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Tras 19 días de paro, las partes firmaron un acuerdo para reducir el precio de los combustibles y detener la actividad petrolera y minera. La Misión de Derechos Humanos que estuvo de visita en Quito denunció la comisión de crímenes de lesa humanidad que deben investigarse
Texto: Gabriela Ruiz Agila / Pie de Página
Fotos: Josué Araujo
Recursos multimedia: Alexis Olivo
QUITO, ECUADOR.- Un día antes de que iniciara el Paro Nacional, se instaló una cámara de vigilancia 360° en la avenida principal de la sede de Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Los muros externos fueron pintados con las leyendas: “Quito no se destruye”, “CONAIE terrorista”, como estrategia de una guerra psicológica o guerra sin fusiles se había iniciado contra el Movimiento Indígena.
El añejo conflicto cambia de nombre de presidente y bandera política, pero mantiene a la Conaie como el opositor natural a la imposición de políticas neoliberales desde el Palacio de Gobierno. Las élites políticas intentan manipular su capacidad de convocatoria y de “tumbar” presidentes y es la misma razón por la que le temen. Conaie se fundó en 1986, y cuatro años más tarde, impulsó entre mayo y junio de 1990, el primer levantamiento indígena que paralizó al país durante una semana. En el tiempo andino, es época de celebración de la fiesta mayor, el Inti Raymi. “Tierra, Cultura y Libertad” fue la voz de lucha.
Conaie, Fenocin (Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras) y Feine (Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas, Evangélicos del Ecuador) hicieron público un listado de 10 pedidos al Poder Ejecutivo, luego de un año de infructuosos intentos de diálogo. Esto motivó la convocatoria a un paro nacional.
El primer día, el gobierno de Lasso desestimó el poder de convocatoria de la Conaie. En la madrugada del 14 de junio, grupos de élite de la Policía y Fuerzas Armadas detuvieron de forma arbitraria e ilegal al presidente de la confederación, Leonidas Iza Salazar. Tras varias horas, el Estado dio cuenta de su lugar de detención. El Ministerio Público Fiscal le formuló cargos por el delito de paralización de servicios públicos y dispuso su libertad provisoria. Esta sería la mecha para avivar la suma de más colectivos y gremios que culminó con la firma de un Acuerdo el jueves 30 de junio con la mediación de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana en Quito.
Las cifras: dos estados de excepción, seis muertos, más de 500 heridos, 238 policías heridos. La Misión de solidaridad Internacional y Derechos Humanos en su informe preliminar, determinó la comisión de delitos de lesa humanidad en “ataques de “caracter sistemático, generalizado y dirigido a la población civil”: desapariciones forzadas, homicidios, privación ilegal de la libertad, tortura. Quedan todos estos casos en la necesidad de obtener verdad y justicia para las víctimas.
Narrar Paros y periferias sociales
No se trata del caso del Ecuador en particular, el de su crisis permanente. Es necesario establecer el desarrollo del Paro Nacional 2022 en un contexto regional y global que responde a los precios de los combustibles y el desabastecimiento de alimentos generan reclamos en la región. ¿Son el resultado de la aplicación de políticas neoliberales que profundizan exclusión y enormes diferencias entre la clase gobernante y los trabajadores? En Perú, el paro de transportistas demanda bajar el precio del diésel y la restitución del transporte de mercancías como servicio público; mientras que en Argentina, el desabastecimiento de diésel afectó a 19 de las 23 provincias.
El encarecimiento de los combustibles es un hecho, la demanda mundial de diésel excede la oferta mucho antes de que la guerra entre Rusia y Ucrania en febrero de 2022. La pandemia por covid y las políticas de reajuste económico afectaron la producción, elevando el precio de los alimentos y por tanto, dificultando el acceso a la canasta básica por parte de los sectores más empobrecidos. En Perú, el precio del diésel promedia los 4.54 dólares por galón; mientras en Ecuador, el precio está congelado en 1.90 dólares desde octubre de 2021.
El Acuerdo firmado entre el gobierno de Lasso y el Movimiento indígena logra la derogación del Decreto 95 de producción petrolera, la reforma del Decreto 151 sobre minería, y la reducción del precio de los combustibles en 15 centavos de dólar. Un precio ínfimo por las pérdidas económicas y en vidas humanas de la actual crisis, expresan voces en ambos bandos.
“En 2019 hubo un detonante para las protestas, pero ahora no hay detonante” dijo el mandatario, sin reconocer la gravedad de la situación donde siete de cada 10 ecuatorianos están desempleados.
Francisco Jiménez, Ministro de Gobierno, explicó que el Gobierno ha aceptado «el llamado de la ONU, de la Unión Europea y de más de 300 organizaciones de la sociedad civil para que, mediante el diálogo» se discutan abiertamente las posturas.
Al análisis del contexto debe sumarse el análisis de la inversión armamentista en tiempos de paz y pandemia. El Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI), el gasto militar mundial del año 2021 alcanzó su máximo histórico con un total de 2.133 billones de dólares, mientras que los gobiernos optaron por reducir la inversión en sectores sociales y hasta de la salud en plena pandemia.
El gasto belicista por país fue en Brasil con 19.187 millones de dólares; Colombia con 10.180 millones de dólares; México con 8.680 millones de dólares; Chile con 6.230 millones de dólares; y Argentina con 2.591 millones de dólares.
La Cepal señaló, que la tasa de pobreza extrema en América Latina habría aumentado del 13.1 por ciento de la población, en 2020, al 13.8 por ciento en 2021, un retroceso de 27 años. Esto significa que 86 millones de personas viven en extrema pobreza en nuestro continente y el número total de personas en situación de pobreza es de 201 millones.
Por su parte, la FAO alerta sobre 60 millones de personas pasan hambre en nuestro continente, situación que seguirá empeorando bajo el sistema económico neoliberal.
Un fantasma recorre América Latina
El enemigo a combatir y anular viste poncho y baja de los cerros. El principio “Ni niños, ni mujeres” pierde importancia. Las fuerzas del orden intentan disuadir con gas lacrimógeno y romper con toletazos el fantasma de Octubre de 2019. Once días de luto y rabia dejaron una estela de horror con heridos y muertos que estalló tras el retiro de subsidios a los combustibles del ex presidente Lenín Moreno.
El Paro Nacional de 2022 también ha dejado una huella imborrable sobre todo en los niños de los pueblos indígenas. La socorrista por la Paz, Joyce Soto, narró en el pleno de la Asamblea, que los niños son las principales víctimas del ataque por perdigones. “Cuando ven un policía, tienen miedo. Nosotros (los socorristas) debemos prestar el apoyo psicológico”. El ministro del Interior, Patricio Carrillo, aseguró que el gobierno no ha proporcionado ningún arma de perdigones al personal policial y que el jueves sólo llevaban gases para dispersar a los manifestantes.
¿Causa el mismo rechazo la implementación de la vieja receta de ajustes estructurales del Fondo Monetario Internacional (FMI) en América Latina? Ecuador acaba de recibir un nuevo desembolso por 1.000 millones que son parte del programa de crédito por USD 6.500 millones. Ecuador ya ha recibido USD 4.800 millones de ese monto.
En 2019, Colombia y Chile se agitaban con grandes marchas y la respuesta fue la misma por parte de las fuerzas públicas: lesiones oculares, pérdida de los ojos por impacto de bombas lacrimógenas. El temor al retorno de prácticas de la vieja Escuela de las Américas renombrada como Instituto de Cooperación y Seguridad del Hemisferio Occidental (Whinsec, por sus siglas en inglés), ha puesto en alerta de las organizaciones de defensa de derechos humanos.
Nombres de graduados de Whinsec retumban en la sociedad civil en episodios vergonzosos; el General Jaime Lasprilla aparece en el informe de la Corte Penal Internacional sobre el caso de falsos positivos en Colombia. Al mismo tiempo, Whinsec también genera admiración y cooperación bilateral. El 17 de enero de 2021, Patricio Carrillo, actual ministro del Interior y excomandante general de la Policía en el gobierno de Lenín Moreno, dirigió una carta al comandante de Whinsec, Jhon Dee Suggs, a propósito de su 20 aniversario. “Es un honor servirles y asistir a su capacitación profesional para continuar en el desarrollo de nuestras naciones” respondió la institución de forma pública.
Agregado de Policía adjunto en la embajada de Ecuador en Colombia y profesor e instructor policial, Carrillo tiene 40 años de servicio en la Policía, anhela crear la universidad para policías, para “las misiones futuras que van a enfrentar: ciberdelincuencia, delitos financieros y ambientales”, así lo expresó en entrevista para un medio local. De lograr su meta, sería la primera en América latina en su tipo, ¿una que pueda reproducir el entrenamiento de Whinsec?
Para combatir y anular el fantasma de Octubre 2019, ¿cuánto invirtió el gobierno en capacitación antidisturbios y compra de armamento y armas?
El fantasma de Octubre 2019
La investigación regional titulada “El negocio de la represión” evidenció que el gobierno ecuatoriano recibió bombas lacrimógenas de Colombia y Perú para reprimir e hizo una compra declarada confidencial de armas no letales: “A Colombia le devolvió el préstamo con granadas brasileñas de un modelo controversial, pues varios lotes habían sido desaprobados por la policía de Sao Paulo.”
Fotografías hechas por los manifestantes registraron la fecha de caducidad de las bombas lacrimógenas haciéndolas más nocivas. Al respecto, Amnistía Internacional observó algunos componentes que se sabe están presentes: agentes irritantes como CS, CN o PAVA, nitrato de potasio, cloruro de potasio, silicio, carbonato de magnesio, sacarosa, nitrocelulosa, carbón. No hay regulaciones de uso apropiado o formulaciones estandarizadas de toxicidad y hace “cuestionable la toma de decisiones de quienes controlan las operaciones policiales y la falta de capacitación de muchos oficiales policiales”.
De la misma forma, Ecuador prestó a Bolivia bombas lacrimógenas y balas de goma para contener las protestas que desencadenaron el golpe de Estado contra Evo Morales, y el nombramiento de la segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores, Jeanine Áñez, como presidenta. Las municiones en préstamos a Bolivia no han sido devueltas al gobierno ecuatoriano.
Bajo los acuerdos de cooperación en el marco de Ameripol, un organismo que reúne a 35 instituciones policiales de la región, sólo en dos días de octubre 2019, la Policía de Colombia entregó a la Policía ecuatoriana: 7 mil 140 cartuchos calibre 37 milímetros, 2 mil calibre 40, 8 mil granadas de mano trifásica, 2 mil granadas multimpacto y 10 fusiles lanzagases. El material era de fabricación estadounidense, de las marcas Combined Systems y Safariland, según corrobora otro documento del Ministerio de Gobierno al que tuvo acceso Diario El Universo. Por su parte, Perú prestó: mil granadas lacrimógenas, 5 mil cartuchos lacrimógenos de calibre 37 milímetros y 6 mil cartuchos de perdigones de goma.
En junio, la Asamblea Nacional del Ecuador aprobó la Ley de Uso progresivo de la Fuerza con lo que probablemente, se alentó la brutal represión del Paro Nacional en 2022.
Ojo por ojo
El 24 de noviembre de 2020, la ex ministra de gobierno, María Paula Romo, eligió despedirse en el juicio político en su contra, vía zoom, desde el salón de banquetes del Palacio de Gobierno, junto al alto mando de la Policía. Fue censurada y destituida por su supuesta responsabilidad en el uso de bombas lacrimógenas caducadas y “ataque” en las zonas de paz durante el paro nacional de octubre de 2019.
Integrante de Ruptura de los 25, hizo política cercana al ex presidente Rafael Correa. En 2011, cuando marca distancia con Correa, la revista Foreign Policy la escogió como uno de los nuevos rostros comprometidos con las mujeres y los Derechos Humanos. En el contexto del Paro Nacional de octubre 2019, señaló falsos positivos y exacerbó la xenofobia contra personas venezolanas como señala la Alianza de Derechos Humanos del Ecuador.
Romo cuestionó el trabajo de la CIDH que responsabilizó a la Policía Nacional y Fuerzas Armadas de cometer “graves violaciones a derechos humanos en contra del movimiento indígena”. Bajo su gestión se llamaron a más de 500 dirigentes y miembros de organizaciones sociales a declarar. Romo reconoció que la Policía usó gases lacrimógenos caducados para repeler las protestas y pidió disculpas por la serie de bombardeos contra las zonas de paz que se establecieron entre los campus de Universidad Salesiana, PUCE y Universidad Politécnica.
Solo un mes después, aún abierta la herida, la ministra Romo posó para la portada de una revista local con una blusa que mostraba una mujer sin un ojo. La opinión pública rechazó la imagen como burla a la represión de octubre. ¿Es Romo la gran ejecutora de la estrategia política para combatir al enemigo interno? El gobierno de Lasso cuenta entonces con dos viejos expertos en el combate al Movimiento Indígena, Carrillo y Romo. ¿Lograrán posicionar la tesis del enemigo interno al que catalogan como Narcoestado?
Durante el Paro Nacional también circularon fotografías y videos de indígenas amazónicos armados. La imagen es amenazante. Se teme el reaparecimiento de grupos armados. Mucha gente añora al ex presidente León Febres Cordero bajo cuyo régimen autoritario se asesinó a los miembros de las Fuerzas Revolucionarias del Pueblo (FRP) “Alfaro Vive ¡Carajo!.
Entre 1984 y 1988, la hegemonía estadounidense impulsó la Doctrina Monroe, que considera una amenaza cualquier avance del “comunismo internacional”. No es de extrañar que actualmente, la menor asociación al socialismo del siglo XXI (cercano al comunismo) evoque miedo y justifique la represión contra grupos armados o de autodefensa. Los generadores de opinión y los trolls que desinforman se asientan sobre la base de presunción de existencia de una narco estado, financiado por el socialismo del siglo XXI, y políticamente “correísta”. Al menos así la bancada oficialista CREO interpreta la ‘declaración política’ de 47 asambleístas del bloque correísta Unión por la Esperanza (UNES) para llamar a la aplicación del artículo 130 de la Constitución en el intento de destituir al presidente Guillermo Lasso. Reunieron 80 votos, necesitaban 92, mostrándose en clara oposición al gobierno.
El enemigo interno
“Ustedes solo representan a una pequeña parte del 3 por ciento de indígenas. Vuestro líder no es más que un terrorista. Piojosos, Apestosos. Primero aprendan a bañarse…” expresó un político en redes sociales sin recibir reprobación ni sanciones por incitar a la violencia o promover el odio por origen o identidad en los días de Paro Nacional.
En otro episodio vergonzoso en el Congreso ecuatoriano, diputados del Partido Social Cristiano (PSC) acosaron en colectivo a Salvador Quishpe (Pachakutik) en represalia a su incisivo comentario:
“¡Basta de servilismo, grupo de pandilleros!”. Fue rodeado en su curul. Se escucharon gritos que decían: y se escucharon gritos que decían: “¡Mírenlo a este indio que está drogado con Ayahuasca, ese indio ignorante!”.
Entre empujones, el entonces diputado y comentarista deportivo Alfonso Harb se abrió camino para quitar el sombrero de la cabeza a Quishpe, colocó el sombrero en el suelo, ridiculizando al indígena saraguro frente a la mofa del congreso en pleno. Esa jornada legislativa debatió sobre el supuesto perjuicio de 8 mil 942 millones de dólares en la operación de canje de bonos por el diputado León Febres Cordero quien se presentó luego de 123 días de instalado el Legislativo.
En Ecuador la población actual es de 17 millones 475 mil 570 habitantes, de los cuales, 1 millón 100 mil habitantes pertenecen a las 4 nacionalidades indígenas. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 2020), el 24.1 por ciento habitan en la Amazonía y el 7.3 por ciento de los Kichwa andinos habitan la Sierra Sur.
La Constitución del 2008 reconoce al Ecuador como Estado plurinacional y pluricultural pero tras veinte años de ratificado el Convenio 169 de la OIT en el país, no parecen existir políticas públicas específicas y claras que prevengan y neutralicen el riesgo de desaparición de estos pueblos, evalúa Iwgia, organización global de derechos humanos dedicada a promover, proteger y defender a los pueblos indígenas.
El gobierno de Abdalá Bucaram emprendió una campaña de desprestigio contra las personas e instituciones que defendían los derechos humanos, atacó a los sindicatos públicos y a los movimientos sociales y se intentó dividir a la Conaie, consta en el Informe de la Comisión de la Verdad de 2010. Según datos de la CEDHU, se produjeron 34 homicidios, 67 casos de tortura, 376 casos de agresiones físicas, 414 detenciones arbitrarias y tres detenidos-desaparecidos.
En 2015, Rafael Correa calificó como “indios fracasados” a los dirigentes indígenas de la marcha, del levantamiento y el paro nacional convocado por el Frente Unitario de los Trabajadores, la Conaie y las demás organizaciones del Colectivo de Organizaciones Sociales. Sólo en ese año, más de cien campesinos, indígenas, trabajadores y estudiantes fueron detenidos en el Ecuador por protestar contra las medidas económicas del correato o la falta de consulta previa.
Desde entonces, el acoso judicial es una de las estrategias que se emplea para estigmatizar y perseguir a la oposición política bajo los delitos de paralización de servicios públicos, otros de incitación a la discordia entre ciudadanos, ataque o resistencia (a agentes de la fuerza pública), y más grave, terrorismo.
Del Ministerio de propaganda a la táctica de desinformación
Para la prensa tradicional e independiente es importante reflexionar sobre el papel que tienen los medios de comunicación. En el Paro Nacional de junio 2022, periodistas así como varios medios alternativos y comunitarios denunciaron ataques cibernéticos a sus webs y cuentas en redes sociales: Apak tv de la Asociación de Productores Kichwas de Otavalo, Revista Crisis, Hoja de Ruta, Asamblea Popular de los Pueblos de Chimborazo, Radio La Calle, Indymedia sede Ecuador, Wambra. Conaie y Confeniae así como ciudadanos reportaron la “censura de contenidos” por infringir las normas de comunidad mientras compartían registros de abuso policial y represión estatal.
Memes, audios y fotos, videos y documentos (auténticos y falseados) inundaron las redes sociales. La propaganda, en ambos bandos, estaba orientada a crear y reafirmar opinión pública, a favor y en contra del Paro Nacional, y por lo tanto, sobre sus protagonistas, el Movimiento indígena y el oficialismo.
“Dirigentes de la Conaie se hospedarán en el Swissotel en Quito” y “Ni albergue ni comida para manifestantes en Quito” se leía en dos imágenes que circularon en redes. Una investigación de AFP Actual determinó las imitaciones de gráficos del diario El Comercio para desinformar sobre las protestas en Ecuador. Un grupo político necesitaba construir el relato clasista y diferenciador entre el pueblo llano y la dirigencia a la que se refieren de forma despectiva como “ponchos dorados”.
La gente clamaba al “gobierno del encuentro” (slogan presidencial) por un diálogo. Sybel Martínez, miembro de la Comisión de la Verdad y miembro del Consejo de Protección para la Niñez, explica que “dialogar pasa por reconocer al Otro como actor legítimo. Leonidas Iza, actual presidente de Conaie, pide ‘Reconózcanos como actores políticos y sociales’. El discurso nacional pasa por racismo, por colonia» .
Pero cada vez que el presidente Lasso llamó al diálogo se producía una nuevo episodio de represión, del cual dan cuenta crónicas, reportajes, entrevistas y testimonios de los manifestantes registrados en 18 días de Paro Nacional. El 28 de junio, Lasso desconoció la representación legítima de los pueblos y nacionalidades indígenas de Leonidas Iza frente a Conaie.
¿Es el Movimiento Indígena y todo aquel colectivo que emprenda acciones de resistencia o protesta contra el gobierno considerado el enemigo interno? Bajo esta hipótesis, las políticas de seguridad y administración del gobierno interno continúan respondiendo al Plan Militar de Defensa Interna de 1983, observador por constituir el marco de violaciones a los derechos humanos como muestra la investigación de Luis Obando de 2017.
Dicho Plan define como enemigo a la insurgencia y los subversivos son aquellos ciudadanos que alteren el orden público mediante actos de sabotaje, huelgas, paros, o cualquiera otra acción, fomentando la intranquilidad en la ciudadanía y que atenten a la estabilidad del Gobierno e Instituciones republicanas.
Las muertes de seis personas en el contexto del Paro Nacional de octubre 2019 siguen impunes. Se conformó una Comisión Especial para la Verdad y la Justicia (CEVJ) -incluyó a la defensoría del Pueblo- verificó que 22 civiles sufrieron lesiones permanentes y a largo plazo por municiones no letales, 470 policías fueron agredidos y 208 secuestrados. El informe de la Alianza habla de nueve fallecidos, muertes violentas en contexto de protesta social y represión estatal.
En junio de 2021, el informe de la Alianza de Organizaciones por los derechos humanos en Ecuador muestra que la criminalización de la protesta social, persecución y estigmatización es una constante para las personas y colectivos defensores de la naturaleza. Señala que 18 de los 22 casos documentados están relacionados con industrias extractivas o en el sector energético. Una de las causas principales de estos conflictos es el incumplimiento de los estándares de garantía del derecho a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado; así también del derecho a la consulta ambiental por parte del Estado en complicidad con las empresas.
Según el Frente Nacional Antiminero, 21 territorios se levantaron en el Paro Nacional de 2022 porque 2 ‘278.817 hectáreas fueron entregadas a compañías mineras sin consulta previa. Denuncia que el gobierno de Lasso ha militarizado comunidades para imponer la megaminería con violentos operativos en Buenos Aires de Imbabura o en Cóndor Mirador donde los comuneros de Tundayme fueron desalojados y se reporta un líder asesinado.
Los reportes de agresiones en contra de personas y colectivos defensoras de derechos humanos, de la naturaleza y de pueblos originarios van en aumento, a pesar de progresar en el marco normativo internacional como el Acuerdo Escazú, a pesar de miles de personas protestando en las calles durante 19 días de una violencia simbólica y física que solo evidencia la persistencia de las diferencias, el racismo y la exclusión. Urge a los gobiernos en trabajar por lograr la anhelada paz con justicia social.
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Este texto se publicó originalmente en Pie de Página:
Humillaciones racistas y crímenes de lesa humanidad marcan el Paro Nacional en Ecuador
