Colectivas y organizaciones feministas urgen Medidas de Protección Integrales para garantizar la seguridad e integridad personal de las defensoras de derechos humanos y periodistas en Jalisco, esto luego de los ataques registrados en contra de Susana Carreño, directora de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Sandra Quiñones del Colectivo Mujeres Puerto Vallarta y el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM).
Por Dalia Souza / @DaliaSouzal
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, junto la Red #YoVoy8deMarzo, el Colectivo Mujeres Puerto Vallarta y el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM) se pronunciaron para exigir al Gobierno de Jalisco disponga los medios necesarios para garantizar que la defensora Sandra Quiñones y la periodista Susana Carreño puedan desempeñar sus labores con toda libertad, seguridad y protección.
Esto luego de los ataques registrados en su contra dentro del municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. Susana Carreño, directora de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta fue agredida el pasado 1 de julio en la colonia La Moderna, Ejido Vallarta mientras realizaba labores de investigación periodística sobre el presunto desarrollo inmobiliario irregular en esta zona. En tanto, Sandra Quiñones también fue agredida hace algunas semanas derivado de su labor de defensa en casos de violencia de género y feminicida en esta ciudad.
En ambos casos, la Fiscalía del Estado de Jalisco han minimizado estos incidentes, atribuyéndolos a delitos menores.
En el caso de Carreño, fue el propio Gobernador del estado, Enrique Alfaro quien públicamente expuso que el ataque perpetrado en contra de la periodista había estado vinculado a “un intento de robo”.
“Conminamos al Gobernador y la Fiscalía Estatal para que en la carpeta de investigación se considere la labor de la periodista y se omitan las expresiones sin sustento que desvirtúan los hechos y minimizan la preocupante situación existente” expresaron las organizaciones.
El pasado 2 de julio, un día después del ataque a Susana Carreño, la defensora Sandra Quiñones salió a marchar junto al gremio de periodistas y expresó en micrófono abierto que este no es el primer atentado contra mujeres que realizan labores de defensa de derechos humanos; y es que ella misma está inscrita al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, debido a incidentes de violencia y persecución contra su labor.
“El contexto de violencia existente en el estado derivado de múltiples factores y la falta de actuación diligente y oportuna por parte de la Fiscalía Estatal ahondan la situación de riesgo en la que defensoras y periodistas día a día realizan sus actividades de acompañamiento y representación de víctimas, así como de investigación y transmisión de información a la población”, advirtieron las organizaciones feministas.
De acuerdo con los datos de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, en Jalisco se registraron durante 2020 un total de 52 agresiones en contra de defensoras y periodistas, en 2021 se reportaron 41 y de enero a mayo de 2022 se han cometido 5.
Basta con recordar que, la tarde del jueves 3 de febrero de 2022, la abogada y defensora ambiental Verónica Guerrero fue asesinada cuando se encontraba dentro de su vehículo en la colonia Mirador del municipio de Tonalá, Jalisco. Guerrero había trabajado activamente en el colectivo vecinal de la colonia Urbi Quinta para denunciar que la empresa Caabsa Eagle había utilizado algunos terrenos de manera irregular en la localidad de Matatlán en Tonalá, para deshacerse de la basura que ya no podía llevar al relleno sanitario Los Laureles tras su cierre a finales de 2021.
Si bien, a principios de enero el colectivo denunció agresiones, intimidaciones y amenazas, ninguna autoridad estatal y municipal actuó para atender la problemática y detener estos ataques antes del asesinato de la defensora.
Por su parte, el Fiscal del Estado de Jalisco, Luis Joaquín Méndez Ruiz, aseguró que las líneas de investigación sobre el feminicidio de la abogada Verónica Guerrero, no guardaban relación con el trabajo de defensa de derechos humanos que realizaba en el municipio de Tonalá.
“Urge la revisión y reformulación de la política de seguridad pública nacional, así como de los estados. La violencia generalizada debe ser contenida y no dar más espacios a la impunidad” precisaron.
Por último, advirtieron que tanto la defensa de derechos humanos como el ejercicio periodístico “son actividades angulares de todo Estado democrático”, por lo tanto, “el reconocimiento de quienes se dedican a éstas debe sustentarse en la ejecución determinada de políticas públicas que protejan y preserven la vida, la libertad e integridad personal de las defensoras, periodistas, sus familias, colectivas y organizaciones”.
