Manos Libres
Por Francisco Macías Medina / @pacommedina
La reciente actualización del Registro Nacional de Personas Desaparecidas que informó la existencia de más de 100 mil personas desaparecidas me provoca frustración y una serie de cuestionamientos sobre lo que se ha dejado de hacer por parte del Estado y la sociedad para permitir este horror.
Al ver refrendado a Jalisco en el primer lugar con más de 14 mil de ellas, vuelven a mi mente las piezas de video, la insistencia en los números y los adjetivos desde el gobierno local que buscan controlar solo un discurso o la curva de una gráfica, pero no dar pasos para superar esta realidad.
También pienso en muchas personas que conozco, las cuales realizan la búsqueda de sus seres queridos sin la existencia de una denuncia, debido a la falta de condiciones y de incentivos reales para presentarla. La cifra es mucho mayor que lo que se informa.
Al ver como se ha incrementado la cifra a través del tiempo, pienso en la falta de atención y en la instalación de las violencias como formas de tejer socialmente a nuestras comunidades de las cuales durante décadas ha vivido el propio Estado.
Pienso también en esa amalgama que se exhibe hoy sin recato entre los grupos de la delincuencia organizada y actores políticos, también en el descuido de estrategias militarizadas que provocaron la dispersión de los grupos y su consecuente fortalecimiento sobre todo financiero hasta homologarse como grandes inversionistas.
Desde la sociedad toleramos las desapariciones y promovimos el silencio, así como la falta de escucha, como en muchos otros momentos de la historia reciente de nuestro país. Como si apostáramos a que el tiempo cambie por sí mismo las situaciones.
Contrario a lo anterior, al mismo tiempo en que se construía este edificio de indignidad, otros y otras decidieron no callar, tomar las calles, sensibilizar a una sociedad para volver a recordar que la persona que observo pegada en un afiche en un poste puedo ser yo.
Se rompió lo privado y la suma de voluntades fue construyendo una denuncia sobre lo que debería ser y no era por las violencias, se exhibió la indolencia y la normalización de leyes sólo útiles para mantener el estatus quo.
Al mismo tiempo, se sumaron agencias internacionales, informes de mecanismos de defensa de los derechos humanos, los cuales una y otra vez marcan rutas que anuncian un futuro al cual debemos aspirar.
De hecho, al publicarse la noticia con la que inicie esta opinión, hubo reacciones como la del Colectivo “Por amor a Ellxas”, que volvió a publicar las imágenes de sus seres queridos para recordarnos que son personas a las que les fue interrumpida una vida que era suya, que tienen nombre y familias que las y los esperan. Al mismo tiempo, hubo opiniones de personas académicas y expertas, eso me hace pensar que hemos superado la etapa del silencio.
Por otra parte, en el caso del Gobierno de Jalisco se limitaron a reiterar estadísticas, pero sin ningún compromiso concreto, incluso ni siquiera se pronunciaron por las graves diferencias que existen entre la estadística nacional y la Comisión Local de Búsqueda, de acuerdo a lo denunciado por el Diario NTR (ver nota)
Lo anterior me lleva al reciente informe de la organización Worl Justice Project sobre el índice del Estado de Derecho en México 2021-2022, el cual nos muestra una grave fotografía de lo que ocurre a novel nacional y local, ya que ninguna de las entidades logra superar ni siquiera el puntaje medio de aceptabilidad.
En el caso de Jalisco, se encuentra colocado entre las 10 entidades con indicadores preocupantes y en un claro estancamiento. Los deteriores están enmarcados por un estancamiento en los contrapesos institucionales, por ejemplo, de los poderes Judicial y Legislativo, así como del trabajo de la prensa y de la sociedad civil, lo cual sin duda coincide con el ambiente patrimonialista en la conformación de los primeros y por la serie de ataques y restricciones hacia los segundos.
Los otros dos aspectos son el deterioro en lo que se refiere al sistema de justicia penal, el cual es claramente identificado por las deficientes investigaciones y la caída en la garantía de los derechos de las víctimas, a lo que se suma la falta de aplicación de todo lo relacionado en la materia de anticorrupción sobre todo en las sedes judiciales.
Aunque se marcan “ligeros” avances en el tema de la seguridad pública, sin duda los crímenes violentos y los delitos de alto impacto, sumados a las deficiencias antes señaladas nos hacen pensar que esto será momentáneo.
Como se aprecia con claridad sobre todo al pensar en las causas, en el informe del WJP queda de manifiesto que hoy por hoy el Estado es parte del problema, por lo que será indispensable apoyar la ruta que han construido los colectivos de familiares de personas desaparecidas y los recientes mecanismos de participación para acelerar los cambios, encontrar espacios de construcción de buenas prácticas y construir nichos de esperanza a pesar del ambiente permanentemente electorero.
Hoy existen caminos que pueden recorrerse para por lo menos disminuir y entender el horror que estamos viviendo. Nos faltan todos y todas.
