Deben tomarse medidas y acciones económicas que garanticen el desarrollo pleno de niñas, niños y adolescentes a 33 años de la Convención de los Derechos del Niño.
Tejiendo Redes Infancia América Latina y El Caribe hace un llamado a los Estado para que atiendan la situación actual de la niñez en la región, la cual se enfrenta a problemáticas adversas que atentan contra su bienestar, seguridad y vida.
Por Alondra Angel Rodriguez / @alondriixs
La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 44/25, el 20 de noviembre de 1989. En materia de Derechos Humanos es el tratado internacional que cuenta con el mayor número de ratificaciones a nivel mundial; en el caso de Latinoamérica todos los países la han ratificado. Está compuesta por 54 artículos, donde se incluyen los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos de todas las infancias y se resalta que su aplicación es obligación de los gobiernos, por ello su importancia.
Según la Herramienta de Seguimiento a Recomendaciones sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes emitidas por organismos internacionales para América Latina de 1997 a 2020 se han emitido mil 794 recomendaciones a los países Latinoamericanos, 102 de éstas han sido para México, quien junto a países como Chile (113); Colombia (123); El Salvador (120); Honduras (116); Guatemala (114); Panamá (100); Ecuador (101); Perú (100) y Venezuela (115), concentran la mayoría de estos llamados internacionales.
Asimismo, se reconoce que, de las mil 794 recomendaciones, 262 corresponden al Protocolo facultativo relativo a la venta de niños, prostitución infantil y utilización de niños en la pornografía; 185 están relacionadas con el Protocolo facultativo relativo a la participación de niños en conflictos armados; y mil 347 son observaciones finales de los Informe País.
Tejiendo Redes Infancia América Latina y El Caribe reconoce a través de una carta pública que, si bien, la pandemia por COVID-19, la crisis a nivel global y la inestabilidad política ha obligado a los países a tomar medidas extraordinarias, éstas no están tomando en cuenta a millones de niñas, niños y adolescentes que se ven afectados en sus derechos de forma directa e indirecta.
Esta realidad se sustenta en los datos recuperados por los informes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Fondo Monetario Internacional (FMI), entre otros, quienes alertan: un incremento de la pobreza y la pobreza extrema; la reducción de empleo y bajos ingresos en las familias; la reducción en la asistencia regular y el incremento del abandono escolar; además, se identifica un deterioro en los aprendizajes y habilidades sociales; la caída en los niveles de vacunación y atención primaria a la salud; el incremento de problemas de salud mental; y finalmente, un aumento alarmante en la violencia familiar, castigo físico, violencia sexual, entre otras problemáticas.
Por ello, Tejiendo Redes Infancia considera que deben tomarse medidas y acciones económicas que garanticen el desarrollo pleno de niñas, niños y adolescentes y el acceso a sus derechos. Algunas de éstas son:
- Reconocer e incorporar a las próximas proyecciones macroeconómicas los escenarios de evolución en el deterioro de los derechos de niñas, niños y adolescentes con base en la evidencia disponible de los informes antes planteados.
- Aprobar el paquete de “Presupuesto por Resultados para la Niñez”, haciendo énfasis en quienes experimentan mayor exclusión social;
- Ampliar los montos de “techos presupuestales” de base asignan un monto de referencia a instituciones y organismos relacionados con los temas de infancia.
Además, plantean que se deben recuperar los derechos que les han sido reducidos a las infancias recientemente, aplicando criterios de no regresividad y compensación, establecido por el acápite 25 del OG 19, que estipula que “los Estados están obligados a garantizar que todos sus niveles y esferas cuenten con los recursos y la capacidad para realizar los derechos de la infancia, inclusive en tiempos de crisis económica”.
Creen necesario también actualizar y ampliar los informes de Taxonomía de Inversión en la Infancias, ya que “en casi todos se encuentran desactualizados” expresó la organización. A la par, llaman a la creación de un mecanismo institucional que implemente la Observación general número 19, sobre la elaboración de presupuestos públicos efectivos a los derechos de infancias.
Por último, requieren la aprobación de un sistema de seguimiento y actualización de las metas en los planes nacionales sobre infancias, que permita dar un seguimiento específico a su cumplimiento.
“Este llamado urgente a los Estados a través de la carta latinoamericana está en el marco de las obligaciones internacionales que se auto impusieron con la ratificación de la convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas” concluyeron.
