Pesimismo Esperanzador
Por Jorge Rocha, académico del ITESO / @JorgeRochaQ
Sin duda alguna el acontecimiento político de los últimos días fueron las marchas que se realizaron en varias ciudades del país, donde se exigía que no avance la reforma político-electoral que en este momento se discute en el Congreso de la Unión y que hace meses fue presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Frente a este evento se ha generado un enorme debate en el espacio público alrededor del significado político de este evento y su relevancia para la vida del país.
Frente a ello, planteo una serie de reflexiones y comentarios que tienen como propósito abonar a la discusión.
En primer lugar, en una democracia que se precie de serlo, tenemos que señalar que todas y todos tienen derecho a exigir nuevos derechos, ampliar derechos o mantener derechos; y aunado a ello, no sólo es necesario, sino que debe ser aplaudido que la ciudadanía demande la implementación de políticas públicas y programas sociales, que considere son necesarias mejorar la calidad de vida de las personas y que fortalezca las instituciones y la democracia. De ninguna forma podemos claudicar en esta posibilidad, aunque algunas de estas expresiones no nos parezcan adecuadas o correctas. La libre expresión, la organización social y la posibilidad de manifestación son derechos y herramientas que todo ciudadano puede utilizar y ejercer. Lo verdaderamente peligroso es que pensemos que estas expresiones políticas sean un problema en sí mismo o que creamos que unas agendas sí merecen estas expresiones y otras no.
En segundo lugar, después del domingo hemos tenido en el espacio público una voraz batalla por la legitimidad, que tuvo su expresión más nítida en la guerra de cifras, que estuvo entre los supuestos 10 mil asistentes que Martí Batres aseguró que fueron los participantes en la marcha de la Ciudad de México, hasta el medio millón de personas que según Claudio X. González se hicieron presentes en la capital del país. Parece que los cálculos más moderados hablan de una asistencia de poco más de 200 mil en la Ciudad de México y de 10 mil manifestantes en la ciudad de Guadalajara. Por supuesto que no se puede menospreciar a las y los ciudadanos que salieron a las calles a plantear su postura y será muy importante que los legisladores tomen en cuenta estos reclamos sociales.
En tercer lugar, si bien es cierto que la propuesta de que las y los consejeros Instituto Nacional Electoral (INE) sean elegidos por votación abierta es una idea poco convincente y con muchos riesgos, me parece que centrar todo el debate público sólo en lo que puede pasarle al INE es una mala idea y resulta reduccionista y propicio para la polarización. En la propuesta de reforma política de López Obrador hay otros puntos más delicados que no se tocan ni se debaten, incluso muy convenientemente por interés de todos los partidos políticos, sólo por señalar algunos de ellos como: la eliminación de los senadores plurinominales (que nunca tuvieron que existir), la disminución del número de diputados y que sólo sean de representación proporcional (la representación territorial desaparecería), la sustantiva disminución del financiamiento público a partidos políticos (demanda antigua de la ciudanía), bajar el número de los diputados locales y los regidores (sólo por ahorro, pero que no tiene sustento político), la implementación del voto electrónico (que muchos vemos con buenos ojos); o la desaparición de los OPLES o institutos electorales locales, que para algunos estados resultaría una gran pérdida, pero que en otras entidades sería un alivio. Hay muchos asuntos de enorme trascendencia que no se están colocando en el debate público y que, desde mi punto de vista, centrar todo en el INE resulta muy poco estratégico, por decir lo menos.
En cuarto lugar, lo que sucedió alrededor de estas marchas corroboró que no hay condiciones de diálogo civilizado en este momento político del país, porque desafortunadamente esta confrontación está permeada y contaminada por el proceso electoral federal del 2024, muchos que están a favor y en contra de estas reformas de ley lo enlazan con este escenario y no son capaces de ver que son debates que impactarán de forma decisiva la vida política del país, más allá de lo que suceda dentro de dos años.
Como Nación democrática, lo que más nos valdría, es tomarnos el tiempo y los espacios suficientes para discutir esta reforma que, por ejemplo, no contempla subir el umbral para ser partido político (quizá con esta reforma no tendríamos a partidos pequeños buscando alianzas permanentes con partidos grandes), tampoco se propone modificar el caduco modelo de comunicación política o no plantea sanciones más contundentes a los partidos como quitar candidaturas cuando claramente se viole la ley.
Para concluir, la posibilidad de que estas reformas constitucionales avancen pasa por lo que decidan los diputados y senadores del PRI, que en más de una ocasión han mostrado ductilidad en sus posiciones y decisiones. Habrá que ver cómo se desarrollan estos escenarios, pero está de pronóstico reservado.
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