Por primera vez, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se pronunció ante la privación de la libertad de Juana Alonzo, mujer migrante indígena Chuj y originaria de Guatemala que fue detenida ilegalmente en noviembre de 2014 en Reynosa, Tamaulipas, mientras intentaba llegar a los Estados Unidos. El organismo instó a todas las autoridades e instituciones involucradas del Estado mexicano a garantizar su libertad y establecer los diferentes daños ocasionados en su prejuicio..
Al mismo tiempo, por primera vez el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, emitió una declaración pública sobre el caso de Juana Alonzo Santizo; admitió que fue sometida a actos de tortura y solicitó al gobernador de Tamaulipas que la libere lo antes posible, ya que lleva más de 7 años en prisión preventiva.
Por Leslie Zepeda / @lesszep2
Los días, meses y años siguen transcurriendo, mientras, Juana Alonzo Antizo ya acumula 2 mil 747 días privada de su libertad en un penal del Estado Mexicano, desde que fue detenida por la Policía Estatal de Tamaulipas de forma ilegal e irregular. Juanita, pese a ser una víctima del delito de secuestro, fue presionada mediante tortura por los elementos policiales para que se inculpara. Lo anterior por “encontrarse” en la “casa de seguridad” donde fue privada ilegalmente de su libertad.
Ante estas violaciones múltiples a sus derechos humanos como mujer, indígena, migrante, miembro de la comunidad Chuj de San Mateo Ixtatán en Guatemala, fue que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en México emitió un pronunciamiento donde destacó precisamente los actos de violencia a los que fue sometida desde el día en que fue secuestrada por un traficante de migrantes en Reynosa, Tamaulipas, luego de ser torturada por policías de este estado y tras ser privada de su libertad en un centro penitenciario.
En dicho pronunciamiento, la CNDH señaló que los 7 años, 6 meses y 19 días que Juana Alonzo a acumulado en la prisión estatal de Tamaulipas, sin recibir una sentencia definitoria, “contraviene el plazo constitucional establecido para tal efecto”, lo que por un lado violenta su derecho a la presunción de inocencia y a la seguridad jurídica, así como a un debido proceso en paralelo a su derecho al acceso a la justicia y a la libertad personal.
Asimismo, en el documento, el organismo admitió que desde su labor de seguimiento, han corroborado los actos de tortura cometidos por elementos de la Policía Ministerial de la entonces Procuraduría General de Justicia (PGJ) en contra de Juanita, así como a los derechos de las personas bajo la condición jurídica de ser migrantes.
La CNDH destacó lo siguiente:
“Mientras se encontraba bajo la custodia de esos servidores públicos y responsabilidad, en vez de concretar las medidas necesarias para salvaguardar su integridad, fue sometida a una serie de agresiones físicas y verbales, bajo un esquema de degradación a su dignidad humana y sin perspectiva de género, al tratarse de una mujer de origen indígena y en contexto de movilidad y quien, además, presuntamente estaba retenida en dicho lugar sometida a explotación laboral”.
Sin embargo, pese a los elementos de prueba que recientemente pública la comisión y el trabajo de documentación realizado por organizaciones y familiares, la CNDH señala que la ahora Fiscalía General de Justicia del estado de Tamaulipas, además, la acusó de ser responsable del delito del que fue víctima, lo anterior “mediante la autoincriminación”, ya que no le brindaron un traductor que le explicara los documentos que, forzadamente, firmó.
Por lo tanto, afirma que Juana Alonzo Santizo ha sido “víctima de una posible discriminación interseccional e institucional”. Y señalaron que es imposible comprender estas vulneraciones a sus derechos sin comprender los distintos contextos de los que proviene como mujer, indígena, en situación de pobreza y persona migrante.
Finalmente, la instancia defensora de los derechos humanos, exhortó al Juez Primero de lo Penal de Primer Instancia del Quinto Distrito en el estado de Tamaulipas a pronunciarse de manera inmediata para que explique y justifique la razón por lo que ha prolongado, por más de siete años la prisión preventiva para Juana Alonzo. Igualmente, exigió a las diferentes instancias públicas involucradas a responder por sus responsabilidades en este caso:
“La CNDH hace un urgente llamado al Poder Judicial del estado de Tamaulipas, así como a las Instituciones corresponsables del Estado mexicano para que se realicen, a la brevedad posible, acciones que permitan visibilizar la situación jurídica actual en la que se encuentra la víctima, a fin de realizar un análisis a fondo para que la medida de prisión preventiva impuesta no siga prolongarse innecesariamente en su perjuicio y para que, a la brevedad, se dicte una determinación al nivel de los más altos estándares nacionales e internacionales en la materia, con perspectiva de género, interseccional y conforme al principio pro persona, en tanto que, de seguir prolongando dicha medida sin justificación alguna, conlleva a una continua violación de sus derechos fundamentales, de las que las autoridades deberán hacerse responsables”.
AMLO reconoce violaciones a los derechos humanos de Juana Alonzo Santizo
En una entrevista que ZonaDocs mantuvo en abril de este año con Pedro Alonzo Santizo, hermano de Juanita, él declaró que esperaba que el Presidente de México manifestara una postura y, no sólo eso, sino que ordenara la liberación de su hermana, reconociendo que su caso no es el único en el país:
“Ojalá esto lo llegue a ver un día el Presidente de México y que se dé cuenta que hay muchas violaciones a hermanos de otros países que están cruzando todo el país y que todo lo que hacen las autoridades es injusto, no sólo a mi hermana, sino a mucha gente”, señaló en el encuentro telefónico.
Y, aunque finalmente el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, declaró sobre el caso de su hermana, su declaración no sugirió que tomará acciones directas, ni admitió que el responsable de su situación actual es justamente el Estado. El pasado 19 de abril, durante una de sus conferencias matutinas, fue cuestionado por una reportera al solicitarle información y, sobre todo, un posicionamiento ante el caso de Juana Alonzo Santizo, respuesta que no le dio hasta el día siguiente y sin total conocimiento del caso:
“Ayer una compañera habló de una mujer migrante detenida desde hace 12, 14 años en Tamaulipas. Ya tengo la respuesta, y tiene razón. Hay todas las pruebas de que fue torturada y que lleva 12, 14 años presa. Incluso las autoridades de Tamaulipas ya aceptaron liberarla, pero ojalá lo hagan hoy, porque aceptaron que era una injusticia. O sea no es solo la recomendación de Derechos Humanos o de una autoridad federal, la misma Fiscalía Estatal de Tamaulipas lo reconoció”.
Fueron poco más de dos minutos los el ejecutivo nacional dedicó a hablar del caso de Juana Alonzo, no obstante, en ningún momento la reconoció como una mujer indígena. Sobre todo, fue omiso en señalar públicamente las responsabilidades de las autoridades estatales en las vulneraciones a sus derechos humanos.
Por último, López Obrador pidió “amablemente” al actual Gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que ponga atención en el caso de Juana Alonzo Santizo:
“Entonces, le pido al gobernador, de manera respetuosa, que ojalá nos ayude y que se libere a esta mujer migrante. Cuando la detuvieron no hablaba bien el castellano, entonces aquí se ven muchas cosas, hay que plantearlo hasta que llegue a resolverlo”.
Fue precisamente la organización Movimiento Migrante Mesoaméricano, quienes resaltaron la declaración del presidente al admitir que Juana Alonzo ha vivido actos de tortura.
La organización internacional en pro de los derechos de las personas migrantes y sus familias, llevó a cabo este 2022 la XVI Caravana de Madres y Padres Centroamericanos en busca de sus hijos e hijas desaparecidas, donde hicieron extensivo el caso de Juana Alonzo Santizo hasta llevarlo ante elSenado de la República.
Este encuentro se dio en la Ciudad de México, donde las familias de las personas migrantes desaparecidas se reunieron con senadoras para exponer las dificultades a las que se enfrentan en la búsqueda de sus hijas e hijos, sobre todo en un país que es tan hostil con quienes se encuentran en una situación de movilidad humana y protección internacional.
En la reunión, y en representación de la Cámara de Senadores, estuvieron presentes la Senadora Bertha Caraveo Camarena, Senadora y Presidenta de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios, así como la Senadora Antares Vázquez Alatorre, Presidenta de la Comisión de Educación. En este espacio, ambas escucharon el relato de Pedro Alonzo García, quien relató las diversas violaciones a los derechos humanos de su hermana Juanita.
Hasta ahora, no sólo el Senado mexicano tiene conocimiento del caso y ha permanecido silencioso frente a su injusto encarcelamiento, sino también, el embajador de Guatemala y el cónsul de México en este país, con quienes se acercó su familia directamente en búsqueda de ayuda.
Hasta octubre de 2019, el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación registró que 6 mil 576 personas indígenas se encontraban en reclusión, de las que solamente 212 eran mujeres. Juana Alonzo es una de ellas de manera ilegal, irregular e impune.
Organizaciones como Promotores de la Liberación Migrante, quienes han acompañado a la familia de Juanita en su defensa y presentación de intérpretes dentro de su proceso legal, aseguren que la Fiscalía General del Estado de Tamaulipas ni siquiera han integrado pruebas que sustenten su acusación, sin mencionar que los elementos de la Policía Ministerial que afirmaron encontrarla “infraganti”, ni siquiera hayan dado continuidad a las diferentes audiencias que se han realizado; por ello, argumentan que NO hay razones suficientes para que continúe en prisión.
