¿Qué herramientas existen para defender los derechos de las personas privadas de libertad?

El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) invita este próximo 30 de septiembre al taller presencial “Herramientas para defender los derechos de las personas privadas de libertad en el reclusorio”. La invitación es principalmente para los familiares que tienen a alguna persona privada de su libertad, aunque también se invita a colectivos, practicantes y maestros que se interesen por esta problemática.

En el taller se tocarán temas relacionados con la defensa de los derechos humanos de las personas que se encuentran privadas de la libertad, problemáticas que los familiares pueden tener en la defensa de estos derechos, así como la búsqueda de alternativas para tejer redes de apoyo entre personas que se encuentran en la misma situación.

Por Alondra Angel Rodriguez / @alondrixs

Jalisco es el tercer lugar a nivel nacional en cuanto a la cantidad de población penitenciaria, esto según datos del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social que, hasta julio del 2022, registró 13 mil 438 personas privadas de la libertad; de éstas el 53.2% no se encuentran procesadas.

En muchas situaciones, las personas privadas de la libertad se encuentran en condiciones de vulnerabilidad económica, lo que ocasiona que no puedan contratar abogadas o abogados privados, así que no les queda más que recurrir a las y los defensores públicos quienes -de acuerdo a Denisse Montiel, co-coordinadora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD)-  llevan hasta 300 casos a la vez. 

Para la integrante de CEPAD esta vulnerabilidad se suma la excesiva búsqueda de resultados positivos en materia de procuración de justicia de parte de las autoridades, lo que -en conjunto- provoca que se prive de la libertad a muchas personas a las que no se les puede comprobar su responsabilidad en la comisión de algún delito: “Sabemos que existen detenciones arbitrarias, sabemos de actos de tortura con la finalidad de que las personas confiesen un crimen que no cometieron”. 

Esto sucede así, pues pareciera que la única respuesta institucional frente a la violencia es enviar a la gente a la cárcel; en donde además deberán enfrentarse a la sobrepoblación y el hacinamiento.

Denisse Montiel agrega que esto sucede porque el proceso de detención preventiva que debería resolverse en el menor tiempo posible, pero al no suceder termina por prolongar la estancia de las personas en los centros de detención por muchos años. Llegando a casos donde, incluso, después de una década una persona puede ser señalada como inocente. 

Y más terrible aún, pues, en muchos casos las personas privadas de la libertad son trasladadas a reclusorios en otros estados, lo que los aleja de sus familiares. Quienes por falta de recursos o por la distancia misma no pueden visitarles ni estar con ellos como les gustaría, lo que genera una violación a sus derechos. 

“Se suele olvidar lo qué pasa con todas esas personas que están dentro de los centros penitenciarios y se tiene esta concepción, como sociedad, de que son delincuentes, que se lo merecen y que por algo están en la cárcel y que, por eso, no tienen ningún derecho. Estos estigmas se transmiten a las organizaciones y las instituciones del Estado, quienes no dan respuesta a las necesidades de las personas privadas de su libertad, cuestión que se agudizó más a partir de la pandemia”.

Ante esto, sus familiares se ven en la necesidad de solventar todas estas carencias, aunque es el Estado y las autoridades penitenciarias quienes deberían de hacerlo. Lo que complica esta defensa es que, en gran mayoría de las situaciones, quienes acompañan a las personas privadas de su libertad desconocen los procedimientos y acciones que deben seguir: 

“Se piensa que sólo son las personas privadas de la libertad quienes sufren las consecuencias de la no acción del Estado, pero esto no es así, pues también se afectan los proyectos de vida de quienes se quedan fuera, pues es la familia la que toma la responsabilidad de demostrar su inocencia; esa es la mayor apuesta que tienen las familias, ahí ponen toda su vida, empeño y recursos, todo para conseguir la libertad de sus familiares”.

Es por ello que CEPAD creó la plataforma Tus derechos, un micrositio en la página de CEPAD, que incluye la Guia para ejercer tus derechos en un reclusorio; aquí las personas pueden consultar -con un lenguaje sencillo y accesible. cuáles son sus derechos y los de sus familiares privados de la libertad, además de que ahí se comparten los pasos a seguir para defenderse cuando les sean violentados sus derechos. También aparecen los datos de las instituciones a las cuales deben acercarse y los procedimientos correspondientes que se deben seguir. 

En esta plataforma, además, se encuentran en formatos descargables, las distintas solicitudes para hacer valer sus derechos. Todos estos recursos tomando en cuenta las nuevas disposiciones de la Ley Nacional de Ejecución Penal, vigente desde 2016.

Para CEPAD ofrecer estos recursos es importante porque se tiene la concepción de que cuando una persona es privada de su libertad, ésta pierden todos sus derechos por completo; por ello, se busca socializar que esto no es cierto, así como brindar las herramientas que ya están establecidas para la defensa de sus derechos.

Con el objetivo de dar a conocer todo esto, CEPAD realizará el próximo 30 de septiembre el taller presencial “Herramientas para defender los derechos de las personas privadas de libertad en el reclusorio”, el cual está pensado para familias que tienen a alguna persona privada de su libertad, aunque también pueden acudir colectivos, practicantes y maestros que se interesen por esta problemática.

En el taller se hará uso de las herramientas ya mencionadas para que los familiares reconozcan que ellos también tienen derechos y que éstos deben ser reconocidos; además de que se les mostrarán las maneras de ejercitar procesos para acceder a los recursos para sus familiares dentro del contexto de privación de la libertad, tales como: mejores condiciones de vida, vida digna, contacto con el exterior, salud, defensa jurídica, integridad personal, sanciones, así las revisiones y traslados, todo para brindarles orientación sobre qué es lo que se tiene que hacer en situaciones en específico. 

También se busca mostrarles cuáles son las autoridades a las que hay que recurrir dependiendo de la problemática, los tiempos de respuestas y si no hay respuesta a quiénes pueden y deben recurrir.

“Aunque la presunción de inocencia es un principio básico y un derecho que debe de estar presente, en México es al revés, se es culpable hasta que demuestres lo contrario; por ello, se  vuelve una obligación de las personas privadas de su libertad y de sus familiares el demostrar su inocencia”.

Uno de los aspectos más importantes del taller es aterrizar las recomendaciones y consejos para los procesos a los que se van a enfrentar, además de generar redes entre los familiares para que entre ellos puedan auxiliarse y aprender de buenas y malas experiencias, todo en un espacio de respeto y solidaridad. 

Denisse Montiel comenta, por experiencia propia, cómo estas alianzas de solidaridad se convierten en su único sostén entre las familias que viven esta dura situación.

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Si deseas inscribirte al Taller puedes registrarte en ell siguiente enlace wa.link/2di7fv o a través de Whatsapp: 3322545816.

Aquí un kit de herramientas para conocer los derechos de las personas privadas de su familiar y de sus familiares:

https://cepad.org.mx/tus-derechos/personas-privadas-de-la-libertad/

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Alondra Angel
Alondra Angel
Soy estudiante de Comunicación Pública. Me gusta el color blanco, escuchar música y tomar café. Me encanta estar con mi familia. Creo que el periodismo es una manera de hacer algo frente a las problemáticas de hoy y las que tendrán un impacto en el futuro.

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