Mil 588 quejas después, comunidades afectadas por la contaminación del Río Santiago celebran la emisión de la Recomendación 23/2022 en la que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) señala la responsabilidad del Gobierno de Jalisco en el ocultamiento de un estudio en que se comprobaba la afectación a la salud de niños que habitaban en la ribera del río; actualmente los afectados, que tienen entre 18 y 24 años, padecen enfermedades crónicas que pudieron ser atendidas a tiempo.
Ante ello, la organización Un Salto de Vida A.C. exige que los funcionarios responsables sean castigados y que se tomen acciones urgentes para crear un Plan Estratégico Permanente para atender la salud de todas las personas afectadas por la contaminación del Río Santiago.
Por Darwin Franco / @DarwinFranco
Muchas son las promesas que las y los pobladores de la ribera del Río Santiago han escuchado sobre el saneamiento del Río Santiago, pero lo más terrible fue el enterarse que el Gobierno de Jalisco ocultó, desde 2009, un estudio en el que se comprobó las afectaciones a la salud de niñas y niños que habitaban la zona, los cuales hoy son jóvenes -entre 18 y 24 años- que padecen enfermedades crónicas.
Este ocultamiento de información que ocurrió durante los gobierno de Emilio González (PAN) y Aristóteles Sandoval (PRI) fue señalada como una grave violación a los derechos humanos, así se señaló en la Recomendación 23/2022 emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), el pasado 6 de junio.
Esta recomendación se hizo tras la queja que presentó la organización Un Salto de Vida A.C. por el ocultamiento de un estudio realizado por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) a petición del Gobierno de Jalisco en el año 2009. En esa investigación que se hizo pública en 2019, se tomaron muestras de más de 300 menores de edad entre los años 2009 y 2010, que habitaban en las comunidades de Puente Grande y Jalisco Secc. II, en Tonalá, El Salto, Juanacatlán, La Cofradía y Jardines de la Barranca, en Guadalajara.
Los resultados fueron contundentes: Escenarios de riesgo sanitario e índices multidimensionales de vulnerabilidad para las seis comunidades involucradas, lo que implicaban: “graves problemas generales de salud, alteraciones neuropsicológicas, alteraciones hematológicas y una exposición a agentes tóxicos e infecciosos”. Incluso, el estudio revelçó que “llos niños de El Salto, Juanacatlán, La Cofradía y Puente Grande presentaron altos niveles de exposición al plomo, arsénico, cadmio, mercurio, benceno y COP (básicamente al αHCH). Todo esto por encima de los límites de seguridad biológica calculados para la población adulta
En la Recomendación de la CEDHJ y en la propia documentación de Un Salto de Vida A.C. se señala que los resultados de los estudios de la UASLP y su petición para realizar una atención médica urgente para las y los niños afectados se entregó, en 2010, a la Comisión Estatal del Agua, institución que dos años después los remitió también a la Secretaría de Salud de Jalisco; sin embargo, el estudio ahí quedó archivado durante dos administraciones estatales. Esto implicó no darle seguimiento a las y los afectados, lo que derivó -como sistemáticamente ha denunciado Un Salto de Vida– en una afectación grave a la salud de quienes ahora son jóvenes con enfermadades crónicas tales como: insuficiencia renal y cáncer.
Ante la emisión de esta Recomendación, Un Salto de Vida realizó una rueda de prensa donde recordó que esta acción de la CEDHJ sucedió producto de las mil 588 quejas que han interpuesto por los graves problemas de salud que ha causado la inacción gubernamental en torno a la grave contaminación del Río Santiago.
“La Recomendación 23/2022 evidencia, como principales responsables del ocultamiento del estudio, a diversos funcionarios, principalmente al ex Secretario de Salud, Alfonso Petersen Farah, el ex Director General de Salud Pública y de Prevención y Promoción de la Salud, José Mario Marquez Amezcua, el ex Jefe del Departamento de Epidemiología, Guillermo Ochoa Fernández y el ex Jefe de la Unidad de Atención Médica D.I. y ex Director General de Salud Pública a la salida de Amezcua, Bernardo Carrillo Barocio”, expusieron durante la ruedad de prensa que dieron a través de su canal de Youtube.
Estos funcionarios señalados por la organización y la CEDHJ, recordaron las y los defensores del medio ambiente, son actualmente funcionarios públicos tanto en el Gobierno de Jalisco como en la Universidad de Guadalajara; por ello, exigieron se les castigue porque sus acciones han cobrado vidas; así que no debe darse valor a todos sus excusas y justificaciones.
“Todos ellos han argumentado haber derivado a través de oficios para que se atendiera la situación, sin embargo, ninguno de ellos ejerció atribución alguna con respecto a la atención a la salud emergente que se requería debido a los resultados tan graves que se encontraron en el estudio”.
Además recordaron que cuando se supo del estudio realizado por la UASLP, el gobernador Enrique Alfaro señaló que se investigaría el caso a fondo para deslindar responsabilidades; sin embargo, “no se ha hecho nada al respecto”. Por ello, consideraron que:
“es inaudito que sigan ejerciendo funciones en materia de salud, cuando queda demostrada su falta de ética y sus negligentes acciones son características de un genocidio silencioso”.
Por tanto, exigieron el cese de todos estos funcionarios y que se les ponga a disposición de autoridades judiciales, pues la consecuencias de sus actos no pueden reponer la vida de quien ha muerto a causa de enfermedades que pudieron atenderse a tiempo, tal y como se evidenció en la investigación “Juanacatlán y El Salto: postales de un territorio en resistencia y disputa”.
Un Salto de Vida además denunció que las irregularidades en la atención en materia de salud de quienes viven en la ribera del Río Santiago continúan, pues se hacen estudios que no van a reflejar la realidad:
“La actual Secretaría de Salud, presenta un tamizaje, a cargo de la Universidad de Guadalajara, como la gran acción para generar un diagnóstico de salud en Poncitlán, Juanacatlán, Ocotlán y El Salto, y asegura que ya se cuenta con un nefrólogo en estos últimos dos municipios. No obstante, el diagnóstico de necesidades en materia de atención de la salud de la población -recursos humanos, infraestructura, equipamiento, tratamientos, etc.- no puede provenir de un tamizaje realizado sólo en niños y sólo para una enfermedad”.
Por ello, sugirieron que lo único que va a funcionar, como lo han recomendado organizaciones nacionales e internacionales, es la implementación de un Plan de Atención Estratégica que considere “la búsqueda activa y sistemática de casos de enfermedades en toda la población, de todas las que resulten, para identificar las que puedan ser atribuibles a la contaminación ambiental”.
Por último señalaron que, pese a que la Recomendación de la CEDHJ, contempla la reparación integral del daño ha sido tal el nivel de afectación que resulta difícil calcular esto, pero lo que sí debe suceder es:
“un reconocimiento a los habitantes de la cuenca como víctimas de la negligencia de las autoridades que han desviado su poder para priorizar el enriquecimiento de industrias y desarrolladores inmobiliarios y, en este caso, también a los empresarios del saneamiento”.
Su petición es que las medidas de Reparación Integral del Daño tienen incluyan de manera obligatoria, las siguientes acciones específicas:
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- Atención de daños a la salud.
- Gestión, Control y Reducción de Riesgos Sanitarios.
- Atención y Reducción de la Vulnerabilidad en Salud.
Por último, exigieron que el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Salud, el CONACYT y la SEMARNAT, colaboren en la creación de planes estratégicos para establecer un Decreto como Región de Emergencia Sanitaria y Ambiental, así como un Plan de Justicia Integral.
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Aquí podrás ver varias piezas periodísticas que evidencian los graves problemas de salud que ha ocasionado en la población la contaminación del Río Santiago, la cual ha sido ocasionada por las omisiones del Gobierno de Jalisco para detener a las empresas contaminantes.
Juanacatlán y El Salto: Postales de un territorio en resistencia y disputa
