Cada 14 horas una persona periodista fue víctima de un atentado violento por el ejercicio de su labor informativa durante el primer semestre de 2022, reportó Artículo 19 en su informe semestral. La organización documentó al menos 331 agresiones, lo que no sólo hace a esta mitad del año la más letal para la prensa durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, sino también, del sexenio de su antecesor Enrique Peña Nieto
Y es que de acuerdo con Artículo 19, en el primer semestre de 2016, a mitad del periodo presidencial de Peña Nieto, las agresiones contra periodistas en México fueron 218, lo que significa que los casos aumentaron en un 51.83% cinco años después.
De estas agresiones 18 han sido asesinatos contra periodistas y trabajadores de medios de comunicación. Ciudad de México, Yucatán, Michoacán, Tamaulipas, Chiapas, Guerrero y Veracruz son las entidades con más agresiones registradas.
Por Dalia Souza / @DaliaSouzal
En México prevalece un ambiente de “impunidad y negación” ante la violencia extrema que se comete todos los días en contra de las personas periodistas, afirma Artículo 19 en el reciente informe que hicieron público sobre el balance del primer semestre de 2022. El documento revela que se perpetraron al menos 331 agresiones, lo que implica que cada 14 horas una persona periodista o trabajadora de los medios de comunicación recibió un atentado por el ejercicio de su labor informativa entre enero y junio de 2022.
A decir de la organización que realiza la documentación y acompañamiento de estos casos en México, asegura que, de acuerdo con sus registros, en el mismo periodo de tiempo, pero durante la administración federal de Enrique Peña Nieto la cifra alcanzó los 218 ataques; de tal forma que hay un incremento del 51.83% entre ambos sexenios. Esto hace al semestre el más letal no sólo del periodo corriente, sino a través del tiempo.
Asimismo, detallan que ante este escenario “las autoridades de los tres niveles de gobierno son incapaces y omisas en generar las condiciones necesarias para prevenir la violencia y proteger a la prensa”.
En total, a mitad del mandato del presidente López Obrador se han documentado 2 mil 304 ataques en contra de periodistas y medios de comunicación, del 10 de diciembre de 2018 al 30 de junio de 2022. De estos ataques 34 son asesinatos, 26 desplazamientos forzados y 2 desapariciones.
Ciudad de México ocupa el primer lugar con 49 agresiones lo que representa el 14.80% de todos los ataques registrados en el país; le siguen Yucatán y Michoacán con 30 (9.06% respectivamente) ambos estados, afirma la organización “dieron un salto preocupante en la violencia”; Tamaulipas con 21 agresiones mantiene la tendencia de un estado fronterizo donde “sobresale un contexto de violencia para el periodismo” ; muy de cerca Chiapas se posiciona en el cuarto lugar con 20 casos en medio de un ambiente generalizado y recrudecido de violencia; y Guerrero y Veracruz con 17 (5.14%, respectivamente) están en la posición número cinco.
“Permanece la tendencia”: autoridades mexicanas son el principal agresor
Artículo 19 se ha dado a la tarea de sistematizar las características de los ataques que son perpetrados casi cotidianamente contra la prensa en México, esto le ha permitido argumentar que, desde 2007 el principal el agresor contra personas periodistas y medios de comunicación es el Estado.
En lo que va del 2022 (al mes de junio), agentes estatales son responsables de perpetrar 128 agresiones. Funcionarios públicos ocupan el primer lugar con 75 agresiones; después vienen las fuerzas de seguridad civiles con 45 ataques; y finalmente las fuerzas armadas con 8. Agregan que, respecto a los tres niveles de gobierno, son las autoridades estatales las que más atacaron a la prensa, le siguen las del nivel municipal y, en tercer lugar, agentes federales.
Uso ilegitimo del poder público, intimidaciones y hostigamiento son las violencias más reiteradas entre estas autoridades. Los ataques físicos son más perpetrados por las fuerzas de seguridad civiles y nuevamente agresiones como intimidación y hostigamiento las cometieron con más frecuencia las fuerzas armadas.
“El rol que tienen las autoridades en la violencia contra la prensa refleja claramente el incumplimiento de las obligaciones que tiene el Estado de garantizar los derechos y la integridad de las y los periodistas y medios de comunicación”, manifiesta Artículo 19.
Por otro lado, los ataques ejercidos por el crimen organizado se aumentaron en un 150%, respecto al primer semestre de 2021, en este periodo se registraron 12 y ahora se han contabilizado 30. Corrupción y política, seguridad y justicia y derechos humanos fueron los temas que cubren los periodistas que recibieron estos atentados.
Sin embargo, la organización afirma que, “mientras no haya investigaciones exhaustivas, imparciales y profesionales, será imposible identificar y procesar a los autores intelectuales de los asesinatos de periodistas y demás ataques.
Las agresiones más recurrentes
- Intimidación y hostigamiento 102 casos.
- Amenazas 66 agresiones de esta naturaleza.
- Uso ilegitimo del poder público con 45 atentados, puntualmente esta cifra representa un “preocupante incremento” del 462% en comparación con el mismo periodo en el 2021, cuando se contabilizaron 8 registros.
- Ataques físicos suman 29 casos y acceso ilícito a cuentas digitales con 11 casos.
- Bloqueo o alteración de contenido con 28 agresiones registradas.
Con preocupación y alarma, Artículo 19 destaca que los asesinatos a personas periodistas y trabajadoras de la comunicación ocupan el octavo lugar en las categorías de violencia letal contra la prensa.
En cuanto a los desplazamientos internos forzados y exilio producto de estos atentados, Artículo 19 reconoce una “tendencia al alza”. De enero a junio de 2022 cuatro hombres y dos mujeres periodistas fueron víctimas de esta violencia. Fue “el contexto de violencia y la falta de garantías por parte de las autoridades que se vieron obligados a salir de su hogar dejando atrás su proyecto de vida y redes de apoyo” expresa la organización.
Advirtieron, además, que el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas no ha tenido la capacidad para “proteger la vida de las personas periodistas en su lugar de residencia” y con ello han tenido que ofrecer un refugio que “en muchas ocasiones” tampoco cumple con “las necesidades que la persona periodista requiere.
Y por si fuera poco “no existen políticas de retorno seguro parra periodistas”, lo anterior es evidente pues el Mecanismo suele tomar la decisión del retiro de la medida de refugio sin hacer un análisis de riesgo profundo que tome en cuenta el contexto actualizado del lugar de origen.
En la misma línea, la violencia en línea “se mantiene como una tendencia grave marcada” en el primer semestre de 2022. La magnitud es tal que, de las 331 agresiones, 105 ocurrieron en el ámbito digital, asegura Artículo 19. Los patrones se repiten y las agresiones más recurrentes dentro de esta plataforma fueron: intimidación y hostigamiento, amenazas y acceso ilícito.
A luz de estos datos es posible identificar que, de las agresiones en línea que se perpetraron en contra de mujeres periodistas destaca que 5 de ellos tuvieron un “componente de género y 3 con connotaciones sexuales. Ejemplo de ello es la campaña de desprestigio y actos de estigmatización con violencia de género que ejerció José Ramón Correa González, asesor del alcalde del municipio de San Miguel de Allende, Mauricio Trejo Pureco, en contra de Ana Luz Solís Frías directora del medio digital News San Miguel.
La campaña de desprestigio en su contra a través de redes sociales, así como los cometarios que desacreditan su labor por parte de Correa González, giraban en torno a su físico y cuestionaban su credibilidad como periodista.
Otro caso más de esta naturaleza, documenta el informe de la organización es el de 11 periodistas independientes que, a través de sus cuentas personales de Facebook y Twitter recibieron mensajes intimidatorios de perfiles de desconocidos.
Quiénes sufren mayor número de atentados y agresiones
De acuerdo con el informe de Artículo 19, hombres cis y trans fueron víctimas de más agresiones y ataques, 219 del total se cometieron en su contra, lo que representa el 66.16% de todas; luego le siguieron las mujeres cis y trans con 88 casos (26.59% del total) y finalmente se encuentran los medios de comunicación con 24 registros.
En cuanto a las mujeres, los ataques más recurrentes en su contra fueron intimidación y hostigamiento, amenazas y ataques físicos y el uso ilegítimo del poder público.
Estigmatización y criminalización contra la prensa
En el primer semestre de 2022, Artículo 19 monitoreó la producción y reproducción de discursos estigmatizantes por parte de personas servidoras públicas, entre ellas el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Estos discursos en contra de medios y periodistas hacen notar la intolerancia a la crítica y al pluralismo de ideas. Aún más, estas acciones contravienen las obligaciones de las personas servidoras públicas, quienes están sujetas a umbrales de tolerancia más alta, debido justamente al carácter público de sus funciones, esto incluye tolerar discursos que pudieran parecer chocantes perturbadores y hasta disruptivos y ofensivos” afirma la organización.
La sección “Quién es quién en las mentiras” un espacio diseñado por el Gobierno Federal con la intención de “exponer noticias falsas que circulan en medios y redes”, sólo ha generado “estigma y desinformación” asegura Artículo 19, puesto que, a lo largo de su periodo vigente “se atacó a los medios de comunicación y periodistas” con señalamientos como: “mostraron muy poca ética periodística”, “salieron a volar los zopilotes”… “cualquier cosa es buena para la oposición para mentir, criticar y mostrarse de cuerpo completo”, precisa el informe.
“El problema no es debatir sobre la prensa y su labor, si no que sean las autoridades quienes deciden bajo qué criterios se observa a la prensa”.
Ante este contexto, la organización ha hecho varios llamamientos a quienes representan los poderes ejecutivo federal, estatal y a los gobiernos municipales, además del Legislativo: entre estos señalamientos destaca, “reconocer la labor relevante de las personas periodistas y medios de comunicación y el aporte que realizan a una sociedad democrática” además de “dotar al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas de los recursos humanos y financieros para desarrollar su labor”.
En tanto, al Mecanismo se solicita “promover la coordinación efectiva con las instituciones en las entidades federativas para el debido cumplimiento de las medidas de protección asignadas a personas beneficiarias” y con ello, “impulsar mayor alcance de respuesta en emergencias, al igual que agilizar los procesos de incorporación de la prensa y la asignación de medidas urgentes para salvaguardar la integridad de las personas periodistas de manera efectiva y pronta”.
A la Fiscalía General de la República y demás instancias de procuración de justicias, se les llama a implementar el “Protocolo homologado de Investigación de delitos cometidos contra la libertad de expresión, para que dichos delitos sean investigados por parte de la Fiscalía y las fiscalías locales de forma eficiente y diligente” y a realizar “las investigaciones y los análisis de contexto conducentes” para tomar en cuenta la “labor periodística de la víctima como móvil del crimen, sin descartarla a priori”.
