El 4 de abril fue “desaparecido” del Parque de las Mujeres el memorial de víctimas de feminicidio en Puerto Vallarta, Jalisco. Defensoras de los derechos de las mujeres en la región lo buscaron en las instalaciones de Parques y Jardines, un área del Ayuntamiento municipal. Allí descubrieron decenas de cruces con los nombres de cada mujer asesinada en esta zona, que ellas y sus familias colocaron el 25 de noviembre de 2021 ante la exigencia de una vida libre de violencia para todas.
El 11 de mayo, el presidente municipal de Puerto Vallarta, Luis Alberto Michel Rodríguez sólo emitió un comunicado al respecto, acción que las familias se niegan a aceptar como una disculpa pública, pues el alcalde no ha mostrado voluntad, si quiera, para asistir a alguna de las sesiones de la Mesa Técnica de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) del municipio de Puerto Vallarta para escucharlas y atender sus exigencias.
Aunque, durante el verano pasado, la visita de turistas nacionales e internacionales dejó una derrama económica superior a los 2 mil 290 millones en este municipio, el Ayuntamiento sólo ha invertido 363 mil pesos en una estrategia que combata la violencia de género en este municipio.
Por Leslie Zepeda / @lesszep2
El 23 de mayo de 2018 fue colocado en Guadalajara, Jalisco el primer memorial para honrar la memoria de las mujeres víctimas de feminicidio en la entidad y recordar con sus nombres la exigencia de justicia. Esta acción fue encabezada por Irinea Buendía, la madre de Mariana, una joven asesinada por su pareja en 2010. Desde entonces, Irinea se convirtió en un símbolo de resistencia en un país feminicida, donde las madres de las 11 mujeres que son víctimas de un feminicidio cada día se ven inmersas en un sistema de justicia fallido e impunidad.
Este acto significó para Silvia Ledesma en ese momento, un aliento ante el reciente feminicidio de su hija Daniela Vargas Ledesma, ocurrido el 5 de febrero de 2018 en Las Juntas, una colonia en la periferia de Puerto Vallarta, Jalisco. Antes de ser localizada sin vida, la joven permaneció desaparecida 12 días. En el caminar por recuperarla, su madre se topó también con la apatía e ineptitud de la Fiscalía de Jalisco.
Silvia Ledesma emprendió un viaje de más de 5 horas hasta Guadalajara para estar presente durante la instalación de aquel primer memorial. Lo hizo en representación del resto de las mamás del municipio que, al igual que ella, habían sido víctimas del asesinato violento de sus hijas por el hecho de ser mujeres. Aún recuerda claramente la impresión que le causó ver a todas las personas que se unieron a la movilización, asegura que hasta ahora “se le enchina la piel”.
“Fue impactante ver toda esa respuesta de las personas” dice. Toda esa atención que se le dio a las madres en aquel momento era algo que definitivamente no estaba pasando en Puerto Vallarta:
“Dije, qué vergüenza me da a mí Vallarta, que yo pasando por esto y en su momento anhelé tener el apoyo, entonces dije no, yo tengo que seguir, yo tengo que seguir porque no quiero que haya más Danielas, yo quiero que la gente vea todo esto y que nadie más pase por algo tan feo”.
Con la convicción clara de que ninguna madre o hija pasara lo mismo, decidió tomar acciones en Puerto Vallarta.
Nombrar la labor de las defensoras de derechos de las mujeres en este municipio es indispensable para narrar la historia del memorial que la madre de Daniela decidió instalar. Fueron las integrantes del Colectivo Mujeres de Puerto Vallarta quienes ayudaron a Silvia Ledesma a gestionar la cruz y el lugar.
El 25 de noviembre de 2018, Día Internacional contra la violencia hacia las mujeres, fue instalada la cruz rosa de más de dos metros de altura y hecha con madera de parota -donación de una de las integrantes de la colectiva-, en el Parque de las Mujeres, un espacio que las defensoras gestionaron. Se hizo de manera idéntica a la que fue colocada en Guadalajara unos meses atrás, tenía también una placa conmemorativa donde se escribieron los nombres de las mujeres que hasta ese entonces habían sido víctimas de un feminicidio en Puerto Vallarta.
Silvia Ledezma a un costado de los restos del memorial para las víctimas de feminicidio en Puerto Vallarta. Fotografía Leslie Zepeda.
No es sencillo realizar una acción así, reconoce Emma Noriega, defensora de los derechos de las mujeres en Puerto Vallarta, integrante de la colectiva y acompañante de las familias que han sufrido un feminicidio. Y es que fue ella quien se encargó de las gestiones administrativas necesarias ante el Ayuntamiento para llevar a cabo la instalación del memorial. Según explica, “es un proceso administrativo que tenemos que hacer las colectivas para que el gobierno municipal se haga cargo de ese memorial, así como resguarde el espacio, le dé mantenimiento”.
Estas gestiones, afirma Noriega, obligan al Gobierno municipal, sin importar quien lo encabece, a garantizar la protección del memorial.
La vida de las mujeres, así como el memorial, en la desprotección del Gobierno de Puerto Vallarta
El 4 de abril de este año las integrantes del Colectivo Mujeres de Puerto Vallarta se sorprendieron al ver que el memorial por el que tanto lucharon junto a las familias de las mujeres que han sido víctimas de un feminicidio ya no estaba, alguien lo había llevado de manera abrupta. Cuando acudieron al lugar para indagar más sobre el paradero de la cruz rosa, vecinos de la zona les comentaron que personal de la Dirección de Parques y Jardines del Ayuntamiento había estado rondando el lugar día antes.
Con esta información acudieron a las oficinas de dicha área y se sorprendieron al ver que allí estaban decenas de cruces con los nombres de las mujeres víctimas de feminicidio que la colectivas y familiares habían colocado el 25 de noviembre pasado, en el marco del Día Internacional contra la violencia hacia las mujeres. Es importante señalar que dichas cruces duraron menos de 24 horas, pues habían sido instaladas en las letras de bienvenida al municipio turístico y desaparecieron tras la acción de memoria.
Ante la desaparición del memorial y las múltiples cruces, el presidente municipal, Luis Michel Rodríguez ha acusado al “vandalismo” de ser responsable del retiro de los mismos, por lo que, se ha deslindado de su responsabilidad de protección. Además, desde esa primera ocasión se comprometió a buscar a los responsables, así como a sustituir las cruces con los nombres de las víctimas, acto que lleva más de seis meses sin cumplir.
La activista Emma Noriega desmiente esta posibilidad, pues explica que la cruz que formaba el memorial era imposible de cargar por una persona porque tenía una base de cemento y que ni siquiera el paso del Huracán Nora fue capaz de tumbar. Insiste en que el gobierno actual prefiere aceptar que hay vandalismo en el municipio, antes que feminicidios y les cuestiona: “Si fue así ¿por qué no presentan la denuncia correspondiente para que se investigue?”
“Para mí es una agresión más a las familias, y a las mujeres víctimas de feminicidio, porque estamos diciendo que seguimos siendo una ciudad insegura, que seguimos revictimizando a las familias, que siguen invisibilizando la lucha de las mujeres, de las colectivas y que se siguen tolerando estos actos, la tolerancia a que de un día para el otro ya no esté un memorial. Mira, aquí enfrente hay una cruz y no le ha pasado nada, es el mismo espacio”.
Según las cifras oficiales, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registró que, hasta el 30 de abril de este 2022, se cometieron 310 feminicidios en México, 12 de ellos en Jalisco.
Esta violencia machista también se ha establecido en Puerto Vallarta desde hace por lo menos una década, así lo declara Perla Fonseca, quien fue testiga del feminicidio de su tía Lucero en su hogar, ubicado en la colonia 5 de Febrero muy cerca del centro de este municipio, en octubre de 2012. Un hecho que a pesar del paso de los años sigue causando la misma impotencia, coraje y cuestionamientos.
Perla Fonseca de fondo placa conmemorativa para las víctimas de feminicidio en Puerto Vallarta. Fotografía Leslie Zepeda.
Perla, además es un activista feminista en la región a través de la colectiva Vallarta Fem, por lo que, desde esta posición, se pregunta genuinamente si con las herramientas que ahora ha adquirido hubiese logrado ayudarla para evitar que se la arrebataran. Aunque no tiene una respuesta, sabe que hoy lucha porque no se repitan feminicidios como el de Lucero, su tía:
“A lo mejor yo no voy a cambiar lo que me sucedió, pero quiero que va a servir para futuras generaciones todo lo que hago junto con mis compañeras. Quiero creer que estamos evitando que sea la tía de algo más, la hermana, hija”, advierte.
Perla, reconocía en este memorial la vida, la memoria digna de su tía lucero y un símbolo de su exigencia de justicia:
“Era una cruz que las familias de víctimas de feminicidios decidieron ponerla en nombre de sus familiares, para recordarlas, para que sepan que ahí están, que no se les ha hecho justicia, que todavía necesitan que las escuchen. Eso lo vieron como una mala imagen, como una mancha en el paraíso”.
El coraje ha sido una palabra y una vivencia que se han apropiado ellas, quienes junto a sus familias exigen por su hija, su tía, o en el caso de Sandra Huerta, su hermana, Alexia Huerta una joven víctima de feminicidio también en Puerto Vallarta en 2014. Ahora, desde esa resistencia es la vocera del colectivo Familias Unidas contra los Feminicidios en el municipio.
Sandra Huerta representa a las decenas de voces de las familias con víctimas de feminicidio en esta zona, no solamente por su cargo en el colectivo, sino porque ha pasado con ellos y ellas las batallas que implica exigir justicia, por esta razón considera que el Gobierno debe garantizar una reparación integral del daño ocasionado por el retiro de memorial: “la cruz para mí, como familia es algo muy significativo, es la memoria viva de mi hermana, de todas las mujeres que han sido víctimas de feminicidio”.
“Yo sí creo que el Estado tiene la obligación y la responsabilidad de proveer a todas las familias la reparación del daño, creo que ellos deben de conocer realmente lo que es la reparación del daño para que comprendan que esto que están haciendo es reprobable. Sobre todo la disculpa pública que dio el presidente, ese no era el acuerdo y una disculpa sin ver a la cara a las familias y sin la intención real realmente no es válida. Esperamos que hagan lo que tienen qué hacer”.
Sandra Huerta hermana de Alexia Huerta víctima de feminicidio en Puerto Vallarta durante 2014. Fotografía Leslie Zepeda.
Silvia coincide con todas y asegura que despojarles de su memorial es un acto que las revictimiza y deja en evidencia la ignorancia de la actual administración municipal, quien ha demostrado ser omisa, apática e indiferente frente a las necesidades de las familias de las víctimas de feminicidio:
“En su momento me dio mucho coraje e impotencia, me sentí revictimizada porque para mí esto es tener algo del caso de mi hija, algo que es visibilidad, hacer visibles a las personas, que la gente sepa que las cruces están ahí por algo, no sólo porque a las familias se nos ocurrió ponerlas, sino porque a cada familia nos falta un miembro de nuestra familia; a mí me falta mi hija”.
Para esta mamá que no se cansa de alzar la voz y exigir justicia, el memorial era una forma de tenerlas presentes a todas ellas, además de honrar su memoria.
La noticia de la “desaparición” del memorial se hizo pública gracias a las defensoras de los derechos de las mujeres, por lo que el Presidente Municipal de Puerto Vallarta no tuvo otra opción que emitir un posicionamiento. Si bien, en este aseguró que emitiría una disculpa pública para las familias, -una exigencia que ellas mismas le hicieron en el marco del Día de las madres-, el acto nunca llegó bajo las condiciones que esperaban.
El 11 de mayo el Ayuntamiento publicó un comunicado, -que tampoco fue de fácil acceso-, donde el presidente municipal Luis Alberto Michel Rodríguez dijo:
“Ofrezco una sincera disculpa pública a nombre de mi gobierno y en nombre propio, por aquellas acciones que pudieron haber agraviado a las familias de mujeres víctimas de violencia y de quienes como nosotros, mantienen el ideal de defender y garantizar una vida plena y libre de violencia a las vallartenses”.
Estas palabras no son suficientes, dice Silvia Ledesma, quien se niega a aceptar dicho comunicado digital como una disculpa pública:
“Las familias víctimas de feminicidio no tenemos conocimiento de ninguna disculpa del alcalde. Le hace falta tener información y ser más sensible hacia estos temas, además, como respeto hacia nosotras. Seguimos esperando las disculpas de la presidencia municipal y la colocación de las cruces de donde fueron retiradas, así como las mejoras al memorial. Mi exigencia es que se recoloquen las cruces de donde fueron retiradas y para el memorial que lo mejoren y sobre todo respeto hacia nuestro dolor, hacia nuestro sentir”.
La Ley General de Víctimas establece como derecho a la reparación integral del daño medidas se satisfacción, entre las cuales se encuentran el derecho a la memoria:
“Las medidas de satisfacción persiguen mitigar el dolor, reconstruir la verdad sobre lo ocurrido y divulgar memoria histórica, así como dignificar la memoria de las víctimas. Estas medidas se construyen entre las víctimas, su comunidad y el Estado” establece dicha ley.
Lucero, Daniela, Alexia son como esa cruz roza que el Huracán Nora apenas logró inclinar algunos centímetros, y que gracias a sus familias y la memoria colectiva resisten ante las omisiones, violaciones y revictimizaciones del Gobierno Municipal de Puerto Vallarta.
Silvia Ledesma, Emma Noriega y Sandra Huerta. Fotografía Leslie Zepeda.
Alerta de género, desatendida por el alcalde
Actualmente Jalisco cuenta con dos mecanismos de alerta: la Alerta de Violencia Contra las Mujeres de nivel estatal, activada en febrero de 2016 en ocho municipios del estado: Guadalajara, Zapopan, Tonalá, Tlajomulco, Tlaquepaque, El Salto, Puerto Vallarta y Ameca, y uno del ámbito federal, Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, esto desde noviembre de 2018.
En el mismo mes, durante el 2018, fue echada a andar la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), un mecanismo de protección establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).
Ante ello el Gobierno del Estado creó la Estrategia ALE, como “una herramienta para fortalecer a los municipios que están señalados en la Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres y la Alerta de Violencia contra las Mujeres” a ésta le fue asignada un presupuesto máximo de 4 millones de pesos para los 11 municipios antes mencionados; presupuesto que contempla tanto recursos estales, como federales. Con lo que a cada municipio se le sería asignado poco más de 363 mil pesos.
Durante el verano de 2021, Puerto Vallarta registró una derrama económica de 2 mil 290 millones 629 mil 370 pesos, así como una afluencia turística de 495 mil 655 personas, cifra que a nivel estatal superó los 9 mil millones de pesos, según lo dio a conocer la Secretaría de Turismo en Jalisco.
El 20 de agosto de 2020 se instaló la primera Mesa Técnica de la AVGM en el municipio de Puerto Vallarta. Sin embargo, a estas no ha asistido en ninguna ocasión el presidente municipal, según afirman las diferentes activistas del municipio. Esto, además de evidenciar su indiferencia en el tema, dificulta que avancen, que se atienda la prevención de los feminicidios, y en general la violencia de género, ya que esa es su tarea como autoridad municipal.
Y es que en estas se debe contar con la presencia de autoridades de la Fiscalía del Estado, del Gobierno Municipal, la Secretaría de Salud, el Centro de Justicia de la Mujer, Colectivas feministas y la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, secretaría que funge como autoridad estatal que no puede hacer más que emitir recomendaciones al alcalde.
El problema recae, según advierte Emma Noriega en que cada mesa es un inicio, ya que acuden funcionarios públicos distintos a cada una, por lo que les es imposible generar progresos:
“El Gobierno Municipal nunca ha tenido un acercamiento real con nosotras que no sea esa rotación de funcionarios públicos llenos de buenas intenciones, supuestamente. Ese es el tema, que pareciera que cada vez que nos vemos con los funcionarios es borrón y cuenta nueva, cuando realmente el trabajo debe ser con seguimiento, un trabajo que en el caso de las familias repare de alguna manera el daño, les brinde memoria a las víctimas de feminicidio y no les cause esta revictimización a través de “disculpas públicas” que no fueron aprobadas, porque la manera en que lo hicieron es otro hecho revictimizante hacia las familias.
