La actual política migratoria mexicana pone en un escenario de vulnerabilidad a la población venezolana que ahora se encuentran en México. A través de una carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador, el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard y el Secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández, el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) junto a diversas organizaciones de la sociedad civil han externado su preocupación por el enfoque de las decisiones tomadas de manera bilateral entre el Gobierno de México y los Estados Unidos.
Preocupa puntualmente que el gobierno mexicano ofrezca programas temporales a la población venezolana que condicionen su derecho a solicitar asilo en los Estados Unidos.
Por Luisa Páez / @luisaa__pz
Durante los primeros días de la pandemia generada por la COVID-19, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) emitieron una orden de salud pública el 20 de marzo de 2020, cuyo fin principal era detener la propagación del virus.
La orden permitió que las autoridades expulsaran de manera inmediata a las personas migrantes y con necesidades de protección internacional en las fronteras terrestres de los Estados Unidos. La política se conoce como Título 42 y permite a la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP, por sus siglas en inglés) prohibir la entrada de ciertas personas que representan, potencialmente, “un riesgo para la salud”.
Aunque inicialmente se tenía una fecha prevista para que se le diera fin a esta política, se ha extendido en varias ocasiones, siendo la última fecha el 23 de mayo de este año. Por decisión de un juez federal en Louisiana, Estados Unidos se bloqueó temporalmente la decisión de ponerle fin a la política.
El pasado 12 de octubre, la Secretaría de Relaciones Exteriores del gobierno mexicano, compartió un comunicado en donde se hace de conocimiento público un “nuevo enfoque para una migración ordenada, segura, regular y humana en la región”, el cual causó alta preocupación a las diferentes organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la defensa de las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiados, debido al contexto actual que viven, principalmente, a las personas migrantes de Venezuela, en México.
Con este preámbulo, las organizaciones dirigieron una carta pública al Presidente de México Andrés Manuel López Obrador, el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard y el Secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández. En ésta expusieron que les toma por sorpresa que “México haya tomado una decisión soberana para recibir a un mayor número de personas y nacionalidades expulsadas de los Estados Unidos, sabiendo que las expulsiones bajo Título 42 violan el marco normativo estadounidense, el cual garantiza el acceso al asilo independientemente de la forma de llegar”, ya que todas las personas, de todas las nacionalidades, tienen el derecho garantizado de solicitar asilo, tanto en México como en Estados Unidos.
Aunque reconocen que las posibilidades que brindan los programas temporales dirigidos a la población venezolana “podrían tener un impacto positivo para quienes reciban este apoyo”, cuestionan que estos condicionen a las personas a acceder o renunciar a su derecho a solicitar asilo en los Estados Unidos.
Entre los programas temporales se encuentra el parole, donde se otorga un permiso por dos años a 24 mil personas venezolanas con patrocinadores en los Estados Unidos, o la ampliación de visas de Trabajadores Temporales No Agrícola (H2-B) para la población mexicana y centroamericana.
Así mismo, expresan que “ofrecer apoyo a 24 mil personas, cuando el mes pasado más de 25 mil personas venezolanas fueron aprehendidas por la patrulla fronteriza, no se puede llamar una solución para garantizar la protección, ni una migración segura, ordenada y regular -mucho menos humanitaria”
Frente a la falta claridad, las organizaciones han planteado en esta carta diez preguntas que buscan sean resueltas por las instancias correspondientes. Su objetivo es tener a la mano la información que les permita orientar el apoyo que brindan a las personas venezolanas y migrantes de otros de países para la inscripción de las personas elegibles para el nuevo programa. Entre los cuestionamientos se encuentran: ¿habrá un límite de personas venezolanas expulsadas bajo Título 42 y aceptadas por el gobierno mexicano al día? ¿el gobierno mexicano va a aceptar a familias venezolanas con niñas, niños y adolescentes?
Pero también ¿qué tipo de documentación se otorgará a los solicitantes? Y es que aseguraron que han documentado que el Instituto Nacional de Migración (INM) está otorgando oficios de salida del país por la frontera sur con una vigencia de 15 días. Aun cuando el mismo oficio entregado a la población expulsada también establece que “la presente resolución no constituye un documento de viaje con el cual pueda desplazarse por Territorio Mexicano”.
“Si las personas tienen 15 días para salir por la frontera sur pero no pueden desplazarse, ¿cómo se supone que deberían llegar a la frontera sur?” cuestionan a las autoridades.
Entre otras dudas también se encuentra si el INM mantendrá en detención a las personas venezolanas expulsadas que se queden después de 15 días en el país y si se están realizando las negociaciones para devolverlas a Venezuela.
Por último, aclaran que las dudas planteadas son de gran relevancia para el trabajo de acompañamiento directo y la cercanía que tendrán para el registro de aplicaciones, y, así mismo, que se cree “un diálogo abierto, transparente y urgente, con el objetivo de brindar una atención y acompañamiento a personas en desplazamiento y con necesidades de protección humana”.
En 2018, el 91.5% de las personas encuestadas para el Monitoreo de Presencia de Ciudadanos Venezolanos en México de la Organización Internacional para las Migraciones, indicaron que residían en Venezuela cuando decidieron viajar a México, mientras que, el 8.5% restante, realizó movimientos secundarios ya que residían en otros países como Colombia, Panamá, Estados Unidos y Perú. Así mismo el 99% declaró que veía a México como el país de destino final en su ruta migratoria.
De acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) la población venezolana huye del país por la violencia, la inseguridad, las amenazas y la falta de alimentos, medicinas y servicios esenciales.
Se calcula que 6. 8 millones de personas venezolanas viven en el mundo como migrantes o refugiadas. Más de 970.000 son solicitantes de asilo, alrededor de 2.4 millones de personas cuentan con diversos permisos de estadía y sólo 199.00 personas han sido reconocidas como refugiadas.
Para leer la Carta Pública emitida por El Instituto para las Mujeres en la Migración A.C. (IMUMI) junto con otras organizaciones de la sociedad civil, en su versión en línea, puedes acceder al siguiente enlace: https://imumi.org/2022/10/17/carta-publica-2/
Acá puedes leer el comunicado de prensa: México coordina con EE.UU. nuevo enfoque para una migración ordenada, segura, regular y humana en la región, emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno de la República, está disponible en la siguiente liga: https://www.gob.mx/sre/prensa/mexico-coordina-con-ee-uu-nuevo-enfoque-para-una-migracion-ordenada-segura-regular-y-humana-en-la-region?idiom=es
