El Centro de Justicia para la Paz y Desarrollo A.C. (CEPAD) organizó el conversatorio “Represión: la respuesta ante la protesta social en Jalisco”, en que muchas de las víctimas de la violencia del estado coincidieron en que reprimir es la respuesta sistémica que históricamente ha tenido el Gobierno de Jalisco contra quienes le cuestionan.
Por Aletse Torres Flores / @aletse1799
Foto portada: Mario Marlo / @MarioMarlo
La historia de actos represivos contra manifestaciones sociales en Jalisco es larga, desde aquellas que generaron contra las y los integrantes de la Liga Comunista 23 de Septiembre en los años setenta; contra las y los damnificados de las explosiones del 22 de abril de 1992; contra aquellos que protestaron durante la III Cumbre de América Latina, el Caribe y la Unión Europea en 2004; contra quienes formaban parte del Colectivo #YoSoy132GDL y fueron reprimidos el 1 de diciembre de 2012; contra todas aquellas y aquellos jóvenes que fueron detenidos, torturados y desaparecidos de manera forzada a las afueras de la Fiscalía de Jalisco el 5 de junio de 2020, o contra las mujeres del Frente Feminista que se manifestaron, el 9 de julio de 2021, frente a la Secretaría de Educación Jalisco en 2021 para exigir la atención a una denuncia de violencia contra una estudiante.
Para entender los efectos de esta política represiva, el Centro de Justicia para la Paz y Desarrollo A.C. (CEPAD) realizó el conversatorio “Represión: la respuesta ante la protesta social”, el cual tuvo como objetivo escuchar a las personas que han sido víctimas de detenciones arbitrarias, tortura y desaparición por ejercer su derecho a la protesta social. Y a su vez, para reflexionar sobre los patrones que las autoridades de Jalisco han llevado a cabo a lo largo de la historia para controlar la protesta social.
En este participaron conversatorio participaron: Guadalupe Zepeda, ex integrante de la Coordinadora 28 de Mayo, Luis Antonio del colectivo #5JunioMemoria, Bruja Cósmica y Meraki Demente, del Frente Feminista Jalisco y Ángela García, Abogada de CEPAD.
Para iniciar el diálogo, el activista Guadalupe Zepeda compartió su testimonio sobre la manifestación del 28 de mayo del año 2004, fecha en la que se pasó de actividades culturales, el diálogo y la protesta social a la represión, las detenciones arbitrarias y la tortura, esto en el marco de la celebración de la III Cumbre de América Latina, el Caribe y la Unión Europea que se llevó a cabo en Guadalajara, Jalisco.
Esta Cumbre se constituyó como un acto de resistencia en contra del sistema neoliberal imperante, pero también como una acción de esperanza y lucha por la construcción de otros mundos posibles. Sin embargo, la respuesta del gobierno estatal, encabezado por el panista Francisco Javier Ramírez Acuña, fue la de reprimir, detener arbitrariamente, torturar y criminalizar a cientos de personas, entre las que se encontraban no sólo manifestantes, sino también personas en situación de calle y cualquier persona que para las fuerzas policiales “les parecieron una o un manifestante”.
Guadalupe Zepeda denunción que, en total, fueron 77 retenciones ilegales y 22 casos de tortura. Y a 18 años del suceso, sigue en completa impunidad. Y no sólo eso, a uno de los principales victimarios se le premió con la titularidad de la Fiscalía del Estado de Jalisco.
“La represión fue grave de parte del Estado, pero también nos fallaron las comisiones estatales y nacionales de derechos humanos, incluso, esta última, dio por cerrado el caso sin haberse cumplido las recomendaciones emitidas”, señaló el ex integrante de la Coordinadora 28 de Mayo.
Asimismo, recordó que, en ese momento, los medios de comunicación manejaron sólo la información oficial que criminalizó a los y las manifestantes dándole, con su cobertura, la razón a las autoridades.
“Han pasado dos años y me sigo sintiendo desaparecido”, expresó Luis Antonio, integrante del colectivo #5JunioMemoria, y quien fue la segunda persona en participar en el conversatorio.
Él fue uno de los más de 80 jóvenes que fueron detenidos, torturados y desaparecidos de manera forzada cuando decidieron manifestarse a las afueras de la Fiscalía del Estado de Jalisco, el 5 de junio de 2020.
Ese día, él acudió para exigir la liberación de todas y todos los detenidos que protestaron un día antes contra la violencia policial que derivó en la ejecución extrajudicial de Giovanni López, la cual fue cometida por policías municipales de Ixtlahuacán de Los Membrillos, el 4 de mayo de 2020.
Luis Antonio, puntualizó que a dos años de las manifestaciones de 4, 5 y 6 de junio los sentimientos siguen vivos: “Las sensaciones no se van tan fácil, el coraje, la tristeza, el miedo y la impotencia son sentimientos que me persiguen hasta la fecha”.
Él narró que el día de la manifestación vio que a una compañera la sustrajeron; por ello, decidió acercarse y preguntar los motivos del cateo. Luego de eso, recuerda que recibió golpes por parte del grupo de policías que después lo subieron a su camioneta para desaparecerlo: “¿Cómo te recuperas de eso? es un acto traumático” sentenció.
Un año después, el 9 de julio de 2021, integrantes del Frente Feminista de Jalisco fueron detenidas de manera arbitraria mientras se manifestaban en la Secretaría de Educación de Jalisco para exigir justicia por las víctimas de violencia.
Bruja Cósmica, integrante del Frente, compartió que ese día llevaba a su bebé de tres meses en sus brazos y aunque no se resistió, fue amenazada, revictimizada y detenida por horas en la Fiscalía.
“Me acuerdo que ni les decía nada por el miedo, pero aprovechaban cada oportunidad para decirme que me iban a quitar a mi bebé. La violencia psicológica fue horrible” expresó.
Mencionó, además, que la criminalizacion y fabricación de procesos en su contra ha generado desgaste y fracturas en las redes de colectivas.
Por su parte, Meraki Demente del Frente Feminista señaló a un año “su caso no se ha movido”. Además, denunció que la atención ha sido ineficiente y en el proceso les han revictimizado constantemente.
Desde otro ángulo, Ángela García, abogada e integrante de CEPAD, reconoció que la respuesta de las autoridades estatales tiene patrones. Para empezar, la cantidad masiva de elementos policiacos a los alrededores de los lugares donde se realizan las protestas o las manifestaciones; a ello, hay que sumarle la violencia física, las desapariciones forzadas y la tortura contra las y los manifestantes, pues todas estas violencias se usan como herramientas para imponer miedo y silencio.
Finalmente, cada uno de los y las participantes concordó en que “hace falta mucho”, pues primero se tienen que resolver los casos que han quedado impunes, darle justicia a las víctimas y castigar a todos culpables:
“Nos tenemos entre nosotros, es importante resaltar esta memoria y coraje, que nos impulsa a no permitir nunca más este tipo de acciones”, señalaron.
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Si quieres ver completo el conversatorio aquí puedes hacerlo:
