Pesimismo Esperanzador
Por Jorge Rocha, académico del ITESO /@JorgeRochaQ
López Obrador como candidato a la presidencia dijo que sacaría al Ejército de las calles, y no lo hizo; luego creó la Guardia Nacional y defendió que esta corporación estaría dirigida por un mando civil y sería parte de la Secretaría de Seguridad, y tampoco lo está cumpliendo. A lo largo de estos cuatro años de gobierno, el tabasqueño ha cedido a las fuerzas armadas cada vez más actividades que en cualquier sociedad democrática serían gestionadas por civiles, por ejemplo, los aeropuertos, las aduanas o la construcción de bancos y ahora pretende darles más atribuciones. Hace unos días el presidente mandó una iniciativa de ley para que la Guardia Nacional, clave para su estrategia de seguridad, sea parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). Esta propuesta ya fue aprobada por la Cámara de Diputados y al momento de escribir este texto, falta que esta disposición sea aprobada por la Cámara de Senadores.
Más allá de un legítimo y fundado reclamo de que el presidente no sólo incumplió una promesa de campaña, sino que hizo exactamente todo lo contrario; lo que más preocupa es que López Obrador está generando un proceso de militarización de la seguridad pública sin precedentes en el país. La apuesta militarista del primer mandatario resulta muy preocupante, porque está convirtiendo a las fuerzas armadas en una institución con mucho poder político y económico; y sin ningún tipo de contrapeso enfrente. Esta situación sin duda que preocupa a propios y extraños por la tradición autoritaria que se ha desarrollado en muchos países latinoamericanos, incluso en nuestro propio país, donde las fuerzas armadas por mucho tiempo vivieron en un estado de excepción.
Sin ningún ánimo de dejar de reconocer los aportes que el Ejército y la Marina han hecho a nuestro país y por lo cual mantienen un alto nivel de confianza ciudadana (que en los últimos años ha bajado) es necesario señalar que la pretensión de Andrés Manuel López Obrador de militarizar por completo a la Guardia Nacional, tiene graves problemas que a continuación detallo de forma breve.
En primer lugar, las disposiciones que propuso el presidente atentan contra la Constitución, ya que le genera obligaciones y atribuciones al Ejército que la Carta Magna no le otorga, ya que son otras entidades las que tienen la facultad y la responsabilidad de garantizar la seguridad pública. Esta iniciativa va en contra del andamiaje institucional del Estado Mexicano en materia de seguridad.
En segundo lugar, y como lo mencionan las universidades jesuitas del país en un comunicado dado a conocer recientemente, la iniciativa presidencial va en sentido contrario a las recomendaciones internacionales en materia de derechos humanos. Luego de varias décadas distintos organismos de la ONU y de la OEA han recomendado a México desandar el camino de la militarización de la seguridad pública y han exhortado para que se fortalezcan las estrategias civiles para el combate de la delincuencia, ya que los riesgos de realizar acciones en contra de los derechos humanos son muy altos. Hay que señalar que estas recomendaciones surgen de la experiencia concreta de nuestro país.
El proceso de militarización de la seguridad pública no es nuevo, comenzó desde el sexenio de Ernesto Zedillo y se ha profundizado a lo largo de varios periodos de gobierno, sobre todo con Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y ahora con López Obrador. La constante a lo largo de estos años es que no hay resultados y que las dinámicas de la violencia persisten y se incrementan. Si la militarización fuera la solución, los efectos positivos estarían muy claros, pero hoy sólo tenemos una eterna promesa de que las cosas van a mejorar, pero sólo contamos con evidencia de que la violencia sigue aumentando.
Creer que la militarización es la forma de resolver el grave problema de seguridad en el país, deja de lado visiones más integrales, donde se incorporan acciones de reconstrucción del tejido social, procesos locales de pacificación de mediano plazo y recuperación social del territorio, aunado a generación de alternativas económicas sólidas y viables; y la necesaria discusión sobre la despenalización y legalización de algunos tipos de consumo de drogas. Esta forma de proceder de López Obrador manda el mensaje de que la vía de la confrontación es la única estrategia para resolver este grave problema.
Esta apuesta por fortalecer a la Guardia Nacional por la vía de incorporarla a la SEDENA, tiene como consecuencia directa, que se deja de lado el fortalecimiento de las policías estatales y municipales, a pesar de que los especialistas en la materia, han señalado en que este es un proceso clave para avanzar en esta agenda. Como se diría coloquialmente, el presidente apuesta a poner “todos los huevos en una sola canasta”, decisión que podemos cuestionar al ver la complejidad del problema.
Hace falta que la iniciativa sea aprobada en el Senado, pero parece que, a pesar de las críticas fundadas, el presidente no se saldrá del script que ya trazó para este tema en lo que resta de su mandato. Ojalá rectifique.
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