Luego de 12 años de la tragedia de San Fernando, Tamaulipas donde 72 personas migrantes fueron asesinadas de manera brutal por integrantes del crimen organizado, aún restan 9 cuerpos de las víctimas por identificar y siete familias continúan en la exigencia de la exhumación de los restos que les fueron entregados, esto por la falta de pruebas que confirmen que sí se trata de sus seres queridos.
Las organizaciones acompañantes en México y Centroamérica, así como colectivos de familias, han señalado la necesidad de crear una Comisión Especial para investigar esta y otras masacres y desapariciones cometidas en contra de personas migrantes.
Por Redacción ZonaDocs / @ZonaDocs
Fotografía de portada Mario Marlo / @Mariomarlo
En agosto de 2010, 72 personas migrantes fueron torturadas y asesinadas en un rancho de San Fernando, Tamaulipas. La tragedia que sería conocida como La Masacre de los 72, dejó en evidencia “la grave situación de violencia contra las personas migrantes” en ese momento y que permanece vigente en México, así lo señalaron con un comunicado diversas organizaciones que defienden los derechos de la comunidad migrante y con necesidades de protección internacional en la región.
A 12 años de este evento atroz, 9 víctimas siguen sin ser identificadas, “denotando la falta de capacidad de articulación y colaboración entre México y los países de la región, para enfrentar la crisis de desapariciones y forense” denunciaron. Además, advirtieron que, igual número de familias permanecen en la búsqueda de sus seres queridos desde hace más de una década “sin saber que éstos se encuentran en un anfiteatro”.
También, durante este tiempo, seis familias guatemaltecas y una originaria de Brasil continúan esperando la revisión e identificación de los cuerpos que les fueron entregados “fast-track” sin documentación o pruebas que confirmen que se trata de sus seres queridos.
Y es que advierten que la “excelente relación democrática” que mantienen México y Guatemala “no ha servido para abrir el camino a la justicia y la verdad para estas familias”:
“No hemos contado con la voluntad de alto nivel del gobierno mexicano para que logren un acuerdo con sus pares guatemaltecas, para llegar a un acuerdo que permita la exhumación de los cuerpos en territorio guatemalteco y la revisión de los mismos por parte de la Comisión Forense, integrada por peritos de la Fiscalía General de la República (FGR) y del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF)”.
Destacan el caso de Mayra Izabel y su madre Ángela Pineda Morales, quien murió hace un año sin saber con certeza si los restos que el Gobierno de México le entregó son los de su hija. “No podemos seguir permitiendo que más madres, esposas, hermanas fallezcan sin saber en dónde están sus seres queridos” precisaron.
Para las organizaciones, queda claro que este y otros casos de violaciones graves a derechos humanos cometidos en contra de la comunidad en movilidad humana trasnacional “ha colocado la urgente necesidad de nuevos esquemas de investigación, búsqueda e intercambio de información entre instituciones y entre países”.
Entre sus exigencias, a 12 años de La Masacre de los 72 está la urgente necesidad de crear una Comisión Especial que investigue este caso y otros, pues a pesar de ser un evento de “trascendencia social, política y en materia de derechos humanos, el caso permanece en la impunidad”.
Señalan que no ha existido una colaboración regional para investigar las masacres y desapariciones de personas migrantes a través del tiempo “los tratados de cooperación y asistencia mutua entre México y los países de la región ya no responden a las necesidades que impone en la actualidad la problemática de muertes y desapariciones de personas en contexto de movilidad”, precisaron.
De ahí que sea vital e urgente la confirmación de la Comisión Especial para la Investigación de Masacres y Desapariciones de Personas Migrantes, la cual fue una recomendación del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU en su último informe de visita a México. La misma deberá contar con la participación y asistencia técnica de expertos nacionales e internacionales. Su cometido será ofrecer “una visión transnacional de la justicia, con un enfoque de macrocriminalidad y análisis sistémico, que incluye países de origen, tránsito y destino” explicaron las organizaciones.
Y es que manifiestan que mientras las personas migrantes permanecen “siendo objeto de discriminación, abusos y múltiples delitos, como secuestros, extorsión, violación, trata con fines de explotación laboral y sexual, y homicidio”, los gobiernos de sus países de origen, tránsito y destino –México, Guatemala, El Salvador y Honduras– cierran los ojos. Situación que no puede seguirse repitiendo.
Respecto a las investigaciones judiciales que se han desarrollado, solo hay dos sentencias relacionadas con los imputados que derivaron de los hechos, sin embargo, éstas corresponden a los delitos de delincuencia organizada y portación ilegal de armas de fuego, más no por los 72 homicidios de personas migrantes.
“El patrón de impunidad que existe en los casos de las masacres de personas migrantes, la deficiencia institucional de las fiscalías y la falta de mecanismos eficaces para investigar graves violaciones a los derechos humanos hace imprescindible, a 12 de la Masacre de los 72, empezar a generar esquemas diferentes que puedan traer verdad, justicia y reparación para estas familias” manifiestan las organizaciones.
Después de Los 72
Las organizaciones enlistaron al menos cuatro masacres posteriores a la tragedia de 2010 en San Fernando, Tamaulipas. La última de éstas ocurrió en Camargo, Tamaulipas en enero de 2021, donde 19 personas migrantes, 16 de origen guatemalteco fueron encontradas calcinadas.
Según informan las organizaciones, la Fiscalía General de la República (FGR) aceptó el apoyo técnico de la Organización de las Naciones Unidas para llevar a cabo las investigaciones de los casos; no obstante, hasta la fecha “no se ha concretado” y por lo tanto, tampoco se han reportado avances.
Durante estos 12 años, afirman, comités de familias de víctimas, organizaciones aliadas y algunas autoridades han dado pasos para adelante en la construcción de instrumentos como el Mecanismo de Apoyo Exterior Mexicano (MAE), el cual tiene como fin que familiares de personas migrantes denuncien los delitos de los cuales han sido víctimas sus seres queridos desde sus países de origen. Además de la Mesa de Búsqueda de Personas Migrantes Desaparecidas, que fue creada en noviembre del 2021 por el Sistema Nacional de Búsqueda.
“Aún falta la voluntad política para crear un sólido marco normativo y operativo, así como para la asignación de recursos necesarios. Si la justicia se siente, la impunidad para” finalizaron.
