La calle del Turco
Por Édgar Velasco / @Turcoviejo
En Tizapán el Alto, un comando del Cártel Jalisco Nueva Generación dio a conocer un video en el que anunciaban por todo lo alto la toma del municipio jalisciense al grito de “Ya llegamos y no nos vamos”.
En la sierra Tarahumara, un presunto líder de un grupo del crimen organizado vinculado al Cártel de Sinaloa, le quitó la vida a Pedro Palma, un guía de turistas que buscó refugio en una iglesia. A su llamado acudieron los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora. Los tres fueron asesinados y sus cuerpos sustraídos, para ser localizados un día después.
De regreso en Jalisco, un operativo para liberar a unas personas privadas de su libertad en El Salto termina con 12 personas muertas: ocho civiles armados —como se les llama ahora, eufemísticamente, a los integrantes de la delincuencia organizada— y cuatro policías. El hecho es usado —no podía saberse— por Enrique Alfaro para subrayar que “en Jalisco tenemos claro que no puede haber tregua contra quienes nos han quitado la paz y la tranquilidad”. De fondo, siguen resonando los gritos de los integrantes del CJNG en Tizapán.
En Ciudad de México, el presidente y el secretario de la Defensa Nacional (Sedena) acuden a la ceremonia oficial en el que se abrió el campo militar número 1 a la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990 —sobre todo aquellas que ocurrieron a manos del ejército. La ceremonia, en la que se suponía que la voz de las víctimas debía tener un lugar preponderante, fue aprovechada por Luis Crescencio Sandoval, titular de la Sedena, para anunciar que se rendirían honores a los soldados que participaron en la llamada guerra sucia. Una mentada de madre, considerando que en el lugar estaban presentes los herederos de aquellas personas que fueron desaparecidas y/o asesinadas por esos mismos militares en aquel vergonzoso periodo de la historia del país. (El periodista Rafael Cabrera sintetizó el hecho de manera contundente en un tuit: “Con su decisión de ayer, el gobierno logró lo imposible: militarizaron hasta a las víctimas”.)
En Jalisco de nuevo, la semana pasada el gobernador movilizó sus cuentas en redes sociales para anunciar “personalmente” la localización del joven Gibrán Barrios, que tenía reporte de desaparición desde el 8 de junio. Lo que es una gran noticia —siempre hay que celebrar el retorno de una persona con sus seres queridos—, me dejó también una serie de cuestionamientos sobre el actuar de las autoridades en general, y del gobernador en particular: ¿Fue casualidad que el anuncio de la localización de Gibrán se hiciera unas horas antes de que tuviera lugar una segunda movilización en Casa Jalisco para exigir su aparición? ¿Qué tuvo de especial este caso comparado con los otros tantos miles a los que Enrique Alfaro ni siquiera voltea a ver? ¿Cómo podemos ayudar a tantas otras familias que buscan a sus desaparecidos y que no tienen acceso a los recursos para que sus casos se vuelvan mediáticos y entonces la autoridad haga lo que le corresponde? Una vez más queda la sensación de que, lejos de atender integralmente uno de los problemas más dolorosos del estado, las autoridades actúan más en la lógica del control de daños que en la solución de raíz.
Lo mismo con lo ocurrido en Chihuahua. El caso ha dado tanto de qué hablar por el asesinato de los jesuitas, que las autoridades de pronto son eficaces y avanzan rápidamente para dar con el presunto responsable, identificado como José Portillo, alias El Chueco. Ayer comenzó a circular la noticia de que había sido detenido César Portillo, primo del líder criminal, de quien se espera que aporte datos para dar con el asesino del guía de turistas y los curas. En un país que suma más de 120 mil asesinatos durante la administración de López Obrador, también aquí se impone la lógica de la atención mediática —en este caso, por ejemplo, hasta el papa tuvo algo qué decir— para la resolución del crimen.
Con más de la mitad de sus administraciones recorridas, me parece que ya es posible afirmar que tanto el gobierno federal como el estatal fracasaron escandalosamente en materia de seguridad. Además de la falta de resultados, me parece que el principal fracaso tiene que ver con la terquedad del presidente y el gobernador. Ambos están empecinados en afirmar que están haciendo las cosas bien y que la crisis de violencia e inseguridad que padece la ciudadanía tiene que ver ya con una falsa percepción alimentada por los medios, en el caso de Alfaro, o bien con una herencia maldita que es imposible revertir, en el caso de López Obrador.
Impedidos para la autocrítica, se repiten a sí mismos, y sus corifeos repiten por consigna, que van por el camino correcto y que todo está mejor que nunca, mientras a la ciudadanía la sigue golpeando una y otra vez una realidad cada vez más horrorosa y asfixiante, una realidad en la que el crimen organizado se regodea en su impunidad y en la que ni siquiera hay respeto para quienes buscan memoria, verdad y justicia en el nombre de aquellas personas que fueron desaparecidas, torturadas y asesinadas por aquellos que juraron protegerles.
