La Comunidad Mapuche Lafken Winkul Mapu denució un violento allanamiento que incluyó desalojo y detenciones arbitrarias de mujeres y niñxs. Una de las personas detenidas ilegalmente fue Machi, autoridad medicinal y espiritual Mapuche.
Al respecto, organizaciones indígenas, civiles y defensores de derechos humanos interpelan al Estado argentino para que se garanticen los derechos de las personas indígenas, además de que se les atiendan con una perspectiva de de género e infancia. Pese a las denuncias internacionales, los allanamientos y órdenes de detención continúan realizándose en otras viviendas y predios pertenecientes a esta comunidad indígena.
Por Redacción ZonaDocs
Fotos: Denali De Graf
El pasado 4 de octubre de este año, la comunidad “Lafken Winkul Mapu” -ubicada en la localidad rural Villa Mascardi, Bariloche, ubicada a más de 1600 kilómetros al sur de Buenos Aires, Argentina- fue violentamente allanada por el Comando Unificado de Seguridad de Villa Mascardi, una nueva agrupación especial de fuerzas policiales argentinas.
El resultado de acción ilegal fue una serie de detenciones arbitrarias e ilegales de siete mujeres y sus niñxs. Actualmente, cuatro de ellas se encuentran con arresto domiciliario en Bariloche: la Machi Betiana Colhuan Nahuel (21), Celeste Ardaiz Guenumil (30), Martha Jaramillo (35) y Romina Rosas (37), quienes fueron acusadas de delitos de usurpación en causas acumuladas el pasado 25 de octubre.
Dos de ellas, Florencia Melo (28) y Débora Vera, fueron liberadas con un sobreseimiento parcial el martes 25 de octubre. Melo y Vera estuvieron detenidas durante tres semanas en la sede de la Policía Aeroportuaria de Bariloche y, antes, en la cárcel de mujeres Ezeiza, Provincia de Buenos Aires.
En Bariloche, Melo y Vera realizaron una huelga de hambre de más de 20 días. Sólo una de las siete mujeres detenidas, Andrea Despo Cañuqueo, fue liberada por sobreseimiento tempranamente el 11 de octubre.
Con esa acción policial, el resto de los miembros del lof, incluyendo niñxs, debieron dispersarse por el territorio enfrentando escasez de alimentos y falta de abrigo, como ha trascendido gracias a un audio enviado por un miembro de la comunidad, con fecha 24 de octubre. El audio hace un llamado a visibilizar y movilizarse por el regreso de la Machi Betiana a su rewe (sitio ceremonial y espacio sagrado).
Entre las razones, se destaca el bienestar de la salud no tan sólo de la Machi (como autoridad espiritual), sino también de sus pacientes (incluye a personas no mapuche) y las comunidades del Puelmapu. A la fecha, el rewe y todas las viviendas de la comunidad siguen bajo ocupación del Comando Unificado. En la madrugada del sábado 29 de octubre se realizaron nuevos allanamientos a casas de miembros de la comunidad Lafken Winkul Mapu.
Represión militar y violación a los derechos de las niñeces
La orden de allanamiento fue impuesta por la jueza federal de Bariloche Silvina Domínguez, dando inicio a una serie de actos violentos que transgreden tratados internacionales, los cuales señalan de manera puntual quienes acompañan la resistencia y exigencia de justicia de la comunidad Mapuche:
El Convenio Nº 169 de la Organización Internacionaldel Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales (1989), la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007), la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2015), la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1981) y la Convención sobre los Derechos del Niño (1989), así como otros instrumentos de Derechos Humanos, tales como: la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Convención de Belém do Pará (1994) y la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (1987).
El allanamiento a la comunidad o lof Lafken Winkul Mapu se realizó con el nuevo Comando Unificado que incluye a la policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía Aeroportuaria, haciendo ingreso con armamento militar y tecnología de represión, incluyendo dos aviones Hércules. Según una crónica del 9 de octubre en Página 12 (diario digital basado en Argentina), la orden incluía la detención de todas las personas que se encontraran en los predios.
Durante el allanamiento, la policía usó escopetas con cartuchos anti-tumulto y gases químicos en un lugar donde había niñxs y bebés. Seis niñxs lograron esconderse en el bosque y ser rescatados por sus familiares durante la noche, según relata una nota de Radio Autónoma Piuke.
De acuerdo a un comunicado de las comunidades Mapuche de Bariloche (5 de octubre), lxs niñxs apresadxs fueron liberadxs por la policía a las 20 horas del día del allanamiento. Sin embargo, el comunicado acusa la vulneración de los derechos y de la salud física y psíquica de lxs niñxs durante el operativo policial y después de éste, “pese a que la jueza federal Domínguez conocía que se encontraban menores de edad en el territorio”.
Villa Mascardi: otra represión al Pueblo Mapuche.
La comunidad mapuche, junto a periodistas y a la Multisectorial contra la Represión de Bariloche se habían dirigido a la Lof Lafken Winkul Mapu de forma pacífica. Fueron reprimidos por la Gendarmería y la Policía Federal. pic.twitter.com/GmLLttPwHH
— La Izquierda Diario (@izquierdadiario) October 10, 2022
Testigos señalan que durante el allanamiento, las viviendas fueron registradas por la policía, confiscando desde celulares, cuadernos y ropa. El rewe (figura ceremonial de madera esculpida) y el sitio ceremonial de la Machi Betiana Colhuan Nahuel fueron manipulados por las fuerzas armadas, vulnerando los derechos espirituales y culturales del pueblo Mapuche.
Andrea Despo Cañuqueo, única liberada a la fecha, dio su testimonio el 12 de octubre en una manifestación pacífica en Bariloche; ahí expresó:
“Es injusto todo lo que está pasando en el rewe, los winka , los milicos de todos los colores están ahí adentro, en las rukas , en el sitio sagrado, en el rewe (…) no sabemos en qué estado está todo eso y nosotros nos preguntamos ¿acaso nosotros vamos a la iglesia de cualquier religión a meternos a romper? ¿O el Estado va y hace esta destrucción y este atropello con otras religiones? No lo hace, pero parece que tiene este ensañamiento tan grande con nuestra gente, con nuestra espiritualidad y que saben que eso es muy importante para nosotros.”
Así mismo se carta dirigió una carta al Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible Juan Cabandie y al Presidente de la Administración de Parques Nacionales Francisco Granato, por parte de comunidades Mapuche, organizaciones e individuos en solidaridad con el lof Lafken Winkul Mapu; en ella se señalaba:
“El rewe es un espacio sagrado del cual depende la salud física, psíquica y espiritual, no solo de la machi, sino de todos los Mapuche, personas, familias y comunidades que habitamos Wallmapu, y de todo el Itxofillmogen (biodiversidad)”.
La carta además expone que:
“Hasta allí llegan personas de diferentes procedencias que atienden dolencias físicas, psíquicas, espirituales y comunitarias recurriendo al sistema tradicional de salud Mapuche. En este momento, y ante la grave situación de avasallamiento, violencia y discriminación hacia nuestro pueblo sufrida ante el allanamiento de ese espacio ceremonial sagrado, todas esas personas, las comunidades Mapuche vinculadas al sitio y nuestra autoridad tradicional, la machi Betiana, estamos atravesando por una situación gravísima de violentamiento a nuestras pautas culturales, pero también se está afectando el sistema de salud de nuestro pueblo y de los pacientes de la machi”.
El lof Lafken Winkul Mapu inició su proceso de recuperación de tierras ancestrales, así como de las relaciones de vida Mapuche físicas y espirituales en este territorio, el 10 de noviembre del año 2017. La recuperación se realizaba como consecuencia del reconocimiento de la Machi Betiana por diversas comunidades Mapuche de la zona.
Una autoridad espiritual de tal envergadura debe contar con su rewe para ejercer su rol y fortalecer la vida física y espiritual Mapuche en el territorio. Pocos días después de iniciada la recuperación, el 23 de noviembre, la comunidad fue violentamente desalojada por orden del juez Guillermo Villanueva de Bariloche. En ese entonces, al igual que hoy, mujeres y menores de edad fueron detenidos.
Dos días después, el 25 de noviembre, el grupo Albatros, fuerza especial de policía de la Prefectura Naval de Argentina, abrió fuego en los territorios recuperados asesinando a Rafael Nahuel (22), ejecución por la que aún se busca justicia.
Violación a los derechos de las mujeres en proceso irregular
Además de la vulneración a los derechos de lxs niñxs y de la vulneración del rewe, espacio sagrado Mapuche, organizaciones de derechos humanos de Argentina rápidamente acusaron el maltrato y transgresión a los derechos humanos de las mujeres detenidas.
En primer lugar porque fueron apresadas sin informarles qué delitos se les imputan. Además, hubo una serie de irregularidades en el traslado de las cuatro mujeres que no estaban en estado de lactancia hasta el complejo carcelario V de Ezeiza.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Bariloche y la Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH) presentaron un hábeas corpus ante la justicia federal de Lomas de Zamora, según relata una crónica de Página 12:
“En su presentación ante el juez federal Federico Villena, las organizaciones decían que el traslado ordenado por la jueza Domínguez era ilegal, que la magistrada no justificó por qué no decidió otras alternativas–por ejemplo, dejarlas en la PSA , ponerles un dispositivo electrónico o dejar que transiten el proceso en libertad– y, además, impidió que ejercieran su derecho a la defensa al impedirles tener contacto con sus abogados defensores”.
El traslado de las mujeres de Bariloche a Buenos Aires se hizo en un avión de la Policía Federal Argentina, lo que también constituye una irregularidad. Las mujeres hicieron el viaje esposadas, sin saber a dónde las llevaban e incomunicadas. Estuvieron largas horas detenidas en una sede de la Policía Federal luego fueron trasladadas a la unidad 28 del Servicio Penitenciario Federal y, dos días después de su detención, llegaron el jueves en la noche al complejo V de Ezeiza.
Andrea Despo Cañuqueo, la única mujer prontamente liberada, acusó maltrato psicológico, detalló que fueron filmadas mientras dormían y mientras se duchaban. Que en un mismo día tuvieron que desvestirse cuatro veces para registrarlas. “Jugaron con nosotras a su antojo, pero nosotras estamos de pie”, dijo Andrea Despo Cañuqueo en este testimonio. Otro grave aspecto del proceso, lo constituye que una de las mujeres, Romina Rosas, estaba embarazada de 40 semanas cuando fue detenida y tuvo su bebé en cautiverio.
Las irregularidades del proceso llevaron a la cabeza del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad Elizabeth Gómez Alcorta a renunciar a su cargo, noticia que se difundió el 8 de octubre, cuatro días después del allanamiento. En su carta de renuncia escribió:
“el encarcelamiento, la denegatoria de la excarcelación para todas ellas y aún más a una mujer embarazada de 40 semanas, la incomunicación y el traslado a más de 1500 kilómetros de su lugar de residencia constituyen violaciones evidentes a los derechos humanos”.
La jueza Silvina Domínguez ordenó el allanamiento con secreto de sumario, por lo que, las mujeres detenidas supieron de qué se les acusaba 21 días después de haber sido tomadas presas.
Comando anti-Mapuche: continuidad de una política genocida del Estado
La orden de la jueza Domínguez fue dada el mismo día en que se oficializó la creación del Comando Unificado de Seguridad de Villa Mascardi.
Este comando, convocado por el ministro de Seguridad Aníbal Fernández y con firma del presidente Alberto Fernández (resolución 637/2022 del Boletín Oficial), está compuesto por la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional, la Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. El Comando Unificado tiene como objetivo la “gestión y coordinación interfuerzas de actividades preventivas del delito en la localidad de Villa Mascardi” y prestar “colaboración en las diligencias que pudieran llegar a disponerse judicialmente, a efectos del aseguramiento de las personas y los bienes de la localidad”.
La resolución que crea el comando, expone como antecedentes a considerar “el incendio de un puesto móvil de vigilancia de la Gendarmería Nacional Argentina” por parte, según dice el documento, de miembros del lof Lafken Winkul Mapu. La resolución también hace mención a que el lof se encontraría “ilegalmente asentado” en propiedad privada y que estos “asentamientos se corresponderían con usurpaciones por medios violentos”. La orden de la jueza Domínguez, por tanto, da luz verde al recién creado Comando Unificado, bajo secreto de sumario, para ejercer una desmedida violencia estatal contra el lof Mapuche.
En un comunicado enviado por un miembro del lof Lafken Winkul Mapu, con fecha 24 de octubre, se acusa una campaña de criminalización hacia la comunidad por parte de Diego Frutos “quien es financiado por grandes terratenientes y apoyado por el poder económico, político y judicial”.
El comunicado afirma que estos poderes “han generado mentiras y montajes para instalar un mensaje racista hacia nuestro pueblo y nuestra comunidad, a través de los medios hegemónicos de comunicación”. Diego Frutos es el presidente de la Junta Vecinal de Villa Mascardi y según la resolución del Comando Unificado, uno de los propietarios de los predios recuperados por el lof Lafken Winkul Mapu.
Estas acciones estatales representan una continuidad de las políticas genocidas del Estado argentino contra el pueblo Mapuche. Este nuevo desalojo ha levantado recuerdos traumáticos de la llamada Conquista del Desierto, la invasión militar del Estado argentino de 1878-1885, especialmente los traslados forzados de personas Mapuche desde sus territorios en la Patagonia hacia la capital sin tener conocimiento de adónde se les llevaba.
