Cecilia Jiménez-Damary, Relatora Especial de ONU para los Derechos Humanos de las Personas Desplazadas Internamente, se encuentra en México; su estancia comenzó el 29 de agosto y estará aquí hasta al 29 de septiembre con el objetivo se observar el desplazamiento forzado de personas en estados como: Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México y Guerrero.
En el país, hasta el 2020,de acuerdo a la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH): 9 mil 741 personas fueron desplazadas de manera forzada de sus territorios.
Por Josué Ibarra/@josueibarrasala
Fotografía de portada Chiapas Paralelo
En dos semanas, Cecilia Jiménez-Damary, Relatora Especial de ONU para los Derechos Humanos de las Personas Desplazadas Internamente, ha logrado observar y escuchar las razones por las que miles de personas en el país se han visto forzadas a dejar sus casas y territorios.
En su visita oficial, que tiene como objetivo evaluar la situación de los derechos humanos de las personas desplazas internamente en México, se ha enterado que factores como: la violencia, los conflictos agrarios, los desastres naturales y los proyectos extractivistas son las causas principales que han provocado que poblaciones enteras hayan dejado sus hogares.
En esas visitas, Jiménez-Damary también se reunió con funcionarios del poder ejecutivo, legislativo y judicial, tanto nivel federal como estatal, pero más importante aún se encontró con las víctimas de desplazamiento y comprendió la realidad de las comunidades afectadas; estas víctimas representan diversos grupos sociales como: mujeres, familiares de personas desaparecidas, personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas, periodistas, personas defensoras de derechos humanos e integrantes de la comunidad LGBTI.
Como dato, en el año 2019, el Gobierno de México reconoció la existencia de la problemática del desplazamiento interno en el país; sin embargo, la problemática persiste, pues en 2020, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), registró 9 mil 741 personas desplazadas de manera forzada de sus territorios
“Esta visita me ha permitido constatar la complejidad de la situación, la cual requiere una atención integral, incluyendo la adopción de medidas de prevención, atención y protección a personas desplazadas con un enfoque de derechos humanos, diferenciado e interseccional y alcanzar condiciones para soluciones verdaderas”, mencionó la relatora especial de la ONU.
Además, la relatora hizo hincapié en que fue una buena decisión que el país tomara cartas en el asunto sobre el tema, pues considera que fue esa “buena la voluntad del gobierno mexicano”, la que permitió iniciar acciones coordinadas con miras de abordar las causas profundad que causan el desplazamiento interno.
A lo largo de estas dos semanas en las que ha recorrido el país, Cecilia Jiménez-Damary remarca que las causas de desplazamiento son diversas y multifactoriales; entre ellas, están distintos tipos de violencia, a menudo originadas por el crimen organizado o, a veces, relacionada con los proyectos de desarrollo, la minería y la tala ilegal, o por los conflictos electorales, religiosos y agrarios.
Otra de las causas es el cambio climático, pues esto ha generado desastres naturales que han agravado la situación, de por sí desfavorables, de las poblaciones en mayor situación de vulnerabilidad en el país.
Para la funcionaria de la ONU, México se caracteriza por ser un país de origen transito/destino y retorno de personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiadas y desplazadas internas que, principalmente, se concentran en las ciudades fronterizas donde, en ciertas regiones del país, el crimen organizado atemoriza, controla territorios y poblaciones a través de amenazas, intimidación y violencia.
“Durante mi visita varias personas enfatizaron sobre el elevado índice de violencia que enfrenta la población y que pocas veces se efectúan investigaciones, incluso, en los crímenes más graves como: homicidios y desapariciones; lo anterior se traduce en altos niveles de impunidad y una falta de confianza en las autoridades, pero particularmente en el sistema de justicia criminal”.
Durante su visita también se reunió con mujeres que compartieron sus tragedias derivadas de la violencia de género, el dolor por la desintegración de la familia y los graves impactos contra su derecho a la salud, pues derivado del desplazamiento forzado, ellas se vuelven jefas de familia y se vuelven responsables de proveer el sustento y la protección.
“La presencia de la violencia de género que incluye los altos niveles de feminicidios, coloca a las mujeres y niñas en una situación especial de vulnerabilidad frente a amenazas, intimidaciones y violencia incluyendo la sexual”, remarcó la relatora.
Misma situación vive en el país, las personas pertenecientes a la comunidad LGBTI, en especial, las mujeres trans, quienes enfrentan altos niveles de discriminación y estigmatización en su acceso a derechos, así como la falta de sensibilización de la sociedad con respecto a las cuestiones de género, lo que tiene como consecuencia: exclusión social y pobreza, factores que las colocan en una posición de alta vulnerabilidad.
Otro tema que ha captado su interés, tal y como se lo señalaron organizaciones como REDIM, es la presencia de niños, niñas y adolescentes en episodios de desplazamiento interno, pues en 2020 se registraron casos donde algunos de esos niños y niñas fueron víctimas del reclutamiento forzado por parte de grupos armados:
“Ser niña o niño y ser desplazado interno representa una doble vulnerabilidad, pue implica el rompimiento de las estructuras familiares y comunitarias, algo que les ponen en un mayor riesgo de sufrir diversas formas de explotación, abuso y abandono”, explicó.
Las comunidades indígenas representan el 10% de la población total de México, y son éstas las que registran más del 40% de los episodios de desplazamientos internos registrados en el país; esto significa que 40 de cada 100 personas que se ven obligadas a dejar sus casas pertenecen a alguna comunidad indígena: “Me preocupa particularmente la ausencia de perspectiva intercultural y de género en la atención a mujeres indígenas desplazadas”, puntualizó la relatora.
La Ley General de Víctimas establece la creación de un Sistema Nacional y una Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, las cuales tienen por objetivo el reconocimiento y garantía de los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, esta ley es un marco general para la protección de las víctimas y un instrumento altamente complementario para el reconocimiento para las personas desplazadas internas para efecto de protección y asistencia; sin embargo, su aplicación ha dejado mucho que desear.
“Recibí información de diversas personas desplazadas sobre las dificultades para acceder de manera oportuna al registro de víctimas, a nivel nacional y estatal, esto por lo complicado que resulta obtener la calidad de víctima, ya que esto sólo es algo contemplado a nivel federal, pues en la mayoría de los estados el desplazamiento arbitrario no está tipificado como delito” argumentó la Relatora Especial de ONU para los Derechos Humanos de las Personas Desplazadas Internamente
Además, agregó que se le informó que por la vía de violaciones a derechos humanos no se otorga la calidad de victimas hasta que exista una recomendación de un organismo públito, y esto impide que las personas desplazadas internas accedan oportunamente a los servicios de atención que como victimas deben ser proporcionados.
Cecilia Jiménez-Damary agregó que también existen un gran porcentaje de personas que son víctimas de desplazamiento interno que no acuden a las autoridades para presentar denuncias debido a la desconfianza hacia las autoridades o por el temor a las represarías del crimen organizado.
Actualmente, el Gobierno de México aún no cuenta con cifras oficiales sobre el desplazamiento forzado, lo cual debería ser vital para dimensionar este grave problema:
“Contar con cifras oficiales basadas en una metodología armonizada de obtención de datos cuantitativa y cualitativamente es fundamental para la elaboración de políticas públicas, pero, por otro lado, es vital crear un Registro Federal Único de Personas Internamente Desplazadas, además de los registros a nivel estatal, pues esto ayudaría a saber no sólo de aquellas personas que han sido reconocidas jurídicamente como víctimas, sino también de aquellas que no cuentan con esta condición, pero se cuentan de facto desplazadas”.
