Manos Libres
Por Francisco Macías Medina / @pacommedina
Con la publicación de la convocatoria por parte del Congreso del Estado de Jalisco para el proceso de selección de la persona que dirija a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, se abrió de nueva cuenta un proceso que se ha vuelto lamentablemente cíclico al paso de cada renovación.
Los ciclos tienen un origen, fases de desarrollo y una parte final que vuelve a reiniciar. Las experiencias de más de 15 años en el proceso que hoy nos ocupa, deja en claro que este proceso es uno inclinado a intereses de políticos y de partidos ante la crisis de la propia institución.
Con la incipiente transición a la democracia en nuestro país, acelerada por la llegada del gobierno federal de alternancia en el año 2000, se puso el foco en los organismos autónomos y en la gestión de toda una generación de Ombudsperson que pusieron dedicación, sentido y dirección a dichas instituciones, pero sobre todo las dotaron de consciencia moral y de un ejercicio de ética de convicción a través de su voz y de las pocas herramientas que les proporcionaba el sistema. Podemos encontrar en ese proceso a a Miguel Sarre, María Guadalupe Morfín Otero o Emilio Álvarez Icaza.
Posteriormente hubo más interés en una de las fortalezas institucionales: la de poder auto organizarse internamente, así como solicitar y ejercer su propio presupuesto, lo que propició que sus posteriores administradores pusieran mayor énfasis en el crecimiento burocrático y en el aumento desmedido de las percepciones salariales. Del cual por cierto, Jalisco fue ejemplo vergonzoso a nivel nacional ya que contaba con el segundo Organismo Público de Protección a los Derechos Humanos con el mayor presupuesto y con el mayor salario para su “presidente”, sin que esto se reflejara en alguna novedad en la defensa de los derechos humanos.
La visión patrimonialista terminó por ajustarse a la crisis de legitimidad del país y se optó por designar a representantes de este organismo, cuya función era francamente realizar un mantenimiento de los mínimos indicadores institucionales y abrir las puertas a las cuotas políticas exigidas para ocupar espacios al grado de generar organigramas ajustados a ello.
Resalto lo anterior, porque las primeras notas que han surgido sobre la convocatoria dan cuenta de que se trata del cumplimiento de un reparto entre los partidos políticos mayoritarios – sea de la denominación que sean-, en el que existe un orden de asignación que busca silenciar la participación, obscurecer el propio trabajo del organismo y envía el mensaje de que en Jalisco no existe una instancia independiente que realice el mínimo trabajo de recibir una petición y realice una investigación pronta, completa e imparcial.
Como siempre, se cumple con el ritual de encontrar personas que acuden a correr el riesgo de presentar una hoja de vida y de ajustarse a unas reglas de desgaste que son útiles para hacer bursátil la negociación política, aunque se ajusten a lo que dice la ley. Aun así, existe dramatismo al observar que varias personas de las 29 inscritas, realizan la función en la misma CEDHJ sin hacer un ejercicio ético de rendir cuentas de su propio trabajo y de encontrar formas críticas para mejorar lo realizado por la “actual administración”. Uno de ellos con denuncias y procedimientos de acoso laboral cuyo entorno es el riesgo a derechos humanos de las mujeres, ¡vaya aspiración que desvela la vida interna institucional!
Otros pertenecen a instancias de Atención a Víctimas en el que semana a semana encontramos incumplimientos respecto a su función, sea en garantizar derechos, inscribirlos en el registro estatal o en otorgar una reparación integral oportuna. ¿No son esas violaciones a los derechos humanos?
¿Por qué ocurre esto?, porque la misma instancia al ceder su independencia se contamina de esos otros intereses y crea esas posibilidades de baja electividad. La selección ya no pasa por los estándares de los Principios Relativos al Estatuto y Funcionamiento de las Instituciones Nacionales de Protección y Promoción de los Derechos Humanos, llamados Principios de París, sino por propias declaraciones políticas de los actores y no de quienes deberían de ser las personas beneficiarias de su función que por cierto le dan origen y sentido.
La prueba de ello es que no hay discusión sobre un perfil, no porque sea ideal sino porque se busca que el “quien” responda a un análisis de la realidad de lo que ocurre en la vigencia y protección a los derechos humanos.
Mientras el debate durante el proceso sean las hojas de vida, los ensayos o los lazos de las personas participantes, se encarecerán las negociaciones de los actores políticos y permitirá la validación.
Es momento de reconocer que hoy la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco cumple con una función, genera indicadores cuantitativos y cualitativos pero es disponible porque no logra expresar lo que requiere la situación de los derechos humanos en Jalisco. Ha optado por la técnica – en el cual hay ejemplos notables dignos de reconocer como el de establecer una unidad de contexto, pero que no encabeza, sitúa o dirige los esfuerzos de defensa- y el silencio prudente que en situaciones límites puede llevarnos a la tolerancia de atentados a la dignidad de personas, en vez de darle contenido a una proactividad arriesgada que hoy se reclama como urgente.
Si se verifican con detalle los informes sobre las quejas, medidas cautelares, recomendaciones e informes de la actual gestión, no encontraremos un tema sin tocar; sin embargo, en la falta de cumplimiento de sus resoluciones, el ninguneo oficial para ello, la tibieza en el Informe Especial sobre las protestas ocurridas el 4, 5 y 6 de junio en donde los visitadores incluso fueron testigos de graves violaciones a los derechos humanos y se permitió pasar el tiempo; la participación de la propia CEDHJ en una Comisión de Inhumación de cuerpos sin identificar que hoy por cierto, vuelven a ser contados por expertos internacionales por no haberse realizado con un alto estándar de justicia y reparación; la emisión en masa de cientos de recomendaciones con mínimos diagnósticos situacionales en temas como desaparición forzada o sobre mecanismos para prevenir, atender o erradicar la violencia en contra de las mujeres; recomendaciones de la CNDH que denuncian deficiencias en la investigación de la tortura; los señalamientos de nepotismo sin optar por la transparencia y la renuncia de uno de sus visitadores por presunto acoso sexual (¡!), es donde observamos con claridad dicho declive.
Si se quiere volver a colocar la defensa de los derechos humanos, iniciemos por aquello que hace falta para protegerlos: que no se atente contra periodistas y deje de atacarse a las personas defensoras, que no se niegue la crisis de seguridad pública y de desapariciones forzadas, que se identifiquen los cuerpos acumulados en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, que la procuración de justicia comience a virar hacia las mejores prácticas, que se tome con urgencia la justicia cotidiana que hace que miles de personas no encuentren una puerta abierta para la justicia, sólo por mencionar algunas.
Las personas que han sobrevivido graves violaciones a los derechos humanos, los organismos de la sociedad civil en Jalisco y las universidades pueden contribuir a que el proceso de selección responda a la pregunta: ¿para quiénes defender los derechos humanos? y dibujar el cómo hacerlo.
Sólo desde ahí, desde esas voces juntas pero no homogéneas que hoy si representan la esperanza y la ética de emergencia que se requiere en las instituciones, podrá salir una nueva persona que pueda dar signos y pasos para recuperar el Ombudsperson de Jalisco.
De lo contrario, sólo seremos testigos una vez más de colocar un rostro y un cronómetro en ceros que profundice el silencio, la complicidad y la indignidad.
