Medios Aliados
Por Scarlett Nordahl y Marcos Vizcarra* / A dónde van los desaparecidos
“Quien se llevó a mi hijo está detenido en San Luis Río Colorado y la Fiscalía en Mazatlán me dice que no se puede hacer nada”, denunció Rosario Lilián Rodríguez Barraza. Esto fue hace un par de semanas. Este miércoles 31 de agosto esta madre, que había recibido distintas amenazas por buscar a su hijo, fue asesinada en La Cruz de Elota, un pueblo al sur de Sinaloa.
En el video de un minuto, grabado por el proyecto #HastaEncontrarles, se le ve con la foto de su hijo Fernando Abixahy Ramírez Rodríguez, y se le escucha decir: “No sé de su paradero. Lo he buscado de día y de noche y nada más nada. Lo único que sé es que se lo llevaron unos hombres armados en un carro blanco”. Y denuncia la inacción de las instituciones: “Yo espero una respuesta, yo busco a mi hijo, no busco responsables”.
La mujer fue subida a la fuerza ayer, el 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas por Desaparición Forzada, a las 21:10 horas cuando recién salía de una misa especial que pidió fuera dedicada a su hijo Fernando, un joven de 20 años desaparecido el 16 de octubre de 2019.
Ella iba hacia su casa y de camino, a la altura del Cine México, de La Cruz de Elota, llegó una camioneta Suburban blanca con personas armadas y se la llevaron a la fuerza. Apareció cuatro horas después, asesinada en la avenida Manuel pilar Abraham, altura del puente vado de la colonia Victor Manuel Quintero.
Ese fue un crimen anunciado tiempo atrás. Rosario Lilián había sufrido una serie de amenazas y ataques contra ella y su familia por buscar a su hijo en La Cruz de Elota, un pueblo conocido por su ubicación frente al mar y por estar silenciado por el crimen.
Una integrante de un colectivo de búsqueda en Mazatlán, al que Rosario pertenecía, y quien pidió anonimato por temor a represalias, recuerda:“La última vez que salió a búsqueda se le acercó una patrulla de la Policía Municipal con un civil que no era policía para preguntarle ‘Bueno, señora, ¿usted qué tanto busca?’, ella le dijo que solo pedía que le dieran a su hijo”.
La noche del 30 de agosto, uno de los hijos de Rosario Lilián reportó su desaparición apenas se enteró de la privación de libertad de su mamá. Llamó al 911, pero fue en vano. Lo tuvieron en la línea y no enviaron una sola patrulla. Al colgar llamó a una activista buscadora de Mazatlán para pedirle ayuda.
“Sabemos que 20 minutos marcan la diferencia y nadie hizo nada”, dijo la activista en entrevista con este medio, quien asegura haberse intentado comunicarse con Patricia Figueroa, subsecretaria de Derechos Humanos de Sinaloa, y con Víctor Manuel Pérez, Comisionado Estatal de Búsqueda, sin que pudiera conectar una sola llamada.
Rosario Lilián no fue buscada y la madrugada de este 31 de agosto, un día después de que se la llevaran a la fuerza los hombres armados, su cadáver fue encontrado.
Esta mujer fue jornalera, trabajaba en los campos de la región de Elota cortando chiles para sostener su casa, donde vivió con uno de sus hijos mientras buscaba a otro.
Colectivos de búsqueda en Sinaloa como Por las Voces Sin Justicia, Tesoros Perdidos Hasta Encontrarles y Sabuesos Guerreras, así como colectivos feministas y de artistas activistas se pronunciaron en un posicionamiento por el asesinato de Rosario Lilián, asegurando que fue víctima del abandono institucional: cuando desaparecieron a su hijo y no lo buscaron, cuando la amenazaron y nadie la protegió, cuando la secuestraron y nadie atendió las llamadas para su rescate.
“Que se realicen todas las diligencias necesarias para que el crimen cometido contra la compañera sea investigado como feminicidio agravado y la desaparición forzada de su hijo”.
“Ninguna madre debe ser ultimada por la búsqueda de sus hijas e hijos, al contrario, el Estado está obligado a garantizarles la seguridad para continuar con las búsquedas en tanto los miles de casos de personas desaparecidas se siguen acumulando
Realicen urgentemente las gestiones que correspondan para la prevención de las desapariciones forzadas y proporcione la protección debida a las madres y familiares que emprenden el viacrucis de las búsquedas”.
Fue asesinada mientras buscaba a su hijo
La señora Rosario Lilián fue asesinada mientras buscaba a su hijo de nombre Fernando Abixahy Ramírez Rodríguez. Tenía 20 años y trabajaba de jornalero cuando fue desaparecido el 16 de octubre de 2019, por hombres armados en un carro blanco.
La señora interpuso denuncia por la desaparición en la Fiscalía de Mazatlán, a una hora de donde vive; por su cuenta recabó videos y encontró testigos de la desaparición y los presentó a las autoridades en el intento de acelerar la investigación y ubicar el paradero de Fernando.
El presunto responsable, aseguró la señora en la entrevista videograbada el 11 de junio, está detenido en San Luis Río Colorado, Sonora, pero la Fiscalía General de Sinaloa le informó que no podía realizar alguna acción de investigación contra el hombre por estar fuera de su jurisdicción. De su angustia se desprende que la fiscalía tampoco se coordinó con las autoridades de Sonora.
“Yo busco una respuesta, yo busco a mi hijo, no busco culpables”, señaló la señora apenas hace unas semanas al ser entrevistada y videograba para el proyecto #HastaEncontrarles, de la revista Espejo.
Investigar y presentar pruebas se paga caro también en Sinaloa
Con el crimen de Rosario Lilián, el proyecto A dónde van los desaparecidos ha contabilizado el asesinato de al menos 15 personas, la mayoría familiares, dedicados a la búsqueda de personas desaparecidas. No sólo las mata y enferma el paso del tiempo y la impunidad, en México también mueren por represalia a sus investigaciones y su exigencia de justicia.
“En esta lista fatal está un ranchero que en el norte buscaba a su hijo y sus secuestradores le dieron la muerte, un vendedor de mariscos que caminó por todo el país con el pendón en el que llevaba la foto de su hijo, una comerciante que buscó en silencio 12 años y los últimos excavó buscando huesos, un padre que en 15 días localizó 15 fosas clandestinas, dos madres que acecharon a quienes desaparecieron a sus hijas, un mecánico en busca de su hermano mayor y una madre en busca de un hijo a quienes les ofrecieron información y les tendieron una trampa”, documentó la periodista Analy Nuño cuando el conteo iba en 12 asesinatos.
Los 12 asesinatos ocurrieron en Chihuahua, Durango, Sonora, Veracruz, Sinaloa, Guerrero, Tamaulipas, Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Zacatecas. A pesar de que en distintos casos advirtieron en público, ante la prensa o las autoridades del riesgo que corrían, sus muertes no fueron evitadas.
Ocurrido también en Sinaloa, es el caso de Sandra Luz Hernández, asesinada el 12 de mayo de 2014 en Culiacán, la capital de Sinaloa, 25 meses después de la desaparición de su hijo Edgar García Hernández, de 25 años; el 12 de febrero de 2012, personas armadas se lo llevaron de su casa por la fuerza.
Después de investigar, Sandra Luz, vendedora de cosméticos por catálogo, entregó a la Procuraduría de Justicia los nombres de los responsables de la desaparición de su hijo, sus apodos, el lugar donde vivían y la ubicación de sus ranchos. La investigación oficial nunca avanzó.
Sandra Luz señaló a los hermanos Joel y Gabriel Valenzuela, habitantes de la comunidad de Paredones, Culiacán, como los responsables de la desaparición de su hijo, quien trabajaba como office boy del entonces procurador Marco Antonio Higura Gómez.
Dos años después de la desaparición, Sandra Luz —quien ya era integrante del colectivo Voces Unidas por la Vida— recibió una llamada para pactar un encuentro con un informante que supuestamente le daría información sobre la localización de su hijo. En el camino al lugar donde se encontraría con la persona, 15 disparos terminaron con su vida.
Fernando Valenzuela, hombre señalado por la Procuraduría General de Sinaloa de ser el asesino de Sandra Luz, quedó en libertad por supuestas faltas de pruebas pese a haber confesado el homicidio y señalar la ubicación del arma con que fue asesinada la activista.
Buscar familiares: una tarea de riesgo
Tras ese crimen, en Sinaloa han ocurrido más ataques contra madres buscadoras, lo que ha provocado el desplazamiento de activistas en Concordia, El Fuerte y Guasave.
“O pagan o les quemamos la casa”. Ese era el mensaje que le dejaron a Esther Preciado López en la puerta de su domicilio ubicado en Juan José Ríos, al norte de Sinaloa, en el año 2013, mientras buscaba a su esposo Bladimir Castro Flores.
Ella no dudó que la advertencia se fuera a cumplir, sabía que esas personas no se detendrían y eran capaces de quemar su casa con todo y sus hijos adentro. Así que sin esperar a que sucediera algo, todos agarraron sus cosas y se fueron a San Blas, una comunidad ubicada en El Fuerte.
Como ellas, hay más mujeres amenazadas en Sinaloa. Entre ellas, Mirna Nereyda Medina Quiñónez, fundadora de Las Rastreadoras de El Fuerte, y María Isabel Cruz Bernal, de Sabuesos Guerreras.
Ambas mujeres han denunciado amenazas y robos en distintas ocasiones, y se han mantenido en búsqueda acompañadas por elementos de la Policía y la Guardia Nacional.
En cambio, hay colectivos, como Una Luz de Esperanza en Mazatlán, que decidió parar actividades tras la agresión contra uno de sus integrantes en 2019.
Rosario Lilián fue asesinada mientras buscaba, con el estrés de no encontrar a su hijo y la angustia de ser perseguida, pese a que las autoridades conocían de su situación.
***
*Scarlett Nordahl es feminista y periodista sinaloense. Marcos Vizcarra es reportero sinaloense especializado en cobertura de derechos humanos. Integrante del proyecto A dónde van los desaparecidos. Ambos son integrantes del proyecto #HastaEncontrarles y miembros de Revista ESPEJO
www.adondevanlosdesaparecidos.org es un sitio de investigación y memoria sobre las lógicas de la desaparición en México. Este material puede ser libremente reproducido, siempre y cuando se respete el crédito de la persona autora y de A dónde van los desaparecidos (@DesaparecerEnMx).
