La Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) y el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) repudian, condenan y expresan consternación ante el acto de tortura ejercido contra Jazmín, de 11 años, quien fue rociada con alcohol para después recibir descargas eléctricas dentro de un centro de rehabilitación en Tonalá, Jalisco.
Para ambas organizaciones además de que tomar este caso como una oportunidad para eliminar la institucionalización de la tortura en albergues públicos y privados, resulta preocupante la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las infancias y adolescencias ante las múltiples violencias ejercidas contra este sector; por ello, este tipo de hechos evidencian un panorama que poco se conoce: el riesgo y la vulnerabilidad en estos espacios que tendrían que respetar los derechos humanos.
Por Alondra Angel Rodriguez / @alondriixs
Jazmín, de 11 años, fue quemada y tortura dentro de las instalaciones del Centro de Rehabilitación “Casa de Camino a la Fortaleza” en la colonia Santa Paula en Tonalá, Jalisco. En el lugar llevaba tres semanas internada para atender su ansiedad.
Esta grave violación a sus derechos humanos se hizo pública el pasado 22 de junio, fecha en que su madre denunció que su hija fue rociada con alcohol para después ser agredida con una pistola de descargas eléctricas que le ocasionaron quemaduras en el 13 por ciento de su cuerpos, principalmente, en brazos, tórex y abdomen.
Tras la denuncia, este centro de rehabilitación fue clausura y ya se investiga al personal que ahí laboraba; sin embargo, lo que se requiere es hacer una revisión a fondo de la manera en que ahí se da “la rehabilitación de las personas”, sobre todo, de aquellas que son menores de edad.
Ante ello, Denisse Montiel -codirectora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD)- comenta que este caso devela las múltiples omisiones por parte del Gobierno de Jalisco en la revisión y supervisión de este tipo de instituciones, pues tiene la obligación de hacerlo porque no basta con otorgar licencias y certificaciones cuando se desconocen cómo operan estos lugares e, incluso, se ignora cuántos operan en todo el estado.
“Lo que es común aunque no la norma es que estos centros operen de manera ilegal, sin ningún tipo de supervisión ni autorización, lo que coloca mucho más en situación de riesgo y vulnerabilidad a las y los menores de edad que sufren constantes violaciones a sus derechos”, comenta Denisse Montiel.
Para la defensora de los derechos humanos, lo ocurrido con Jazmín también demuestra que se carece de un diagnóstico sobre la situación en la que viven las y los menores dentro de estos centros de rehabilitación, aunque lo más grave -apunta- es que ni siquiera se sabe cuántos menores hay ingresados, cuántos lugares existen y cuántos están regulados o cuenta con las licencias pertinentes.
De acuerdo al Padrón de Centros de Rehabilitación del Consejo Estatal contra las Adicciones (CECAJ), al 28 de junio de 2022, en todo el estado existen 80 instituciones registradas; sin embargo, de éstas sólo 16 tienen el reconocimiento tanto del CECAJ como del Consejo Nacional contra las Adicciones (Conavim).
En ninguna de las listas aparece “Casa de Camino a la Fortaleza”, lugar donde fue torturada Jazmín, lo cual comprueba que era un lugar que operaba sin registro.
Por ello, desde CEPAD también se denuncia que la falta de un registro estatal o la duplicación de registros en cada municipio genera una situación alarmante, pues muchos de estos sitios engañan a las personas haciéndoles creer que trabajan apegados a derecho, de ahí que la práctica de la tortura -como forma de rehabilitación- sucede de manera institucionalizada y en plena impunidad.
De acuerdo a la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, las personas que operan los centros clandestinos tienen responsabilidad directa en estos hechos (tortura), pero no sólo ellos también tiene injerencia las instituciones del Estado, pues son y fueron omisas al no supervisar la operación de estos lugares o al no realizar operativos en los lugares que operan al margen de la ley.
Al respecto, la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) señala que los delitos cometidos contras las infancias y adolescencias, como pasó con Jazmín, se han incrementado en el primer semestre del 2022, esto tomando como referencia lo ocurrido en 2021; entre los delitos que se han incrementado se encuentran: la corrupción de menores (21.3%), extorsiones (20.8%), secuestros (11.1%), lesiones (29.8%), trata de personas (4.4%), homicidios (4.8) y feminicidios (13.5%).
Tania Ramirez, directora ejecutiva de REDIM, señala ante este panorama se debe considerar también la crisis de violencia a la que se enfrenta México, donde las infancias y adolescencias son carne de cañón para grupos delictivos; además de que también de que se debe combatir la creencia de que no son titulares de derecho, esto a causa de la cultura adultocentrista que no se voltea a ver las afectaciones particulares que viven las infancias y las adolescencias.
A eso, agrega, hay que sumar que mucha de esta violencia hacia niñas, niños y adolescentes no es castigada, lo que genera no sólo impunidad sino también una desigualdad jurídica que vulnera los derechos de las niñas, niños y adolescentes en cualquier aspecto.
“Independientemente de este hecho (lo ocurrido con Jazmín) desde REDIM se ha logrado documentar una recurrencia en omisiones, falta de regularidades, supervisiones y condiciones mínimas para el desarrollo de una vida digna para las personas que pueden estar en una situación de institucionalización, y en circunstancias donde se violan sus derechos humanos”, agrega Tania Ramirez.
¿Qué ha pasado con el Mecanismo Estatal de Prevención de la Tortura?
Actos de tortura como los que suceden en los centros de rehabilitación deberían de ser materia de análisis e investigación de figuras como el Mecanismo Estatal de Prevención de la Tortura, el cual fue instalada en noviembre de 2019 en Jalisco, único estado que cuenta con una figura de este tipo.
Su función es poder acceder a todos lugares públicos y privados donde haya personas privadas de la libertad para poder supervisar las condiciones en las que se encuentran, esto buscando que en todo momento se garantice su protección y para que jamás sean víctimas de torturas y/o tratos degradantes.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco (CEDHJ), sobre la violación a los derechos de Jazmín, aperturo un expediente para denunciar todas las irreguraridades institucionales que llevaron a los actos de tortura en su contra; en su justificación hicieron referencian al Mecanismo que no ha operado como debería.
Al respecto, Denisse Montiel de CEPAD también hizo énfasis en que es responsabilidad de la CEDHJ supervisar el funcionamiento de estos mecanismos y no sólo reaccionar cuando casos graves sucedan, pues esta institución también tiene la obligación de impulsar políticas públicas y promover reformas legislativas para que se garanticen los derechos humanos y, sobre todo, para que los derechos de las personas menores de edad no sean vulnerados.
Desde CEPAD, además se denunció lo tardía que fue la reacción del Gobierno de Jalisco y del Ayuntamiento de Tonalá, pues ambos reaccionaron tras la relevancia pública y mediática del caso, lo cual no resolverá de fondo el problema, pues decenas de personas siguen siendo llevadas a “centros de rehabilitación” que no sólo no tienen registros, sino que operan mediante tratos crueles y degradantes.
“Lo que realmente se requiere es una política pública integral, una mayor coordinación entre las instituciones que vigilan, supervisan y llevan a cabo los registros de estos centros donde, como sabemos, se violentan los derechos de las niñas, niños y adolescentes”, denuncia Denisse Montiel.
A ello, Tanía Ramírez de REDIM agrega que toda esta colaboración interinstitucional no se debe olvidar que: “el Estado es el responsable de promover, respetar y garantizar los derechos de la población y justo en un momento de vulnerabilidad tan evidente”.
A ello agrega que este y otros hechos no son sólo evidencia un patrón, sino también una falencia estructural de las instituciones para atender a las infancias, pues se habla de eliminar la institucionalización de estos centros, ya que no son aptos para el desarrollo y rehabilitación ni dan garantía de derechos de las infancias, pero es poco lo que se hace para evitar su funcionamiento.
Ahora que se pone en sobre la mesa los actos de tortura que suceden dentro de los supuestos centros de rehabilitación, ambas expertas, señalan que es importante que la política de supervisión se convierta en una política integral que involucre a todos los municipios del estado, pues de nada bastará el tener un diagnóstico completo de estos centros (para así saber cuántos son y cómo operan), sino se llevan a cabo investigaciones de casos similares y sino se atienden las afectaciones, tanto físicas como psico-emocionales, que presenten las y los menores de edad que ya han sido víctimas.
“Las niñas y niños no son el futuro, son el presente, son titulares de derecho ahora y no hasta el día que cumplen 18 años, hoy tenemos la necesidad de erradicar la violencia contra ellas y ellos, esto para sembrar un mañana más pacifico”, concluye Tania Ramirez.
Actualmente, Jazmín ha tenido que someterse a dos intervenciones médicas para subsanar el daño que le fue provocado en Centro de Rehabilitación “Casa de Camino a la Fortaleza”, lugar que está ya clausurado y bajo investigación.
