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El Congreso de Quintana Roo aprobó la despenalización del aborto en la entidad hasta antes de las 12 semanas. La reforma elimina el requisito de denuncia formal de violación para considerarla como una causal de aborto, en un estado con el mayor número de llamadas de emergencia en el país por este delito
Texto: Ricardo Hernández
Fotos: Mar Andrea Aldana
QUINTANA ROO.- “Se rumora por ahí, que las feministas están aquí. Y venimos a celebrar, que el aborto ya es legal”, repitieron mujeres sin cesar la noche de este miércoles desde la glorieta de El Ceviche, en Cancún, en la concentración para celebrar la despenalización del aborto en Quintana Roo.
A casi dos años de la toma por parte de feministas del Congreso local, a más de un año del rechazo de parte de los diputados de la pasada Legislación y de la resolución Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y luego de una serie de amparos irresueltos, se aprobó en el Congreso de Quintana Roo la reforma que despenaliza el aborto hasta antes de las 12 semanas de gestación.
El camino en el Congreso
La reforma fue aprobada por 19 votos a favor, cuatro abstenciones y los votos en contra de Cinthya Yamile Millan Estrella, del Partido Acción Nacional (PAN), Elda Candelaria Ayuso Achach, del Partido de la Revolución Institucional (PRI) y Guillermo Andrés Brahms González, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
Se trata de una iniciativa de decreto por la que se reforman los artículos 92, 93, 94, 95 y 97, en sus fracciones II, III y IV; se adiciona un párrafo segundo y un tercero al artículo 92; y se deroga el artículo 96, todos del Código Penal para el Estado de Libre y Soberano de Quintana Roo.
Fue presentada por los diputados Luis Aldana, Ricardo Velazco, Silvia Dzul, Mildred Ávila, Andrea del Rosario González, Fernanda Cruz, José María Chacón, Elda María Xix, Antonio Rodríguez, Luz María Beristain, del grupo legislativo de Morena, y fue atendida de obvia y urgente resolución.
En su intervención, el diputado morenista Humberto Aldana destacó que la reforma obedece al reclamo ciudadano para garantizar los derechos sexuales y reproductivos y a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de septiembre de 2021 que declara inconstitucional criminalizar el abortode manera absoluta en México.
Aldana propuso un cambio en la redacción en el documento de la reforma para que solo quedara “personas gestantes”, a fin de que no resultara discriminatorio. Esto, contrario a lo resolución de la SCJN, que establecía claramente “mujeres y personas gestantes”, sin embargo, así quedó y así fue aprobado.
El legislador Hugo Alday, del PT, destacó que la reforma se aleja de preceptos morales y que, más bien, obedecía a un asunto de índole público.
“Lo que se somete a discusión no parte de una perspectiva moral, religiosa, de modas o tendencias de grupos liberales o de asociaciones conservadoras; es un tema meramente de orden público; es poner en marcha nuestra obligación como legisladores. Esta soberanía tiene la obligación de actualizar su marco jurídico y de derecho, acorde al impulso social y al pacto federal”, pronunció Alday ante el Pleno.
Objetores de conciencia y la garantía de acceso al aborto
A partir de la publicación del decreto en el Periódico Oficial de Quintana Roo, es decir, de su entrada en vigor, los Servicios Estatales de Salud (Sesa) y la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), en el ámbito de sus respectivas competencias, tendrán que llevar a cabo las acciones necesarias para garantizar el derecho al aborto.
Una de ellas tendrá que ser el de garantizar médicos objetores de conciencia en las unidades médicas, quienes practiquen el aborto en caso de que sea solicitado, sin que pongan de por medio argumentos religiosos.
“Lo que es importante es que cada centro de salud y hospital garantice el servicio. Debe haber al menos una persona no objetora”, resalta Vanesa González-Rizzo Krasniansky, presidenta de Derechos Autonomías y Sexualidades (DAS Cancún), asociación civil que ve temas de género y violencia.
La Sesa contaba, hasta junio de 2022, con 46 objetores de conciencia en 10 hospitales de Quintana Roo para practicarlos.
La distribución de los objetores es desigual: hay cinco en el Hospital General de Chetumal, cinco en el Hospital Materno Infantil Morelos, tres en el Hospital Integral de Bacalar, cinco en el Hospital General de Playa del Carmen, uno en el Hospital General de Cozumel, uno en el Hospital Integral de Isla Mujeres, ocho objetores en el Hospital Integral de José María Morelos, cinco en el Hospital General de Felipe Carrillo Puerto, 10 en el Hospital Integral de Kantunilkin.
Aunque la mitad de abortos practicados entre 2019 y 2020, poco más de mil 200, se realizaron en Cancún, el hospital general de esta ciudad solo contaba con tres objetores de conciencia.
Abortos practicados oficialmente
En nueve de las unidades médicas que administran los Servicios Estatales de Salud de Quintana Roo se atendieron, tan solo entre 2019 y 2020, un total de 2 mil 572 abortos.
“Me parece que, para ser un estado donde estaba penalizado el aborto, es una cifra importante. Es un número llamativo, importante, que quiere decir que muchas mujeres estaban optando por el sector salud, arriesgándose a ser criminalizadas, con el objetivo de proteger sus proyectos de vida o lo que sea. Es una cifra que refuerza lo que veníamos diciendo: las mujeres abortan con o sin ley ”, opina Mónica Franco, investigadora criminóloga, asociada del Observatorio de la Gobernanza para la Cooperación y Desarrollo.
De acuerdo con colectivos feministas, la cifra oficial de abortos de mujeres quintanarroenses no se apega a la realidad, pues debido a su penalización, algunas optaban por acudir a alguno de los estados donde hubieran aprobado la interrupción voluntaria del embarazo.
“No hay un estado de la República contiguo donde esté despenalizado el aborto. Se tiene que viajar y desplazarse muchas horas para ir a Oaxaca o Ciudad de México, donde está despenalizado. Entonces, termina siendo el aborto un tema de clase, porque se va la que puede pagar el viaje, la que tiene el recurso para trasladarse”, dice Franco.
Alto índice de violaciones
La reforma conseguida este miércoles eliminó el requisito que se establecía en el Código Penal estatal en cuanto a la denuncia formal ante las autoridades para poder estar considerada dentro de los supuestos para poder abortar sin ser criminalizada.
Quintana Roo encabeza la lista de entidades con la mayor tasa de llamadas de emergencia al 911 motivadas por violación en los primeros nueve meses de 2022. De acuerdo con el informe recién actualizado del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la tasa del estado es casi cuatro veces superior a la media nacional. Si en el país la tasa promedió 2.1 llamadas por cada 100 mil habitantes, en la entidad fue de 7.23 llamadas por cada 100 mil habitantes.
La violación en Quintana Roo ha alcanzado cifras históricas en los últimos tiempos. Si en 2016 la Fiscalía General del Estado (FGE) dio cuenta de 255 averiguaciones previas por violación, para 2021 se apuntaron 802, un crecimiento del 314 por ciento. En total, desde 2016 y hasta septiembre de 2022 suman 2 mil 940 carpetas por violación.
Asimismo, tan solo entre 2019 y 2020 se atendieron en los hospitales públicos estatales 154 casos de mujeres víctimas de violencia sexual, a quienes se les dio profilaxis, medicina para prevenir infecciones o enfermedades de transmisión sexual.
En ese mismo lapso se realizaron cinco interrupciones voluntarias del embarazo por casos de violación en los hospitales de la entidad: dos en el Hospital Materno Infantil Morelos y tres en el hospital general de Playa del Carmen, siempre según Sesa.
Una cifra oficial que, considera Franco, está alejada de la realidad.
“Hay una enorme cifra negra de mujeres víctimas de violación y que no se acercan a las autoridades para denunciarlo y a los hospitales para abortar. Ellas abortan por su cuenta o con ayuda de sus redes de apoyo. Lo que conocemos hoy de la cifra de abortos por violación es muy baja con respecto a la realidad, pues no se acercan al sistema de justicia a denunciar por el temor, por amenazas, por miedo, por el mantenimiento del soporte económico que representa el agresor sexual. Posiblemente, la reforma abra puerta a estas mujeres, pero quizá no lo mencionen ya porque ahora podrán acceder al aborto de manera libre y seguro”, comentó Franco.
Delitos por aborto
La Fiscalía General del Estado (FGE) acumula, desde 2015 y hasta 2021, 47 carpetas de investigación por el delito de aborto, aunque esto no quiere decir que se iniciaron averiguaciones previas solo a mujeres, pues también se contempla, por ejemplo, a hombres que violentan a embarazadas hasta provocar un aborto.
Hasta febrero de 2022 el Poder Judicial reportaba una sola persona recluida en prisión por haber cometido el delito del aborto en Quintana Roo. Se trata de un mexicano, de 37 años, encarcelado en Cancún en 2021, sin que se haya dictado aún sentencia.
Las batallas por la despenalización
El 25 de noviembre de 2020, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, en Quintana Roo se llevó a cabo una marcha convocada por diversas colectivas feministas. Al término del evento las manifestantes anunciaron un plantón indefinido en la explanada del Congreso local, en Chetumal, la capital política del estado, sede del Poder Legislativo, hasta que se cumpliera un pliego petitorio de 50 demandas, incluidas la de la despenalización del aborto.
Lo que inició como un plantón a las afueras del recinto se convirtió en una toma del Congreso por varias semanas, con lo cual exigieron y finalmente consiguieron la discusión de la reforma para despenalizar el aborto.
Sin embargo, el 2 de marzo de 2021, los diputados que discutieron sobre la aprobación del Dictamen con Minuta Proyecto de Decreto por el que se reformaba el párrafo primero del artículo 13 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, diversas disposiciones del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, así como la reforma y adición de disposiciones de la Ley de Salud del Estado de Quintana Roo, decidieron, por mayoría de votos, rechazar el dictamen.
Ante ello, María Cristina Montejo Briceño, parte de la Colectiva Feminista Ajal Yaakun, tramitó un amparo en contra del rechazo a la aprobación del dictamen, que fue rechazado en los juzgados.
Luego, en septiembre, la SCJN declaró la inconstitucionalidad de la criminalización del aborto.
El 18 de julio de 2021, 94 mujeres interpusieron seis amparos colectivos en contra de la criminalización del aborto en Quintana Roo, sin embargo, no llegaron a buen puerto.
Ahora, con la aprobación de la iniciativa de decreto, cualquier mujer que desee abortar hasta antes de las 12 semanas podrá hacerlo en Quintana Roo. O al menos así ya lo contemplará la ley.
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Este trabajo fue publicado originalmente en Pie de Página que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes consultar la publicación original.
