Investigación
En medio de recortes presupuestales, la autoridad incumple metas de inspección para vigilar las descargas tóxicas en ríos y cuencas, las visitas de supervisión se desplomaron en los últimos tres años y las sanciones contra infractores están en niveles mínimos.
Por Adriana Navarro Ramírez / Quinto Elemento Lab
Videos: Diego Reynoso / Fotografías: Rafael del Río / Infografías: Téhwa Comunicación
El río Santiago nace en Chapala, el lago más grande de México, y serpentea 475 kilómetros entre diversos municipios de Jalisco y Nayarit para desembocar en el océano Pacífico. Ese recorrido es tierra de un solo hombre: Adalberto Campa García. O al menos lo fue durante dos años. Campa fue el único encargado de vigilar las descargas de aguas residuales cuando el río más contaminado del país fluye por Jalisco.
Fue un sheriff solitario. Entre 2020 y 2021 era el único inspector asignado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para examinar los desechos que se vierten en el río Santiago. Este pasante de ingeniero topógrafo tuvo durante ese par de años sobre su espalda la responsabilidad de vigilar los vertidos de unos 40 mil usuarios en el tramo jalisciense del sistema Lerma-Santiago, una de las cuencas más importantes del país.
Este no es un río recuperado como el Támesis que atraviesa Londres o el Rin que cruza desde Suiza hasta Países Bajos. El Santiago es un afluente que diariamente recibe más de 500 toneladas de sustancias tóxicas procedentes de plantas industriales, empresas agrícolas, instituciones públicas y residencias particulares. Aquí el olor es nauseabundo. La pestilencia atraviesa calles, escuelas, plazas públicas y templos. Penetra en los hogares y queda impregnada en cortinas, paredes, muebles y ropa.
La contaminación y las enfermedades que provoca en la población que vive cerca del cauce del río Santiago son atribuibles al exceso de vertidos tóxicos, al deficiente tratamiento de aguas residuales y al incumplimiento de las normas establecidas por la propia Conagua y por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
Pero el Santiago no es el único. Los ríos, torrentes y cuencas en México son escasamente monitoreados. La cantidad de inspectores que supervisan las descargas es prácticamente la misma que hace doce años, los vigilantes no pueden cumplir con sus metas de inspección y la falta de inversiones gubernamentales para revisar la calidad del agua ha originado una burocracia que favorece la contaminación, de acuerdo con una investigación apoyada por Quinto Elemento Lab.
El gobierno federal tiene 163 inspectores para vigilar el uso del agua y las descargas residuales en todo el país. La Auditoría Superior de la Federación (ASF), un órgano del congreso federal, ha planteado que deberían ser cuando menos cuatro veces más.
No sólo eso. En los últimos tres años se redujeron a la mitad las visitas que hace la autoridad para vigilar el correcto uso del agua y sus vertidos, la apertura de procedimientos contra usuarios que violan las reglas cayó drásticamente así como también tocó niveles mínimos la imposición de sanciones económicas y administrativas contra los infractores.
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