#HastaEncontrarlos
Pese a que los pilares del nuevo plan de búsqueda de personas desaparecidas en Jalisco son “el acceso a la verdad y la atención a las familias”, en el arranque de los trabajos de exhumación de los cuerpos de 252 personas fallecidas no identificadas inhumadas en el Panteón de Coyula, Tonalá, la Fiscalía negó el acceso a familiares y colectivos de búsqueda alegando que se trataba de una “acción judicial privada”.
El negarles su derecho a la colaboración y observación directa de las exhumaciones violentó los derechos que como víctimas tienen en la Ley General y la Ley Estatal de Víctimas.
Por Darwin Franco / @DarwinFranco y Dalia Souza / @DaliaSouzal
Fotos: Dalia Souza
“Yo vine porque algo me dice que aquí está mi hermano”, expresa Rosa María Cabezas, quien llegó a primera hora para poder observar el arranque de los trabajos de exhumación de los cuerpos de 252 personas fallecidas no identificadas que se inhumaron en el Panteón de Coyula durante 2017 y 2018.
Ella quería ver si entre esos cuerpos no está su hermano, Antonio Cabezas Hernández, quien fue localizado sin vida el 29 de septiembre de 2017 en la Cruz Verde en Tonalá, Jalisco.
Ella lo busca en el Panteón de Coyula porque lleva casi cinco años esperando que alguien del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) o de la Fiscalía del Estado de Jalisco le digan: “¿dónde dejaron el cuerpo de Antonio?”, pues éste entró con nombre y apellido a los Servicios Médicos Forenses, el 30 de septiembre de 2017, y es fecha que no le saben decir en qué panteón lo inhumaron.
“A mí me dijeron que mi hermano posiblemente esté aquí porque no aparece en ningún otro lado, y como cuando inhumaron estos cuerpos no había buenos registros, es muy seguro que aquí lo halle”, explica Rosa María.
Sin embargo, su derecho a observar los trabajos de exhumación forense que realizan personal del IJCF y peritos de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG), organización a la que se le pidió su colaboración, le fue negado por el Fiscal Ejecutivo de Investigación Criminal, Ernesto Hernández Escorcia, quien ordenó a policías estatales no dar acceso a ningún familiar o colectivo de búsquedaalegando que se trataba de una “acción judicial privada”.
Por estos motivos, Rosa María y una decena más familiares de los colectivos de búsqueda: Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco (FUNDEJ), Entre Cielo y Tierra Desaparecidos Jalisco, Huellas de Amor y Luz de Esperanza, tuvieron que mirar a la distancia y detrás de vallas de seguridad los trabajos forenses que pretenden develar la verdad de un proceso de inhumación que se hizo de manera irregular, pues los 252 cuerpos inhumados en el Panteón de Coyula no cuentan para su identificación con un archivo básico y, peor aún, su inhumación no fue individualizada, lo que significa que en cada gaveta podrían haber sido inhumadas entre dos y tres personas.
La Ley Estatal de Víctimas de Jalisco, en su Artículo 14, señala que toda víctima tiene derecho a estar presentes en las exhumaciones que las autoridades realicen en cementerios, pues éstas son una de las diligencias que “el Estado está obligado a realizar para determinar el paradero de las personas desaparecidas”.
Este mismo derecho a la colaboración y observación también les está garantizado en el Artículo 21 de la Ley General de Víctimas donde se precisa que: “las víctimas tienen derecho a estar presentes en la realización de las exhumaciones de cementerios, fosas clandestinas o de otros sitios en los que se encuentren o se tengan razones fundadas para creer que se encuentran cuerpos u osamentas de las víctimas”.
Esto, sin embargo, no fue respetado por el Fiscal Ejecutivo de Investigación Criminal de la Fiscalía del Estado de Jalisco, Ernesto Hernández Escorcia, quien aseguró que las exhumaciones eran parte de “una acción judicial privada”; por tanto, no podría darse acceso personas ajenas a los trabajos forenses; esto incluía tanto a las familias o colectivos de búsqueda, organizaciones civiles acompañantes, periodistas e, incluso, instituciones públicas que no hayan sido previamente autorizadas, así pasó con personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, a quienes también se les negó el acceso.
La custodia legal de las exhumaciones quedó a cargo de la Fiscalía Ejecutiva de Investigación Criminal, y no de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, instancia que debería de estar presente porque existe una amplia posibilidad de que alguna de esas 252 personas inhumadas sea el familiar de alguna de las familias a las que se les negó el acceso. Tal es el caso de Rosa María Cabezas, quien tiene el presentimiento de que su hermano fue enterrado en el Panteón de Coyula.
Para Guadalupe Aguilar, líder de FUNDEJ, el no darles acceso a los trabajos forenses es una burla y un atropello a sus derechos:
“Lo que a mí me da más coraje es que nos tengan acá esperando, pues en los cursos y charlas que nos dieron para explicarnos lo de las exhumaciones se prometió que nos dejarían estar presentes. Y el que nos tengan acá es prueba de que no quieren que veamos todo el cochinero que seguro hicieron”.
En boletín de prensa, la Dirección de Investigación Criminal sin hacer ninguna mención a la negativa de acceso de las familias de personas desaparecidas, señalaron que lo que pasa en el Panteón de Coyula es “un proceso de exhumación controlada donde intervendrá personal ministerial y forense, quienes, por restricción legal, son los únicos facultados para participar en la diligencia”.
“Si no se garantiza su presencia, nos retiraríamos”: Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG)
Pasaron más de cuatro horas para que alguna autoridad se dignara a explicar a las familias el por qué se les impidió el acceso para observar los trabajos forenses, quienes salieron a hablar sobre esta negativa fueron el director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Gustavo Quezada Esparza, e integrantes de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG), éstos señalaron que se trató de una orden de la Fiscalía Ejecutiva con la cual no estaban de acuerdo, pero que por el momento no podrían hacer mucho.
“Estamos dialogando con la otra parte del proceso (la Fiscalía) para hacerles ver lo importante que es colocar a las familias al centro y el por qué es fundamental para nosotros que puedan estar presentes”, explicó Omar Bertoni, Director de Confirmación de Identificaciones del FAFG.
En el diálogo con las familias, además, puntualizaron que ellos como Fundación están siempre de lado de las víctimas y que, este proceso de exhumación para el cual se les pidió su ayuda, se hará respetando siempre la dignidad de las personas no identificadas, pues saben que se trata de personas que están siendo buscadas y, por tanto, se debe garantizar el mejor de los trabajos de identificación.
Por su parte, Guadalupe Aguilar de FUNDEJ, explicó que ellas como familias sólo quieren estar ahí presentes no sólo porque es su derecho sino: “porque queremos observar porque al hacerlo también están buscando a nuestros desaparecidos, por eso nos resulta insultante que no nos dejan pasar”.
El mismo Bertoni Girón le otorgó la razón a la madre buscadora, pero señaló que en sus manos, por ahora, no estaba el dejarles pasar, pero sí remarcó que si no se garantiza que estén a lo largo del proceso, ellos como Fundación podrían retirarse porque los trabajos forenses, como ellos lo hacen, no pueden darse sin la presencia de las familias buscadoras.
A lo que si se comprometieron frente a las familias es que en la reunión entre la Fiscalía del Estado de Jalisco y la Comisión Nacional de Búsqueda, la mañana del 26 de mayo, se exigirá como condición para continuar las labores, la presencia como observadoras de las familias y colectivos de búsqueda.
La FAFG será la encargada de coordinar tanto los trabajos de exhumación como los de identificación forense, decisión que para las familias buscadoras de Jalisco es fundamental porque eso les hace tener confianza en el proceso de exhumación e identificación de todas las personas que se exhumen del Panteón de Coyula.
Datos importantes de la exhumación
De acuerdo a los registros oficiales, las inhumaciones en dicho panteón iniciaron el 12 de enero de 2017 y concluyeron el 15 de abril de 2018, en ese lapso -asegura el IJCF- haber realizado 262 inhumaciones. Sin embargo, datos de la Fiscalía aseguran que el número de cuerpos totales es de 252, pues ya se han realizado 10 exhumaciones e identificaciones.
No obstante, se desconoce el número total de personas inhumadas en el Panteón de Coyula, pues en el mismo periodo de tiempo, el Ayuntamiento de Tonalá expidió al IJCF, 347 permisos de inhumación e igual número de actas de defunción. Por lo tanto, existe una diferencia en ambos registros de 85 cuerpos de personas fallecidas no identificadas.
De ahí la relevancia de que las familias de personas desaparecidas puedan observar todo el proceso de exhumación, pues como Rosa María Cabezas, existen muchas personas que, por las fechas de localización de los cuerpos y las fechas de inhumación, consideran que ahí puede estar su ser querido desaparecido.
Los trabajos de exhumación que iniciaron este 25 de mayo continuarán, por lo menos, 15 días más o hasta que se exhume el último de los cuerpos, mismos que tras ser analizados se inhumarán en gavetas dispuestas en el Panteón Forense de Atotonilco el Alto.
De forma paralela, en las instalaciones de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas se están realizando entrevistas y toma de muestras genéticas a personas que consideran que entre los cuerpos que se exhumen en el Panteón de Coyula están sus familiares.
Es importante señalar que los trabajos de exhumación podrían beneficiar directamente a familiares de personas desaparecidas de larga data, pues las fechas de ingreso al IJCF de las personas fallecidas no identificadas que se inhumaron en el Panteón de Coyula fueron del 16 de enero del 2014 al 29 de diciembre de 2017.
Estas tomas pueden realizarse a varios miembros de una misma familia y para hacerlo se tiene que acudir del 25 de mayo al 5 de junio a Avenida Calzada de Las Palmas #70, en la Colonia La Aurora en Guadalajara, Jalisco, en un horario de 8:00 a 16:00 horas; también se puede realizar una cita a través del número de WhatsApp: 331 411 2215.
