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El Banco Nacional de Datos Forenses –que debe incluir un Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas– ayudaría a combatir la crisis forense en el país que se estima en más de 52 mil cuerpos sin identidad.
Por Efraín Tzuc / A dónde van los desaparecidos*
Como resultado de una demanda de amparo, un juez ordenó a la FGR crear el Banco Nacional de Datos Forenses y el Registro Nacional de Personas No Identificadas en un plazo de 40 días hábiles.
La orden se dio el 5 de octubre por el Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región con sede en Zacatecas, quien emitió una sentencia para que la Fiscalía General de la República (FGR) implemente el Banco Nacional de Datos Forenses y el Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas, herramientas que permitirían el intercambio de información forense de todo el país y ayudaría a la identificación de miles de cuerpos anónimos.
La sentencia se logró por Olimpia Montoya Juárez, quien busca a su hermano Marco Antonio, desaparecido en Celaya, Guanajuato, en 2017. Acompañada por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, (Centro Prodh).
Montoya tramitó una demanda de amparo desde agosto de 2021, alegando que la falta del Banco y el Registro Nacional obstaculiza su derecho a la verdad y el acceso a la justicia, ya que los perfiles genéticos que dio su familia no se estaban comparando con todos los de los cuerpos sin identidad del país, entre los que podría estar su hermano y que debería encontrarse en el Banco Nacional aún inexistente.
En conferencia de prensa, Olimpia Montoya Juárez, integrante del colectivo proyecto de Búsqueda de Celaya, recordó que la falta de estas herramientas tecnológicas ocasiona que las familias tengan que ir de estado en estado llevando una prueba genética para ver si su familiar no se encuentra ahí, lo que implica un desgaste económico y emocional que no todas las familias pueden realizar.
“Es una herramienta que no solo me va a beneficiar a mí, incluso a familiares de otros países, la gente que pasa por México en cruce a Estados Unidos. Al tener este Banco, ya podrían cotejar y saber si su familiar se encuentra en territorio mexicano”, aseguró Montoya Juárez.
El abogado del Centro Prodh, César Contreras, mencionó que la falta del Banco Nacional retrasa y provoca que se pierdan oportunidades para restituirles el nombre a los miles de cuerpos sin identidad.
“Al no existir el Banco Nacional, tenemos al menos 34 bases de datos en el país y aunque la FGR cuenta con una base de datos genética, los estados no comparten información genética actualizada. La FGR tiene 1 de cada 3 perfiles genéticos de los cuerpos en el país, menos del 20%”, dijo Contreras.
La institución dirigida por Alejandro Gertz Manero estaba obligada a echar a andar el Banco y el Registro Nacional desde 2019. No es el único incumplimiento que acumula la FGR: en el mismo estatus se encuentran el Registro Nacional de Fosas Comunes y Fosas Clandestinas y el Programa Nacional de Exhumaciones e Identificación Forense.
Por ello, el abogado Contreras dijo que es importante que la FGR atienda a la sentencia y se abstenga de impugnarla, lo que retrasaría aún más la puesta en marcha del Banco Nacional.
Sentencia de amplio alcance
La sentencia, asegura el abogado Contreras, tendrá un efecto en cascada porque no solo la familia Montoya se beneficiaría de la creación del Banco Nacional de Datos Forenses –que debe integrar el Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas–.
“El Juez de Distrito reconoció que es una garantía que establece el derecho de todas las personas a ser buscadas y su falta (del Banco Nacional) dificulta la búsqueda de las personas desaparecidas y en particular en Marco Antonio”, afirmó César Contreras.
Además, el Juez valoró el contexto de la desaparición de personas en el país al reconocer que el dolor de la familia Montoya por la desaparición de Marco Antonio es equiparable a tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes al no saber en dónde está y cuál fue su suerte.
Esta sentencia también reiteró el reconocimiento sostenido por La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de que las personas desaparecidas tienen derecho a ser buscadas y es obligación de las autoridades disponer de todos los recursos y medios institucionales disponibles en completa coordinación para realizar todas las acciones necesarias a localizar a la persona desaparecida bajo la presunción de vida, a menos de que se tenga evidencia de que podría haber fallecido.
La Fiscalía dirigida por Alejandro Gertz Manero no solo tendrá que echar a andar las herramientas forenses, el Juez también determinó que el Fiscal deberá emitir un acuerdo en el que se establezca la fecha en que iniciaría operaciones el Banco y el Registro Nacionales, los lineamientos y toda la información que deba generarse para esa implementación. Este acuerdo, señala la sentencia, deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación.
Esfuerzos para combatir la crisis forense
Aunque no hay cifras oficiales actualizadas de la crisis forense mexicana, un informe del Movimiento por Nuestros Desaparecidos de México aseguró que, hasta agosto de 2020, habían al menos 52 mil cuerpos sin identidad en el país.
Esta emergencia –que ocurre paralelamente a la crisis de desapariciones ya por encima de las cien mil– ha provocado que colectivos de familiares de personas desaparecidas exijan, bajo la campaña #IdentificaciónYa, la implementación de las herramientas forenses establecidas en la Ley General en Materia de Desapariciones que aún no existen y son responsabilidad de la FGR.
“Esta sentencia es una acción esperanzadora. El que un Juez federal no haya sido indiferente al dolor por el que ha pasado Olimpia y su familia, y que eso nos representa a todos los que buscamos a un familiar desaparecido, nos impulsa a seguir luchando”, dijo María Luisa Núñez, del colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla, quien acompañó a Montoya en la conferencia de prensa.
Jorge Verástegui, que busca a su hermano Antonio y su sobrino Antonio Jesús, comentó que:
“esta sentencia de amparo no solo le da la razón a Olimpia sino que nos da la razón a miles de familias que desde hace muchos años denunciamos la omisión criminal, la acción dolosa del titular de la FGR, del poder legislativo y del Presidente. Ya no pueden decir que nos sabían. Ya un juez de amparo se los dice: están incumpliendo la Ley”.
A la par, el gobierno federal en mayo de este año logró que las Cámaras Legislativas aprobaran la creación del Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH) que también cuenta con la facultad de resguardar información forense de los cuerpos sin nombre del país y realizar cruces masivos, es decir, la comparación automatizada y periódica entre esta información con la que aportan las familias de las personas desaparecidas para obtener posibles coincidencias, por ejemplo, en los perfiles genéticos.
Otra iniciativa más es el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF), órgano multidisciplinario y con autonomía técnico-científica creado en diciembre de 2019 y que hasta agosto de 2021 tuvo su Grupo Coordinador. La encomienda de esta institución también es realizar peritajes con fines de identificación a cuerpos y restos que resguardan a las autoridades forenses. Actualmente, el MEIF se encuentra trabajando en San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas.
“El reto va a ser coordinarse porque tenemos al menos tres instituciones que van a hacer lo mismo y a las que se les está invirtiendo dinero, además de las disputas políticas institucionales”, concluyó Verástegui.
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*Es periodista e investigador. Actualmente es reportero del equipo de investigación periodística de http://www.adóndevanlosdesaparecidos.org, asistente de investigación en Quinto Elemento Lab y co-coordinador de la plataforma Yucatán Feminicida.
Juez ordena a la FGR crear un Banco de Datos Forense en 40 días
