#AlianzaDeMedios
Ante las amenazas, han interpuesto varias denuncias que tampoco han prosperado porque las propias autoridades no quieren ir a investigar a causa del clima de inseguridad y violencia que rodea a esta zona limítrofe con Colima.
Por Lauro Rodríguez / Letra Fría / El Suspicaz
El Observatorio Ciudadano por el Derecho Humano a la Verdad, a través de la organización Tsikini y la Red Jalisciense de Derechos Humanos, exige que la Guardia Nacional instale una base permanente en la comunidad indígena de Ayotitlán, dentro del municipio de Cuautitlán de García Barragán.
Adriana Cárdenas, integrante de Tsikini, explicó que después de la visita de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a la comunidad a finales de septiembre, el crimen organizado recrudeció las amenazas hacia los indígenas.
Detalló que en la zona la única corporación que tiene presencia es la Guardia Nacional, pero sus patrullajes no son suficientes para garantizar la seguridad de los comuneros nahuas, por ese motivo, exigen que se instale una base permanente. La petición ya la han hecho de manera oficial a través del Mecanismo Nacional de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, pero sin tener éxito alguno.
“Se ha solicitado de manera constante dentro de estas medidas al mecanismo una base que se instale una base, ya de manera definitiva en esta zona, una base de la Guardia Nacional, pero lamentablemente por situaciones burocráticas y la misma falta de organización dentro del mecanismo con las dependencias encargadas de de estos trámites, pues nos ha dificultado mucho obtener este objetivo”.
Añadió que, ante las amenazas, han interpuesto varias denuncias que tampoco han prosperado porque las propias autoridades no quieren ir a investigar a causa del clima de inseguridad y violencia que rodea a esta zona limítrofe con Colima.
“El acceso al seguimiento a estas denuncias es difícil, y cuando se logra tener un seguimiento constante incluso las mismas autoridades nos dicen que ellos tienen miedo incluso hasta subir a realizar su trabajo, a realizar estas investigaciones. Entonces pues quedamos helados ante estas respuestas y pues a nosotros nos obligan a estar de manera constante este dando seguimiento a estas denuncias penales”.
De hecho, ante esta falta de acceso a la Justicia, a las autoridades estatales les piden que lleven a Cuautitlán un módulo itinerante del Ministerio Público, ya que los comuneros se ven obligados a desplazarse kilómetros para poder interponer una denuncia.
La comunidad indígena de Ayotitlán ha tenido varios embates del crimen organizado en lo que va de este año. El Observatorio denunció que en abril asesinaron a un indígena e intentaron matar a otro; en mayo desaparecieron a dos y luego fueron recuperados con vida, y, ahora persisten las amenazas tras la visita de la CNDH a la zona.
