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La investigación del crimen de dos adolescentes de 13 y 15 años, hace más de un año en Amatlán en un supuesto fuego cruzado está estancada en versiones encontradas y dilaciones. La Guardia Civil afirma que sus elementos están siendo investigados, pero Seguridad Pública dice lo contrario. Los elementos siguen operando en las calles
Texto: Flavia Morales / La Marea
Fotos: Óscar Martínez
VERACRUZ.- El camino hacia la justicia está siendo demasiado largo para la familia de Eduardo y Jonathan, primos asesinados durante un supuesto fuego cruzado entre la Fuerza Civil y delincuentes el pasado 2 julio de 2021 en la comunidad de La Patrona en Amatlán de los Reyes.
Han pasado más de 400 días desde el asesinato y ni la Secretaría de Seguridad Pública ni la Fiscalía General del Estado han logrado esclarecer qué pasó exactamente aquella tarde porque el informe de criminalística se entregó seis meses tarde con graves omisiones y hay versiones encontradas sobre la investigación a los elementos que participaron en el operativo.
Lo que las hermanas Beatriz y Luz María -madres de los jóvenes de 15 y 13 años- y vecinos recuerdan de ese día es muy diferente a lo que elementos de la Fuerza Civil relataron en el Informe Policial Homologado sobre los hechos.
Por ejemplo, mientras el informe del C4 detalla que los elementos recibieron una llamada de emergencia para reportar la presencia de seis hombres armados en dos vehículos, los vecinos aseguran que no vieron a nadie y la policía irrumpió en las casas.
Los policías contaron que al llegar al lugar fueron recibidos a disparos y respondieron para defenderse, pero los testigos aseguran que no hubo fuego cruzado y que los policías dispararon sin mediar palabra y mataron a los dos adolescentes.
En el informe policial homologado los policías detallaron que el operativo iba dirigido a la búsqueda de Gregorio Arenas Alias El Wester, jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación, pero dos años antes (junio del 2020), la misma Secretaría de Seguridad Pública había dado a conocer la detención de este delincuente.
La dirección de Fuerza Civil respondió vía transparencia que hay una investigación en contra de los cuatro policías que participaron en el operativo fallido, sin embargo, la Secretaría de Seguridad Pública negó que haya procesos abiertos en contra de elementos policiacos ni investigaciones abiertas en 2021 y 2022.
El asesinato de los menores generó la indignación de la comunidad de La Patrona, quienes durante dos días bloquearon la carretera principal y lanzaron cartas abiertas para exigir justicia y castigo para los policías a quienes acusaron de asesinato “Ningún fuego cruzado, fueron balas del estado”, reclamaron entonces.
Este caso se suma a otros donde los elementos de la policía estatal han sido señalados de cometer crímenes, como en 2020 cuando en otro operativo fallido en Atzalan resultaron muertos Berllarmino Cardeña Cortés y su nieta, María Magdalena, de 11 años.
“Vimos pasar las camionetas y minutos después los disparos”
Era viernes a las dos de la tarde cuando Luz María y Beatriz vieron pasar tres camionetas de la Fuerza Civil. Minutos después escucharon las detonaciones, entonces salieron corriendo para buscar a Eduardo y Jonathan que se encontraban a tres calles en casa de su tío Alberto donde lavaban autos.
Cuando llegaron ya era tarde. Los policías habían cercado varias cuadras con una veintena de patrullas y no pudieron pasar. Nadie les dio razón de lo ocurrido en ese momento.
Alberto narró después que estaba en su casa junto a su esposa y su hija de 5 años cuando escuchó las detonaciones. Intentó salir al patio donde se encontraban Eduardo y Jonathan pero entonces los policías entraron a la vivienda y a punta de pistola les pidieron tirarse al piso.
“Preguntaban ¿Dónde están los otros? ¿Dónde están las armas?, nos quitaron los celulares y buscaron en toda la casa, mientras se escucharon más disparos, unos siete por lo menos”, contó Alberto.
Cuando los sacaron de la casa, Alberto vio los cuerpos de sus sobrinos tirados en el patio, ambos tenían balazos en el tórax y la espalda.
Y mientras yacían muertos, sus mamás, Beatriz y a Luz María, seguían retenidas fuera del cerco policial. Estuvieron así durante horas. “Cuando vimos que no salían los niños, lo supimos, llegaron las camionetas de la funeraria y entonces supimos que eran nuestros hijos a quienes habían matado”, recuerda una de ellas.
Las contradicciones
La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó en comunicación oficial que durante el fuego cruzado dos menores murieron. También como parte del operativo aseguraron dos vehículos con varias bolsas de marihuana, un arma y un poncha llantas, según esa versión oficial.
Esa noche, la SSP filtró a medios de comunicación la versión de que el enfrentamiento era atribuido a un grupo armado encabezado por Gregorio Arenas alias “El Wester”o “El Chango”, presunto líder de una célula delictiva del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Gregorio Arenas es uno de los 10 líderes de grupos delictivos más buscados en el estado de Tennessee, Estados Unidos, y es señalado como el presunto cabecilla de una célula delictiva dedicada al robo a transporte público, extorsión, cobro de piso y la ejecución de policías municipales de Tezonapa en la zona centro, de acuerdo con versiones oficiales.
Pero los testimonios integrados en la carpeta de investigación UIPT/1180/2021/-F8COR que se abrió por el caso contradicen las versiones oficiales publicadas cuando mataron a Eduardo y Jonathan:
La defensa jurídica de la familia encabezada por el abogado Oscar Espino advierte que aunque los policías aluden a una llamada del C4, en el informe policial homologado declaran que iban en busca de Gregorio Arenas.
Pero según la SSP, Gregorio Arenas ya había sido detenido en un operativo en enero del 2020 en Omealca, entonces reportó que tuvieron un enfrentamiento, pero al verse superado cesó el ataque y fue intervenido.
Es decir, en el informe sobre el asesinato de los jóvenes se afirma que la policía entró disparando porque buscaban a un presunto delincuente que ya había sido detenido en otro operativo policial.
El propio gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, cayó en la contradicción cuando, unos días después del asesinato de los menores, declaró que esa persona estaba libre y operando en la zona: “En Amatlán un personaje alias Wester trae un enfrentamiento con otra banda y nosotros tenemos que garantizar la seguridad, el operativo iba en ese sentido, obviamente se sienten incomodos y agredieron a los policías”, dijo entonces.
También aseguró que la región de Amatlán de los Reyes era peligrosa, apenas un mes antes la Secretaría de Seguridad Pública había tomado el control de la policía municipal y desarmó a más de 30 policías.
Ese 2 de julio los policías anunciaron que confiscaron dos vehículos con reporte de robo, pero estos fueron devueltos a su dueño días después cuando se comprobó la propiedad “En el coche no había armas, marihuana ni placas sobrepuestas, se los devolvieron al dueño”, contó Óscar Espino.
Según el abogado defensor otra irregularidad es la dilación en la investigación de los hechos, pues el informe de criminalística tardó seis meses en llegar y los peritos de la fiscalía volvieron al lugar de los hechos hasta diciembre para levantar “indicios” de los hechos.
“La Fiscalía y la SSP están protegiendo a los elementos policiacos que perpetraron el operativo, la investigación está plagada de omisiones y creemos que es por contubernio y nos preocupa que esto se sume a la impunidad que ya existe en la actuación de los policías”, dijo.
Oscar Espino, quien también es acompañante de familiares de desaparecidos, enumera fallas como el levantamiento de pruebas a destiempo y el hecho de que las armas de los policías fueron entregadas para su inspección hasta diciembre sin los cartuchos, lo que retrasó el informe de balística.
Además, los peritos llegaron a la escena del crimen cinco meses después “Ahí recibieron indicios que los vecinos y la familia tuvieron que recoger y resguardar las balas”, recuerda.
¿Los policías sin ser investigados?
Los cuatro policías que participaron en el operativo siguen en activo trabajando en las calles y la Secretaría de Seguridad Pública se contradice sobre sí existe un proceso administrativo o investigación en su contra.
Rafael González Uscanga, director de la Fuerza Civil, respondió vía Transparencia que los elementos están siendo investigados por la Secretaría de Seguridad Pública, la autoridad ministerial y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CNDH).
Pero Jaime Alarcón Hernández, jefe del Departamento de lo Contencioso y Disciplina Policial de la SSP, contradijo la versión de Uscanga y aseguró que dentro de la Comisión de Honor y Justicia de esa dependencia no se encontró registro de procedimiento en contra de policías por los hechos ocurridos en Amatlán.
Según la Ley Estatal de Seguridad Pública, el órgano investigador de la SSP tendrá un año y medio a partir de iniciada la investigación para solicitar el inicio de un procedimiento disciplinario.
De acuerdo a la SSP no hay procesos abiertos ni disciplinarios en contra de policías durante el 2021 y 2022 y el plazo de un año y medio se acerca cada día.
Juntos andaban, juntos se fueron
Eduardo y Jonathan estaban muy unidos desde pequeños, tanto que tenían planeado terminar la escuela juntos, aunque iban en años diferentes.
Jonathan estudiaba el segundo año de secundaria y Eduardo el tercer grado, por lo que el más pequeño planeaba esperar a su primo para ir juntos a la preparatoria. En sus ratos libres soñaban con manejar un tráiler y juntos planearon ganar dinero extra lavando autos.
Luz María Aguilar González, mamá de Eduardo Jiménez Aguilar de 15 años, dice que no quiere que los niños sean olvidados y exige justicia para esclarecer el crimen.
Ella no tiene duda, asegura los policías atacaron a Eduardo y Jonathan. “Tarde o temprano la verdad va a salir a luz y se sabrá qué pasó”.
Desde la muerte de su hijo, Luz María ha tenido que hacer malabares para atender a sus otros dos hijos. Además de cargar con el dolor de la pérdida, ahora tiene que hacer antesala de varias horas cuando busca respuestas en la Fiscalía, la comisión de víctimas y a la Comisión de Derechos Humanos (CNDH).
“Aún no lo asimilo, a veces es un caminar largo, somos familias de escasos recursos, es duro recordar aquella fecha, más de un año y no ha pasado nada, yo lucho por salir adelante, pero es difícil, hay días que me derrumbo”, cuenta.
Su hermana, Santa Beatriz Aguilar González mamá de Jonathan Herrera Aguilar, recuerda que su hijo fue asesinado a un mes de su cumpleaños 14.
“Era un buen niño, como todos, siempre jalaba con su primo, juntos andaban y juntos se fueron, lo único que queremos saber es qué pasó, la verdad, eso no va a devolverme a mi hijo, pero las personas que les hicieron eso tiene que pagar, y se tiene que honrar la memoria”, dice.
Una justicia lenta
Pero la justicia está lejos de llegar. La Fiscalía General de Veracruz se comprometió con los familiares a sostener reuniones periódicas para informar sobre el avance de las investigaciones, pero las reuniones se suspendieron en septiembre del año pasado y la información es muy escueta.
Cuitláhuac García reconoció que los jóvenes no tenían que ver con el suceso, pero confirmó la versión policial de un enfrentamiento frontal.
Entonces prometió una revisión a la actuación de la policía en los casos cuando la agresión sucediera en una zona urbana. “Hay que afinar la actuación policial. Es muy complicado a los delincuentes no les importa la vida, pero a nosotros sí, y convendría revisar en qué casos es mejor no responder la agresión”, dijo el mandatario en declaraciones públicas.
A la fecha, la Secretaría de Seguridad Pública no ha informado sobre la revisión al protocolo de actuación policial en casos de enfrentamientos con la delincuencia.
Por el caso de Amatlán, la Comisión Estatal de Derechos Humanos inició una queja y está integrando un expediente, pero al momento tampoco hay una conclusión del caso.
Policía de la 4T señalada por abusos policiacos
El caso de Amatlán no es el primero donde la policía estatal justifica la muerte de civiles por un fuego cruzado sin que sus dichos estén confirmados en una investigación sólida.
En enero del 2020, Berllarmino Cardeña Cortés y su nieta, María Magdalena, de 11 años, murieron abatidos durante un operativo para detener a presuntos delincuentes en la comunidad de Tepetzintla, en el municipio de Atzalan.
En esa ocasión los policías también alegaron que fueron recibidos a balazos y tuvieron que defenderse.
La versión de la esposa de Berllarmino quien sobrevivió al ataque es que el hombre respondió a los golpes y gritos en su casa a la 1 de la mañana: “Sal hijo de tu puta madre, te queremos ver afuera”.
Berllarmino de 63 años respondió empuñando su escopeta y tirando un balazo al aire con la intención de asustar. En respuesta recibió una lluvia de balazos que le arrebataron la vida. Su nieta María Magdalena recibió un tiro en la cabeza.
Berllarmino, era ex agente municipal, tesorero del patronato de la Iglesia y gestor de Sembrando Vida. A la fecha la Secretaría de Seguridad Pública no ha informado si por ese caso hay una investigación sobre la actuación policial.
Desde la llegada del gobernador Cuitláhuac García al gobierno de Veracruz en 2018, la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha documentado 19 quejas por ejecución de personas privadas de su libertad, uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias, ingreso ilegal a domicilios y agresiones físicas,
En abril pasado, el Secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado informó que desde la llegada del gobierno de la cuarta transformación han sido cesados 80 policías por casos relacionados con extorsión, corrupción y abuso policial, pero ninguno de estos policías fueron cesados durante el periodo 2021 y hasta agosto del 2022, según la autoridad confirmó vía transparencia.
Los casos de abuso de autoridad continúan sucediendo.
El 28 de agosto pasado, tres policías adscritos a la comandancia de la Secretaría de Seguridad Pública en Camerino Z. Mendoza fueron detenidos por el secuestro de seis personas de origen poblano a quienes retuvieron encarcelados y por quienes pedían rescate para ser liberados.
Las Recomendaciones de la CEDH también tienen que ver con la muerte de dos jóvenes en mayo y octubre del 2020 en los separos del cuartel San José después de ser detenidos.
Por estos hechos la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) lanzó una alerta de preocupación por el uso de la fuerza pública de policías en Veracruz. “Se observa falta de entrenamiento, supervisión y control en su actuar, lo que ha causado daños irreparables a la vida y e integridad de las personas”, señaló entonces esa institución. En estos dos casos, la CEDH pidió a la SSP ofrecer una disculpa pública por las violaciones a los derechos humanos de las víctimas y sus familias y que reconozca la responsabilidad institucional en las muertes y asuma el compromiso de reparar el daño a las víctimas.
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Esta nota fue realizada por LA MAREA, parte de la alianza de medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes leer la original.
