Entre mayo y agosto de 2022, 80 personas defensoras de derechos humanos han sido asesinadas en Latinoamérica, Colombia y Brasil, fueron los países más peligrosos para las y los defensores; en México, se reportaron seis asesinatos, uno de ellos contra una madre buscadora de Sinaloa.
Por Redacción ZonaDocs
Entre mayo y agosto del 2022 en la Latinoamérica se registró un aumento significativo de violencias contra personas defensoras de derechos humanos; así lo informó la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).
Ante estos crímenes, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) emitió una alerta, pues le preocupa a la Comisión “el elevado número de asesinatos en varios países de la región, así como actos de hostigamiento y criminalización por sus actividades de defensa”.
En Brasil, por ejemplo, se presentaron 19 casos de ataques contra personas defensoras de derechos humanos, de los cuales siete fueron asesinatos.
Entre quienes fueron asesinados están los defensores indígenas Guarani Kaiowá Marcio Moreira, Severino Bernardo da Silva, Guarani Kaiowá Vitor Fernandes, Wesley Flávio da Silva y Guarani Kaiowá Alex Vasques Lopes; así mismo destaca la desaparición el asesinato del periodista Dom Phillips y del defensor y experto en pueblos indígenas Bruno Araújo Pereira quienes fueron vistos por última vez el 5 de junio de 2022 en la comunidad São Rafael.
En Colombia, con información de la Defensoría del Pueblo, entre mayo y agosto de 2022 se verificaron 62 casos de homicidios a personas líderes sociales y defensoras de derechos humanos.
En Guatemala, al menos, tres personas defensoras de derechos humanos fueron asesinadas: Santos Samayoa Osorio, integrante del Comité de Desarrollo Campesino (CODECA); el alcalde indígena Maya K’iché Apolinario Morales Orozco; y Pablo Ramos, también integrante del CODECA.
En Honduras, OACNUDH documentó dos asesinatos: el del defensor LGBTI Brayan Josué López Guzmán y el del defensor ambiental Donaldo Rosales Meza.
En México, fueron seis personas defensoras asesinadas: Rosario Lilian Rodríguez, madre buscadora, en el municipio de Elota, Sinaloa; el defensor indígena Crispín Reyes, en el municipio de San Juan Juquila Mixes, Oaxaca; los sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar ocurrido el 20 de junio al interior del templo de la comunidad en Cerocahui, municipio de Urique, Chihuahua; Jesús Bañuelos Acevedo, defensor de derechos humanos en el municipio de Atitalaquia, Hidalgo; y Humberto Valdovinos Fuentes, defensor del territorio en Pinotepa Nacional, Oaxaca.
En Perú, ocurrió el asesinato de Genaro Comisario Bitap, persona defensora de derechos humanos en Datem de Marañón, Loreto.
Por estos hechos, la CIDH:
“Urge a los Estados a llevar a investigar de forma exhaustiva, seria e imparcial, y a tomar como primera hipótesis la posible vinculación de estos actos de violencia con la labor de defensa. De igual forma, buscar la incorporación de un enfoque diferenciado de género y étnico-racial en la investigación, juzgamiento, sanción de estos crímenes, y en la implementación de medidas de reparación a las y los familiares de todas las víctimas, y dar garantías de no repetición”.
De igual manera condenaron el escenarios de criminalización y detenciones arbitrarias que persiste en Venezuela donde agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia detuvieron a los dirigentes sindicales Alcides Brancho, Emilio Negrin y Gabriel Blanco; los tres defensores fueron imputados con delitos relacionados con el terrorismo.
En la misma línea están la defensora Ana Leonor Acosta, y los defensores Kelvin Zambrano y Alonso Medina Rosa, quienes fueron informados de que se adelanta un proceso en su contra por parte de la División Antiterrorismo del Cuerpo de Investigaciones Científica, Penales y Criminalísticas (CICPC).
Para la CIDH, la criminalización de personas defensoras promueve el estigma colectivo y envía un mensaje intimidatorio a toda la población; en especial, “cuando se trata de mujeres que realizan esta labor, la criminalización resulta inhibidora, además aumenta y exacerba las desigualdades sociales existentes”.
Ante la elevada situación de violencia, la CIDH recuerda que”es obligación de los Estados de “proteger integralmente a quienes ejercen la defensa de los derechos humanos”.
