Comunicado
A los colectivos de familiares del país, A los medios de comunicación,
A la RESLAC,
Ciudad de México, a 22 de noviembre de 2022.-
No hay memoria sin justicia
En los próximos días el gobierno federal, desde la Secretaría de Gobernación, presentará una pretendida LEY GENERAL DE LA MEMORIA PÚBLICA SOBRE LAS VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS Y VIOLENCIAS DEL PASADO.
Dicha ley es un catálogo de buenas intenciones, realizada al vapor y desde el escritorio de Alejandro Encinas, sin consultarlo ni discutirlo con los colectivos y familiares de víctimas de todo el país.
La pretendida ley pasa por alto que la impunidad que en años pasados permitió las masacres del 2 de octubre de 1968 y 10 de junio de 1971, por parte del Ejército y cuerpos paramilitares entrenados por ellos mismos y con el aval del gobierno civil en turno, es la misma impunidad que sigue presente en este gobierno , que había prometido pacificar al país. Demás está decir que dentro de la misma Secretaría de Gobernación no se hace nada para impedir que esto siga ocurriendo.
Este gobierno sigue echando la culpa a las anteriores administraciones, pero en lo que va de este sexenio han ocurrido cerca de 45,000 desapariciones forzadas, que sumadas a las ocurridas en gobiernos pasados suman más de 107,000.
La Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación tiene la obligación de exigir y presionar a la Fiscalía General de la República a que se avance en el terreno de la justicia en los casos de desaparición forzada, tanto del pasado como del presente y no lo ha hecho, ahí siguen amontonándose las carpetas de investigación, pero sí se muestra muy diligente en trabajar en el terreno de la memoria porque le resulta más fácil y cómodo para pretender demostrar que algo está haciendo.
Desde el Colectivo Huellas de la Memoria, reiteramos lo que hemos venido diciendo: lo que le toca por mandato al gobierno federal, estatal y gobiernos locales, es detener y desterrar todo tipo de violencias en el país, acabar con los crímenes dolosos, la desaparición forzada y los feminicidios; a partir de investigaciones debidamente realizadas que permitan conocer la verdad de lo ocurrido y conduzcan a la impartición de justicia en clave de derechos humanos y en apego a lo que las familias de las víctimas necesitan. Sólo así se pueden construir garantías de no repetición.
A diferencia de lo que se pretende impulsar, pensamos que el proceso es a la inversa: primero busquen la verdad de los hechos, hagan la justicia; castiguen a los responsables. Y después, cuando esta pesadilla haya acabado, se pueden sentar las bases para una gran Ley de Memoria que se tendría que trabajar en un gran consenso nacional con las familias, las víctimas y las y los especialistas. Antes NO.
Quienes acompañamos procesos de construcción de memoria y hemos tomado sitios públicos convirtiéndolos en memoriales para denunciar la impunidad que existe en este país, la concebimos como un instrumento más de la exigencia de justicia y no requerimos ni necesitamos ser reconocidos, ni avalados por los gobiernos ni federales ni estatales ni municipales, pues dentro de ellos se encuentran parte de los perpetradores.
Por último, lamentamos que la Red de Sitios de Memoria Latinoamericanos y Caribeños, (RESLAC), avale con su presencia esta simulación de ley que se pretende imponer desde el Estado y sin el consenso de familiares y colectivos de todos los rincones del país.
Atentamente
Colectivo Huellas de la Memoria
¡Seguiremos hasta encontrarles!
