#RumboAl28S
Ha pasado más de un año desde que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anunció una serie de determinaciones que llaman a los Congresos de los estados a legislar a favor de la despenalización del aborto voluntario; la inconstitucionalidad de la “protección de la vida desde el momento de la concepción”; y el reconocimiento de la objeción de conciencia como un derecho limitado y de carácter individual, así lo recordaron la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en Jalisco (Ddeser Jalisco) y la Red de Defensoras de los Derechos de las Mujeres en Jalisco.
Sin embargo y pese a que en la entidad fueron presentadas en noviembre de 2021 dos iniciativas de ley en la materia, “ni siquiera se ha querido llegar a un acuerdo político del mínimo” consideró la diputada Susana de la Rosa, impulsora de la propuesta legislativa #NosTocaDecidir.
En la presentación de los resultados del Diagnóstico sobre el acceso y garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y personas gestantes de Jalisco, impulsado por la diputada y su equipa de trabajo, las defensoras coincidieron en la demora y la omisión que el poder legislativo ha mantenido respecto al tema, pero, sobre todo, evidenciaron las condiciones estructurales y sistémicas que obligan a atender los vacíos institucionales en la materia para garantizar a niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres adultas y personas con capacidad de gestar el acceso al aborto legal, seguro y gratuito.
Por Dalia Souza / @DaliaSouzal
“¿Les va a tomar más de 365 días armonizar la ley? No les estamos pidiendo que hagan un ejercicio de reflexión, que diseñen una iniciativa. ¡Que armonicen!” advierte Patricia Ortega Medellín, coordinadora de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en Jalisco (Ddeser Jalisco).
El reclamo de la también investigadora en temas de género de la Universidad de Guadalajara (UdeG) guarda relación con el llamado puntual que diversas organizaciones para la defensa de los derechos de las mujeres han mantenido hacia la LVXIII Legislatura del Congreso de Jalisco, tras las determinaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en septiembre de 2021.
“Si la Suprema Corte de Justicia vota por unanimidad, entonces el proceso es obligado por todos los estados” sostiene.
Dichas resoluciones obligan a los congresos de los estados a armonizar sus leyes y normativas para despenalizar el aborto voluntario; reconocer la inconstitucionalidad de la “protección de la vida desde el momento de la concepción”; así como, el reconocimiento de la objeción de conciencia como un derecho limitado y de carácter individual.
Silvia María Loggia, de la Red de Defensoras de los Derechos Humanos de las Mujeres en Jalisco coincidió con la postura de Ortega Medellín durante la presentación de los resultados del Diagnóstico sobre el acceso y garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y personas gestantes de Jalisco, espacio impulsado por la Diputada Susana de la Rosa, del partido Futuro. En el encuentro, donde también participó Católicas por el derecho a decidir, además de presentar los resultados del estudio, las defensoras compartieron sus propios análisis sobre la situación actual del estado en esta materia y desde sus organizaciones.
Loggia refirió que en el estado en materia de despenalización del aborto “hay una infinidad de leyes que tenemos que revisar y guiar desde la perspectiva de los derechos humanos de las mujeres y de género”. Con ello, recordó que la discusión sobre la despenalización del aborto no debe ser vista como un debate entre quienes “están a favor de la vida o en contra de ella”, sino como un tema de derechos para “respetar la dignidad y las voces de las mujeres”, palabras que también pronunció Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia durante la discusión de las resoluciones.
De acuerdo con los datos recuperados por la Red, a través de las cifras oficiales de seguridad, de 2015 a 2022 hay cerca de 150 carpetas de investigación abiertas por el delito de aborto, al menos, cinco de ellas se registraron a julio del año corriente “se supone que el año pasado la Suprema Corte dijo “ya no puedes criminalizar a una mujer por abortar” y aunque me parecen datos un poco bajos, en 2022 se sigue criminalizando a las mujeres por abortar” señaló Loggia.
“Sabemos que sí pueden hacerlo y sabemos perfectamente que no lo quieren hacer” manifestó Ortega Medellín y no dudó en señalar que la omisión de las autoridades legislativas ha caído en desacato.
“Hay un manejo político del tema, no es que sea difícil, no es que no tengan el fundamento, si su normatividad dice que lo tienen que hacer, ¡hay un manejo político!” puntualizó.
Ya en septiembre de 2021, la Red de Defensoras de los Derechos Humanos de las Mujeres en Jalisco, la cual está integrada por 28 colectivas, agrupaciones y organizaciones que trabajan por la defensa de los derechos de las mujeres y personas con capacidad de gestar, había hecho un llamado a las y los diputados de la nueva legislatura del Congreso de Jalisco a realizar las armonizaciones correspondientes.
Específicamente, solicitaron la modificación del artículo 4 de la Constitución del estado de Jalisco, el cual establece la protección de la vida desde la concepción; la eliminación del artículo 228 del Código Penal de Jalisco; y la armonización del artículo 187 de la Ley de Salud del Estado de Jalisco sobre la objeción de conciencia, en función de las determinaciones establecidas por la Suprema Corte.
“Es importante plantearles que no es un tema de posicionamiento personal, si no un tema de derechos que por ser ciudadanas les exigimos. No les estamos preguntando si quieren o no quieren. Que les quede claro que están incumpliendo sus propias reglas”, sentenció la defensora.
El Diagnóstico “Nos toca decidir”
El Diagnóstico sobre el acceso y garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y personas gestantes de Jalisco fue presentado el pasado 9 de septiembre por la diputada Susana de la Rosa y las integrantes de su equipa de trabajo.
Esto sucede en el marco del primer año de las determinaciones de la Suprema Corte de Justicia en materia de despenalización del aborto, así como de la presentación de su iniciativa #NosTocaDecidir, propuesta que busca garantizar el acceso al aborto legal, seguro y gratuito en Jalisco. La diputada reconoció que dentro del Congreso del estado “ni siquiera se ha querido llegar a un acuerdo político del mínimo”, puesto que, hacia el interior del poder legislativo, “solo hay dos puertas políticas que quieren llegar a ello” y son “minoría todavía”.
Sin embargo, advirtió que los hallazgos de este estudio pretender brindar claridad sobre la situación actual de la entidad en esta materia y que sirvan como insumo a la academia y la sociedad civil para mantener la exigencia.
El documento, según explicó Casandra Benavides, politóloga, abogada feminista y asesora de la diputada, versa sobre seis ejes temáticos:
1) Delitos de violencia de género contra de niñas, adolescentes y mujeres;
2) La aplicación de la NOM-046 y del Programa de Interrupción Legal del Embarazo en los Servicios de Salud en Jalisco;
3) Delitos, quejas y denuncias por aborto, infanticidio, parricidio, homicidio en edad gestacional y violencia sexual;
4) Programas, protocolos y políticas públicas existentes;
5)Educación sexual, métodos anticonceptivos y embarazos en niñas y adolescentes.
6) reglamentos, acuerdos, convenios entre dependencias sobre atención de la violencia de género, sexual y atención a la NOM-046.
Su elaboración implicó más de 9 meses de trabajo y compila la información recuperada a través de solicitudes de acceso a la información a diversas instancias, mismas que requirieron de sistematización y depuración, por las condiciones en las que fueron proporcionadas, según advirtió Benavides.
La información presentada por la politóloga y abogada feminista revela que en los últimos 21 años (2000-2021) se han practicado 148 mil 290 abortos en hospitales civiles y dependencias del sector salud por causales de salud o por embarazos derivados de violación sexual, causales contempladas en el Código Penal del Estado (la causal salud incluye, peligro de muerte y riesgo de salud).
Respecto al eje Delitos de Violencia de Género contra niñas, adolescentes y mujeres el diagnóstico destaca que entre 2019 y 2021 fueron atendidos 3 mil 980 casos de violencia sexual en hospitales de Jalisco y, si bien, 2021 fue el año con mayor número de casos registrados de esta naturaleza (mil 403) sólo se reportó que un caso fue derivado en aborto.
Los municipios que registran más casos atendidos por violencia sexual son: Guadalajara, Zapopan, Zapotlán El Grande, Tepatitlán, Tlajomulco, Cihuatlán, Ameca y Puerto Vallarta.
Durante este mismo periodo de tiempo, sólo se registran dos casos de violencia sexual derivados en aborto, uno registrado en Guadalajara y otro en Cocula, atendidos en el Hospital Regional de Cocula y en el Centro de Salud de Guadalajara No. 3. “Eso nos da un panorama, no se está garantizando el acceso al aborto en Jalisco” afirmó Casandra Benavides.
Advirtió que las bases de datos proporcionadas por diversos sujetos obligados sobre el número de Interrupciones Legales del Embarazo (ILE) y las causales por las cuales fueron practicadas, tuvieron en común inconsistencias y sesgos en la información.
De tal forma que, si bien, entre 2016 y 2021, -de acuerdo con los datos obtenidos vía solicitud de transparencia-, suman 594 abortos practicados por la causal salud, el número contrasta con el mínimo registro de casos por la causal violación.
La disparidad de las cifras también se evidencia entre los abortos practicados a niñas y adolescentes vs. el número de casos de violencia sexual y embarazos en este grupo etario. Según el diagnóstico, entre 2016 y 2021, la Secretaría de Salud Jalisco reconoció haber practicado 160 abortos en niñas de 11 a 19 años, en contraste, la Secretaría de Educación Jalisco censó 17 mil 470 embarazos infantiles o adolescentes; además, se informó que 27 de estos casos fueron producto de violencia sexual.
De esta manera, el diagnóstico advierte que “en promedio por año, al menos, 17 mil 310 niñas y adolescentes entre 9 y 19 años se convierten en madres, y sólo el 0.9% tiene la posibilidad de acceso a un procedimiento ILE”.
Aunado a ello, señaló que estos datos obligan a prestar atención sobre los protocolos que no están aplicando las autoridades para clasificar los abortos que se practican según la causal “llama la atención en rango de edad, son niñas que están en un evidente riesgo de muerte y están en una causal que puede ser peligro de salud, pero si, además están en violencia sexual, en dónde encontramos este sesgo de información, si nos reducen cifras o lo reportan como causal salud, pero en realidad es violencia sexual”.
En ese sentido, aseveró que, pese a que fueron solicitados a las autoridades los procedimientos que se siguen para realizar el registro de las causales e identificar la violencia sexual, -puntualmente sobre el uso del cuestionario que propone la NOM-046-, los sujetos obligados reconocieron no tener información sobre esto.
En esta tesitura, el estudio destaca que, a enero de 2022, “la Fiscalía del Estado de Jalisco reportó que los ministerios públicos no cuentan con capacitación en materia de género para la aplicación, generación y procesamiento de una denuncia de violencia sexual en el marco de la NOM-046-SSA2-2005 y tampoco existe presentación de acompañamiento psicológico y jurídico de especial atención para las víctimas de estos delitos”.
Entre las cuatro causales no punibles en el Código Penal del estado de Jalisco, previstas en el artículo 229, se encuentra la causal por violación, la cual se establece en la NOM-046-SSA2-2005 que considera el derecho a abortar cuando el embarazo es producto de una violación sexual.
Por otro lado, Casandra Benavides expuso que en el estado no se cuenta con personal médico especializado “no objetor” suficiente dentro de las instancias públicas de salud.
Además, si bien, entre 2020 y 2022 la cifra pasó de 133 a 293 profesionales de la salud no objetores de conciencia, estos resultan insuficientes para cubrir las necesidades de las 13 regiones sanitarias del estado.
Entre la información relevante del estudio, la politóloga junto a las defensoras y activistas reconocieron que no existe un registro de expedientes que detallen la aplicación, atención y seguimiento de las Interrupciones Legales del Embarazo:
“Es decir, se registra cómo inicia el procedimiento, pero no se registra cómo termina. Esto no sólo es grave en el sentido médico, sino que es una violación sistemática a los derechos humanos sexuales y reproductivos” puntualizó.
“En Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco no cuentan con un expediente completo, a pesar de ser los municipios donde se registra mayor incidencia de casos” insistió y demostró que del total de los 594 abortos realizados de 2016 a 2021 en Jalisco, sólo se conoce cuál fue el manejo clínico que se practicó en los siguientes casos:
45.62% se aplicó misoprostol; 42.26% Aspiración Manual Endouterina (AMEU); 3.2% por manejo expectante (se deja a las usuarias en observación); 1.68% por régimen combinado y en 7.2% no se especificó.
Conocer esta información permite identificar, también, prácticas médicas que atentan contra las mujeres y personas con capacidad de gestar que han decidido o necesitan practicarse un aborto; tal es el caso del método de Legrado Uterino Instrumental, una técnica de alto riesgo para las usuarias de los servicios médicos y que la Organización Mundial de la Salud, así como el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud NO recomiendan.
Sin embargo, de 2017 a diciembre de 2021, la dependencia de salud estatal reportó haber realizado 7 abortos por causa de violencia sexual aplicando este método.
No sólo puede asumirse que se trató de un acto de revictimización por parte del personal de salud hacia las víctimas de violencia sexual que decidieron ejercer su derecho a interrumpir su embarazo de manera legal, sino, además, un acto de violencia obstétrica al someterlas a un procedimiento invasivo y de riesgo, apunta el documento del diagnóstico.
En cuanto al número de carpetas de investigación abiertas por el delito de aborto, durante 2019 y 2020, el diagnóstico plantea que hay dos casos de mujeres o personas con capacidad de gestar privadas de la libertad. A su vez, con información a diciembre de 2021, se tiene un registro de seis hombres privados de la libertad por el mismo delito, tres de ellos seguían en proceso y sin una sentencia hasta ese año.
En el eje de Educación sexual, el documento expone que, de acuerdo con datos de la Secretaría de Educación, 10 mil 530 alumnas y alumnos de educación básica, -principalmente de la Zona Metropolitana de Guadalajara- se beneficiaron del Programa de Educación Sexual. No obstante, destaca el diagnóstico, no se trató de una política pública coordinada con otras instancias como las de salud, por lo que, resulta insuficiente.
“A secretaría de educación se les preguntó si tenían un programa coordinado y dijeron que no, pese a ser las instancias encargadas, no hay acuerdo que las vincule. Por ejemplo, no se entregaron anticonceptivos, al no ser un programa coordinado con la secretaría de salud”.
Este número de beneficiarias y beneficiaros contrasta con el número de embarazos infantiles registrados entre 2019 y 2021 en Jalisco, los cuales alcanzan la cifra de 30 mil 527 casos. En el desglose por rango de edad, durante el 2021, 491 fueron niñas de 9 y 14 años y 16 mil 979 de 15 a 19 años.
“Hay cinco veces más madres menores de 20 años que estudiantes con educación sexual entre 2019 y 2021” sentenció Casandra Benavides. Y es que, en promedio, hubo en Jalisco 500% más madres menores de 19 años que estudiantes con educación básica con Educación sexual.
“No hay educación sexual, tampoco hay métodos anticonceptivos y claro que también hay una grave problemática de violación sistemática a los derechos sexuales y reproductivos en Jalisco” finalizó.
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El documento del diagnóstico se encuentra disponible en el siguiente enlace: InformeIntegrado_NTD_DiagnosticoJalisco-2588870.pdf (app-sources.com), también puedes acceder al resumen ejecutivo: ResumenEjectutivo_NTD_DiagnosticoJalisco-2588959.pdf (app-sources.com). En los documentos podrás acceder a cada una de las respuestas obtenidas de las autoridades e instituciones obligadas a las solicitudes de acceso a al información vía transparencia.
