A casi dos meses del desalojo violento realizado contra vecinos de la colonia La Floresta en Zapopan, Jalisco, por supuestamente incumplir normas de seguridad de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) en torno al cauce del arroyo El Seco, vecinos -con apoyo de organizaciones civiles- presentaron una demanda de amparo contra todas las autoridades involucradas, pues el desalojo implicó la destrucción completa de 70 viviendas, así como la violación a sus derechos humanos.
Por Darwin Franco / @DarwinFranco
La mañana del 21 de junio, habitantes de la colonia La Floresta que se vieron afectados por el desalojo violento ocurrido el 27 de abril presentaron en el Juzgado Decimoctavo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo del Estado de Jalisco una demanda de amparo en contra autoridades de los tres órdenes de gobierno por la violación a sus derechos humanos y la destrucción de sus viviendas.
Aquel día, autoridades, principalmente de Zapopan, llegaron con lujo de violencia a sus domicilios avisándoles que tenían 15 minutos para sacar lo que pudieran porque tenían orden de demoler sus viviendas; sin embargo, testimonios y pruebas en video demostraron que nunca hubo orden judiciales, además de que la manera en como se dio el operativo violentó sus derechos humanos y las propias leyes estatales que marcan que una orden de desalojo debe ser notificada, por lo menos, 15 días antes de su ejecución.
Por ello, las y los vecinos afectados -apoyados por organizaciones civiles como TECHO México– denunciaron en Ciudad Judicial como es que el “Plan Mirarmar a salvo” violentó sus derechos humanos y dejó sin casa a más de 70 familias.
En la demanda colectiva, firmada por 50 vecinos afectados, acusan que:
“aunque las autoridades argumentan que el operativo se realizó para salvaguardar sus derechos, se realizó sin haberles notificado previamente, sin haberles consultado sobre la situación y sin permitirles recoger sus pertenencias, así como con uso desproporcionado de la fuerza”.
Además, señalaron, que luego de los hechos, las autoridades es fecha que no cuentan con un plan de reubicación o de atención tras el desalojo; esto a pesar de ya se van a cumplir dos meses de los hechos.
Don Arturo, uno de los vecinos afectados por el derribo de su vivienda, señaló que “confía en que por la vía legal se les pueda dar justicia”, pues a dos meses de los hechos ninguna autoridad le ha dado la cara por el daño que le causó a su vivienda y negocio, pues su carpintería se ubicaba en su propio domicilio.
“Nadie se nos ha acercado a decirnos ni ofrecernos nada, de ahí la demanda que pusimos… esperamos una buena actuación por parte del juzgado y que ganemos el amparo por todas las pruebas que hay. Le repito, a la fecha, nadie se nos ha acercado a realizar algún ofrecimiento, pero no estamos cerrados a una negociación que nos convenga a todos los afectados”.
Desde que demolieron su casa, Don Arturo se fue a vivir con su suegra y su negocio lo montó en un pequeño local: “No es lo mejor, pero teníamos que seguir trabajando y para eso nos alcanzaba, pues muchas cosas las perdimos con el desalojo”.
Los desalojos forzosos, como marca el derecho internacional, están prohibidos y máxime cuando se dan sin previo aviso y sin que las personas tengan la posibilidad de defenderse jurídicamente; por ello, en rueda de prensa, las y los vecinos acusaron que lo ocurrido “constituye una violación a sus derechos humanos a la vivienda y a la ciudad”.
Aunado a ello, también se violentaron los derechos de personas indígenas que, de la noche a la mañana, se quedaron sin su vivienda en La Floresta.
La defensa del caso es acompañada por la Universidad de Guadalajara, a través de la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas y de sus Bufetes Jurídicos, así como de la organización TECHO México y la abogada Carla Luisa Escoffié Duarte, quienes en conjunto informaron que el caso será resuelto en los próximos meses por el Juzgado Decimoctavo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco; sin embargo, advirtieron que:
“el Juez se negó a ordenar como medida de protección el otorgamiento de viviendas de emergencia para las familias que actualmente están pernoctando entre los escombros que quedaron de sus casas”.
Su argumento de negación fue porque declaró “no tener relación con el caso”; no obstante, las y los denunciantes confían en que la postura del juez cambie en las próximas semanas.
Finalmente, las y los vecinos desalojados de manera violenta en La Floresta, Zapopan, exigen una pronta resolución a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, así como la debida reparación del daño cometido contra sus derechos humanos y sus propiedades.
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Aquí un recuento de lo ocurrido aquel 27 de abril de 2021:
