censo de 2020 y monitoreo periodístico y la compartieron en la presentación del informe “Desplazamiento Forzado Interno en México”.
Por Andrés de la Peña
En colaboración con autoridades locales, de la Secretaría de Gobernación federal, de las Organización de las Naciones Unidas y del gobierno de Alemania, los especialistas del Seminario Universitario de Estudios sobre Desplazamiento Interno, Migración, Exilio y Repatriación de la Universidad Nacional Autónoma de México publicaron el reporte “Desplazamiento Forzado Interno en México: Análisis y Recomendaciones para su Atención en Jalisco, Puebla y Querétaro”.
Este equipo especializado en sociología, antropología y demografía utilizó datos del Censo de Población y Vivienda 2020 para identificar a las poblaciones que fueron desplazadas desde 2010. Los especialistas encontraron que en México hay por lo menos 306 mil 755 desplazados internos, aunque también consideran que es posible un subreporte considerable. Por ejemplo, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública registró que 911 mil personas han cambiado de residencia para protegerse de la delincuencia.
El desplazamiento interno es tiene una definición formal, publicada por la Organización de las Naciones Unidas desde 1998:
Se entiende por desplazados internos a las personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida.
El reporte buscó hacer una caracterización de las personas que son sujetas a procesos de desplazamiento forzado dentro de México, identificando toda una serie de impactos. Los más importantes incluyen la pérdida de proyecto de vida, lazos familiares y sociales, medios de vida y trabajo, y patrimonio.
Además, el equipo encontró que los grupos en condiciones de mayor vulnerabilidad en procesos de desplazamiento son las mujeres, las infancias, las personas de la tercera edad, las personas con discapacidad, las y los integrantes de pueblos indígenas y la comunidad LGBTTTIQ+.
En el mismo, se identificaron avances importantes a nivel federal para atender la problemática de los desplazamientos forzados: un reconocimiento explícito del gobierno federal en 2018, el progreso aún incompleto en el proceso de promulgación de una Ley General sobre desplazamiento interno, y la adopción de leyes en materia en Chiapas, Guerrero, Sinaloa y Zacatecas.
Por otro lado, se encontró que en México existen muy pocas bases de datos y fuentes de información que sean al mismo tiempo específicas y oficiales: las fuentes oficiales suelen omitir muchos datos sobre el desplazamiento como lo son sus causas y efectos, mientras que las fuentes más específicas no suelen ser oficiales.
Gabriela Casillas, de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría General de Gobierno federal, resaltó algunas de las recomendaciones específicas que el reporte emite hacia el estado de Jalisco: reconocer y visibilizar el desplazamiento forzado, realizar diagnósticos específicos para conocer su magnitud y características en la entidad, impulsar un marco normativo estatal específico, aprovechar los mecanismos de atención que ya tiene, generar mecanismos nuevos para atender a los grupos vulnerables identificados, y promover la coordinación interinstitucional.
También mencionó algunas de las recomendaciones que hizo la Relatora Especial sobre desplazamiento forzado interno del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, que visitó México este año y adelantó algunas de las recomendaciones que emitirá en su informe de 2023: generar marcos normativos para proteger a las personas desplazadas, instaurar un registro nacional que permita obtener datos específicos y oficiales sobre estas poblaciones, y sensibilizar a las y los funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno al respecto.
Aunque el evento contó con la presencia de la Subsecretaría de Derechos Humanos de Jalisco, Fabiola Loya, quien mencionó que Jalisco ha implementado muchas políticas como receptor de personas desplazadas, no hizo mención a los procesos de desplazamiento forzado en Teocaltiche que el Gobierno de Jalisco negó en colaboración con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que también se hizo presente en el evento.
Al ser inquirido al respecto, un funcionario de esta dependencia dijo desconocer el estado actual de las más de 113 familias desplazadas o si se les estaba brindando alguna atención.
