El 18 de agosto de 2022, el Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, presentó en la mañanera presidencial el Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (CoVAJ) del Caso Ayotzinapa.
El informe, paralelo a aquellos realizados previamente por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), plantea una nueva narrativa de hechos y una nueva postura del Estado mexicano, donde se admite sin reservas que se cometió un crimen de Estado y se declara que “no hay indicio alguno de que los estudiantes se encuentren con vida”.
A la par, la Fiscalía General de la República detuvo al exprocurador general, Jesús Murillo Karam, el cual ya fue vinculado a proceso, este 24 de agosto, por tres delitos: Tortura, Desaparición Forzada y contra la administración de justicia, todo vinculado al caso Ayotzinapa.
Por Andrés de la Peña / @andres_dlap
Como resultado de este trabajo, la Fiscalía General de la República (FGR) le imputaron los crímenes de desaparición forzada, tortura y obstrucción de la justicia al ex-Procurador General, Jesus Murillo Karam, reconocido autor de la “verdad histórica” sobre el caso Ayotzinapa. Tras una audiencia inicial se dictó la prisión preventiva del funcionario y se fijó una nueva audiencia para el miércoles 24 de agosto a las 8:00 horas.
El nuevo informe considera que existen indicios suficientes para que la FGR investigue y, en su caso, acuse formalmente a 24 miembros del cártel Guerreros Unidos (el cual tenía entre sus filas a policías municipales, y diversos funcionarios), 17 funcionarios municipales y 10 funcionarios federales.
Entre hallazgos y archivos de inteligencia revelados, ¿qué cambió?
Hasta ahora, el reporte es una de las recolecciones de indicios y evidencias más completas que se tienen, y reveló por primera vez algunos de los documentos de inteligencia que obran en los archivos de las dependencias dedicadas a la vigilancia y ejercicio de la fuerza pública.
El tercer informe del GIEI ya había probado sin lugar a dudas que existió un involucramiento activo de parte del Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina (SEMAR), la Fiscalía General de la República, el Gobierno de Guerrero (incluyendo al C-4 y la policía del estado) y las policías municipales de diversos municipios, incluyendo Cocula, Iguala, Tixtla y Huitzuco. Este involucramiento incluyó la desaparición de los normalistas y la entrega al grupo criminal Guerreros Unidos para su asesinato.
Igualmente, se había demostrado que Jesús Murillo Karam y Tomás Zerón De Lucio ─quien fungió como director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR─, con apoyo de la SEMAR y diversas autoridades, dedicaron meses de trabajo para generar la “verdad histórica”, eliminando evidencias en colaboración con Guerreros Unidos y buscando entorpecer la investigación.
La manipulación incluyó la destrucción de restos, la tortura de testigos y presuntos culpables para obligarles a repetir una narrativa específica. En su momento, Murillo Karam y Tomás Zerón anunciaron haber obtenido confesiones y testimonios de cuatro integrantes de Guerreros Unidos antes, siquiera, de que estos fueran realmente detenidos.
Dentro del expediente apócrifo, también se insertaron dos llamadas telefónicas anónimas que fueron implantadas por personal de la Procuraduría General de la República. La primera habría señalado a los cuatro integrantes de Guerreros Unidos que fueron detenidos y torturados, mientras que la segunda indicaba que los normalistas habían sido incinerados en el basurero de Cocula y arrojados a un punto del río San Juan.
De estas llamadas falsas, la primera se implantó después de la detención de los sujetos torturados; la segunda llamada se hizo días después de que Zerón y Murillo Karam visitaran, en secreto, el basurero de Cocula y el río San Juan.
Uno de los nuevos hallazgos revelados en el informe de CoVAJ fue que no existió un solo suceso de asesinato masivo sino una distribución de los estudiantes entre diferentes operativos del cártel Guerreros Unidos. Durante dicho proceso, seis jóvenes permanecieron con vida por días después de su desaparición, y estuvieron presos en una bodega de la colonia Pueblo Viejo, en Iguala. El Ejército Mexicano recibió una llamada anónima informando el paradero de estos seis jóvenes.
Como fundamento para terminar de tipificar el suceso como un crimen de Estado, el nuevo reporte desarticuló la mayoría de los elementos que constituían la llamada “verdad histórica”. En el reporte se corroboró que los estudiantes no tenían la intención de sabotear un informe de labores del DIF; se desmintió que los estudiantes hubieran sido asesinados en un solo sitio, por un solo grupo de personas y en un solo día; también se esclareció que sus restos no fueron todos dispuestos en el sitio que Murillo Karam y Zerón prepararon para el montaje de la investigación falsa.
En la versión pública del informe no solo se acusa a Murillo Karam y Tomás Zerón de concertar la verdad histórico, también se señaló a: el entonces titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, Rodrigo Archundia; el encargado de despacho de la SEIDO, Hugo Ruiz y el titular de la Unidad Especializada en Materia de Delitos contra el Secuestro, Gualberto Ramírez Gutierres.
Concretamente, estos funcionarios son acusados de participar en una reunión secreta para establecer la narrativa de hechos que llegaría a ser conocida como la “verdad histórica”. Por este motivo, existe la posibilidad de que más funcionarios sean formalmente imputados en los siguientes meses.
Además, se señala a otros 14 funcionarios de la SEMAR, la PGR, el CISEN, entre los cuales resaltan el Almirante Marco Antonio Ortega Siu, el Comisario de la Policía Federal Omar García Harfuch, y el Comandante de la Zona MIlitar en Chiplancingo Alejandro Saavedra.
El informe no fue recibido unánimemente por los colectivos de víctimas y especialistas
Sin embargo, también existieron diversos elementos del informe, su presentación, y la procedente actuación contra Murillo Karam y Tomás Zerón que han suscitado críticas, pronunciamientos o, cuando menos, algunas reservas de los grupos de especialistas, activistas y víctimas que han observado el caso por varios años.
Una de las principales diferencias entre el nuevo informe y el tercer reporte del GIEI tiene que ver con el tratamiento de la responsabilidad, hecho que motivó críticas y discusión en los medios de comunicación y redes sociales. Particularmente, el reporte de la CoVAJ enfatiza las omisiones o permisividad de algunas autoridades, mientras que el reporte de GIEI enfatiza más la participación directa. De cualquier manera, ambos aportan más elementos para conocer la realidad sobre el caso y establecer una rendición de cuentas.
El GIEI, que en varias instancias colaboró con la CoVAJ, publicó un comunicado el 22 de agosto en respuesta a la presentación del informe de la presidencia. En dicho comunicado explican que ni el GIEI ni las familias de las víctimas directas conocían el contenido del informe antes de su publicación. También informaron que no tuvieron acceso a varias de las capturas de pantalla e indicios que aparecen en el nuevo documento.
Por tanto, el GIEI decidió no pronunciarse respecto a la fiabilidad y calidad de la nueva información, ni sobre las revelaciones del nuevo texto, dejando en claro su deseo de conocer la información completa a la cual tuvo acceso la CoVAJ. Con un llamado a tener en mente la autonomía de la Fiscalía General de la República, el Grupo señaló la necesidad de que ésta “de curso” a la nueva información.
En cambio, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. (Centro Prodh), asociación civil que ha representado a varias de las familias de las víctimas de desaparición forzada de Ayotzinapa, difundió un comunicado en sentido similar: las familias de las víctimas no conocen la totalidad de la información ni la extensión de las imputaciones contra Murillo Karam y demás funcionarios señalados.
📍 Familiares de los normalistas de #Ayotzinapa agradecen la solidaridad. Hoy, por la dureza de lo informado, han decidido analizar a profundidad el informe presentado por la Comisión y la opinión técnica del #GIEI, antes de fijar una postura. pic.twitter.com/q5i1WSs7jz
— Centro Prodh (@CentroProdh) August 18, 2022
Por ese motivo, los padres y las madres de las víctimas no emitirán una postura sino hasta unos días.
Tanto el GIEI como el Centro Prodh, sin embargo, dejaron en claro que recibían como una noticia positiva que la COVAJ hubiera logrado un avance en la investigación. El Centro Prodh, específicamente, reconoció que el nuevo proceso podría contribuir a la rendición de cuentas.
Murillo Karam permanecerá en prisión, por lo menos, 90 días
En audiencia realizada la mañana del 24 de agosto en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, un juez determinó vincular a proceso a Jesús Murillo Karam por los delitos: tortura, desaparición forzada y contra la administración de justicia, todos ellos vinculados a su actuar en el caso Ayotzinapa.
Sobre el delito de desaparición forzada, los abogados de Murillo Karam solicitaron que se aplique el Código Penal y no la ley general en materia de desaparición, su justificación es que con esto se respetaría el principio pro persona de su representado.
En su turno de alegatos, el exprocurador señaló:
“Desde hace siete u ocho años han buscado alternativas, han inventado muchas y todo se caen, han encontrado sí, pero en el camino de la Barranca (de la Carnicería) al Basurero (Cocula), se pudieron cometer fallas , pudo hacerse mejor, puedo aceptar algunos errores, pudo haber fallas, (…) y aceptar cosas que se hicieron mal, pero ninguno la ha podido tirar (su investigación)”.
Alrededor de las 21:30 horas, autoridades del Reclusorio Norte confirmaron que Murillo Karam deberá permanecer en prisión justificada durante un plazo de 90 días, lapso que se estableció como límite para concluir la investigación en su contra. Durante este mes y medio, el exprocurador deberá permanecer en el reclusorio, acto que negó la prisión domiciliaria que había solicitado su defensa.
#AHORA 🔴Se confirma que el ex procurador #MurilloKaram estará en prisión justificada durante un plazo de 90 días, tiempo que se ha establecido para el cierre de la investigación en su contra. El detenido debe permanecer en el reclusorio todo ese tiempo.
R: @A_Ruiz9
📷@Isavel_a pic.twitter.com/mKW0jy6RRi— Pie de Página (@PdPagina) August 25, 2022
