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En su informe anual número once sobre violaciones a los derechos humanos, el Comité Cerezo acusa al gobierno federal de mantener una política opresora
Texto: Alejandro Ruiz
Fotografía de portada Mario Marlo / @mariomarlo
CIUDAD DE MÉXICO. – A casi cuatro años de un nuevo gobierno en México, los hermanos Cerezo lo dicen sin titubear: en el país se siguen cometiendo persecuciones y represiones a defensores de derechos humanos.
Las violaciones a los derechos humanos, expresaron son en su totalidad responsabilidad del Estado; pues es desde donde se ejecutan, u omiten, las acciones que vulneran la integridad o seguridad de las personas defensoras y activistas políticos.
“Defender los derechos humanos en México: Entre la omisión y la simulación” es el nombre que lleva su undécimo informe anual. Activistas y defensores recopilaron casos de todo el país, apuntando específicamente a aquellos que no se han resuelto debido a la responsabilidad gubernamental para proteger y salvaguardar la integridad de las víctimas.
Este martes, en la mesa de presentación, la periodista Jade Ramírez de la Red de periodistas de a pie; así como representantes de la Fundación Rosa Luxemburgo México; de la Brigada Internacional de la Paz; y la Oficina del Alto comisionado de la ONU en México; dialogaron y presentaron este trabajo de documentación a lado de Francisco y Alejandro Cerezo de Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos y el Comité Cerezo México.
“Ya llevamos once informes, y es gracias a eso que hemos podido hacer un análisis a lo largo del tiempo desde Calderón, todo Enrique Peña Nieto, y ahora los años que llevamos con Andrés Manuel López Obrador”, dijo durante la presentación Francisco Cerezo, coordinador de este centro de derechos humanos.
Desde hace once años, este comité sistematiza denuncias y casos en todo el país a través de metodologías que han aprendido de organizaciones como las Brigadas Internacionales de la Paz, u organismos internaciones como la ONU.
Las afectaciones
El reciente informe recopiló denuncias y acciones cometidas entre el 1 de junio de 2021 y el 31 de mayo de 2022. Durante este periodo, de acuerdo con el documento, se cometieron 118 eventos de violaciones no graves a los derechos humanos que afectaron a 39 organizaciones, 28 comunidades, 48 personas y 3 familiares de personas defensoras.
Los actos que son considerados como no graves son todos aquellos que no entran en la definición de desaparición forzada, ejecución extrajudicial y la detención arbitraria. En este campo entran delitos como la amenaza, el hostigamiento, la persecución o espionaje, así como el allanamiento de morada.
De igual forma, de las 225 violaciones que el comité documentó en 2018 – al inicio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador – la cifras de los años posteriores disminuyeron significativamente. Sin embargo, por año se han registrado más de 80 violaciones no graves a los derechos humanos.
“Cuando entra el gobierno hay un gran número de violaciones, 225, luego empieza a disminuir; y a partir del 2021 empieza el aumento de las violaciones de derechos humanos, lo cual, en cierta medida cumple nuestra tesis que, al tercer año de cada sexenio, es cuando se empieza a consolidar el verdadero sentido y esencia de los estados, en este caso, el gobierno federal”, explicó Alejandro Cerezo, director de Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos.
Chiapas y Ciudad de México, estados con mayor número de eventos registrados
De acuerdo con el informe, las entidades que registraron el mayor número de eventos fueron Chiapas, con 23; seguido de Ciudad de México, con 20, y Michoacán, con 19 eventos.
“Se cree, o a veces generamos la falsa ilusión, de que por estar en la ciudad no se violan los derechos humanos, porque tienen más herramientas para acceder a la protección de los derechos humanos; pero si ustedes en realidad van a las colonias, a los barrios de diferentes partes de la Ciudad de México, pues no hay ningún conocimiento de la herramienta de los Derechos Humanos”, explicó Alejandro Cerezo.
Violaciones por comisión o aquiescencia
De los 118 eventos registrados sistematizados en el informe, el 69 por ciento fueron realizados por comisión, es decir, por funcionarios estatales de cualquiera de los tres poderes (ejecutivo, legislativo o judicial) y de cualquier nivel de gobierno (federal, estatal o municipal).
Por otra parte, el 31 por ciento de los eventos fueron cometidos por aquiescencia, es decir, omisión, o permisividad, de las autoridades gubernamentales para que estas violaciones a los derechos humanos se ejecutaran.
“En el primer año del sexenio hablábamos de que el 97 por ciento de casos eran por omisión, aquí hablamos que el 69, esto significa que hay un aumento de la utilización de grupos paramilitares, es decir grupos creados, auspiciados, entrenados por alguna parte del Estado mexicano que tiene como objetivo evadir u ocultar la responsabilidad de ese mismo Estado, o echarle la culpa a otros de que son otros los que violan los derechos humanos”, dijo Alejandro Cerezo.
Agresión y hostigamiento, principales violaciones a los DDHH
67 de los 118 eventos registrados en el informe encuadraron en el concepto de agresiones. Del mismo modo, se documentaron 27 casos de hostigamiento y 11 de allanamiento.
Este último concepto, expresó Alejandro Cerezo, revela que la tendencia de las agresiones, demuestran que ya no solo se enfocan en vulnerar el ejercicio de la defensa de las y los defensores, sino que ahora se arremete contra su intimidad.
Como ejemplo, resaltó el activista, está el caso del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDTA), organización a la cual pertenecía el comunicador popular y defensor del territorio Samir Flores Soberanes, asesinado en 2019 tras oponerse al Proyecto Integral Morelos (PIM).
De igual forma, dentro del concepto de agresiones existen diferentes modalidades, entre ellas el desalojo, los golpes o disparos con armas de fuego.
“La modalidad de desalojo es la modalidad de agresión que consideramos más grave, porque de esta se pueden derivar muchas más violaciones de derechos humanos como disparos con armas de fuego, golpes, lanzamiento de gases lacrimógenos, o el uso de extintores”, enfatizó Cerezo.
En el caso del hostigamiento, precisó el defensor de derechos humanos, se registraron casos de uso de helicópteros con vuelos rasantes en comunidades del estado de Chiapas. Particularmente, precisó Alejandro Cerezo, “contra la organización del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS)”.
Este caso en particular, precisó, demuestra una presunta cooperación de varias instancias como la Guardia Nacional, el ejército mexicano y la policía del estado. Incluso, explicó, “hay indicios muy fuertes de la coordinación de instancias ilegales, que son los grupos paramilitares, en el sentido de subordinar a los paramilitares a una estrategia general de Estado, no en igualdad de condiciones”.
FNLS, organización más agredida durante este año.
El 19.49 por ciento de los eventos registrados, es decir 39 de los 118, detalló Alejandro Cerezo, fueron cometidos en contra de militantes del FNLS, el cual tiene presencia en estados como Michoacán, Chiapas y la región de la huasteca.
Entre otras organizaciones violentadas que ha documentado este informe están la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM), la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y el propio Comité Cerezo México.
La mayoría de las violaciones ocurrieron bajo gobiernos de Morena
En los registros de su onceavo informe anual, el Comité Cerezo documentó que el 68.57 por ciento de los eventos registrados fueron cometidas por autoridades estatales.
No obstante, 35.30 por ciento de las agresiones son responsabilidad del gobierno federal, es decir, por grupos como la Guardia Nacional (mayoritariamente), el ejército mexicano o la secretaría de marina. Dentro de este grupo también se incluye a los grupos paramilitares.
Como resultado de esta suma, explicó Cerezo, “de 35 eventos, 27 fueron perpetrados por fuerzas armadas, lo cual nos deja mucho qué decir con las últimas declaraciones de a quién va a pasar el mando de la Guardia Nacional”.
En el caso de autoridades municipales, tan solo el 15.13 por ciento de los eventos fueron su responsabilidad.
Pese a ello, precisó Alejandro Cerezo, “si uno suma los eventos de violaciones de derechos humanos del gobierno federal, llegado al poder por el partido Morena, si uno suma los gobiernos estatales de Morena, y municipales, da como resultado que el 71.3 por ciento son realizados por gobernantes de ese partido; lo cual es lamentable, porque se supone que iba a haber una transformación”.
No obstante, precisó el activista, “esto no quiere decir que estamos peor que antes. Antes era peor. Lo que sí es cierto es que sigue habiendo violaciones de derechos humanos”.
En el informe se detalla que los principales beneficiarios de estas agresiones fueron los gobiernos estatales; seguidos por la federación y municipios, y en último lugar empresas privadas.
Derecho a la protesta, derecho más vulnerado durante este año.
De las 118 agresiones registradas, 64 se enfocaron a vulnerar el derecho a la protesta. Del mismo modo, 21 de estas acciones afectaron el derecho a la vida digna, y 14 las garantías a la tierra y territorio.
En comparación con el informe de 2021, se registró un incremento en los eventos que vulneraron estos tres derechos.
Durante este año, detalla el informe, se registraron por primera vez tres violaciones a los derechos de personas con alguna discapacidad, y un caso de vulneración al derecho de asilo cometido en contra de un refugiado político que fue detenido por autoridades federales y entregado a otro país.
Mujeres y hombres fueron afectados por igual
Del total de defensores afectados durante este año, detalló el informe, el 24.47 por ciento son hombres. La misma cifra se repite en caso de las mujeres. También, el 3.6 por ciento son personas con las que no se pudo obtener su sexo en los registros.
Alejandro Cerezo expresó que, entre las conclusiones a las que llegaron tras realizar el informe, es evidente el incremento de las agresiones a las organizaciones independientes; el aumento de la participación en otras violaciones a derechos humanos de gobiernos dirigidos por Morena, y el incremento de esas otras violaciones por el gobierno federal; el aumento de la participación de las fuerzas armadas en los eventos; y la lentitud en el desarrollo, mejoría y perfeccionamiento de una iniciativa de ley general para el respeto y promoción de los derechos de las personas que defienden los derechos humanos y periodistas.
Si quieres consultar el informe completo puedes hacerlo en la siguiente liga:
Informe Anual 2022
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Este trabajo fue publicado originalmente en Pie de Página que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes consultar la publicación original.
