Medios Aliados
Este mes el Caso Ayotzinapa se convirtió en un terreno de choque entre distintos grupos de poder: un sector está representado por la Comisión de la Verdad de Segob que trabajaba de la mano con la UEILCA, una unidad de la FGR creada para esclarecer la desaparición de los 43 estudiantes, y la propia FGR que ha mostrado un repentino arrepentimiento sobre las órdenes de captura que había pedido y beneficiado a quienes son señalados por participar en la “Noche de Iguala”, entre ellos a miembros del Ejército. En reacción, vemos filtraciones de información reservada, descalificaciones, órdenes de aprehensión que son canceladas, comunicados y conferencias urgentes y pleitos que han derivado en amenazas, renuncias y denuncias penales.
Mientras esto ocurre, los padres y las madres de los 43 estudiantes desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, siguen en busca de sus hijos.
Estos son 15 momentos necesarios para entender cómo llegamos a este enredo.
Por el Equipo de A dónde van los desaparecidos*
Foto portada: Mario Marlo / @MarioMarlo
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La Comisión Presidencial para el Caso Ayotzinapa presenta su informe al Presidente, gabinete y algunas familias
El 18 de agosto, después de la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador con todo el gabinete reunido en Palacio Nacional, algunos padres y madres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos desde 2014 y sus abogados de los Centro Prodh y Tlachinollan, escuchó al subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, presentar los resultados de la Comisión de la Verdad que encabeza sobre el caso.
Aunque pidieron a los integrantes del Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI) que se subieran a su lado, el grupo no aceptó porque no sabía qué iba a anunciarse.
Apoyado por un power point, el subsecretario de la Secretaría de Gobernación, según relataron tres personas presentes, informó de lo hecho por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ), que él encabeza. Habló de 3 grupos que habrían tenido a los estudiantes, y de los lugares donde habría que buscar. Presentó unas capturas de pantalla inéditas, que apoyaban su relato; información que era inédita.
El titular de la Fiscalía General de la República, en su turno, anunció que en las próximas horas habría acciones legales relevantes. Cuando mencionaron las cifras de militares involucrados, ambos dieron números distintos.
El presidente, cálido con las familias, compungido, en voz baja les dijo que su lucha no fue en vano, les entregó el informe. Las familias lloraban. Al final, a las familias y a sus abogados les entregaron los libros del informe testado (una barra negra ocultaba la nueva información) con sus ocho anexos.
Todo parecía como si fuera el cierre de la investigación, según los asistentes.
(Una fuente consultada dijo que una semana antes el presidente había pedido que le presentaran los resultados finales, tanto a FGR como a la Comisión Presidencial. Y esa prisa por cumplir la orden podría ser una de las causas de los enredos que seguirían.)
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El “Crimen de Estado” y el anuncio de próximas detenciones
Al salir del encuentro con el Presidente y las familias, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, dio una conferencia de prensa en la que que dijo por primera vez que no hay indicios de que estén vivos los estudiantes y que su desaparición fue un “crimen de Estado” en el que participaron miembros de Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano que estuvieron al tanto de los hechos, participaron en el crimen, fabricaron evidencias, torturaron personas, encubrieron o fabricaron hechos.
En la presentación del informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ), que él preside, anunció que 33 personas serían llevadas a la justicia por su participación en el crimen como perpetradoras o encubridoras.
Mencionó que en el asesinato, además de criminales del grupo Guerreros Unidos, están involucrados policías municipales y estatales, así como personal del ejército, la marina y la PGR que estuvieron al tanto de los hechos desde el inicio y no lo previnieron, sino que participaron encubriendo y montando una verdad distinta.
La conferencia parecía no traer revelaciones, pues la mayoría de lo dicho había sido presentado antes en los tres informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Pero el informe saltó a medios de comunicación porque tenía información sobre cómo fueron asesinando a los estudiantes y la lista de funcionarios que habrían participado en la cadena de mando donde se inventó la “Verdad Histórica”; en esta aparecían los nombres del general Saavedra, quien había estado al frente de la 35 Zona Militar de la IX Región Militar con sede en Chilpancingo y de Omar García Harfuch, actual Secretario de Seguridad Pública de la CDMX, que en 2014 era comisario de la Gendarmería de la Policía Federal (aunque negó su participación, el diario El País mostró documentos del ejército donde se le menciona).
(Encinas entregó un informe que tenía una tercera parte de la información testada, supuestamente para no entorpecer procesos penales. Se había guardado información clave, que sería una bomba hasta el lunes siguiente)
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La captura de Murillo Karam y el “descuidado” desempeño de la FGR
El 19 de agosto, un día después del informe de la CoVAJ, en una maniobra inesperada la FGR detuvo al exprocurador general de la República Jesús Murillo Karam –a cargo de la PGR al momento de la desaparición de los 43 estudiantes y de la primera investigación llamada “verdad histórica”– acusándolo de los delitos de tortura, contra la administración de la justicia y desaparición forzada.
Sin embargo, en la audiencia inicial saltó a la vista que no estaba presente la Unidad Especial para la Investigación y el Litigio del caso Ayotzinapa (UEILCA) de la FGR, que dirige Omar Gómez Trejo, quien fue secretario técnico del GIEI.
La UEILCA fue creada este sexenio presidencial para investigar el caso y que debía presentar la acusación ante el juez de control Marco Antonio Fuerte Tapia. En su lugar había agentes de la Fiscalía Especializada en Asuntos Internos que no conocían la carpeta de investigación completa y no estaban preparados para llevar la audiencia, como lo recriminó el mismo juez federal Marco Antonio Fuerte Tapia.
Después se sabrían las razones de este “descuido”.
Actualmente, el ex procurador se encuentra en el Reclusorio Norte, pero una jueza federal admitió una demanda de amparo presentada por Murillo para que se declare ilegal su detención y determinó que el juez Fuerte Tapia deberá esperar a que emita su sentencia definitiva para iniciar el juicio contra Murillo Karam. Es decir, se podrá realizar la investigación complementaria e incluso la audiencia intermedia.
El subsecretario Encinas aseguró que la FGR impugnará la determinación de la jueza federal.
(Quienes desde la FGR conocen el caso señalan que por los delitos señalados a Murillo Karam, no serían de penas máximas y que la UEILCA estaba fundamentando otros que conllevaban penas más graves, pero, por urgencias políticas, la captura se adelantó; quien coordina la Unidad de Asuntos Internos es Adriana Campos, quien en 2016 había relevado al interior de la PGR, en el sexenio de Peña, al visitador que se había atrevido a documentar ilícitos en la actuación de la procuraduría y que fue removido del cargo)
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Se anuncian 83 órdenes de aprehensión; cuatro militares son capturados
Cartel de Ayotzinapa con la foto del General Alejandro Saavedra, quien estaba al frente de la 35 Zona Militar de la IX Región Militar con sede en Chilpancingo, 2014 y a la que reportaban el 41 y 27 Batallón. Foto: Especial.
El 19 de agosto estuvo movido: la fiscalía de Gertz Manero anunció que se giraron 83 órdenes de aprehensión, 20 de estas contra mandos y tropa de los batallones 27 y 41 de Iguala, Guerrero.
Entre estos se ordenó la aprehensión del general José Rodríguez Pérez, quien en 2014 había sido comandante del 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala, acusado de delincuencia organizada por supuestos vínculos con Guerreros Unidos, no por desaparición forzada; él se entregó a la justicia y señala que es inocente.
Un mando más es el capitán José Martínez Crespo, del mismo batallón de infantería, quien supo de los ataques e incluso estuvo presente en algunos escenarios del crimen aquella noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre. Crespo se encuentra en prisión desde noviembre del año pasado por delincuencia organizada en su modalidad de delitos contra la salud, su nueva orden de aprehensión es por el delito de desaparición forzada.
Bajo este mismo delito están vinculados el sargento Eduardo Mota Esquivel y el subteniente Fabián Alejandro Pirita Ochoa, a quien también se le acusó de delincuencia organizada.
(A partir de ese momento comienza una extraña danza de cifras pues había comenzado una operación al interior de la FGR para retractarse de los números que anunció y de varios nombres para quienes pidió captura. Es de notar que las cifras de la FGR no coinciden con los nombres y cifras que había presentado antes Encinas desde la CoVAJ)
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El GIEI pide las pruebas a la CoVAJ; las desconocía
El 22 de agosto, tras cuatro días de silencio, el GIEI -el grupo de expertos internacionales promovido por la CIDH que desde 2015, y en intervalos, ha investigado de manera independiente el caso- informó en un comunicado que aunque ha trabajado de la mano de la Comisión Presidencial (la CoVAJ) no tuvo acceso directo a los materiales de donde surgen “las capturas de pantalla que aparecen a partir de la página 38 del informe”, ni a los peritajes.
Por ello solicitó acceso a las pruebas que sustenten el informe y a los dispositivos de donde se obtuvieron las capturas “y que esos elementos sean presentados a la fiscalía de inmediato”, porque al poder judicial y a los jueces les corresponde evaluarlas.
(Aparentemente las capturas de pantalla existen desde abril pero la Comisión Presidencial no informó a la UEILCA y el GIEI aunque desde 2020, cuando el GIEI volvió a México, por invitación del presidente, compartían todas las diligencias e investigaciones. El ocultamiento de esa información causó sorpresa.)
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Nueva revelación: El “Coronel” mandó matar a 6 normalistas
El 26 de agosto, durante la conferencia matutina del Presidente conocida como mañanera, el subsecretario Encinas presentó por segunda vez el Informe y soltó una bomba al implicar por primera vez al ejército con participación activa en la desaparición y homicidio de los estudiantes.
Reveló que el hoy general José Rodríguez Pérez dio la orden de asesinar a seis de los 43 estudiantes, quienes habían sido trasladados a un lugar conocido como “la bodega vieja”, donde cuatro días después de la noche del 26 de septiembre en que fueron desaparecidos, permanecían con vida.
“Hay la información, corroborada también, con llamadas al teléfono de emergencia 089, donde se acredita que presuntamente seis de los estudiantes de los 43 desaparecidos estuvieron retenidos durante varios días y con vida en lo que llaman la bodega vieja y de ahí fueron entregados al Coronel, como viene en los testimonios, quien se hizo cargo de estos muchachos”, reveló.
“Fueron ultimados y desaparecidos por órdenes del ‘Coronel’, presuntamente el coronel José Rodríguez”, dijo en referencia al militar que en septiembre de 2014 era comandante del 27 Batallón de Infantería en Iguala.
Según el Informe, el general estuvo en contacto con “El Chino”, integrante del grupo criminal Guerreros Unidos, quien presuntamente reportaba al coronel acerca del ataque contra los normalistas. Y anunció diversas órdenes de aprehensión.
En el informe se mencionaba también que algunos estudiantes pudieron haber sido enterrados en el 27 Batallón y que sufrieron muertes terribles.
(La información de el “Coronel” se menciona en el cuerpo del informe de la CoVAJ y en el anexo 8, donde se encuentra la información de las capturas de pantalla. En este exhibe un convenio con el Centro Geo de Conacyt que habría dado validez técnica a la información de este tomo sobre las llamadas telefónicas y geolocalizaciones de los implicados en la noche de Iguala; sin embargo, en la información no viene incluído un análisis de las capturas de pantalla, sólo se menciona su existencia)
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Absuelven a Abarca y denuncia contra los jueces de parte de Encinas
El 23 de septiembre, por “acuerdo del Gabinete de Seguridad”, las áreas jurídicas de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) ingresaron en la FGR una denuncia contra Samuel Ventura Ramos, juez de Distrito de Procesos Penales Federales, con sede en Matamoros, quien lleva el caso Ayotzinapa.
Se le acusó de la “probable comisión de delitos contra la administración de justicia y lo que resulte”. Aunque no en pocas ocasiones desde la conferencia mañanera las resoluciones del juez habían sido criticadas, la absolución de 24 personas a las que la FGR acusa de intento de homicidio contra uno de los jóvenes estudiantes la noche del 26 de septiembre de 2014 (como parte de los ataques a los normalistas de Ayotzinapa), fue el detonante de la denuncia. Además, por haber absuelto, el 14 de septiembre de 2022, al ex presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca del delito de secuestro. Desde 2014 se difundió que la esposa de Abarca es hermana de los líderes de Guerreros Unidos en Iguala.
En total, este juez ha dictado 120 absoluciones por este caso.
El enojo ya se había venido rumiando en la conferencia mañanera al grado de que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, ha señalado su desacuerdo con las críticas de López Obrador y defendido la actuación de los jueces del caso debido a que las primeras investigaciones, que se iniciaron durante el sexenio de Peña Nieto, tienen vicios desde el inicio y se usó la tortura para obtener declaraciones.
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Filtración de capturas de pantalla, hija de Abarca niega el contenido, comienza una guerra en redes sociales
El 24 de septiembre, la periodista Peniley Ramírez publicó en Grupo Reforma una columna titulada “Ayotzinapa, el encubrimiento”, acompañado de un hilo de Twitter con capturas originales y sin testar, del informe preliminar de la Comisión para la Verdad del caso Ayotzinapa.
En el hilo de Twitter, la periodista menciona que una fuente, que tenía acceso al informe, la buscó; y recuerda que el informe reconstruye los hechos a partir de lo que integrantes de grupos criminales, sus parejas, funcionarios del gobierno municipal de Iguala, sus familias y militares, hablaron por mensajes de texto y Whatsapp la noche del 26 y 27 de septiembre, y días más tarde.
En la versión testada del informe, tres son los apartados que permanecían prácticamente ocultos de la narrativa de los hechos: 1) Órdenes de ejecución de los estudiantes; 2) Desaparición de los estudiantes (quemados y metidos en bolsas; arrojados al Río Balsas, al pozo de Pueblo Viejo, disueltos en ácidos, aventados a una mina -supuestamente en Carrizalillo); y 3) Limpieza de gobierno.
Sus publicaciones causaron polémica. Aunque la mayor parte de los hechos estaban contenidos en el informe, y ya había notas periodísticas dando cuenta de lo ocurrido, el público se dividió entre quienes la acusaron de revelar una investigación en curso y hacer daño a las familias, y entre quienes consideraron que ella reveló la verdad que supuestamente el gobierno actual quería ocultar.
Entre las revelaciones se señala que el 29 de septiembre, una persona a la que identifican como “A1” (presuntamente José Luis Abarca, alcalde de Iguala, aunque la familia Abarca señala que es el ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre) dice que Enrique Peña Nieto mandó a Tomás Zerón, entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, a “dar una solución” al caso.
Y se reitera que el 30 de septiembre, cuatro días después de los hechos, “El Chino” le informa a “El Negro” que seis estudiantes aún están vivos y se encuentran en la Bodega Vieja (una bodega ubicada en Pueblo Viejo, en la colonia Guadalupe, a las afueras de Iguala). “El Negro” quedó de arreglar esa situación, pero más tarde, “el Coronel” le dice a “el Chino” que ellos se encargarán de “limpiar todo”.
Esta información ya había sido parcialmente descrita en el cuadro comparativo de la “verdad histórica” y la información actual, del informe, pero en la narrativa de los hechos aparecía testada. También la denuncia anónima al 089 que el 30 de septiembre, a las 21:11 horas, registró la Sedena; en ella se menciona que a los estudiantes los tienen en una bodega y se dan indicaciones de cómo llegar al lugar.
En otro momento, “El Tilo” menciona que cuando la “gente de México” va a limpiar “el cagadero”, se está pensando en sacar los restos de los estudiantes de los lugares en donde los habían depositado para llevarlos al batallón.
La periodista terminó el hilo de Twitter con dos capturas de pantalla sobre las órdenes de ejecución de los estudiantes:
“Mi papá estaba bien enojado y estaba diciendo: recuperen la mercancía y me chingan a todos a discreción”, le dijo Yaza (presuntamente la hija de José Luis Abarca) a su amiga Karen.
Mientras tanto, la hija de Abarca (Yazareth) recriminó con un tuit al subsecretario Encinas, en donde desconoció esos diálogos y lamentó “haber confiado” en él. Poco después dio de baja su cuenta de Twitter.
(En su columna, el periodista y escritor John Gibler se pregunta sobre la veracidad de las capturas de pantalla presentadas por la CoVAJ y si estas no se convertirán en el nuevo basurero de Cocula)
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Familias y estudiantes protestan ante el Campo Militar #1: los 43 “pueden estar ahí”
Durante 3 días, estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa y familiares de los 43 normalistas desaparecidos realizaron protestas en la Ciudad de México, en el marco de la conmemoración de los 8 años de la desaparición del 26 de septiembre de 2014.
La primera protesta fue en la Embajada de Israel donde exigieron la extradición de Tomás Zerón de Lucio, quien durante el sexenio de Enrique Peña Nietofue jefe de la Agencia Criminal de Investigación -al que el informe señala que fue “el asesor venido de México”-. El ex funcionario se esconde en Tel Aviv y es acusado por la FGR de tortura y desaparición forzada, métodos con los que se obtuvieron las confesiones que sustentaron la “verdad histórica”.
La protesta se trasladó a las instalaciones de la FGR donde fueron recibidos por policías con escudos que resguardaban el ingreso al edificio.
“Levantamos la voz en esta Fiscalía, para que informen a los padres y madres qué ha pasado con las investigaciones y con las órdenes de aprehensión que hay. ¿Por qué no se han ejecutado esas órdenes de aprehensión?”, gritó uno de los estudiantes que encabezaba la manifestación, documentó El País.
Al final un grupo de jóvenes lanzó piedras y petardos contra los policías, que les causó heridas, rompió vidrios e hizo pintas con graffiti en los muros.
En el Campo Militar No. 1, en el tercer día de manifestaciones consecutivas, y después de que el Presidente pidió desde su conferencia matutina que no hubiera violencia, los padres, las madres, los estudiantes de Ayotzinapa y sus acompañantes realizaron un acto de protesta que subió de tono al término de los discursos.
La exigencia de abrir las instalaciones y entregar información que lleve a esclarecer los hechos, fue la constante.
“Sabemos que en este Campo Militar hay muchas cosas que aclarar, hay mucha información que no quieren dar. ¿Qué esconden? ¿A quién defienden?”, señaló la señora Joaquina García, madre del estudiante desaparecido Getsemany Sánchez García.
Exigieron dejar de encubrir al 27 Batallón de Infantería de Iguala.
“La desaparición de los 43 normalistas, los 43 hijos, siempre lo habíamos dicho que fueron los militares del 47 Batallón de Infantería. Ahora la investigación nos dio la razón. No sé por qué encubren a esos elementos del 27 Batallón, porque ellos sabían el momento exacto en que estaban desapareciendo a nuestros hijos”, dijo Mario González, padre de César González, uno de los 43 normalistas desaparecidos.
Tras los discursos de los familiares, los normalistas intentaron ingresar al Campo Militar y derribaron una de las puertas de entrada a las instalaciones. En reacción la Policía Militar protegida con escudos y cascos se acercó a la puerta para enfrentar a los normalistas. Con cohetones y piedras los estudiantes trataron de mantener al margen a los elementos, que finalmente no se enfrentaron con los estudiantes.
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Revelación del retiro de la FGR de 21 órdenes de captura
El 25 de septiembre se reveló la causa de la furia de los normalistas de Ayotzinapa y de las familias de los desaparecidos: funcionarios de la FGR pidieron al juez cancelar 21 de las 83 órdenes de aprehensión que la UEILCA había solicitado un mes antes.
De esas 21 órdenes -según revelaron el diario El País y la revista Proceso– 16 son contra militares. Del total de las 83 órdenes de aprehensión, solo se han ejecutado cuatro.
La UEILCA no fue avisada ni por la FGR ni por el titular del Segundo Juzgado de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, el juez que aceptó en un principio las órdenes de aprehensión y que hizo efectiva la cancelación. La petición de cancelación fue presentada -según Proceso- por agentes de la FGR, “adscritos a su juzgado y a la delegación estatal de la institución, funcionarios que son ajenos a la tramitación de la causa penal 15/2022, en los que los 21 estaban imputados”.
Las órdenes de aprehensión canceladas eran por delincuencia organizada, desaparición forzada y contra la administración de la justicia”.
Entre esos servidores exonerados por la FGR se encuentra quien fue comandante del 41 Batallón de Infantería y coordinador del programa Guerrero Seguro, el coronel Rafael Hernández Nieto, actualmente es general.
“Además de los militares, el juez a cargo del caso, con sede en Toluca, ha aceptado cancelar igualmente las órdenes de detención contra el exprocurador de Guerrero en la época, Iñaki Blanco, por delincuencia organizada; contra el juez de Barandilla de Iguala entonces, Ulises Bernabé, por desaparición forzada, y contra tres funcionarios del poder judicial de Guerrero, entre ellos la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, por desaparición forzada y obstrucción a la justicia”, publicó El País.
Tras enterarse de la cancelación, el fiscal Omar Gómez Trejo y el director general adjunto de la Unidad, José Miguel Rivera Esquivel, adviertieron en un oficio de respuesta que, al ser notificado únicamente el agente adscrito al juzgado, “se entiende que hemos sido relevados del seguimiento de la causa” por decisión del juez Beltrán Santes.
(Es de llamar la atención que se quedaron las órdenes de aprehensión de los militares cuyos nombres ya habían sido ventilados en la conferencia de Encinas o en comunicados, y que se exculpó a otros -como el coronel Hernández Nieto o dos agentes de inteligencia militar, aunque compartían los mismos delitos. Otro dato revelador es que el “Coronel” Rodríguez Pérez, que habría mandado matar a los estudiantes, no estaba acusado de la desaparición sino de crimen organizado, esto es porque la CoVAJ sorprendió a todos con la revelación y no había compartido los datos al momento en que la UEILCA de Gómez Trejo pidió las órdenes de captura.)
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El ejército defiende a los suyos y descalifica a la CoVAJ; Encinas se defiende
El 24 se septiembre vimos en televisión una sorprendente entrevista: El general Rodríguez, quien Encinas aseguró que era “el Coronel”, defendiendo su inocencia desde la prisión militar de Campo Marte ante el periodista Jorge Ferández Menéndez, cercano a los aparatos de seguridad y quien siempre ha defendido la “verdad histórica” de Peña.
El hecho fue inédito porque la SEDENA se caracteriza por no permitir que periodistas metan cámaras o grabadoras a sus instalaciones, mucho menos a su cárcel.
En redes sociales comenzaron a publicarse mensajes culpando a Encinas de querer ensuciar al ejército y desacreditando el informe de la CoVAJ, mencionando que el funcionario había inventado las conversaciones contenidas en las capturas de pantalla y que las acusaciones se basan en la declaración de un sicario, un testigo protegido llamado “Juan”.
Se dió a conocer que un grupo de abogados, del que forma parte el ex subsecretario de seguridad de este gobierno, Alejandro Robledo Carretero, defenderán a los cuatro militares detenidos (Pirita, Mota, Crespo y el general Rodrígez). Como primer hecho anunció una denuncia penal contra el subsecretario Encinas.
Los defensores de Murillo Karam prendieron fuego en redes sociales. El diario Excélsior publicó que, una fuente anónima de la FGR informó que investigará a los integrantes de la Comisión de la Verdad que encabeza Encinas por la filtración de las capturas de pantalla, y los integrantes de la UEILCA, la unidad desautorizada y arrinconada por la misma institución.
Ante los ataques recibidos, el subsecretario Encinas publicó una columna en la que señaló que los defensores de la “verdad histórica” a los que llamó “vestigios del Estado del viejo régimen, el mismo que cometió este crimen”, están buscando descalificar y desinformar acerca del informe de la Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa.
A la crítica de que las acusaciones contra el ejército se basan solo en el testigo“Juan”, aseguró que la información se sustentó en “al menos 115 testigos y colaboradores directos, el análisis de miles de documentos y de más de 80 millones de llamadas telefónicas” incluyendo cruces de llamadas entre “el grupo delictivo y funcionarios públicos”.
Sobre la denuncia contra el juez Samuel Ventura Ramos tras la absolución de 77 personas (víctimas de tortura por la entonces PGR, “lo cual es absolutamente inadmisible”), Encinas criticó que: “lejos de ordenar restablecer el proceso, y señalar y castigar a los torturadores, el juez dictó la libertad absolutoria a algunos de los principales perpetradores de la desaparición”.
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El 8vo aniversario de la desaparición: papás y mamás piden pruebas científicas de la muerte de sus hijos y culpan al ejército de los hechos
En la marcha conmemorativa en la Ciudad de México del octavo aniversario de la desaparición, los familiares de los estudiantes desaparecidos y los estudiantes repetían que el caso no había concluido, y culpaban al ejército de la obstrucción de la verdad.
Iban molestos: por la mañana el Presidente López Obrador mencionó que era día de luto nacional, pero padres y madres de los desaparecidos decían que no existen pruebas de la muerte.
El señor Mario González, padre de César Manuel González dijo al micrófono: “no hemos tenido científica ni técnicamente lo que dicen esos pantallazos, y que vamos a estar aquí”.
El señor Emiliano Navarrete Victoriano, padre de José Ángel Navarrete, expresó: “Si había un pequeño avance con este gobierno, un mínimo avance, pero cuando se llegó al punto de tocar al ejército ahí todo se vino para abajo, todos se echaron la bola (…). ¿Qué está haciendo el Presidente cuando ve que el Fiscal General de la República se desiste de las órdenes de detención? Le echan la culpa a los jueces, le echan la culpa al fiscal pero entre ellos no hacen nada”.
“Queremos decirle al Fiscal General de la República que vamos a ir y tiene que dar resultados y sino vamos a pedir su destitución”.
La señora Hilda Leguideño, madre de Jorge Antonio Tizapa, leyó el comunicado de los padres y madres de Ayotzinapa en el que refirió que “sólo existen hipótesis sin solidez probatoria” sobre la muerte de sus hijos, y que jueces y ministerios públicos han sucumbido al poder militar, cancelando 17 órdenes de aprehensión que se habían obtenido en agosto pasado. “
El actual gobierno guarda silencio, sin darnos una explicación. Por el contrario, se agazapan, nos cierran las puertas de las instituciones”, reclamó.
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Arrinconado, renuncia el fiscal del Caso Ayotzinapa a la UEILCA
El 27 de septiembre surgió una nueva revelación: desde el 15 de septiembre el fiscal de la UEILCA, Omar Gómez Trejo, renunció a su cargo por desacuerdos con su jefe, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, y la marginación de su labor.
Los problemas habrían empezado el 15 de agosto cuando el fiscal general pidió a Gómez la judicialización a Murillo, a lo que Gómez habría dicho que necesitaba un mes para llevarla a cabo y robustecerla, tiempo de espera que Gertz no aceptó.
Gómez continuó con sus actividades: solicitó a un juez federal órdenes de captura contra 83 personas relacionadas con el caso, y después hizo un viaje a Israel para hablar con fiscales de ese país y convencerles de la extradición de Tomás Zerón, el orquestador de la “verdad histórica”. Allá se enteró de la noticia de la detención de Murillo.
En redes sociales y columnas políticas comenzaron a circular versiones tendientes a culpar a Gómez de no dar resultados y del pésimo desempeño en las audiencias contra Murillo.
Cuando Gómez Trejo volvió a México encontró la oficina tomada por funcionarios de Asuntos Internos y de “personas ligadas a la ex SEIDO, que habían trabajado con Gualberto Ramírez”, otro de los implicados en el caso, como confió una fuente anónima. Esas personas estaban a cargo de las carpetas de investigación y el 7 de septiembre pidieron cancelar 21 de las 83 órdenes -16 eran contra militares. Una semana después el juez “les hizo el favor” y las canceló. Como semanas después difundió la prensa.
Entre las órdenes que presentó por desaparición forzada no estaba incluido el ex coronel, hoy general, Rodríguez Pérez porque al momento de la judicilización su participación en los hechos no había sido compartido por Encinas.
El fiscal Gómez no pudo hacer nuevas diligencias para investigar: la unidad fue despojada de 13 policías ministeriales que se encargaban del trabajo de campo los cuales –según El País– estaban divididos en “dos núcleos, uno centrado en el ataque contra los normalistas, la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, y otro en la construcción de la ‘verdad histórica’”.
El fin del plazo de entrega-recepción de la oficina fue el 30 de agosto. Al momento en que presentó la renuncia se reunió con representantes de las familias para explicarles lo ocurrido.
Según el recuento de El País, los avances de Gómez Trejo al frente de la UEILCA fueron los hallazgos, en 2020 y 2021, de dos fragmentos de hueso de dos de los estudiantes: Christian Rodríguez y Jhosivani Guerrero en la barranca de la Carnicería, en Cocula.
Desde que presentó su renuncia el fiscal informó a las familias de los 43 jóvenes desaparecidos y a sus abogados de todo lo ocurrido en la FGR.
En un comunicado de prensa, el Centro Prodh, representante de las familias de los estudiantes, señaló que la evidencia una “injerencia indebida de los superiores jerárquicos de la FGR” ante la labor independiente de esa Unidad, lo que pone en riesgo el proceso de justicia y pide “que no se adopten represalias en su contra”. Al día de hoy se han manifestado distintos colectivos pidiendo protección para Gómez y reconocimiento a su trabajo.
Por su parte, en un comunicado, la Comisión Interamericana por los Derechos Humanos (CIDH), reconoció los avances de este gobierno para buscar a los estudiantes y de instalar la CoVAJ y la UEILCA, pero expuso su preocupación por información que señala el desplazamiento de la UEILCA en sus funciones ministeriales y del desistimiento de las órdenes de aprehensión.
- ”Se ha tomado conocimiento sobre la judicialización de carpetas de investigación relacionadas con los hechos del caso por parte de otras unidades fiscales de la FGR ajenas a la investigación y sus medios probatorios”
- “Se tuvo conocimiento sobre algunas solicitudes de desistimiento de una serie de órdenes de aprehensión en contra de agentes militares y autoridades ministeriales y administrativas del estado de Guerrero, por parte de agentes externos a la UEILCA .”
- “Desde agosto de 2022, la UEILCA no contaría con personal policial de investigación, lo que impide la recaudación de pruebas para la investigación y judicialización de nuevos cargos, así como el seguimiento de las causas penales abiertas a trámite.”
Recalcó la importancia de la independencia e imparcialidad de las investigaciones para garantizar el acceso a la justicia, así como los impactos negativos cuando “hay cambios de operadores de justicia en una investigación penal” o “falta de coordinación y colaboración efectivas”. Amonestó las filtraciones de información y llamó a que las familias de las víctimas, el GIEI y la UEILCA sean informadas antes de que CoVAJ haga pública cualquier información o pronunciamiento.
Diversas voces, todos las organizaciones del colectivo IMPUDEMIA, han solicitado la renuncia del fiscal Gertz Manero. Organizaciones de derechos humanos y agrupaciones de víctimas han manifestado muestras de solidaridad con el fiscal Gómez Trejo, y funcionarios como Encinas y Karla Quintana, han manifestado su respaldo al trabajo del ahora ex fiscal.
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Se publica información de la DEA sobre nexos entre militares y Guerreros Unidos
Información de Reforma dio cuenta de que la DEA le entregó a la FGR, copias de conversaciones entre miembros de Guerreros Unidos y elementos del ejército, la marina y las policías de Cocula e Iguala. Información que surgió a partir de la intervención de los celulares Blackberry de al menos 8 miembros de Guerreros Unidos entre el 22 de marzo y el 8 de junio de 2014.
A partir de esta información, la UEILCA consiguió 20 órdenes de aprehensión en contra de miembros del ejército. Pero 16 de éstas órdenes han sido canceladas.
“(La FGR) presentó ante un juez las transcripciones de estas comunicaciones para acreditar el delito de delincuencia organizada y consiguió, el pasado 19 de agosto, 20 órdenes de aprehensión contra miembros de los 27 y 41 Batallones de Infantería en Guerrero, aunque tres semanas después se desistió de 16 de esos mandamientos de captura”, publicó.
La intervención de estas comunicaciones, forman parte de un proceso abierto “que se instruye en la Corte Federal del Distrito Este de Illinois, en Chicago, contra miembros de Guerreros Unidos por tráfico de heroína.”
Por otro lado, reveló que la FGR:
“rechazó citar a Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX, para que declare en una de las investigaciones que tiene abiertas por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa”.
En un comunicado, el Centro Prodh comentó al respecto: “(esta información) confirma la necesidad de que integrantes de esa unidad castrense rindan cuentas” y es una muestra de “los riesgos de la militarización sin controles y corrobora que los padres y madres tenían absoluta razón al pedir que se investigara al ejército”.
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¿Y qué ha dicho AMLO? La postura aún no se entiende.
El lunes 26 de septiembre, durante su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que ese día era de “luto nacional” y que el gobierno trabajaba para terminar con la impunidad.
Ante los cuestionamientos de la cancelación de órdenes de aprehensión, dijo que “se ha avanzado mucho” y argumentó que hay muchos intereses de por medio. Cuando la reportera de Proceso le preguntó si había fricciones entre el Poder Judicial y la Fiscalía General de la República (FGR) respondió que había diferencias dentro del gobierno, sin detallar o dar mayor importancia.
Y respecto a la cancelación de las 21 órdenes de aprehensión dijo que se actuó a partir de las personas que aparecían en el informe de la CoVAJ, como responsables, y que hasta ahora no se hará algo al respecto porque “Yo creo que no, no debería, porque el informe es el que nosotros consideramos como válido, sin descartar otros.”
A la par, al ser cuestionado respecto a la posible omisión del ejército para dar información y que las 21 órdenes de aprehensión son de personas relacionadas con esta instancia, López Obrador salió en defensa de la Sedena.
“Sí, se está actuando, pero el ejército es una institución, quiénes fueron los que participaron de manera directa e indirecta, quiénes deben ser castigados, eso es lo que estamos investigando, pero no (fue) todo el ejército. ¿Qué quieren?, ¿que se debilite el ejército, en beneficio de quién?, ¿qué quieren?, ¿un ejército desprestigiado para que entonces vengan las agencias del extranjero y sean ellas las que se hagan cargo hasta de la defensa interior, o de la defensa nacional, como en otros países? ¡Tenemos que defender las instituciones!”, dijo.
El 27 de septiembre tampoco fue clara su postura: “el fiscal se va porque no estuvo de acuerdo con los procedimientos que se siguieron para aprobar las órdenes de aprehensión”.
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¿El GIEI será el árbitro?
Este 29 de septiembre las y los expertos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) darán un informe, que podría ser su informe final.
Existe expectativa sobre lo que dirán acerca de la renuncia de Omar Gómez Trejo, quien fue el secretario técnico del grupo, sobre la validez de las capturas de pantalla aportadas por la COVAJ y presentadas por Encinas, que involucran al coronel en el asesinato de seis estudiantes y sobre el ejército, que en cada informe han señalado por no negarse a ser investigado.
El Centro Prodh, en un comunicado, destacó que corresponde al grupo realizar una evaluación del cúmulo de información de los últimos días, en el balance que próximamente presentará ya que, como instancia internacional, “se encuentra en la posición más adecuada de fungir como fiel de la balanza”.
El 30 de agosto se termina el periodo del grupo en México. Dependerá del presidente de la República renovar la invitación al grupo de expertos independientes y de sus integrantes si permanecen o no en el país.
Mientras tanto, seguimos sin conocer el paradero de 40 estudiantes y sin saber qué les hicieron, quiénes lo hicieron y dónde están.
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Este texto se publicó originalmente en A dónde van los desaparecidos:
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