El Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) realizó un panel para analizar los retos y avances en la implementación de las reformas a la Ley de Migración en materia de niñez y adolescencia migrante, la situación -aseguran- es alarmante porque existe un vacío de información sobre la restitución de derechos de la niñez y la adolescencia migrante; así mismo hay inconsistencia en las cifras y poco conocimiento de la Ruta de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.
Por Josué Ibarra/ @josueibarrasala
Actualmente, en el país -sobre todo en su frontera sur- existen inconsistencias en las cifras de niñez y adolescencia detenida por el Instituto Nacional de Migración, pero también se ignora el número de ingresos a los Centros de Asistencia Social, lo más alarmante es que ninguna autoridad tiene claridad de por qué el número de menores detenidos no corresponde los que son canalizados.
A estas conclusiones se llegó en el panel “Avances y retos en la implementación de las reformas a la Ley de Migración en materia de niñez y adolescencia migrante y de la Ruta de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Migración en el sur de México” realizado por el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) y donde participaron las organizaciones Asylum Access México, Kids in Need of Defense, la Coalición Internacional contra la Detención, así como la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Veracruz y la Organización Internacional para las Migraciones.
Con la entrada en vigor de las reformas a la Ley de Migración, en enero de 2021, se prohibió la detención migratoria de niñas, niños y adolescentes, y además se estableció la rectoría de las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en la restitución y protección integral de sus derechos; sin embargo, asegura IMUMI, “no existen datos contundentes que permitan confirmar si se están aplicando estas reformas a la totalidad de la niñez y la adolescencia, cómo se garantiza su Interés Superior y por qué hay una inconsistencia en los datos”.
Conforme a la Secretaría de Gobernación, en 2021, se registraron 75 mil 592 eventos de detención de niñas, niños y adolescentes, la estadística más alta que se tiene registrada desde que se comenzaron a contabilizar los eventos de detención en 2002: “Esta cifra se presenta justo en el primer año de la implementación de la prohibición de la detención de niñas, niños y adolescentes migrantes y el endurecimiento de las políticas migratorias de contención regionales”, señaló IMUMI.
“Es importante conocer de dónde vienen esas niñas, niños y adolescentes. De acuerdo con investigaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la mayoría ha sido víctima de robo, violación, abuso sexual, secuestro, reclutamiento por miembros del crimen organizado y transportación oculta en condiciones paupérrimas, lo que incluso pone en riesgo su vida, lo que debería ser incentivo para que se generen Planes de Restitución de Derechos acordes a sus necesidades”, explicó en el panel el investigador Pablo Loredo.
Así mismo señaló lo preocupante que es que no se garantice su Plan de Restitución de Derechos en los Centros de Asistencia Social:
“No existen suficientes espacios de asistencia para las familias por lo que en ocasiones la niñez y sus familias permanecen en las estaciones migratorias o lugares habilitados para la detención migratoria”.
Conocer a la niñez y adolescencia migrante
Con la pregunta: “¿Qué impulsó a los niños, niñas, adolescentes y familias a migrar?, organizaciones como Niñez Migrante buscan generar diagnósticos e investigación para conocer de fondo a la niñez y adolescencia migrantes que arriba al país; hasta ahora, en sus avances preliminares saben que en algunos estados se ha destacado el tema de atención diferenciada para niños y adolescencia migrante con alguna discapacidad, para aquellos que estuvieron en situación de calle, para quienes pertenecen a la comunidad LGBTIQ+,; sin embargo, enfatizó, que muchas de las instancias gubernamentale srealmente no están capacitadas para garantizar los derechos de esta población.
Leslie Poblano de Niñez Migrante mencionó que han desarrollado actividades para fortalecer las capacidades de los principales actores en materia de protección de niñas, niños y adolescentes en situación de migración.
“En el año 2021 colaboramos en desarrollar unos documentos diagnósticos sobre la situación de niñez y adolescencia; por ejemplo, en Tabasco, estos documentos nos han permitido identificar áreas de oportunidad, retos y buenas prácticas”.
Otra experiencia de la que hizo mención la activista fue el fortalecimiento de los vínculos de comunicación y coordinación entre las autoridades, instancias públicas, así como con organizaciones de la sociedad civil y los organismos internacionales que están en los estados para velar por los derechos de las personas migrantes. El énfasis de estas últimas es ayudar a la capacitación y sensibilización de las instancias vinculadas con la protección de las y los migrantes, pero sobre todo en garantizar el acceso a la educación, salud y vivienda de la niñez y adolescencia migrante.
Por su parte, Marisela Coto Pichan -Jefa de Vinculación Política Pública del Gobierno de Veracuz- compartió avances de la conformación de la Comisión de Niñas y Niños Migrantes y Solicitantes de Asilo, así como de la Comisión de Refugiados de Veracruz.
Ella expuso que los retos que tienen en Veracruz en materia de migración de niños, niñas y adolescentes son:
- Hacer un programa permanente de sensibilización sobre el respeto los derechos de niños, niñas y adolescentes en contexto de movilidad para que reciban un trasto digno de parte de las autoridades y no sean objetos de discriminación, prevaleciendo el interés superior de la niñez en situación de movilidad, principalmente de los que no se encuentran acompañados.
- La conformación de un plan de trabajo de sensibilación dirigido a los servidores públicos de primer contacto, también la conformación y la implementación de la coordinación, que nos apoye para esta propuesta de trabajo y el plan de trabajo, pero sobre todo que autoricen las propuestas de plan de trabajo y programa de trabajo.
Para Pablo Aurelio quien es Oficial de Monitoreo y Evaluación para las Américas para la organización Coalición Nacional contra la Detención mencionó puntos clave para entender lo que vive la niñez y adolescencia migrante en el país: “¿Se conoce y aplica la ruta de protección integral? y ¿Se está aplicando la reforma a la Ley de Migración?”.
Para ejemplificar esto, Pablo Aurelio hizo mención de los datos duros que arrojo el monitoreo que realizan de los datos que dan las autoridades sobre la problemática:
“75 mil 592 ese es el número de niños, niñas y adolescentes que fueron rescatados, detenidos, asegurados, por parte de migración; ellos mismos los reportan como eventos porque puede pasar que un mismo niño sea detenido dos o tres veces en el año o cuatro, pero no importa, es niñez al final de cuenta”
Para el especialista esta estadística preocupa porque:
“Nunca en la historia habíamos tenido ese número de detenciones; además de que conciude con que esta cantidad se da a partir de que entra en vigor la reforma que prohíbe que permanezcan en las estaciones migratorias niñas, niños y adolescentes, no solo los que viajan solos sino también los que viajan acompañados, trascendiendo ese derecho de protección a sus familias”.
El análisis que realiza se centra en los estados de Chiapas, Tabasco y Veracruz, estados donde hay muy pocas solicitudes de quejas por agravio, sabiendo que a simple vista se violan los derechos humanos de parte de las autoridades migratorias.
De dichos estados, el estado con más aseguramientos fue Tabasco con 15 mil 151, de ellos 13 mil 302 estaban acompañados y mil 849 no acompañados.
En este contexto, las y los especialistas en temas migratorios, señalaron que se hace necesario avanzar en la difusión y el uso de la Ruta de Protección en los ámbitos locales, esto para “eliminar los obstáculos para su implementación y construir un mayor compromiso político para asegurar la no detención y la protección efectiva de los derechos de niñas, niños y adolescentes centrada en su Interés Superior”, máxime cuando esto está prohíbido por la Ley de Migración.
