Desde Mujeres
Por Natalia Sánchez Carranza / @DesdeMujeres
Esta semana, el presidente López Obrador anunció un acuerdo para que la Guardia Nacional dependa por completo de la secretaría de Defensa Nacional. ¿Qué cambiará con este acuerdo? En realidad, este cuerpo armado que sustituye a la Policía Federal desde hace tres años, nunca fue una institución civil. Desde que inició operaciones en junio de 2019 ha sido dirigida por el general retirado Luis Rodríguez Bucio, quien cuenta con más de 40 años de experiencia militar, y el 80% de su fuerza está integrada por elementos del Ejército y de la Marina.
Según se determinó en el llamado Acuerdo Militarista de mayo de 2020, la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de la Guardia Nacional estaba limitada a un periodo de cinco años que vencerá en mayo de 2024. El nuevo acuerdo militarista anunciado esta semana cumpliría la intención del presidente –que ha expresado al menos desde 2021– de que forme parte de la Sedena de manera permanente.
La estrategia de seguridad de la administración de López Obrador gira en torno a la Guardia Nacional, respaldada y acompañada por el Ejército y la Marina. El presidente argumentó que las policías locales tienen capacidades limitadas, son vulnerables a la corrupción y podrían estar coludidas con el crimen organizado. Entonces, apostó a la continuidad y profundización de la militarización de la seguridad pública creando esta cuarta columna armada que ahora formalmente será parte de las Fuerzas Armadas.
La centralización de la estrategia de seguridad en la Guardia Nacional se refleja en el abandono de las policías. Si bien, los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios son responsables de sus instituciones de seguridad, desde 2013 las transferencias federales destinadas a las policías estatales y municipales han disminuido considerablemente.
Por ejemplo, el Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública (FORTASEG), por el cual los municipios podían recibir recursos para profesionalizar sus cuerpos policiacos y obtener uniformes, cámaras y otros materiales, fue eliminado desde 2020 bajo el argumento de que se desviaban los recursos asignados.
Según documentó México Evalúa, entre 2019 y 2022, se han destinado 40.9 mil millones de pesos a los programas de fortalecimiento para las instituciones de seguridad pública municipales y estatales, lo cual representa una disminución del 41% con respecto a los cuatro años anteriores.
En 2022, el presupuesto asignado para las policías fue de 8 mil millones de pesos, mientras que a la Guardia Nacional se le destinaron 62.8, a la Marina 37.8 y al Ejército 104.1 miles de millones de pesos.
¿Cómo esperar que las instituciones de seguridad civiles se profesionalicen si se les abandona aún más? Si las policías son vulnerables a la corrupción y al crímen organizado, ¿eliminar los subsidios no complicará aún más esta situación? ¿Por qué eliminarlos en lugar de establecer mecanismos de control más exhaustivos?
Simpatizantes del gobierno de López Obrador han justificado el involucramiento de las Fuerzas Armadas como un mal necesario, como si no hubiera alternativa y como si fuera una medida temporal mientras se profesionalizan las policías. Difiero por dos razones principales. Primero, porque sabemos que es una estrategia que no funciona y que pone en riesgo a la población, y esto no deja de ser cierto sólo por un cambio de gobierno ni por ser una medida supuestamente temporal. Segundo, la centralidad casi absoluta en la Guardia Nacional y el abandono de las policías demuestran que no hay voluntad política para volver a la vía civil: los militares se quedan.
Colectivos como #SeguridadSinGuerra han alzado la voz durante años para advertir sobre los riesgos que implica entregar las tareas de seguridad a las Fuerzas Armadas. Desde el inicio de la Guerra contra el Narco en 2006, se han registrado más de 400 mil personas asesinadas, más de 87 mil desaparecidas y más de 4 mil fosas clandestinas.
La Guardia Nacional ha acumulado desde 2020 más de 1,109 quejas por violaciones a los derechos humanos ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Durante 2021, se presentaron 8 quejas por privación de la vida, 7 por desaparición forzada y 15 por tortura.
Todas y todos estamos hartos de la violencia. Esto no justifica seguir apostando a una estrategia de seguridad que ya sabemos que no funciona y que podría hundirnos aún más en una crisis de violaciones a derechos humanos. Empecemos a hablar de alternativas.
