Durante el mes de mayo, el colectivo Familiares Caminando por Justicia en Michoacán viajó a Jalisco para tomas de muestra de AND en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF). Dada la colindancia entre estados y reconociendo que sus seres queridos pueden estar en cualquier lugar del país, padres, madres, hijas, hermanas y hermanos se enfrentaron a esa “posibilidad” a la que la violencia desmedida y el paso del tiempo les han orillado: buscar a sus amores, incluso, sin vida.
Para algunas de las familias del colectivo esta es la segunda o tercera vez que dejan en manos de una autoridad forense sus muestras genéticas. Y es que aseguran que más allá de resguardar sus registros genéticos, el Estado mexicano a través de sus instituciones tienen la responsabilidad de confrontarlos con las bases de datos de personas fallecidas que aún no han sido identificadas y que permanecen a la espera de regresar también a casa.
Sus historias, además, dan cuenta de la omisión y colusión de las autoridades michoacanas tanto en los patrones de desaparición, como en los nulos procesos de búsqueda en los casos de larga data.
Por Dalia Souza / @DaliaSouzal
“Es un poco contemplar esa posibilidad que quienes buscamos a un familiar, siempre tenemos latente” dice Mercedes Ruiz profesora y madre buscadora. Su hijo Guillermo Alejandro Ortiz “Memo” fue desaparecido junto a Vianey Heredia Hernández el 29 de noviembre del 2010, en el tramo carretero Lázaro Cárdenas-Apatzingán; trabajaban en el mismo despacho jurídico y estaban dando seguimiento a un caso vinculado a las minas del puerto michoacano.
Mercedes, viajó a Jalisco junto a otras ocho familias que integran el colectivo Familiares Caminando por Justicia en Michoacán, para dejar sus muestras de ADN al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF). Decidieron hacerlo en este territorio por varias razones, entre ellas la colindancia que tienen ambos estados, el contexto generalizado de violencia que comparten por la presencia de grupos del crimen organizado, así como, porque esta entidad representa una de las primeras a nivel nacional con más registros de personas fallecidas sin identificar.
Acercarse a esta “posibilidad”, menciona Mercedes Ruiz, no es sencillo. Más allá del dolor, advierte, “significa enfrentarse a esa otra parte del Estado” donde la burocracia también condiciona y entorpece las labores de búsqueda de las familias y entre instituciones, cuando se busca a un ser querido sin vida. Si bien, la solicitud de colaboración fue enviada por la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas en Michoacán, tardaron más de 6 meses para ser recibidas por las autoridades ministeriales y forenses de Jalisco.
La experiencia les dice que desconfiar es la primera opción cuando se trata de buscar a sus seres queridos en las estructuras de gobierno, sin embargo, esperan que en esta ocasión sus datos genéticos sean finalmente contrastados con los registros de los servicios médicos forenses, como no ha sucedido antes.
La primera muestra genética de ADN que se tomó Mercedes Ruiz fue en Michoacán en 2012, dos años después de la desaparición de su hijo Memo; esta madre, señala que, pese a sus solicitudes, no le ha sido entregado un documento que demuestre con qué bases de datos han confrontado su perfil genético: “ni siquiera tengo esa certeza de que mi muestra se ha cotejado con otra base de datos” afirma.
Mercedes Ruiz.
Durante estos 12 años de búsqueda, dice Mercedes, ha dejado su muestra de ADN en tres distintas instancias: una local, donde fue desaparecido su hijo, otra más a nivel federal y esta que se realizó en Jalisco, pero la impotencia, el coraje y la frustración no deja de invadirla, “tengo las tomas de muestra ahí, pero dónde las han contrastado” cuestiona.
En la espera de ser atendidas, las familias bordaron y escribieron mensajes a sus seres queridos en una manta con forma de un cuerpo humano, la cual tiene en el costado izquierdo un corazón con flores. La acción es una las muestras artísticas que realizan al interior del colectivo.
“Es doloroso, no fueron buscados de manera reciente cuando fueron desaparecidos, ni aún ahora después de tantos años” sentencia. Por ello, cree que una de sus principales luchas como familias está en hacer que el Estado por fin busque a sus amores.
“Esta es la lucha que llevamos, porque los busquen, porque sean buscados, porque las tomas de muestra de ADN y las bases de datos sean cotejadas. Es la lucha que enfrentamos”.
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Caminar por justicia ante la indiferencia, la colusión y la impunidad
Familiares Caminando por la Justicia, es una agrupación de familias de personas detenidas desaparecidas en el estado de Michoacán. Surge hace siete años junto a dos abogadas, una artista y varias personas solidarias, quienes trabajan día a día por ver volver a sus seres queridos desaparecidos, y para documentar y visibilizar, a través del arte, los espacios cotidianos y afectivos que fueron atravesados por sus desapariciones.
Los datos oficiales ofrecidos por la autoridad federal, a través del Informe sobre fosas clandestinas y el Registro Nacional de personas desaparecidas o no localizadas, contabilizaban a inicios de 2020 mil 395 personas víctimas de una desaparición en Michoacán, desde los años 60 a la actualidad.
Dos años más tarde, tras la publicación de la versión pública del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, la misma entidad contabiliza a junio de 2022, 4 mil 353 casos, lo que significa que las denuncias por este delito casi se triplicaron en menos de 24 meses.
Aunque el colectivo fue creado en 2015, las familias que lo integran han caminado por justicia desde mucho tiempo atrás. Algunas, incluso, ha sido testigos del inicio de la guerra contra el narcotráfico y el paso de tres administraciones federales, cuyo resultado ha sido el mismo. Los eventos de desaparición han sido documentados por la agrupación desde el año 2008 con la desaparición forzada de Leonel Orozco Ortiz, y posteriormente, las desapariciones -también forzadas- de sus hijos Moisés Orozco Medina en 2009 y Leonel Orozco Medina en 2012.
Así, la mayoría de sus historias componen eso que recientemente ha sido reconocido por las autoridades como “larga data” -desapariciones “no recientes- y que develan la omisión y colusión de las autoridades michoacanas tanto en los patrones de desaparición, como en los nulos procesos de búsqueda.
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María del Carmen Sánchez es originaria de Morelia, Michoacán, el municipio que en el estado concentra el mayor número de denuncias por desaparición: 465, de acuerdo con el registro nacional; de ahí le sigue Zamora con 424; Uruapan con 395; Lázaro Cárdenas con 267; y La Piedad con 243. Busca a su hijo Jaime Reyes Sánchez “Jimmy”, quien fue desaparecido el 15 de junio de 2011. Es el tercero de su familia y tenía casi 40 años cuando se lo llevaron contra su voluntad.
“Él nunca dejaba de llegar a la casa, vivía conmigo, pero esa vez no llegó y no llegó” dice María del Carmen. Relata que ese día, tras darse cuenta de que Jimmy no había llegado a dormir, salió a la calle a buscarlo y a preguntar si alguien lo había visto “fui a la casa de una persona que se juntaba con él, el papá de ese muchacho me dijo “ya ni lo busque señora, yo vi cuando se lo llevaron unos encapuchados”.
Su vecino, agregó que esas personas “andaban con unas pistolonas” y que lo detuvieron violentamente cuando iba rumbo a su casa. Aunque el hombre intentó persuadir a los encapuchados de que no se llevaran a Jimmy, le contó a su madre que los sujetos le amenazaron con matarlo si no entraba de nuevo a su casa. No le quedó más que obedecer.
María del Carmen Sánchez.
“Todo eso yo lo dije en la Procuraduría de Morelia” afirma María del Carmen, pero no fue suficiente para que las autoridades desplegaran si quiera un rondín en la zona. Ella esperaba más. De su policía investigador recibió semanas después visitas reiteradas que pretendían conocer si María del Carmen tenía “información” sobre el paradero de su hijo: “yo la verdad me sentía mal y una vez le dije que era su trabajo de ellos, que qué querían que anduviera yo informándome”.
A esta mujer de poco más de 60 años le queda claro que detrás de la inacción de las autoridades y su deficiente actuar, está un patrón de complicidad “he oído versiones que todos tienen que ver en esto, porque qué casualidad que tanta cosa que ha pasado y ellos no hacen deber de nada”.
María del Carmen narra que ya había sufrido la pérdida violenta de uno de sus hijos en el año 2004, cuando fue “levantado” por sujetos armados y después localizado sin vida. Dice que la diferencia entre ambos es que alguien “le avisó” dónde habían dejado su cuerpo y así “pudo ir por él y enterrarlo”. La “desdicha” se repitió para ella años después, pero no con la misma suerte, asegura “del que me mataron al menos no supe que desdichado fue, pero me siento bien porque siquiera sé dónde está. De este que no sé, no sé si vive, si muere, si lo traen trabajando…”
Luego de una década, Jimmy no ha vuelto a casa.
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Joab Ponce Gómez tenía 41 años cuando fue desaparecido. Su madre María Carmen Gómez, cuenta que era 31 de diciembre de 2018 y que en su cama sólo quedó el cambio de ropa que utilizaría esa misma noche para la celebración del año nuevo, pero no volvió.
Tiene una esposa y dos hijas, con quienes “era muy dedicado” dice María Carmen, por eso no cree que se haya ido así nomás. Trabajaba como taxista en su propio vehículo y tenía también un trailer que utilizaba para hacer viajes y mandados. De hecho, fue desaparecido en Uruapan mientras manejaba su coche.
María Carmen Gómez con la playera del rostro de su hijo Joab Ponce Gómez.
Sus muestras de ADN las ha dejado con las autoridades Zamora, Uruapan y ahora en Jalisco. De las dos primeras no ha obtenido información que le permita tener certeza, de la última espera “que lo trabajen y que digan algo”:
“Lo que queremos es encontrarlo, como sea, saber de él, porque es una vida muy triste vivir sin saber nada”.
Como a su tocaya, el Estado no ha conseguido garantizarle su derecho a la no repetición. Dolorosamente, ella también ha sufrido la pérdida violenta de una de sus hijas en 2021, la joven tenía 23 años y viajaba en un auto junto a otro joven cuando sujetos armados los emboscaron con armas largas “me la mataron” dice María Carmen.
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Erika Contreras llegó a Jalisco para buscar a su hermano Miguel Contreras Pineda, él estaba a punto de cumplir 30 años cuando fue desaparecido el 2 de febrero de 2013 en Zitácuaro. Salió del negocio familiar después de una jornada de trabajo y, si bien, avisó a su pareja que estaba a 10 minutos de llegar a casa, no volvieron a saber de su paradero.
En aquel entonces, señala Erika, quien hoy tiene la misma edad que su hermano al ser desaparecido, había que esperar 72 horas para interponer la denuncia por desaparición, sin embargo, gracias a la exigencia de su padre, lograron presentarla sin tal demora.
Erika Contreras junto a su padre, sostiene con sus manos su celular con la fotografía de su hermano desaparecido Miguel Contreras Pineda.
Entre las negligencias en su investigación, narra Erika, la antes Procuraduría de seguridad michoacana, clasificó erróneamente el delito del que estaba siendo y es víctima su hermano. Su caso fue llevado a la agencia de antisecuestro, tras recibir una llamada que terminó en extorsión.
Sólo su coche fue encontrado con un cristal roto unos días después, adentro estaba su chamarra y el suéter de un niño pequeño, lo habían dejado a las afueras de Zitácuaro, muy cerca de la central de abastos. Pese a la relevancia del hallazgo, personal de la agencia antisecuestro, perdió la carpeta de investigación que contenía esta información. Erika narra que tuvieron que abrir una nueva donde ahora ya no constan estos datos:
“La primera carpeta inicial la perdieron, sólo nos quedamos con la denuncia inicial y ya hasta después abrieron otra carpeta y ya tuvimos el número, pero se perdió toda esta información de lo de su coche, cómo lo encontraron, se perdió la información de los operativos que se hicieron”.
La investigación volvió a empezar de cero.
Miguel Contreras Pineda.
En aquel tiempo, dice, “no tomaban ADN”, ahora lo ha hecho en tres ocasiones. Hace apenas unos cuantos años su padre acudió a Zitácuaro a dejar una muestra, luego a Morelia y, finalmente, ahora en Jalisco.
“Esperamos hacer presión a las autoridades para encontrar a mi hermano y que coincida el ADN que vino a dejar a mi papá y tener una respuesta de dónde está. Ojalá que esté vivo, porque yo no sé si está vivo o muerto, pero nuestro objetivo es encontrarlo”.
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Margarita Vázquez Anguiano busca a su hijo Juan Manuel Orozco Vázquez, tenía 25 años cuando fue desaparecido y ahora ya ha cumplido 30. La última vez que se comunicó con su madre fue el 12 de agosto de 2017, viaja en su taxi rumbo al Aeropuerto Internacional de Guadalajara junto a su primo Mario López Orozco y su amigo Juan Miguel García.
Margarita relata que aquel día Juan Manuel no había llegado a casa, así que decidió llamarle a su celular para saber qué había pasado; lo que el joven le dijo es que había ido a “llevar un viaje al aeropuerto”. Sin embargo, el “eco” que se escuchaba del otro lado, le hizo sospechar a esta madre del verdadero lugar en donde se encontraba:
“Mándame fotos de donde estás, le dije. Y me contesta: “no tengo saldo, pero ahorita llegando al aeropuerto pongo saldo y te mando las fotos”. Pasaron 30 minutos y le llamé pero ya me mandó a buzón”.
Margarita dice que, al día siguiente, viajó tres veces a Guadalajara desde Zamora, Michoacán, lugar donde vivía el joven junto a su madre. Iba preguntando de municipio en municipio si alguien lo había visto.
“Tuve miedo, pero salí tempranito en la mañana, llegué a todos los pueblos, vista hermosa, Ixtlán, me decían, por qué lo busca, estoy buscando en todo el camino desde Zamora hasta Guadalajara. Ese día vine tres veces a Guadalajara, hasta que al otro día tuve que venir a levantar el acta a La Barca”.
La denuncia por la desaparición de los tres jóvenes se presentó ante la Delegación de la Fiscalía de Jalisco en Ocotlán, pues un amigo declaró que los jóvenes se habían comunicado con él para decirle que se les había “ponchado” una llanta en el municipio de Jamay, Jalisco.
No obstante, hasta la fecha no cuenta con una sábana de llamadas que le indiqué la geolocalización de su equipo celular la última vez que tuvo señal “yo todavía seguía viniendo para pedir la sabana de llamadas, pero en ese tiempo estaba una licenciada que no se prestó para nada”, advierte.
Frente a la ineficacia de las autoridades, quienes no hicieron nada cuando denunció la desaparición de su hijo, no le quedó más que buscar pistas por su propia cuenta.
Al llegar a Guadalajara pidió ayuda a personal del aeropuerto para tener acceso a las cámaras de vigilancia y así comprobar si los tres jóvenes efectivamente habían estado ahí, pero se la negaron y le advirtieron que sólo podría acceder a éstas a través de una solicitud de la Fiscalía del estado. Eso no la detuvo. Acudió a los estacionamientos que se encuentran a las afueras del aeropuerto para pedir su ayuda y estos le permitieron ver el material de video con el que contaban, pero ninguna de las grabaciones muestra el paso del vehículo en el que viajaban su hijo, su sobrino y su amigo.
Esta es la quinta vez que Margarita se practica una toma de muestra de ADN en el país y la tercera ocasión que lo hace en Jalisco. La primera fue en Ocotlán tras levantar la denuncia de la desaparición de Juan Manuel, la segunda cuando supo de la localización de fosas clandestinas en Tlajomulco de Zúñiga y, por último, ésta, porque le dijeron que ninguna de las anteriores aparecía en su registro.
Para esta mamá “todo eso te desmoraliza”, pues deja en evidencia que, a pesar de los esfuerzos de las familias por buscar y encontrar, el Estado “no está haciendo nada”.
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Aunque en Michoacán, como sucede en otros estados del país, los hombres son mayormente víctimas de las desapariciones (3 mil 553 casos de acuerdo con el registro nacional), las mujeres representan el 18.3% de las personas desaparecidas del estado, 797 a la fecha.
En el colectivo de Familiares Caminando por Justicia buscan a cuatro de ellas: América, Alejandra, Andrea y Karen Edith.
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Valery tiene 14 años y busca a América Yazmin Paleo Ángel. Estudia el tercer grado de la secundaria y dice que esta es la primera vez que acude a realizar una búsqueda para encontrar a su mamá, a quien poco recuerda, pues tenía apenas 7 años cuando le vio por última vez.
Energética, alegre y cariñosa son los adjetivos que vienen a su mente cuando se trata de describir cómo es su madre, estos se conjugan con algunas cuantas escenas en su memoria de los últimos momentos que compartió con ella.
Viajó a Jalisco para dejar una muestra de su ADN y para apoyar a su abuelita en la búsqueda, además, dice, esto lo hace para reactivar la “esperanza de poder encontrarla”.
Mensaje para América escrito por su madre en manta.
Aunque no se nombra buscadora, reconoce que no es justo que “solo nosotras hagamos algo y que las autoridades no”.
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Rosa María Chávez dice que cuando se llevaron a su hija Alejandra Rocha Chávez, el 7 de junio del 2019, ella no se encontraba en casa, así que es muy poca la información que tiene sobre aquella última vez que supieron de su paradero.
Lo que sabe es que iba en un taxi rumbo a Atacheo, comunidad de Zamora, junto a Andrea Sánchez Alvarado y que luego las bajaron y se las llevaron. Pero de esto no se enteró hasta dos días después, cuando otras amigas le avisaron de lo sucedido. Así que la denuncia por su desaparición fue presentada tres días tarde.
Por su desaparición hoy existe una cédula de búsqueda en Protocolo Alba, pero ambas jóvenes no han regresado.
El padre de Alejandra Rocha Chávez sostiene su fotografía.
“Yo he estado en colectivos, he ido a Fiscalía, solo dicen que no hay nada”, asegura Rosa María. Esto se lo atribuye a que no tienen “lo suficiente” para hacer que las autoridades michoacanas trabajen para localizar a Alejandra y Andrea, y es que recuerda que al acudir a presentar su denuncia un funcionario le dijo que “si tenía dinero”, ya que de eso dependería que buscaran a su hija o no “no somos de dinero y ahí vamos y preguntamos y preguntamos y no hay nada y no hay nada”.
Rosa María va cada 15 días a preguntar por avaneces en su carpeta y, aun así, fue hasta 2020 que le solicitaron que acudiera a dejar su muestra de ADN “perdí mucho tiempo” señala, así que su visita a Jalisco se convierte en la segunda vez en la que deja en manos del Estado su información genética en la espera de resultados.
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Karen Edith Pérez Díaz fue desaparecida cuando tenía 17 años, el 20 de junio de 2014, hoy tiene 25. Su padre Gilberto Díaz narra que la joven menor de edad salió con sus primas a una fiesta en Chilchota, municipio de Michoacán, pero lo único que saben es que la camioneta en la que viajaban pasó cerca del monumento a Juárez en la entrada a Zamora “ahí fue donde se ve la camioneta pasar, pero no se sabe hacia dónde se fue” dice.
Hasta ahora, la información que tienen sobre las circunstancias de su desaparición es confusa, la mayoría de ésta la han obtenido, como muchas familias, a través de sus propias investigaciones. Según saben, ella regresó de la fiesta con un joven, luego de que sus primas decidieran volver antes, pero de ambos no se sabe nada o, al menos, eso es lo que han escuchado decir.
Ficha de búsqueda: Karen Edith Díaz Pérez.
Otra versión dice que ambos jóvenes fueron llevados por la Fuerza Rural de Michoacán a un centro de rehabilitación y que sólo liberaron al joven dejando en ese lugar a Karen Edith.
Lo cierto es que, las autoridades michoacanas no han indagado ni sobre estas posibilidades ni sobre cualquier otra. Incluso, pese a ser una mujer menor de edad, no llevaron a cabo una búsqueda inmediata “yo hice todo, pero no hicieron nada, la Alerta Amber la pusieron hasta las 72 horas, incluso para interponer la denuncia” dice la madre de Karen.
La madre, hermano menor y padre de Karen.
Karen tuvo un novio militar, de nombre Marco Antonio, que luego se volvió policía municipal en Zamora, a decir de la madre y el padre de la joven esta relación había concluido, no obstante, luego de la desaparición de su hija, se enteraron que este sujeto la tenía amenazada y la intimidaba constantemente, por ello, creen que él podría estar implicado en lo que le sucedió “mi intuición me lo decía, ya habían pasado dos años desde que terminaron, aunque no lo creía, otras personas me lo decían también”.
A ocho años de la desaparición de Karen, su familia dice que las autoridades ya le dieron carpetazo a su caso y que no han hecho nada por seguir estas pistas que mucho les han costado, por eso se sienten solos, sin respaldo y sin ayuda del Estado, que debería hacer todo lo posible por traerla de regreso luego de tanto tiempo “lo que queremos es saber algo, de verdad, encontrarla. Ya no importan las condiciones, luego de este tiempo que ya ha pasado…”.
Colectivo Familiares Caminando por Justicia en Michoacán a las afueras del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF).
