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A dos años de que aprobada la ley de Amnistía, sus resultados han sido magros: apenas 80 personas que fueron encarceladas de manera injusta han sido liberadas. La organización Equis Justicia para las Mujeres llama a defenderla, como una forma de reconocer que el Estado les ha fallado a las personas encarceladas
Texto: Daniela Rea / Pie de Página
Foto: Especial
En abril del 2020 se aprobó la Ley de Amnistía y generó las expectativas de ser una especie de reparación del daño por parte del Estado a la violencia histórica e institucional que ha ejercido sobre personas pobres e indígenas y por lo cual terminan encarceladas por delitos contra la salud.
A poco más de dos años de su arranque, los resultados son magros: si bien ha habido poco más de 2 mil personas que solicitan su liberación la Comisión de Amnistía, dirigida por Adán Augusto López, apenas ha resuelto 167 casos, pero de estos casos resueltos -se desconoce en qué sentido- sólo 80 personas han sido liberadas hasta el 1 de junio del 2022.
La Ley de Amnistía busca “aliviar las injusticias o excesos del sistema de justicia penal de las que han sido objeto grupos vulnerables de la población por su condición de pobreza y discriminación social, así como contribuir a la pacificación y reconciliación”, dice el documento federal.
Las fallas en el proceso, sin embargo, se advertían desde su creación, explica Amaranta Viridiana Valgañon, abogada litigante de Equis Justicia para las Mujeres.
“Desde el principio cuando se discutía la Ley una de las grandes discusiones era quién resolvía cada caso. Si es la Comisión de Amnistía había el problema de que no contaba con recursos económicos ni humanos para resolver este trabajo. Si se lo dejas al Poder Judicial, son ellos quienes ya juzgaron los casos que están en posibilidad de amnistía y les das ese poder a quien alguna vez ya dijo que no. En ambos lados había pros y contras. Y a nivel federal se crea la Comisión de Amnistía y se pone además al juez”, explica Amaranta Viridiana.
En la práctica, el procedimiento implica que la Comisión recibe la solicitud de quien desea la liberación, bajo los supuestos de que quien comete el delito se encuentre:
“en situación de pobreza o de extrema vulnerabilidad por su condición de exclusión y discriminación, por tener una discapacidad permanente, o cuando el delito se haya cometido por indicación de su cónyuge, concubinario o concubina, pareja sentimental, pariente consanguíneo o por afinidad sin limitación de grado, o por temor fundado, así como quien haya sido obligado por grupos de la delincuencia organizada a cometer el delito; o quien pertenezca a un pueblo o comunidad indígena o afromexicana, en términos del artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se encuentre en alguna de las hipótesis mencionadas en el inciso anterior”.
Una vez que la solicitud con estos supuestos llega, la Comisión la revisa y dictamina si concede la liberación; después pasa a manos de un juez quien tiene la última palabra.
—En la práctica pareciera que la amnistía no tiene sentido, es decir, que el juez sea quien finalmente tenga la última palabra de la liberación- se le pregunta a Amaranta Viridiana.
—Sí es importante defender la Amnistía y empujar para que se haga bien y sea llevada hasta el final, que es la liberación. Porque el mensaje de la Ley de Amnistía no es menor: es un mensaje de justicia. Es que el Estado diga: reconocemos que eras pobre, que la injusticia histórica te ha golpeado y por eso el Estado se compromete a subsanar esa injusticia. Delinquiste porque no te dejamos otra opción, no te dimos otra opción, por eso tenemos que subsanar. Este mensaje es poderosísimo para pensar otra justicia, reparación de este daño que generó el Estado. El Estado no te da educación, no te da trabajo, te excluye y te encarcela por cometer un delito cuando sólo tenías esa opción o cuando fuiste amenazado.
En ese sentido, en esa defensa por que la Ley de Amnistía mejore y sea una verdadera opción para las personas que están presas de manera injusta, es que Amaranta Viridiana considera que se debe pugnar por que la Ley y su Comisión funcionen.
En el reglamento se establece que cualquier persona puede solicitar que su caso se revise para ver si es candidata a la amnistía; envía la documentación a la Comisión la cual tiene máximo 4 meses para revisar el caso y determinar su posicionamiento, en caso de que considere que sí cumple las condiciones para recibir el beneficio de la amnistía se envía al juez. Sin embargo, el juez no tiene un límite de tiempo de respuesta.
En la práctica, en la experiencia de las abogadas de Equis Justicia para las Mujeres, el máximo de 4 meses de análisis que tiene la Comisión suelen ser más, y no se diga del juez.
“En el caso de Domitila la Comisión no tardó cuatro meses máxico, como marca el reglamento, sino 13 meses. Nosotros tuvimos que interponer un amparo porque estaba demorando demasiado; cuando la Comisión resuelve y pasa al juez, el juez tardó cinco meses en resolver la amnistía. Y en la práctica hemos visto que si las personas no tienen abogados o no hay una ONG detrás que empuje el caso, es muy difícil que éste avance dentro de la Comisión”, dice Amaranta Viridiana.
Domitila, libre
Domitila es una mujer que fue sentenciada a 6 años y 8 meses de prisión por posesión de mariguana; Equis Justicia tomó su defensa para solicitar la amnistía. Tiene 58 años de edad, es indígena mazahua originaria de Michoacán y migró a Ciudad de México con su mamá empujada por la pobreza. Toda su vida vivió violencia estructural.
Antes de ser detenida vendían frutas y verduras en La Villa. Después se fue a Estados Unidos como trabajadora doméstica y costurera. Volvió a México para cuidar a su mamá que estaba enferma. En ese entonces fue amenazada por una persona para obligarla a viajar en autobús a Oaxaca donde debía recoger una maleta. Domitila lo hizo, fue, llegó, tomó la maleta (que pesaba alrededor de 30 kilos) y regresó. En la primera caseta el autobús fue detenido en un retén militar y descubrieron la maleta que cargaba marihuana. Domitila reconoció que era su maleta y fue sentenciada a seis años y ocho meses de prisión. Estuvo presa dos años -tiempo durante el cual murió su mamá y de quien no pudo despedirse personalmente-; entonces fue cuando Equis Justicia para las Mujeres tomó su caso para lograr su liberación por Amnistía.
Durante el trámite para la solicitud de amnistía a Domitila la Comisión le pidió acreditar su calidad de persona indígena, pese a que la Constitución habla de la autoadscripción. “La Comisión de Amnistía sí lo pide: acta de nacimiento y documento de la autoridad comunal para probar que una persona es indígena, esto es una estigmatización de ser indígena”, refiere la abogada.
“Domitila venía de un contexto histórico de migración de las mujeres que llegan a las ciudades y acceden a un trabajo informal, sin seguridad social, sin posibilitadores de servicios en la vivienda, derechos; además de que fue amenazada para cometer el delito”.
El 20 de mayo del 2022 Domitila fue liberada después de 20 meses de haber iniciado su trámite de amnistía, acompañada por Equis Justicia para las Mujeres.
“Hay mucha gente que está en prisión esperando la amnistía, por eso es importante que empujemos a la Comisión para que revise sus expedientes, para que de respuesta, para que les respondan algo. Hay que defender el sentido y el significado de la amnistía y hay que empujar por que se cumpla”, dice Amaranta Viridiana.
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