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El pasado martes 22 de noviembre la Fiscalía General del Justicia del Estado de México (FGJEM) detuvo de manera ilegal mediante un operativo a 15 mujeres, la mayoría de ellas jóvenes, que se encontraban trabajando en un call center ubicado en Av. Central, mz. 44 lote 8, en la colonia Valle de Anáhuac en Ecatepec, Estado de México.
Por Redacción / @Somoselmedio
Esta noticia apareció en diversos medios de comunicación en donde se menciona que la detención fue debido a una denuncia de presunto fraude bancario. Sin embargo, las noticias divulgadas no señalan que el operativo policial se realizó de manera completamente irregular faltando al debido proceso y en agravio de los derechos humanos de estas trabajadoras.
De acuerdo con los familiares de las mujeres trabajadoras las irregularidades comenzaron desde que la policía tardó más de seis horas en presentarlas ante el Ministerio Público. Además, la policía no contaba con una orden judicial para realizar el allanamiento del local y confiscó las grabaciones de las cámaras de los comercios vecinos.
Los familiares se enteraron de la detención seis horas después de ocurrido el hecho y a través de una comunicación telefónica realizada por la propia policía, ya que no se les permitió a las trabajadoras realizar su llamada de rigor.
De acuerdo con las narraciones de los familiares, los empleadores de las jóvenes son la señora Jaqueline Alejandra Piña Valle y el señor Oscar Galván, que fueron detenidos al mismo tiempo que ellas, pero liberados poco tiempo después y tras el supuesto pago de un cuantioso soborno.
De hecho, aunque las noticias consignan que fueron apresadas 17 personas, sólo 15 fueron presentadas ante el MP, faltando justamente los responsables de la empresa y quedando presas las trabajadoras.
Los familiares preocupados por la condición de las mujeres realizaron la solicitud de ver a sus familiares y llevarles alimentos, solicitud que les fue negada y por ello se registró un portazo afuera de la Fiscalía de San Agustín.
Autoridades comunicaron a los familiares que el día viernes 25 de noviembre por la mañana las mujeres fueron trasladadas al Centro de Readaptación Social, Penal de Chiconautla y se les ha fijado una fianza de aproximadamente 160.000 pesos, cuando no existe prueba alguna de su culpabilidad o participación en las supuestas defraudaciones de las que se las acusa.
Los familiares afuera del reclusorio informaron para este medio, que las mujeres fueron contratadas como ejecutivas telefónicas y que se dedicaban a la promoción de tarjetas de crédito, por lo que no había ninguna sospecha de que su trabajo fuera algo ilícito. Comentaron que todas las trabajadoras realizaban tareas de emisión de tarjetas de crédito para el banco INVEX, labor por el que recibían $1.100 semanales.
El lugar operaba en condiciones de informalidad, no tenían contrato, ni ningún gafete de identificación de la empresa. Sólo les habían informado que trabajarían como ejecutivas telefónicas para una campaña de “TDC muy noble”, su trabajo consistía en hacer llamadas para promover tarjetas de crédito.
En entrevista, los familiares expresaron que para las mujeres jóvenes este era su primer trabajo. Señalaron con indignación que era una gran injusticia que las mujeres estuvieran viviendo esta desgracia por un delito que no cometieron y que les tocó estar en ese lugar por la necesidad de ir trabajar.
«Son mujeres, principalmente jóvenes las víctimas de esta injusticia, la brecha de género y la falta de oportunidades es a lo que las mujeres de Ecatepec se enfrentan.» Explicaron los familiares.
Se debe destacar que las trabajadoras detenidas eran en su mayoría mujeres muy jóvenes, aunque también hay una mujer mayor que durante la detención requirió de asistencia médica, debido a un padecimiento de hipertensión, todas las mujeres provienen de familias trabajadoras y con pocos recursos, y se encontraban empleadas allí de manera informal desde hacía poco tiempo.
Dos de ellas, se encontraban inclusive en su tercer día de capacitación, entre las trabajadoras había jóvenes estudiantes y otras que habían abandonado sus estudios porque no pudieron ingresar a la educación pública superior. Algunas de estas mujeres estarían de paso en este trabajo, mientras encontraban una mejor oportunidad, detallaron sus familiares para Somoselmedio.
La indignación generalizada de los familiares que se encuentran afuera del penal es que los responsables de dicho centro estén libres, y las mujeres trabajadoras estén presas y sus familiares tengan la preocupación principal de juntar el dinero.
«Es una deuda que no podemos juntar y quizá me endeude para sacar a mi hermana, no sabemos qué hacer, porque nos han dicho que si esperamos la fianza será menor y si se comprueba su inocencia saldrán y la fianza la regresarán», detalló un familiar.
La próxima audiencia será el día martes 29 de noviembre, en donde se definirá la condición de estas mujeres.
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De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Evacuación para la Educación (INEE, ahora MEJOREDU)señala que las Organizaciones Internacional del Trabajo (OIT) estima que la precariedad y el desempleo de las juventudes va en aumento, y que en las poblaciones con rezago educativo esta estimación es mayor. En los informes sobre el rezago educativo en México señalan que “conforme aumenta la edad la deserción es mayor”, la mayor deserción escolar sucede entre los 20 y los 29 años.
«La deserción escolar arroja a muchos jóvenes a la informalidad, que es la condición laboral del 59.1 % de los habitantes de la población, pero el sector juvenil alcanza el 63.8%.»
El problema de la irregularidad de este tipo de centros de trabajo es un problema a nivel nacional y son las juventudes las principales víctimas de la explotación y engaños. En los estudios sobre trayectorias laborales y precariedad de los call center en México, los expertos señalan que en un contexto de pocas oportunidades para los jóvenes:
«Los call center son un “refugio” para ciertos jóvenes, pero es un trabajo concebido como transitorio, mientras consiguen algo mejor, puesto que no es un empleo satisfactorio. Estos lugares tienen fronteras porosas entre lo formal, lo informal y lo ilegal. Estos lugares tienen poca o nula transparencia en las condiciones de contratación y la subcontratación (Hualde, 2018, p.257- 269).»
