#HastaEncontrarles
A principios de noviembre las familias del colectivo “Luz de Esperanza” presentaron una iniciativa de reforma al Código Civil que tiene como objetivo reconocer los derechos de hijas e hijos de las personas desaparecidas en el Congreso del estado de Jalisco. Esta, fue recibida por Claudia García Hernández, diputada del partido político Morena, pero aún no hay una respuesta.
Por Aletse Torres Flores / @aletse1799
Fotos: Christian Cantero
Regina Daniela, sería el nombre con el que, Héctor Daniel Flores, registraría a su hija quien estaba a punto de nacer; sin embargo, fue desaparecido. La última vez que se vio al joven fue el 18 de mayo de 2021 en la Colonia Arcos Vallarta del municipio de Guadalajara. La menor de un año no fue registrada por ninguno de sus padres y, hasta el momento, nadie conoce su paradero, ya que la madre de la bebe “la regaló” por la presión que le provocó la pérdida de su pareja.
Según explicó Héctor Flores, padre del joven Héctor Daniel Flores, luego de esta serie de eventos, él no ha conseguido recuperarla, puesto que, la niña no fue registrada legalmente y la custodia pasó al Estado.
“Si las autoridades recuperan a esa niña, yo no puedo traerla a su hogar, no hay manera de que reclame por los vacíos legales que tiene la Ley de Declaración Especial de Ausencia” manifestó Héctor.
Lamentablemente, este no es un caso aislado, dice Héctor Flores, pues asegura conocer a otras seis personas que están pasando por la misma situación pertenecientes al colectivo “Luz de Esperanza”. Reconociendo lo anterior, las familias integrantes del colectivo decidieron presentar una iniciativa que tomará en cuenta los derechos de la niñez que se ve atravesada por la problemática de las desapariciones.
La propuesta del colectivo es una reforma a la Ley Federal de Declaración Especial de Ausencia para personas desaparecidas y del Código Civil del estado. La propuesta fue recibida el pasado 9 de noviembre por la diputada María del Carmen Zúñiga Cuevas.
El objetivo principal de la iniciativa es garantizar los derechos de las víctimas de desaparición forzada de personas, especialmente a sus hijos e hijas menores de edad, quienes sin sus padres quedan en estado de indefensión, abandono y orfandad. aseguró Héctor Flores.
Por ello, se plantea la construcción e implementación de un mecanismo de protección que permita a las y los familiares de las víctimas adquirir la representación de los menores de edad, así como, acceder a programas sociales y apoyos estatales, los cuales no les son aplicables en la actualidad, al no existir dicho mecanismo en la legislación actual.
Héctor Flores señaló que contar con un mecanismo que tome en cuenta la reparación a las víctimas directas o indirectas de la crisis de las desapariciones es de suma importancia, prioritariamente para salvaguardar la integridad y tutela de la niñez que ha perdido a uno o ambos padres.
Otro punto que retoman en el iniciativa, es el tiempo de espera del trámite para el reconocimiento como víctimas indirectas por parte de la Ley Federal Especial de Ausencia, puesto que actualmente las infancias esperan de dos a tres para iniciar el proceso: examen de ADN, el trámite en el registro civil y finalmente como víctimas indirectas para el acceso a los apoyos.
La iniciativa propone un máximo de seis meses, ya que el extendimiento del proceso ocasiona que los familiares de les menores de edad no lo realicen o les menores de edad se “pierdan” en el sistema.
Siguiendo esta misma línea, explicó al momento que los familiares de las infancias hacen los trámites para que la Ley Federal de Declaración Especial de Ausencia tienen que esperar de dos a tres años para iniciar el proceso de examen de ande, el registro civil y finalmente el reconocimiento como víctimas indirectas para que puedan acceder a los apoyos.
“Los procesos son muy largos, por eso las personas no los hacen o les quitan a los menores de edad antes de poder terminarlo, hay fallas legales que intentamos combatir”.
Por otra parte, el padre manifestó que espera que esta iniciativa no se quede “congelada”, como la que presentaron a principios de año, la cual busca crear una Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, independiente a la Fiscalía del Estado y al poder ejecutivo. Sin embargo, para quienes integran el colectivo está claro qué temas interesan al poder legislativo y cuales han dejado “en el tintero”.
“Uno no quiere pensar que el gobierno no está de nuestro lado, pero en ocasiones nos ponen más obstáculos que facilidades en nuestro camino” sentenció Héctor.
Aunado a ello, exigen que se re -configure la distribución del Presupuesto de Egresos de 2023. Mencionan que 120 millones es insuficiente para la magnitud de la crisis de desapariciones; y es que, calculan que son 22 pesos por día para cada desaparecido, a comparación de 600 mil pesos que recibirá el rubro de comunicación social del gobernador, Enrique Alfaro.
“Se nota que lo que le importa al gobierno, como siempre no somos nosotros las familias”, explicó.
Finalmente, las familias buscadoras exigen una legislación coherente con los problemas a los que se enfrenta el estado, un análisis de las iniciativas de ley presentadas, respeto para todas las víctimas de desaparición forzada y el apoyo de las autoridades para localizarles.
