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Esta semana comenzó el juicio oral a Roberto Cabrera Alfaro excomisionado nacional de búsqueda, acusado de entregar más de 45 mil perfiles genéticos de personas desaparecidas y sus familias a una empresa privada. La empresa propuso pagar 70 millones de pesos. Esta es la crónica de la primera audiencia
Texto: Luis Brito, Wendy Selene Pérez, Paula Mónaco Felipe
Traje azul marino casi negro, gesto serio y consternado.
Roberto Cabrera Alfaro llegó al segundo piso del Reclusorio Sur a enfrentarse al primer día del juicio oral por haber entregado, presuntamente, más de 45 mil perfiles genéticos de personas desaparecidas y sus familias a una empresa particular llamada Central ADN SA de CV, conocida comercialmente como ADN México.
El excomisionado nacional de búsqueda es acusado por el delito de ejercicio ilícito del servicio público, un cargo que según el Código Penal Federal podría significar hasta siete años de prisión y quedaría inhabilitado, como lo dio a conocer este equipo de periodistas en diciembre de 2021 con la investigación Traficantes de ADN.
Cabrera Alfaro, el primer comisionado que tuvo el país para enfrentar la tragedia de desapariciones, llegó antes que nadie a la sala el lunes: antes que la única fotógrafa y los únicos dos reporteros en el lugar, antes que Karla Quintana, la actual titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), quien encabeza la denuncia en su contra. Y tomó asiento en el extremo opuesto al espacio donde los testigos hablaron.
La denuncia en contra de Cabrera Alfaro data de agosto de 2019 y fue interpuesta por la comisionada Quintana.
De acuerdo con la causa penal 245/2020, el exfuncionario y un grupo de colaboradores habrían entregado al laboratorio privado, en al menos dos ocasiones, en USB, los perfiles genéticos bajo resguardo del Estado mexicano y protegidos por las leyes de confidencialidad.
Durante el juicio y en la jornada del lunes los fiscales afirmaron que se vulneró información sensible de miles de víctimas y sus familiares. Una filtración, copia o hecho que pesa en un país que rebasa los 100 mil desaparecidos.
Siete horas de preguntas, explicaciones y acusaciones. Recesos cortos, una salida al estacionamiento a tomar aire. Así, entre las cuatro y treinta de la tarde y casi hasta la madrugada de una noche lluviosa, empezó la etapa decisiva de un juicio que mostraría una nueva cara de la corrupción en México.
Testimonio de Quintana
La actual comisionada nacional de búsqueda, Karla Quintana, explicó durante el juicio su cronología de los hechos pero también un dato hasta ahora desconocido: el monto de 70 millones de pesos.
Contó que después de asumir el cargo, en febrero de 2019, se encontró en los archivos de la CNB una propuesta de la compañía Central ADN dirigida a Cabrera por unos 70 millones de pesos para el procesamiento de los perfiles, aunque precisó que desconocía si se hizo ese o algún otro pago.
La búsqueda en los archivos se realizó después de que Mariana García Sosa, en esa época la directora comercial de genética forense del laboratorio, habló con Quintana durante una reunión con víctimas para decirle que tenía más de 45 mil perfiles genéticos que Cabrera le había entregado y que quería seguir manteniendo la “relación”.
“Me dijo que podía entregar cuerpos inmediatamente”, testificó Quintana.
La comisionada le respondió que tenía que revisar la legalidad de la propuesta y meses después interpuso la denuncia ante fiscalía anticorrupción porque no encontró ningún contrato de por medio, ningún documento jurídico.
Convenio y controversia
Quienes también testificaron el primer día del juicio fueron García Sosa, Diego Ulibarri y Lilián Heredia, de la empresa Central ADN.
Dijeron que Cabrera Alfaro entregó el día 31 de mayo de 2017 perfiles genéticos en un USB solo con un oficio firmado por él. Entonces, era coordinador de estrategias de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), una dependencia que existía en el gobierno de Enrique Peña Nieto y dirigía Renato Sales Heredia, ahora fiscal de Campeche, un estado gobernado por el partido Morena.
García Sosa dijo que la primera entrega se hizo en las oficinas de Cabrera y mostró al juez un oficio con el logotipo de la CNS y la firma en tinta azul del exfuncionario. En el oficio, Cabrera solicitaba que los perfiles genéticos fueran “unificados” en la base de datos del laboratorio de la empresa (llamada “Altea DB”) y se realizaran “confrontas posibles” o coincidencias con fines de identificación.
Cabrera Alfaro mantuvo dos dedos en la barbilla cuando las pantallas de la sala proyectaron el oficio. Y antes, volteó la cara hacia la pared cuando la comisionada Quintana había entrado a la sala para dar su testimonio.
Según el exfuncionario, ese día 31 de mayo de 2017 no pudo haber firmado nada porque había estado en Culiacán después del asesinato del periodista Javier Valdez, y había llegado tarde a Ciudad de México. Javier Cruz Ángulo, abogado del exfuncionario, alegó que su cliente regresó a la capital mexicana a las 18:05 horas y no pasó a las oficinas de la Comisión Nacional de Seguridad, en avenida Constituyentes.
“Es imposible el evento delictivo porque estaba en el aeropuerto”, refutó el abogado.
En la audiencia del juicio la defensa no negó la autenticidad de la firma del acusado en el oficio mostrado por García Sosa ante el juez.
El director general de Central ADN, el veterinario Diego Ulibarri, explicó que él, García Sosa y un genetista español llamado Manuel Rey se reunieron con Cabrera a finales de 2016 a petición del exfuncionario, los contactó porque estaba interesado en el software de base de datos Altea DB, desarrollado en España y distribuido por la empresa en México.
Ulibarri dijo que la entrega de los perfiles genéticos era para hacer una prueba piloto con su base de datos, pero alegó que él no recibió ni vio la información.
Explicó que Central ADN estuvo compuesta varios años por áreas de veterinaria, diagnóstico de salud humana y genética forense, que en la actualidad están centrados en el mercado de las pruebas de covid-19.
Lilián Heredia dijo que como directora de sistemas del laboratorio recibió perfiles de ADN proporcionados por el equipo de Cabrera. “Además del licenciado Roberto Cabrera, era su equipo, no recuerdo nombres”, sentenció.
Según la científica, en una ocasión descargó directamente de una memoria USB a una laptop la información genética que le entregaron los servidores públicos para subirla a la base virtual del laboratorio. Los perfiles genéticos eran archivos de Excel y PDF que consistían en series de números con identificadores y en algunos casos datos adicionales, como el estado del país o la institución de la que supuestamente provenían: Policía Federal y PGR (ahora FGR), dijo.
El oficio presentado ante el juez señala que los perfiles genéticos entregados a la empresa eran parte de una “recolección nacional” solicitada a estados e instancias federales.
En su testimonio, Heredia aseguró que una confronta masiva a finales de 2017 arrojó “11,000 resultados” y en revisiones posteriores “salieron” 1,200 “probables positivos”.
Un positivo sería una probable coincidencia entre el perfil genético de restos humanos y familiares de un desaparecido, pero en todos los casos se necesitan otras disciplinas para verificar una identidad.
Los perfiles genéticos, según Heredia, fueron destruidos.
“Se calma o ya no lo dejo preguntar”
Al inicio del juicio, los fiscales del caso dijeron que se demostraría la acusación y que Cabrera era penalmente responsable, mientras que los asesores jurídicos de la CNB denunciaron que actuó de forma irresponsable al entregar perfiles de desaparecidos y familiares, porque fueron revictimizados.
Javier Schütte, asesor de la CNB, planteó que la información se proporcionó tal vez con buenas intenciones para sistematizar pero se ignoró la normatividad y no se garantizó su seguridad para evitar que se utilizara para otros fines.
La defensa de Cabrera aseguró que se estaba enjuiciando a un servidor público “ejemplar” en distintas instancias de seguridad, que logró “avances” y “salvó” la vida de personas secuestradas.
El exfuncionario permaneció las más de siete horas muy serio, apenas se retiró la mascarilla por algunos instantes, de vez en cuando tosía y sacaba de una bolsita de plástico, metida en el bolsillo izquierdo de su pantalón, pastillas para aliviar la garganta y toallitas para secarse el sudor.
Cabrera Alfaro tomó el cargo como titular de la CNB en enero de 2018, en un momento en que el número de personas desaparecidas iban en ascenso en México, un país que según reconocen las mismas autoridades enfrenta una crisis humanitaria aparejada con un desorden forense con más de 52 mil cuerpos sin identificar.
La tensión entre las partes fue creciendo durante el primer día del juicio ante los ojos del polémico juez federal Felipe de Jesús Delgadillo, quien ha llevado los casos de Rosario Robles, Emilio Lozoya y Julio Scherer.
Los abogados del excomisionado, Cruz Ángulo y Miguel Ángel Medrano Larios, objetaban las preguntas de los fiscales a los testigos sin mucho éxito. Sobre todo cuando testificó Karla Quintana. Igualmente trataron de confrontar las respuestas de la empresaria García Sosa con declaraciones que rindió ante el ministerio público durante la investigación.
“Se me calma o ya no lo dejo preguntar”, previno el juez Delgadillo a Medrano Larios.
La defensa de Cabrera se puso puntillosa y confrontó a García Sosa porque dio fechas distintas en algunas declaraciones ante el ministerio público, previo al juicio. La socia de Central ADN dijo que se había confundido porque generalmente tenía presiones de tiempo porque trabajaba para alguien importante. Para quién trabaja, le preguntaron los abogados de la Comisión Nacional de Búsqueda, ella contestó que para “el señor Scherer” y que en ese momento era el ex consejero jurídico del presidente Andrés Manuel López Obrador. Los abogados insistieron, “¿puede dar el nombre de pila?”, a lo que ella respondió “el señor Julio Scherer”.
De acuerdo con la investigación Traficantes de ADN, los dueños de la empresa son Hugo Scherer Castillo, primo del ex consejero jurídico, Diego Ulibarri, Mariana García Sosa y un empresario mexicano de apellido Gómez Sanz.
En una asamblea extraordinaria a finales del 2020, los socios de Central ADN aprobaron la propuesta para transferir a Productora de Contenidos Inmersivos 115, S.A. de C.V., la totalidad de las acciones de Scherer Castillo, equivalente a 2 mil 250 millones, y reconocerle su carácter de socio de la entidad que tiene como apoderada a Valentina Scherer Navarro, hija de Julio Scherer. Además de esa compañía, por fuera de Central ADN, el publicista registró también en 2019 la empresa Tenedora de Proyectos 115, donde comparte el 50% de las acciones con Julio Javier Scherer Pareyón, otro de los hijos del exconsejero jurídico de AMLO, según la investigación.
La audiencia del juicio de Cabrera continuó el martes y seguirá este miércoles en el mismo juzgado del Reclusorio Sur; está contemplado que el jueves el juez Delgadillo emita su fallo.
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Este texto se publicó originalmente en Pie de Página:
Un convenio, tensión y 70 millones: primer día del juicio por tráfico de ADN
