Carla Esparza Quintero, regidora en el Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco ha denunciado ser víctima de violencia política en razón de género desde el inicio de la actual administración municipal (a finales de 2021) y hasta la fecha por parte del actual presidente municipal, Luis Alberto Michel Rodríguez, así como de parte de cinco funcionarios, como directores municipales y hasta del mismo contralor.
Desde entonces ha denunciado ante la Fiscalía de Jalisco tres atentados en su contra y en contra de sus bienes materiales que, en palabras de Esparza Quintero, “han puesto en peligro su integridad física”. Una de las denuncias más recientes la hizo ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco (IEPC), por lo que, de comprobarse su acusación, el alcalde no podría aspirar a ningún cargo de elección popular posterior.
Por Leslie Zepeda / @lesszep2
Bromas hirientes, agresiones verbales, restringir el uso de la palabra, ridiculizar y humillar en público son algunas de las agresiones que la regidora de Puerto Vallarta, Jalisco Carla Esparza Quintero ha denunciado como violencia política, violencia en razón de género y violencia institucional ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco (IEPC) y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ).
La regidora acusa directamente al mismo presidente municipal, el morenista Luis Alberto Michel Rodríguez, así como a cinco funcionarios más (dentro de la misma administración) por cometer las mencionadas agresiones.
En primer lugar, relata cómo el alcalde Luis Michel en reiteradas ocasiones, durante las sesiones de cabildo, no responde a sus cuestionamientos, además de no darle el uso de la voz hasta que ella toma el micrófono para hacerlo:
“En las sesiones se burla de mí, me calla, me interrumpe, no me permite hacer uso de la voz. Cuando le dije que me negaron el acceso se rio de mí, me dijo, ‘habrá sido otro presidente’ se volteó y se burló con el secretario El alcalde jamás responde a mis cuestionamientos, jamás responde a todos los temas que yo toco. Únicamente se ha dedicado a decir ‘instruyo al secretario general para que le dé seguimiento’ al hacer eso, y al quedar asentado en actas, es que yo le solicito al secretario general y aún así jamás me entrega esa información” detalló.
Además de lo anterior, la regidora Esparza Quintero ha denunciado que le han impedido el paso a algunas reuniones de trabajo de la bancada de Morena, limitándole, incluso, el acceso al salón donde se llevan a cabo dentro del edificio de la presidencia. Según narró, esto mediante un trabajador del alcalde que se interpone entre ella y la puerta del salón de trabajo.
Sumado a ello, denunció en rueda de prensa que, en la sesión cabildo de agosto, donde se presentó la iniciativa para modificar la Ley de Ingresos por parte del presidente Luis Michel Rodríguez, Carla Esparza fue a la única regidora que minutos antes de empezar la sesión le fue presentado un nuevo documento argumentando una “pequeña modificación”: “me obstaculizó la información y me negó el derecho de ejercer mi voto de manera razonada”, reconoce Esparza Quintero. Según denuncia, esta acción no se realizó conforme a la ley, ya que, dicho documento debía haber llegado a sus manos al menos 48 horas previas al momento de emitir su voto.
Por ello, en caso de que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco (IEPC) corrobore las acusaciones de la regidora Carla Esparza Quintero contra el alcalde Luis Michel Rodríguez, éste sería incluido en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género y con eso se le impediría volver a buscar un cargo de elección popular.
Así, el pasado lunes 3 de octubre la regidora Carla Esparza Quintero acudió hasta las instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos de Jalisco (CEDHJ) en la ciudad de Guadalajara para levantar una queja oficial contra el alcalde y cinco servidores públicos del Ayuntamiento de Puerto Vallarta por violencia política en razón de género, donde refirió 21 hechos con fechas y nombres de las agresiones en su contra.
Esparza Quintero señala directamente (junto al alcalde) al titular de la Dirección de Turismo municipal, Ludwid Estrada Virgen; el Secretario General del ayuntamiento, Felipe de Jesús Rocha; el Oficial Mayor administrativo, Carlos Virgen; el director de Desarrollo Institucional, Enrique Márquez Hernández; y al Contralor municipal, Héctor López González.
La regidora señaló al director de Desarrollo Institucional, Enrique Márquez Hernández, de hacerle llegar solicitudes de información bajo el mecanismo del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales de Jalisco (ITEI), donde “no se solicita información pública”, sino que se realizan comentarios irrelevantes a su labor y sobre todo, ofensivos contra ella:
“He sufrido ridiculización de imagen por parte del director de Desarrollo Institucional, Enrique Márquez que circula copias de oficios a más de cien personas, entre directores, regidores, etc. Están llegando por transparencia más de tres mil solicitudes de información pública al mes sobre mi persona que son absurdas y denigrantes, como si el Ayuntamiento me paga cirugías plásticas, si robo perros o estoy haciendo abrigos como Cruella de Vil, o si se me ha practicado algún examen de salud mental”.
Enrique Márquez Hernández, según relata la regidora, es responsable de difundir estas presuntas solicitudes con otros funcionarios del Ayuntamiento, por lo que, afirma que esto podría ser parte de un proceso de prueba para un fraude procesal, ya que cada mes llegan hasta tres mil y tantas solicitudes con ese tipo de contenido:
“Cuando se supone que no tenemos dinero y las impresiones las reparte a personas que no tienen nada qué ver con esto. Es más, otros regidores han ido a reclamarle que cómo es posible que esté perjudicándome de esa manera. Todavía hace cinco días se lo pedí y me dijo ‘haga lo que tenga que hacer, yo interpreto la ley de una manera y usted de otra” añadió Carla Esparza.
Al respecto la regidora por Morena afirma que por estos hechos presentó una queja ante el Contralor municipal de Puerto Vallarta, Héctor López González desde el pasado 28 de septiembre, sin embargo, el funcionario no le ha dado ninguna resolución.
Asimismo, como presidenta de la comisión edilicia de Turismo y Desarrollo Económico, también ha acusado al director de Turismo Municipal, Ludwid Estrad Virgen de no atender a las solicitudes de sesiones de trabajo a las que ella le ha convocado con el fin de elaborar un plan de trabajo. La ha ignorado por completo, afirma.
Esparza Quintero denuncia, también, que ha vivido atentados en su contra mediante fallas mecánicas a su automóvil, mismas que suceden cada vez que se ha opuesto a las iniciativas o propuestas de la actual administración encabezada por el Morenista Luis Michel. Tras el primero de estos eventos que terminaron en una alteración a su auto, ella decidió cambiar su domicilio (pese a ser su hogar por varios años) para salvaguardar su seguridad y la de su familia.
Lo anterior no fue suficiente para proteger sus bienes, precisa, ya que después de un mes sin estar presente en su casa, acudió para revisarla y se encontró con que la propiedad había sido vandalizada y sus pertenencias le habían sido robadas. Los daños y pérdidas ocasionadas ascienden a un monto superior a los cien mil pesos. El último ataque, según narró la regidora, pudo haber terminado un accidente de alto riesgo, ya que la llanta de su vehículo del lado del copiloto fue aflojada, sin embargo, al circular a una baja velocidad, los daños fueron menores:
“Por supuesto que tengo temor, si ya han hecho lo que han hecho en sesiones pasadas cuando he declarado, con esto por supuesto que tengo mucho temor en que sé que podría tener represalias, pero tengo más temor en quedarme callada y ser cómplice “
La Comisión de Igualdad de Género y Desarrollo Integral Humano del Ayuntamiento de Puerto Vallarta ha denunciado que el alcalde Luis Michel no ha respetado la paridad de género dentro del mismo. Esto a pesar de tener como límite los primeros 100 días de su administración para asegurar este derecho, pero ya han transcurrido seis meses del término de este periodo. Lo que, aunado a las denuncias de la regidora, evidencia la falta de atención, interés y, hasta obstaculización de parte del alcalde, hacia los derechos políticos de las mujeres dentro de su administración.
La regidora ha presentado ya una denuncia ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción. De acuerdo con sus declaraciones, le será entregado un pulso de vida y, probablemente, medidas de protección que se ejecutadas por la Secretaría de Seguridad Pública.
