Medios Aliados
Los altos costos y la falta de atención en las pruebas anticovid se repitieron en Jalisco desde el inicio de la pandemia. Y hace unas semanas, la entidad recibió un lote de vacunas con fecha de caducidad próxima a vencer que fue ampliada por el gobierno federal
Texto: Mariana Recamier y Ricardo Balderas / PODER*
Imagen: Serendipia
Para asistir a las escuelas que atienden a adultos e infancias que viven con algún tipo de discapacidad, o para recibir servicios de salud siendo una persona de la tercera edad, en Jalisco es necesario que tanto pacientes como estudiantes cuenten con su esquema de vacunación completo o en su defecto, con una prueba médica que garantice que la persona en cuestión se encuentre libre del virus SARS-Cov2. En caso de resultar positivo, se les deriva al área de atención covid en donde nadie garantiza la continuidad de las terapias necesarias para las personas que viven con una discapacidad.
Así ocurrió con María Belén Torres, quien solicita terapia para su hijo desde inicios de febrero. Sin embargo, los servicios (médicos y escolares) del Centro de Estimulación para Personas con Discapacidad (CENDI) en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, de Jalisco, donde ella radica, estuvieron suspendidos durante la pandemia.
“¿Ya los niños regresaron a terapia? No me han notificado. ¿O es para unos cuantos?”, se pregunta Torres al ver que el centro continúa otorgando información para personas que viven con una discapacidad.
Al igual que Belén Torres, muchas madres se encuentran en lista de espera. Al problema con la gestión de diagnóstico, se debe agregar otra brecha de dificultad. Para la gente de Jalisco que vive con una discapacidad, no sólo se trató de intentar controlar los gastos que ya implica tener un familiar o vivir en carne propia que tu cuerpo requiera de atención especial, pues en condiciones de covid-19, los servicios regulares del estado para la atención para este sector poblacional estuvieron suspendidos.
Este es el caso, por ejemplo, del Centro de Estimulación para Personas con Discapacidad (CENDI) en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, que durante la pandemia se vio obligado a cerrar puertas. Debido a esto, las personas que viven con una discapacidad no sólo no podían costearse la realización de pruebas de diagnóstico, sino que tampoco podían seguir en la escuela, ni continuar con sus tratamientos.
“Tenemos lista de espera. Sin embargo ya estamos listos luego de dos años que tuvimos que parar por la pandemia”, reconoció el alcalde Salvador Zamora, durante el evento de reapertura del CENDI en el que el mandatario pedía paciencia para las personas que se encontraban aún sin poder inscribir a sus familiares a los servicios que el centro ofrece.
Pruebas caras en el sistema privado
Juan sentía dolor en la garganta, la cabeza, en todo el cuerpo. Experimentaba síntomas de covid19 y quería confirmar si había tenido contacto con el virus. En ese momento, tenía 63 años (estaba dentro de los grupos de riesgo al ser considerado de la Tercera Edad) y quería actuar lo antes posible para evitar que la enfermedad se agravara y le costara la vida. Era junio de 2020, el mundo apenas vivía los meses iniciales de la pandemia y había poca información confirmada sobre el nuevo coronavirus.
Lo primero que necesitaba Juan era un diagnóstico. Para que le hicieran una prueba gratuita en los módulos de la Secretaría de Salud de Jalisco (SSJ) tenía que pedir una cita vía telefónica, acudir al módulo y luego esperar los resultados de 48 a 72 horas. Era demasiado tiempo y su salud estaba en riesgo. Es por eso que decidió ir a la sucursal del laboratorio Ceneba en Lagos de Moreno, donde le cobraron 5 mil 200 pesos por una prueba de reacción en cadena de la polimerasa (PCR). Fue un gasto importante para sólo confirmar que tenía el virus.
“Aprovecharon para lucrar. Al no haber un control de los precios, de las tarifas, cada quien estuvo cobrando lo que quiso en una situación difícil como la pandemia”.
La historia, de los altos costos y la falta de atención, se repitió muchas veces en Jalisco desde que inició la pandemia y hasta la fecha. El 61.9% de pruebas hechas en el estado del 17 de abril de 2020 al 12 de mayo de 2022 fueron realizadas por laboratorios privados, de acuerdo con las bases de datos abiertos de la SSJ. El último análisis comparativo semanal de la dependencia, con corte al 30 de abril pasado, muestra un porcentaje más alto: 69.37 % de pruebas corresponden a centros de análisis particulares.
Por la necesidad de obtener los resultados con rapidez para tratar sus síntomas, Juan no acudió a los módulos de Radar Jalisco, un programa estatal desarrollado con apoyo de la Universidad de Guadalajara (UDG) para detectar casos de covid19.
Este sistema consiste en que las personas que tienen sospechas de contagio llamen a un centro de atención telefónica, digan sus síntomas a personal preparado para que su caso se clasifique y luego, si la clasificación lo amerita, se les brinda una cita para que les hagan una prueba sin costo en módulos fijos o itinerantes.
Para el arranque de Radar, la Universidad de Guadalajara hizo una inversión de 21.4 millones de pesos para 5 mil pruebas PCR y el gobierno de Jalisco asignó 25.7 millones para 7 mil pruebas del mismo tipo. Es decir, un total de 47 millones de pesos para iniciar el programa.
En marzo de 2021, el gobernador de Jalisco Enrique Alfaro informó en una conferencia de prensa que hasta ese momento se habían invertido más de 220 millones de pesos con los que se habían aplicado 681 mil 963 pruebas para detectar el virus: 592 mil 890 PCR, 65 mil 116 serológicas y 23 mil 957 de antígenos. No obstante, no dio información sobre el total de pruebas adquiridas con ese recurso.
Pruebas insuficientes y tardías
A pesar de esa inversión, más de la mitad de las pruebas registradas por la SSJ se hicieron en laboratorios privados.
Además, la base de datos sobre casos sólo incluye pruebas del tipo PCR cuando se refiere a entidades particulares. Este tipo de análisis cuesta entre 950 y 6 mil pesos en los laboratorios que entregaron información clínico epidemiológica a la dependencia estatal de salud hasta el 10 de enero de 2021.
De éstos, los que tienen los precios más elevados son el hospital Puerta de Hierro de Andares, donde las pruebas PCR cuestan 5 mil 432 pesos; el laboratorio Santo Domingo, donde tienen un costo de 3 mil 610; y el laboratorio Tolsa con un precio de 2 mil 399 por prueba.
Alejandra también acudió a un laboratorio privado para descartar si tenía coronavirus. Necesitaba los resultados para viajar y le preocupaba que si hacía una cita en los módulos de la SSJ no podría elegir el día ni la hora para hacerse la prueba o que el resultado tardara más de lo contemplado. Al final, se hizo una PCR en el laboratorio Valher por 3 mil 700 pesos. Le costó lo mismo que lo que pagaba de renta mensual por una habitación en Guadalajara.
En un sondeo realizado por PODER, personas que viven en Jalisco dijeron que acudían a laboratorios privados y no a los módulos de Radar porque necesitaban pruebas confiables y rápidas para atender síntomas, viajar o trabajar de forma presencial. Además, algunas personas consultadas comentaron que lo hicieron como segunda opción después de esperar por hasta media hora sin recibir respuesta en la línea de atención telefónica del programa estatal.
En enero pasado, algunas personas se quejaron porque no les contestaban el teléfono en el centro de atención del programa o porque les daban citas para después de tres días de su llamada. En entrevista para PODER, Gabriela Mena Rodríguez, directora general de salud pública de la SSJ, confirmó que durante la ola por la variante ómicron aumentaron los casos de personas con covid19 y con ello la demanda de pruebas. La funcionaria aseguró que esa situación provocó que se superara la capacidad diaria de análisis en Radar Jalisco.
“Los insumos se tenían, pero había una demanda mayor que la capacidad máxima por día, es decir, podrían hacer equis cantidad de pruebas por día y a veces la demanda superaba esa cantidad y la gente tenía que esperar uno o dos días. No es que hubiera desabasto”.
Durante la presentación de Radar Jalisco, el gobernador de la entidad dijo que el programa empezaría con la aplicación de 500 PCR al día y luego llegaría hasta 600. El pasado enero, la SSJ informó en un comunicado que tiene una capacidad máxima de procesamiento de 6 mil 300 PCR semanales. Es decir, a pesar de que las cifras superaron las expectativas del Gobierno de Jalisco (900 pruebas por día) esta cifra fue insuficiente, según las declaraciones de la directora general de salud pública.
Mena Rodríguez aseguró que algunos laboratorios privados participaron en la mesa de análisis epidemiológico que se realizó al inicio de la pandemia para tomar decisiones sobre cómo se iba a enfrentar esta situación en Jalisco.
“Los laboratorios privados tienen ciertos alcances y otras ubicaciones geográficas que a una parte de la población le podía favorecer para acceder a una prueba», comentó la directora general de salud pública de la SSJ.
La funcionaria agregó que los precios de las pruebas en laboratorios privados son un tema que corresponde a la iniciativa privada y que sólo algunas instancias federales podrían regular los costos elevados de este tipo de análisis.
Jalisco aplicó vacunas con “caducidad extendida”
Anna Bárbara Casillas, coordinadora estratégica del gabinete de Desarrollo Social en Jalisco, reconoció que el estado recibió un lote de vacunas que contaban con una fecha de caducidad recortada.
Poco después, la Secretaría de Salud Jalisco aceptó la existencia de dicho lote, argumentando que fue el gobierno federal quien lo envió al estado y explicaron que tenían como fecha de caducidad del 30 de abril. A pesar de que comentaron que hasta ese momento no se habían aplicado dichas vacunas de la marca AstraZeneca, pocos días después revelaron que la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) había comunicado una extensión de dicha caducidad por lo que la entidad estaría próxima para la aplicación.
Finalmente, sin dar más explicaciones sobre los impactos que pudieran tener estas vacunas en los pobladores, argumentaron que debido a la prórroga aceptada por la federación, se instruye al estado a ofrecer la vacuna de varios lotes a la que se otorgó caducidad ampliada.
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Los nombres de algunas personas entrevistadas fueron cambiados por su petición
*Reportaje de Mariana Recamier y Ricardo Balderas, editado por Fernanda Hopenhaym.
*Este trabajo fue realizado por PODER LATAM.
