Desde Mujeres
Por Grecia Nataly Guzmán Velasco / @DesdeMujeres
“No viviré con miedo. Son otros quienes han sufrido más y sus historias deben contarse” -Digna Ochoa
El pasado 19 de octubre del 2022 se realizó el acto de reconocimiento de responsabilidad y disculpa pública por el caso Digna Ochoa y Placido Vs. México en cumplimiento a las medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en la sentencia del caso.
Digna Ochoa fue una destacada abogada, defensora de derechos humanos en el ámbito nacional e internacional, quien se distinguió por su fuerte vocación social y amplio sentido ético. En su labor denunció, como integrante del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, graves violaciones a los derechos humanos cometidos por las fuerzas armadas mexicanas y por otras autoridades estatales en casos de gran relevancia para el país.
El 19 de octubre del 2001 fue asesinada, luego de que se le retiraran las medidas provisionales otorgadas por la Corte IDH que la protegían en el ejercicio de su derecho a la defensa de los derechos humanos, mismas que derivaron de las amenazas y secuestros que había sufrido años antes a su asesinato.
En el citado acto de reconocimiento y disculpa pública, la senadora y ex ministra de la SCJN Olga Sánchez Cordero, declaro que su asesinato fue producto de las “inercias institucionales” del México de la decada de los años 90 y principios de los años 2000 en donde se vivía un contexto estructural de violaciones a los derechos de los y las defensoras de derechos humanos en México. Afirmó también, que hoy podemos tener la certeza de que ese México ha quedado atrás, pues “aunque hay todavía muchos riesgos al defender lo que es justo” las amenazas “ya no provienen del Estado mexicano”.
Sin embargo, la realidad es otra. México es uno de los países más peligrosos del mundo, comparado con zonas bélicas, para los periodistas y defensores de derechos humanos. Según la organización internacional Reporteros Sin Fronteras, en lo que va del año han sido asesinados 14 periodistas, considerando ya al 2022 como el año más mortífero en la historia de México para esta profesión. Sumado a ello, las amenazas, desapariciones y ataques en contra de la labor periodística han ido en aumento, poniendo en riesgo el ejercicio del acceso a la información y la libertad de expresión. En una sociedad democrática, la libertad de expresión es sustento y efecto de esta. Es indispensable para la formación de la opinión pública. Por ende, es posible afirmar que una sociedad que no está bien informada, no es plenamente libre. (Corte IDH, 1985)
México atraviesa una grave crisis de violaciones a derechos humanos producto de la corrupción, impunidad, militarización, violencia, pobreza y desigualdad social. Por ello, la participación de defensores de derechos humanos simboliza una luz de esperanza para quienes han sido víctimas, pues no solo promueven y difunden, sino que además defienden y procuran el ejercicio efectivo de los derechos en el ámbito nacional e internacional. A través de la documentación y denuncia de casos ante los sistemas judiciales nacionales y mecanismos internacionales, el trabajo de las y los defensores a instaurado importantes precedentes en la materia, abonando a la garantía de no repetición de violaciones e impulsando transformaciones hacía una sociedad más justa. Sin embargo, el visibilizar y denunciar abusos en donde existe participación del Estado y grupos de delincuencia organizada, ha traído como consecuencia innumerables agresiones y amenazas que limitan su labor.
Tan solo en lo que va del sexenio del actual presidente, han sido asesinados 97 defensores de derechos humanos. A pesar de contar con el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, cuyo objeto es otorgar medidas de prevención y protección que permitan garantizar la vida, integridad y seguridad de estos agentes, su eficacia no ha sido la esperada. Según el diagnóstico sobre el funcionamiento del Mecanismo emitido por la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, aún hay recomendaciones que el Estado tiene pendiente por implementar.
El funcionamiento efectivo de un sistema tan amplio requiere de un financiamiento sólido así como de un elevado grado de compromiso institucional que debe generarse en primera instancia desde la presidencia y la secretaría de gobernación, para ser subsecuentemente adoptado y replicado por las gubernaturas estatales. Contrario a ello, en octubre del 2020 el gobierno eliminó el fondo independiente que financiaba dicho Mecanismo, precarizando los servicios y obstaculizando su funcionamiento.
Lejos de garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos y de reconocer la importancia de su participación para una sociedad democrática, el Estado también representa una amenaza para quienes buscan informar y evidenciar abusos y arbitrariedades.
Recientemente la Red en Defensa de los Derechos Digitales en conjunto con otras organizaciones, publicaron la investigación Ejército Espía, donde se evidencia el espionaje por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional en contra de periodistas y defensores con el malware Pegasus, durante este sexenio. Aún a pesar de que el Ejército no cuenta con facultades para intervenir comunicaciones privadas de civiles, la investigación demuestra que se siguen realizando dichas intervenciones de manera ilegal.
Por otra parte, la postura del titular del ejecutivo distorsiona y estigmatiza el trabajo de periodistas independientes y defensores de derechos humanos, pues además de negar el espionaje por parte de la SEDENA, ha utilizado en sus conferencias de prensa diarias una retórica populista que propicia e incentiva ataques en contra de ellos. (Parlamento Europeo, 2022)
Ojalá se pudiera afirmar que ese México corrupto, violento, autoritario y feminicida que perpetró el asesinato de la defensora Digna Ochoa ha quedado atras. Y que el defender lo que es justo con la determinación y añoranza de aportar a una transformación social, ya no es motivo de estigmatización, amenazas y riesgo de muerte. Lo que sí se puede asegurar, es que el legado de Digna y de otros defensores y periodistas que han muerto en el ejercicio de su labor, sigue latente.
Sus historias permanecen en la memoria colectiva y son inspiración para las nuevas generaciones de defensoras y defensores de derechos humanos, quienes a pesar de las adversidades de un país tan lastimado, siguen cuestionando, exigiendo y luchando por la libertad y justicia.
