Subregistro de casos, invisibilización de las características propias de la orientación sexual o identidad de género de las personas desaparecidas, retraso u obstrucción del levantamiento de denuncias, sesgos de discriminación e incumplimiento de protocolos de investigación son algunas de las omisiones que el Centro de Apoyo a las Identidades Trans A.C. ha identificado sobre las acciones de búsqueda de personas desaparecidas de la comunidad LGBTTTIQ+ en las dependencias del Estado mexicano.
Si bien, advierten que la desaparición de personas de la comunidad LGBTTTIQ+ se enmarca en la ola de violencia que vive el país durante los últimos tres sexenios, destacan un incremento de casos en los últimos cuatro años.
Detallan que dos de cada tres personas desaparecidas son mujeres trans, mientras que, Jalisco, Veracruz, Baja California, Sinaloa y Ciudad de México son los estados donde se registra mayor número de reportes de desaparición hacia esta población específica.
Por Dalia Souza / @DaliaSouzal
Fotografía de portada Christian Cantero / @christiancantero
Cinco años después de documentar los casos de desaparición de personas de la comunidad LGBTTTIQ+, el Centro de Apoyo a las Identidades Trans A.C. publicó los hallazgos y datos de contraste que prevalecen entre sus bases de datos y el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNDPNO).
Entre las labores de esta organización se encuentra “la documentación e investigación sobre la situación de los derechos humanos, justicia, salud y seguridad de las poblaciones trans”, con el objetivo final de recuperar evidencia suficiente para realizar labores de incidencia y visibilización de las realidades que enfrentan.
El trabajo de documentación de personas desaparecidas de la comunidad LGBTTTIQ+ comenzó en 2017. Durante este tiempo, revelaron, las desapariciones de la población diversa “se inscriben en la ola de violencia que vive el país” desde hace tres sexenios. Sin embargo, refieren que es posible observar un incremento de los casos de desaparición de personas de la comunidad en los últimos cuatro años.
“Esto no quiere decir que no existan casos de desapariciones de personas LGBT antes de estas fechas” señalan, y es que reconocen que, por ejemplo, “existe un vacío histórico en la desaparición de mujeres trans trabajadoras sexuales en diferentes periodos de la historia reciente del país”.
“La población no está exenta de sufrir una desaparición en el contexto de violencia nacional” manifiestan y cuestionan con ello el trabajo de documentación de casos del registro, en los que, identifican un crecimiento sostenido “en doce años pasamos de 1 caso documentado a 32 casos en doce años”.
El “enorme subregistro de información” queda en evidencia con las contradicciones de los propios datos proporcionados por el RNDPNO. Mientras que, el registro nacional contabiliza 37 personas de la comunidad LGBTTTIQ+ desaparecidas en un lapso de 58 años (1964-2022), la organización identificó al menos 124 casos entre 2012 y 2022. De estos, 69 personas permanecen desaparecidas, 55 fueron localizadas (33 con vida y 22 sin vida).
Por lo tanto, se cuestionan si existe un ocultamiento de la información oficial sobre las denuncias dentro de las fiscalías especializadas y en las comisiones de búsqueda o, si, el personal encargado de las dependencias no cuenta con la capacitación suficiente para abrir este tipo de denuncias.
En su análisis, Jalisco, Veracruz, Ciudad de México, Baja California, Edo de México, Sinaloa, Guanajuato y Chihuahua son las ocho entidades donde se registran mayor número de casos de desaparición de personas de la comunidad LGBTTTIQ+. Y estiman que, si bien, en 24 de los 32 estados hasta ahora hay casos documentados de desaparición, “esto no indica que en los restantes ocho estados no ocurran casos, simplemente nuestras fuentes no han sido suficientes para la documentación”.
Aunado a ello, denuncian que, las mujeres trans son más víctimas de este delito, representando el 66.13% del total de casos, le sigue la población homosexual con un 17.74%; la población lésbica con un 12.10%; y los hombres trans con un 4.03% del total. Jalisco, Veracruz, Baja California, Sinaloa y la Ciudad de México, son las entidades donde hay un mayor número de reportes de desaparición de mujeres trans.
“Esto nos indica que dos de cada tres personas desaparecidas son mujeres trans” sentencian.
El Centro de Apoyo a las Identidades Trans se dio a la tarea de comparar los datos estadísticos del registro nacional para identificar las diferencias que existen entre los casos de la población en general y los datos de la población LGBTTTIQ+. Entre sus hallazgos, advierten que:
- Son más las personas LGBTTTIQ+ que continúan desaparecidas -un 15% más- en comparación con la población en general.
- Son menos las personas LGBTTTIQ+ localizadas con y sin vida -un 15% menos- en comparación con la población en general.
- Son más las personas LGBTTTIQ+ localizadas sin vida que las personas en general del total.
- La población LGBTTTIQ+ localizada sin vida cuadriplica porcentualmente a la población en general localizada sin vida.
- La población en general localizada con vida duplica a la población LGBTTTIQ+ localizada con vida.
El análisis de sus datos demuestra que el 52.17% de las personas de la comunidad LGBTTTIQ+ localizadas sin vida son mujeres trans, mientras que, el 43.47% son gays y el 4.34% son lesbianas. Esto les lleva a cuestionarse también, si existen contextos diferenciados para la búsqueda y localización de las personas que integran la comunidad dentro de las fiscalías especializadas y comunicación; tal vez, aseguran, no se actúa de manera oportuna en todos los casos o “no se investiga igual”.
En ese sentido, recordaron que la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, así como sus homologas en los estados, establecen las normativas que regulan el actuar de las autoridades en los procesos de investigación, actuación, búsqueda y localización de las personas desaparecidas y no localizadas.
Entre ellas, destacaron criterios como: la efectividad y exhaustividad; la debida diligencia; el enfoque diferencial y especializado; el enfoque humanitario; la gratuidad; la igualdad y no discriminación; el interés superior de la niñez; la máxima protección; la no revictimización; la perspectiva de género; la presunción de vida; la verdad; y la participación conjunta, este último criterio, el que más ha costado a organizaciones y familias de la comunidad LGBTTTIQ+.
No obstante, aseguraron, esto no ocurre. Para muestra enlistaron los casos de personas desaparecidas de la comunidad LGBTTTIQ+ donde las autoridades del Estado (a través de sus distintas instancias- fueron omisas, dilatorias, revictimizantes, incluso, obstruyeron los procesos de búsqueda y localización a sus familias. Los casos fueron recuperados de los medios de comunicación.
-El 9 de noviembre del 2013 Dulce -una joven mujer trans de 19 años- desapareció junto con su amiga Karla en el Municipio de Jojutla, Morelos. Karla fue localizada enterrada en un predio, en ese mismo lugar la mamá de Dulce localizo pertenencias de su hija y solicito a las autoridades que realizaran excavaciones y peritajes para posiblemente localizar el cuerpo de su hija. Esto no ocurrió.
-El 18 de febrero del 2017 Mario Miranda un adolescente gay de 16 años desapareció en Cancún, Quintana Roo. Las autoridades retrasaron la investigación al considerar que por su orientación sexual “se había ido con el novio y pronto regresaría”, esta dilación provoco que se perdieran videos donde fue visto por última vez. Además, por ser menor de edad se omitió publicar la Alerta Amber.
–Kika Ramírez Villareal desapareció el 17 de junio del 2018 en Mazatan, Chiapas. Fueron localizados restos humanos y las autoridades señalaron a la familia que tendrían que realizar estudios para determinar si eran de Kika, después de más de dos años informaron a la familia que el cuerpo localizado no es el de Kika.
–N.N desapareció en la Ciudad de México en el 2018, a los pocos días fue localizada. Un medio de comunicación público que situaciones vivió en su desaparición y que no deberían ser públicas.
-El dos de noviembre del 2018 desaparece Amairanyh Torres en Puerto Escondido, Oaxaca. Amistades de ella señalan que la fiscalía puso en duda su desaparición, además de señalar que no podía hacer mucho porque Amairanyh no traía celular, ni hay cámaras que la ubiquen.
-El diecisiete de agosto del 2020 desapareció Jordán Alexis Ramírez Meza en Naucalpan, Estado de México. Su pareja acudió a levantar la denuncia de desaparición, sin embargo, las autoridades se negaron bajo argumentos discriminatorios, la denuncia se levantó hasta que la mamá de Jordán acudió atrasando la investigación. Fue localizado muerto en noviembre del mismo año.
-El 15 de mayo del 2022 desapareció NN en Monclova, Coahuila, al mes de desaparecida su mamá señala que no se le ha buscado por su orientación sexual, incluso una vidente señala que será encontrada sin vida. Al mes y medio es localizada en un penal de Nuevo León. Aquí vemos que no hay una comunicación entre diferentes instancias y gobiernos.
En Jalisco los casos de Kenia Duarte Pérez de 20 años y su amiga Karla García Duarte de 22 años, ambas jóvenes trans, salieron de sus casas en la colonia Mesa Colorada Oriente en el municipio de Zapopan, rumbo a una fiesta; han pasado dos años y no han regresado a casa. Pese a que el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU hicieron un llamado al Estado mexicano -a través de una Acción Urgente- para que ejerciera las labores suficientes para traerlas de vuelta, la Fiscalía del Estado de Jalisco ha permanecido omisa en la tarea.
A través de estas historias, su revisión y contraste con los datos oficiales, el Centro de Apoyo a las Identidades Trans, afirma que, en la búsqueda de personas de la comunidad LGBTTTIQ+ que han sido víctimas de una desaparición, el Estado Mexicano:
- Mantiene un subregistro de casos.
- Invisibiliza las características propias de la orientación sexual o identidad de género de las personas.
- Malgeneriza a las personas trans.
- Retrasa e impide el levantamiento de denuncias.
- Incumple los protocolos de investigación.
- Investiga con sesgos discriminatorios.
- No considera a las familias u organizaciones de la sociedad civil en los procesos de búsqueda.
Finalmente, la organización reconoce que tanto los casos de desaparición de personas de la comunidad diversa del país, así como crímenes de odio, cada vez más han sido visibilizados, debido al reconocimiento de derechos, puesto que, señalan que son sus familiares y seres queridos cercanos quienes se han dado a la tarea de denunciar ante instancias de justicia y medios públicos en la exigencia de su regreso:
“No podemos dejar de reconocer a los grupos de la sociedad civil que se movilizan por todo el país con la exigencia de la localización de sus familiares, la justicia y la verdad” concluyeron.
